Inmigración
¿Cómo afecta a los cubanos el nuevo proceso de asilo en EEUU? (Video)
Los cubanos también están obligados a cumplir la nueva regulación del gobierno de Estados Unidos, que prohíbe solicitar asilo en la frontera sur a quienes hayan pasado por un tercer país sin haber pedido refugio.
Hay excepciones, pero requieren, entre otras cosas, que al aspirante le hayan negado asilo en el tercer país y presente constancia del fallo expedido en la corte correspondiente.
A partir de este martes, cuando la medida entra en vigor al publicarse en el Registro Federal, “se va a hacer mucho más difícil para el cubano solicitar asilo” en la frontera con México, le dijo el abogado de Inmigración Alejandro Vázquez al periodista de Radio Televisión Martí Ricardo Quintana. “Es una medida de impacto que va a tener el efecto de tratar de paralizar a las personas que quieran pedir asilo”.
La única salvedad, añadió Vázquez, es que enviar de vuelta a un cubano a la isla se hace mucho más complicado para las autoridades migratorias estadounidenses que con los nacionales de otros países.
“La devolución de los cubanos a la isla es un proceso que está sujeto a la aceptación del gobierno cubano”, explicó el experto, “y el retorno de los cubanos a los terceros países por donde pasaron y pudieron pedir asilo va a estar sujeto a la admisión de las autoridades de esos países”.
La regulación va a enfrentar retos legales, dice Vázquez, pero de momento “crea una dificultad inmediata, complica el panorama migratorio y no discrimina: se está hablando de aplicarla incluso a los niños que vienen sin acompañantes”.
De acuerdo con el anuncio oficial en el sitio de internet del Departamento de Seguridad Nacional, hay solo tres excepciones posibles para que una persona que llegue a la frontera de Estados Unidos con México le permitan pedir asilo en Estados Unidos.
La primera: si el extranjero demuestra que solicitó protección contra la persecución o la tortura en al menos uno de los países por los cuales transitó rumbo a Estados Unidos. En ese caso, debe presentar la documentación que atestigua que, en un juicio definitivo, le negaron refugio.
La segunda: si el extranjero demuestra que cumple la definición de “víctima de un caso grave de contrabando de personas”.
La tercera: si el país o los países por los que el extranjero transitó rumbo a Estados Unidos no son parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo de 1967 o la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos.
“Aunque los fondos suplementarios recientes son vitales para enfrentar la crisis [en la frontera], lo cierto es que eso no será suficiente sin cambios específicos en la estructura legal de nuestro sistema de Inmigración”, dijo en el anuncio oficial el director interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan.
“Hasta tanto el Congreso actúe, esta norma provisional contribuirá a reducir el factor que más promueve la inmigración irregular hacia Estados Unidos”, declaró el funcionario.
Según McAleenan, la decisión va a reducir la enorme cantidad de solicitantes de asilo en el sistema estadounidense, causada por quienes no buscan protección en el primer país disponible.
Se trata, indica, de “migrantes económicos carentes de miedo legítimo a la persecución, y las organizaciones del crimen transnacional, los traficantes y los contrabandistas que explotan nuestro sistema para beneficio propio”.
Una abogada de Inmigración de Miami asegura que esto se veía venir.
“El que huye de persecución es como el que se está ahogando: te tienes que montar en la primera lancha que venga, en una tablita, no ponerte a esperar el trasatlántico”, declaró la abogada Grisell Ybarra. “Imagínate que te tiren un salvavidas y tú digas: no, no, yo estoy esperando el Queen Mary”.
Si alguien solicitó asilo en un tercer país por donde transitó rumbo a Estados Unidos y se lo concedieron, queda automáticamente descalificado para pedirlo al llegar a la frontera de México con Estados Unidos.
“Eso existía ya”, le dijo a Quintana el también abogado de Inmigración Angel Leal. “Lo que es nuevo ahora es que si usted atravesó un tercer país [sin pedir refugio] queda descalificado, porque la expectativa es que usted pida refugio” en la primera oportunidad disponible.
El motivo de la regulación es la crisis fronteriza, reafirma Leal, porque no es posible lidiar con tanta gente.
“Son 45 mil camas en los centros de detención a nivel nacional, pero las cortes de Inmigración están a punto del colapso, porque hay 900 mil casos pendientes, y se cree que muchos de esos casos [son solicitantes que] no están perseguidos. Es una forma de tratar de aliviar las cortes y la crisis fronteriza”.
