América Latina
¿Está preparada Latinoamérica para enfrentar la variante Ómicron?
Mientras los científicos hacen un llamado a la paciencia, con miras a la espera de mayor información sobre la variante ómicron, los países latinoamericanos intensifican sus jornadas de vacunación y fortalecen los cuidados para evitar su propagación en la región.
BOGOTÁ — Gobiernos de Latinoamérica toman medidas para encarar la nueva amenaza impuesta por la variante ómicron, mientras a la par buscan que más ciudadanos se vacunen en una región donde todavía persiste el rechazo a la vacuna y muchos no han recibido la primera dosis contra el COVID-19.
Así afirman expertos epidemiológicos consultados por la Voz de América, quienes señalaron que durante estos dos años de pandemia los gobiernos latinoamericanos fortalecieron los sistemas de salud, implementaron mecanismos de bioseguridad, flexibilizaron y aumentaron las jornadas de vacunación entre sus habitantes.
De acuerdo con el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Colombia, Carlos Álvarez, Latinoamérica en general está en un momento de baja transmisión, es decir, que no está en pico, sino en valle.
No obstante, admite, que ómicron es una variante del COVID-19 que genera preocupación porque tiene mutaciones que podrían mostrar una alta transmisibilidad y, en teoría, podrían afectar la efectividad de las vacunas. Sin embargo, subrayó que hay que esperar mayor información de la OMS.
“Nadie está seguro, hasta que todos estemos seguros”
Sin embargo, recalcó que así los gobiernos estén preparados, lo más importante es que el público entienda que la única medida para mitigar esta situación y futuras mutaciones del COVID, está en la vacunación, pero acompañada del uso de mascarillas y lavado de manos.
El epidemiólogo Julián Fernández Niño, del Ministerio de Salud de Colombia, sostiene que el mensaje clave es que estos esfuerzos que hacen países con capacidad de vigilancia como Sudáfrica, donde se reveló el hallazfo de la nueva variante, son esfuerzos que debemos orientar a la toma de decisiones, desde una perspectiva de salud global, incrementando la equidad en la aplicación de vacunas.
A su vez hizo un llamado a todos a tener en cuenta que “nadie está seguro, hasta que todos estemos seguros” y que las bajas coberturas de vacunación son el caldo de cultivo para la generación de estas nuevas variantes del COVID-19.
Álvarez, de la OMS en Colombia, sostiene que “siempre hay que tener un llamado de precaución, porque efectivamente si las dinámicas de la transmisión son altas y se pierde la efectividad de la vacuna, ómicron podría generar una situación de complejidad".
Cifras oficiales indican que Latinoamérica en general tiene una cobertura por encima del 50% de vacunación y eso sin lugar a dudas hace que haya menor riesgo que en otras regiones del mundo como África. "Sin embargo, depende mucho de lo que sepamos de la efectividad de las vacunas", explica Fernández.
"No podemos tomar medidas basadas en el cierre de vuelos, dado que aquellos lugares en donde se detectan las variantes, no necesariamente, son aquellos lugares donde circula”, valora Fernández.
Chile, el país con más vacunados
“En esta carrera por detener el avance del COVID-19 en la región, Chile encabeza las estadísticas con un mayor número de personas vacunadas con al menos una dosis y con inmunización completa”, explicó Baquero.
Hasta el 25 de noviembre, de acuerdo con las cifras de Statista.es, Chile tenía una cobertura del 87% en personas vacunadas, al menos con una dosis y del 83% completamente inmunizadas.
El promedio de vacunación está alrededor del 53%, con extremos como Chile y Cuba, rondando el 83% de la población vacunada con el esquema completo, hasta cifras mucho menos esperanzadoras, señaló el experto.
Guyana, por su lado, cerraba el grupo de 23 países, con el 50% para usa sola dosis y 34% para esquema completo.
Argentina con una cobertura de esquema completo del 65 % y con al menos una dosis 80%, versus Brasil que tiene 63% en esquema completo y 77% con una dosis”, relató.
Ecuador tiene el 62% y el 76% con una dosis, Costa Rica 63% y 76% igualmente, y países como Colombia 48% y el 72%, al menos con una dosis. Estascifras -expone- son superiores incluso a países como Alemania que tienen una cobertura del 71%, al menos con una dosis y sin embargo tiene una cobertura con esquema completo del 68%.
Estados Unidos tiene una cobertura del 58% con el esquema completo y de al menos una dosis con el 69%, acotó.
El experto señaló que Bolivia, por ejemplo, tiene un 33% con esquema completo y un 40% al menos con una dosis, pero hay países como Haití que tienen menos del 1% de vacunación con al menos una dosis.
"Esos son los temas que hay que reforzar, revisar y mirar, porque recordemos específicamente que las poblaciones no vacunadas son más susceptibles, aumenta la mortalidad y las complicaciones de los pacientes y aumenta la posibilidad de generar nuevas variantes”, explicó.