El anuncio ha desatado a su vez un debate sobre qué países son seguros para pedir refugio. Por ejemplo, según Amnistía Internacional, Guatemala no es un país capaz de ofrecer seguridad a alguien que esté huyendo de la persecución. El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, podría viajar este fin de semana a Washington para firmar un acuerdo que declarará a Guatemala “tercer país seguro”.
Juliana Cano Nieto, funcionaria de Amnistía Internacional, no lo cree suficiente. Entrevistada por el diario guatemalteco Prensa Libre, dijo que “las leyes vigentes en Guatemala para temas de asilo tienen vacíos que no permiten un proceso claro que distinga entre la gente que busca protección por razones de violencia o situaciones de grave peligro o gente que está migrando por otras razones”.
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Instan a países latinoamericanos a otorgar refugio a inmigrantes de Venezuela y Haití
Human Rights Watch alerta que en el último año y medio, más de 700.000 migrantes y solicitantes de asilo han cruzado la peligrosa selva del Darién y exhortan a los gobiernos de las Américas a tomar medidas urgentes para regularizar a los inmigrantes de Haití y Venezuela.
“Las crisis en Venezuela y Haití son cada vez peores y exigen que los gobiernos de las Américas, incluyendo Estados Unidos, mejoren sus políticas migratorias”, afirmó Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch (HRW).
El grupo de derechos humanos divulgó este miércoles el informe “El Tapón del Darién: la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias de América Latina”, en el que asegura que las políticas migratorias de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú han empujado a los migrantes y solicitantes de asilo a desplazarse hacia el norte a través del Darién.
En el último año y medio, más de 700.000 migrantes y solicitantes de asilo han cruzado el Tapón del Darién huyendo de la violencia, la persecución y de crisis humanitarias. Ello incluye cerca de 477.000 venezolanos, 60.000 ecuatorianos y 41.000 haitianos, indica HRW, a partir de seis visitas a la zona y de 300 entrevistas.
La directora ejecutiva de HRW dijo que es crucial que estos gobiernos "respeten y promuevan los derechos humanos a nivel local y aseguren que las personas que huyen tengan oportunidades reales para encontrar protección y rehacer sus vidas".
El informe insta a los gobiernos de la región a seguir iniciativas como "el reconocimiento prima facie como refugiados a los venezolanos de Brasil y los visados humanitarios concedidos en el pasado a los haitianos, así como los esfuerzos de Colombia para conceder el estatuto temporal de protección a los venezolanos".
Los gobiernos de las Américas deberían implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus regular por un plazo razonable y renovable, señaló Human Rights Watch.
La agrupación alerta sobre una encuesta realizada en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en la que el 43 % de los encuestados dijo estar considerando la posibilidad de abandonar el país, incluyendo 1,5 millones de personas que planeaban hacerlo antes de finales de año.
En el caso de Haití, llaman la atención sobre la "situación humanitaria catastrófica" que afecta a 5,5 millones de personas y la violencia ha obligado a casi 600.000 personas a desplazarse internamente entre enero y junio de 2024.
El informe se refiere además al aumento de migrantes y solicitantes de asilo ecuatorianos como "resultado del fuerte incremento de la delincuencia y la violencia en el país, con tasas récord de homicidios y extorsión. La pobreza y la falta de empleo adecuado son también factores clave".
HRW criticó el acuerdo entre Estados Unidos y Panamá para financiar la expulsión de los extranjeros "que no tengan una base legal".
"Dado que el sistema de asilo panameño es inadecuado y carece de recursos suficientes, la expulsión masiva de migrantes y solicitantes de asilo podría violar la obligación legal de Panamá de respetar el principio de no devolución. Este acuerdo parece diseñado para reducir la responsabilidad de Estados Unidos, pues en esencia externaliza sus controles migratorios en un país con una capacidad evidentemente menor para evaluar de manera plena y justa de las solicitudes de asilo", indica el informe.
El costo de la estampida migratoria en Cuba: población reducida y más envejecimiento
El éxodo sostenido y sin precedentes de los cubanos incide con fuerza en la crisis demográfica que enfrenta el país, con la disminución acelerada y el envejecimiento de su población.
La química cubana Deisy Herrera quedó devastada cuando sus dos hijos abandonaron la isla caribeña en busca de una vida mejor.
"Fueron tiempos terribles", dijo entre lágrimas la trabajadora farmacéutica de 61 años durante una entrevista con Reuters en su casa de La Habana. "Uno cuando tiene hijos, nunca piensa que se van a ir. Pero todos conocemos la situación aquí".
La crisis económica de Cuba ha provocado un éxodo récord de ciudadanos, que supera con creces las migraciones masivas similares, incluyendo el éxodo por el puerto de Mariel en 1980.
Pero incluso dentro de Cuba, los demógrafos se debaten acerca del alcance de la disminución de la población del país, con estimaciones recientes que van desde alrededor del 10% desde 2020, a casi el 20%, o casi 1 de cada 5 residentes, solo en los últimos dos años.
"Hay países donde ha ocurrido, pero han estado en condiciones bélicas", dijo Juan Carlos Albizu-Campos, un economista y demógrafo radicado en Cuba y que es profesor del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo en el país.
Albizu-Campos, que trabajó en el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de la Habana durante 30 años, sorprendió a muchos cuando estimó en julio que la población de la isla había caído a 8,62 millones de habitantes, una disminución del 18% en 2022 y 2023, una situación que describió como una "estampida migratoria".
Cuba, un país que envejece con el éxodo masivo de la población joven
Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), sitúa la población en 10,1 millones de habitantes, por encima de la estimación de Albizu-Campos pero aún así mostrando una "disminución importante" del 10% desde 2020.
"Cuba es un país que envejece", dijo. "Hoy día, en septiembre de 2024, tenemos más de un 25% de la población con 60 o más años", añadió.
La diferencia entre las dos estimaciones se reduce a detalles técnicos que expertos dijeron a Reuters se pueden determinar mejor mediante un censo. Un recuento de población formal se ha retrasado hasta al menos 2025, según funcionarios del país.
Si bien la escala de la migración sigue sin determinarse, expertos en población coinciden en afirmar que la mayoría de los que se han marchado del país son jóvenes aptos para trabajar.
Datos oficiales han mostrado durante décadas que las tasas de natalidad también han disminuido drásticamente en la isla. Uno de cada cuatro cubanos tiene ahora más de 60 años, según datos publicados por la ONEI en julio, una carga cada vez mayor para el sistema de atención médica gratuito del país y su economía.
EEUU otorgó visa a exdirigente cubano pese a que este había admitido ser del PCC, aseguran legisladores
Congresistas de EEUU exigieron a la administración Biden una respuesta sobre la admisión al país de un exdirigente del Partido Comunista de Cuba, Manuel Menéndez Castellanos, y pidieron cuentas sobre los errores en el proceso de investigación de antecedentes.
Un grupo de legisladores de Estados Unidos señaló al Departamento de Estado fallas en el proceso de visado de un exdirigente del régimen cubano que llegó a Miami por reunificación familiar y pidió cuentas sobre el caso.
En una carta del Comité de Asuntos Judiciales dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, los legisladores expusieron el sonado caso de cómo el ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellanos, entró legalmente a EEUU pese a su largo y documentado historial al servicio del régimen de La Habana, y solicitaron detalles, incluyendo una explicación de los "lapsos en el escrutinio" del proceso que permitieron que el exdirigente obtuviera una visa.
Los legisladores Mario Díaz-Balart, Jim Jordan, Tom McClintock, Carlos Giménez y María Elvira Salazar firmaron la misiva a la que tuvo acceso Martí Noticias. Los congresistas exigen que la administración responda a sus preguntas y provea la información detallada del caso, incluyendo el expediente de inmigración completo, antes de las 5 p.m. del 23 de septiembre de 2024.
El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Martí Noticias.
Según los registros obtenidos por el Comité, Menéndez Castellanos negó haber sido miembro o estar afiliado al Partido Comunista en su solicitud de visa de inmigrante y cuando fue interrogado por funcionarios de inmigración.
“En un documento de solicitud de inmigración posterior, Menéndez Castellanos admitió haber sido miembro del Partido Comunista de Cuba, pero minimizó dicha membresía" dice la misiva.
Los funcionarios de inmigración de EEUU "aparentemente ignoraron la propia admisión de Menéndez Castellanos sobre su afiliación al Partido Comunista de Cuba", agrega.