“Comparando por tamaño de la población, los países más atrasados en la vacunación son Paraguay y Bolivia", especificó Álvarez, al aclarar que la relación se establece respecto al tamaño de la población de cada país.
Según el experto, la mortalidad oscila cerca de los 2.000 casos por millón de habitantes, con las excepciones de Perú y México donde es más alto. Perú está por encima de 6.000 casos por millón, mientras que México alcanza los 3.000.
Fortalezas y debilidades de Latinoamérica
El epidemiólogo Roberto Baquero cree que las fortalezas de la región para enfrentar el COVID-19 y a sus variantes pasan por cómo se trabaje y por el mecanismo COVAX, una iniciativa de la OMS para proveer de vacunas a países con más dificultades.
“La rapidez y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia epidemiológica en todos los países, con respecto a los tiempos anteriores de la pandemia, son una fortaleza importante y el apoyo por los acuerdos bilaterales con países de origen posibilitan la transferencia de mecanismos en la detección temprana de las personas afectadas y el seguimiento de los pacientes”, acotó el experto.
En cuanto a la debilidades, Baquero indica que más impactan a Latinoamérica y el Caribe son de carácter económico y cultural, y se reflejan en la resistencia a la vacunación que tienen los ciudadanos en algunos países de la zona.
Otros, como Carlos Trillos, explican que la capacidad para enfrentar a ómicron en la región se soporta en la vigilancia genómica.
“Aquí que hay que hacer una vigilancia activa en aeropuertos, tomar muestras aleatorias a personas que van entrando a los países para hacer vigilancia genómica y detectar oportunamente este tipo de variantes”, comentó.
La agencia de Salud de Brasil (Anvisa), que ya confirmó tres casos de la variante ómicron en Brasil, tendrá la responsabilidad de hacer el seguimiento secuencial a esta situación, explicó Trillos.
¿Qué ha aprendido la región durante la pandemia?
Los países de Latinoamérica y el Caribe ajustaron las políticas públicas para fortalecer los sistemas sanitarios y funcionaron, es decir, los encierros y las limitaciones de movilidad para preparar los servicios sanitarios a respuestas en Unidades de Cuidados Intensivos.
“Aprendimos a tener respuestas muy rápidas y a la flexibilización de oferta de Unidades de Cuidados Intensivos, además, se aprendió el fortalecimiento de los sistemas de vacunación”, dice Baquero.
Álvarez, de la OMS, señaló que los países entendieron la necesidad de ampliar la capacidad de atención en diagnóstica, sobre todo en áreas remotas. Mejoraron la capacidad hospitalaria y el manejo médico, y la población aprendió las medidas de autocuidado para evitar la transmisión del virus.
A su vez, recalca, ampliaron la capacidad de camas en cuidados intensivos. No obstante, advierte, sigue existiendo situaciones de inequidad y se mantienen las diferencias entre zonas rurales y urbanas.
“Más que entrar en miedo o pánico, hay que hacer las cosas que nos corresponden y en este caso es vacunarnos, y que las personas que tienen más riesgos se apliquen el refuerzo y seguir con las medidas de bioseguridad”, explicó.
Vacunas y abordaje entre países
Lo mismo que en el resto de países de Latinoamérica y el Caribe, el gobierno busca blindar a Colombia impulsando la vacunación y reforzando el autocuidado y el rastreo activo para evitar medidas estrictas como el confinamiento, refirió el ministerio de Salud de Colombia.
Entre las medidas, el viceministro de Salud de Colombia, Luis Alexander Moscoso, señaló que los gobiernos de Ecuador y Colombia trabajan en reuniones de vigilancia epidemiológica y cifras, con miras a fijar protocolos y lineamientos que permitan reabrir la frontera de manera segura, ante la amenaza de ómicron.
De acuerdo a un comunicado de prensa de la entidad, a la fecha 24.420.606 ciudadanos tienen su esquema de vacunación completo; 35.600.000 recibieron una primera dosis y 1.363.564 se aplicaron la dosis de refuerzo. En Colombia, esto representa un 69% de ciudadanos con una dosis y el 46% completamente inmunizados.
¿Preparada la región para enfrentar la nueva variante?
El epidemiólogo de la Universidad del Rosario de Colombia, Roberto Baquero, relató que Latinoamérica está preparada para atender a la aparición de ómicron.
“La experiencia en la curva de aprendizaje que tuvo la región con el COVID-19, desde el 2020 hasta ahora, nos ha permitido prepararnos para el control epidemiológico, para mirar las alternancias de las medidas de cierre y protección, uso de mascarillas, cierres de fronteras, cierres de aeropuertos, la solicitud de pruebas PCR, y el fortalecimiento de los sistemas de salud", dijo.
"Creo, sin temor a equivocarme, que a pesar de la pobreza, la inequidad y en algún momento la indisciplina social, sí estamos preparados para responder”, agregó Baquero.
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Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN
BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.
La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.
El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.
La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".
El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".
"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.
Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".
Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".
Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.
Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.
El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.
Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
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