El 15 de agosto de 2024, Manuel Menéndez Castellanos, ex jefe del PCC en Cienfuegos y quien perteneció al "equipo de coordinación y apoyo" de Fidel Castro, ingresó a EEUU por el Aeropuerto Internacional de Miami a través de un “proceso de reunificación familiar”.
“El ingreso de Menéndez Castellanos plantea serias preguntas sobre la aplicación de la ley federal de inmigración por parte de la Administración Biden-Harris y los procedimientos de verificación utilizados durante el proceso de solicitud de la visa de inmigrante”, dijeron los legisladores en la misiva.
Según la ley, un extranjero es inadmisible como inmigrante si es o ha sido miembro o ha estado afiliado al Partido Comunista "u otro partido totalitario, nacional o extranjero". indicaron los legisladores.
Menéndez Castellanos tuvo cargos importantes en el régimen cubano desde 1972 y desde hace pocos años trabajaba como inversionista de empresas estatales del régimen.
"Increíblemente (...) la verificación avanzada de antecedentes de Menéndez Castellanos no encontró ninguna información que lo hiciera inadmisible según la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, explicaron en la carta.
“Aún más preocupante es que la verificación de seguridad realizada por la Administración Biden-Harris no encontró evidencia de que Menéndez Castellanos estuviera afiliado al brutal régimen de Fidel Castro, a pesar de la abrumadora evidencia públicamente disponible de su prolongado y extenso trabajo dentro de ese régimen. Si la Administración Biden-Harris se hubiera molestado en realizar una simple búsqueda de cinco minutos en Internet, habría descubierto los preocupantes vínculos de Menéndez Castellanos con el régimen de Castro”, dijeron.
Los congresistas fustigaron lo que consideraron un “enfoque laxo” de la administración hacia la seguridad nacional y exigieron una serie de documentos relacionados con el caso de Menéndez Castellanos, entre ellos información del historial del caso, incluyendo, entre otros, el historial de inmigración del extranjero, las solicitudes de beneficios de inmigración, el expediente de inmigrante (A-file) o el expediente consular (incluyendo todas las notas consulares) y el estado e historial de detención de inmigración.
También pidieron una explicación de las fallas en la verificación que llevaron a la falta de conocimiento sobre la afiliación de Menéndez Castellanos con el régimen de Castro.
Los legisladores exigieron además una explicación de por qué la propia admisión de Menéndez Castellanos de su membresía en el Partido Comunista de Cuba no lo sometió al motivo de inadmisibilidad bajo la sección 212(a)(3)(D) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La saga de ex dirigentes cubanos que han obtenido beneficios migratorios en EEUU es extensa. En junio, EEUU negó la entrada a Liván Fuentes Álvarez, expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud.
Su antecesora en el cargo, Arelys Casañola Quintana, se instaló en Kentucky tras pedir asilo el 20 de abril de 2024 en la frontera sur mediante la aplicación CBPOne, en la que alegó “miedo al socialismo”, según conoció Martí Noticias.
Este año también llegó a Florida la jueza villaclareña Melody González Pedraza tras obtener un permiso de viaje gracias al programa parole humanitario. En la terminal aérea recibió una negativa de entrada debido a su historial en Cuba, pero la jurista pidió asilo político y actualmente se encuentra detenida a la espera de una sentencia judicial.
Cuba vive una profunda crisis económica y un incremento de la represión política, con más de 1.000 presos de conciencia, lo que ha empujado a la población a una emigración masiva.
Según datos de la Patrulla Fronteriza de EEUU, más de 700.000 cubanos han llegado a la frontera sur en los últimos cuatro años. Estudios independientes sugieren que al menos el 18% de la población cubana se ha marchado desde el fin de la pandemia de coronavirus.
Todos los patrocinadores del Parole Humanitario tendrán que poner sus huellas
A partir de ahora, todos los patrocinadores que participen en el programa de parole humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos quedarán registrados con sus huellas dactilares.
Todos los patrocinadores del programa de Parole Humanitario tendrán que cumplir con el nuevo requisito de tomarse huellas dactilares para un chequeo de antecedentes penales, dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martí Noticias este jueves.
“Se notificará a los patrocinadores sobre cualquier requisito de proporcionar información adicional cuando su solicitud esté bajo revisión. En lo adelante, todos los patrocinadores radicados en los EEUU que actualmente tengan un Formulario I-134A pendiente con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés), así como aquellos que presenten una solicitud en el futuro, estarán sujetos a estas medidas de selección y verificación mejoradas”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un correo electrónico enviado a nuestra redacción.
Martí Noticias reportó primero que los patrocinadores tendrán que pagar por el trámite $30 dólares.
La toma de huellas digitales deberá realizarse en persona y “se le notificará a los patrocinadores de cualquier requisito necesario para proporcionar información adicional cuando su solicitud esté bajo revisión”, dijo la agencia.
Con esta respuesta el DHS aclara una duda recurrente de muchos patrocinadores desde el reinicio de la entrega de permisos de viaje del Parole Humanitario hace dos semanas.
El Departamento de Seguridad Nacional también explicó que aquellas personas cuyas solicitudes fueron rechazadas anteriormente “no están impedidos de volver a presentar la solicitud con el mismo patrocinador o con uno diferente”.
“Todos los beneficiarios potenciales y sus patrocinadores se someterán a una investigación rigurosa y a verificaciones de antecedentes. Si vuelve a presentar la solicitud con el mismo patrocinador o con un patrocinador diferente, tenga en cuenta que ahora se le solicitará al patrocinador que envíe sus huellas digitales”, informó el DHS.
“Los patrocinadores que no hayan sido confirmados anteriormente volverán a serlo si las inquietudes sobre sus calificaciones no se han abordado de manera suficiente”, agregó.
El programa fue pausado a inicios de este mes tras conocerse un informe que revelaba que cientos de solicitudes habían sido marcadas por usar una misma dirección. Los autores también encontraron usos repetidos de los mismos números de Seguro Social, incluidos los de personas fallecidas.
A mediados de agosto un comité del Congreso de Estados Unidos inició una investigación sobre la decisión de la administración Joe Biden de congelar el programa.
La suspensión repentina de las autorizaciones de viaje del programa dejó a miles de cubanos en una incertidumbre. Muchos esperaban desde el inicio del programa en enero de 2023 para renunirse con sus familiares en EEUU.
Hay más de dos millones de solicitudes de parole humanitario, según datos filtrados de un informe sobre el programa.
Hasta julio, más de 530.000 inmigrantes habían sido autorizados a viajar a Estados Unidos bajo el programa, según datos del DHS
Alrededor de 11 mil cubanos han solicitado refugio en México en lo que va de 2024
Cuba se mantiene en el segundo puesto entre los países con más solicitudes de refugio en México al cierre de agosto, solo superado por Honduras.
Cuba se mantuvo en la segunda posición entre los países con más solicitudes de refugio en México registradas hasta el cierre de agosto último, indican cifras publicadas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
En los primeros 8 meses de este año, un total de 11.052 ciudadanos de la isla realizaron ese trámite, unos 1,138 más que los contabilizados al cierre de julio. Las solicitudes se incrementaron en 5,475, para un total de 52,395.
Honduras continúa liderando la lista de países, con 21,529 solicitudes de migrantes procedentes de más de 10 países. Detrás de Cuba aparecen Haití, con 4,916; El Salvador, con 4,185; Venezuela, con 3,055, y Guatemala, con 2.928.
En 2023, la COMAR recibió unas 18,386 solicitudes de migrantes de la isla. Cuba fue la tercera nación con mayor número, superada por Haití y Honduras. Ese año, el total fue de 140 mil solicitudes de migrantes procedentes de más de veinte países.
Alrededor de 200 mil cubanos han llegado a Estados Unidos, principalmente a través de la frontera con México, en lo que va de año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2023.
La frontera con México es la principal vía de ingreso de cubanos a Estados Unidos. Migrantes de decenas de países se aglomeran en las cuidades fronterizas del país azteca para intentar cruzar a territorio estadounidense. En una medida de alivio, desde el 23 de agosto pasado, los ciudadanos que no son mexicanos pueden programar citas en la aplicación CBP One desde los estados sureños de Chiapas y Tabasco, además de las zonas del norte y el centro de México, donde lo hacían habitualmente.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), solo en julio pasado ingresaron un total de 15,645 cubanos por esa ruta, una ligera disminución respecto al mes anterior, cuando arribaron a EEUU 17,561 migrantes de la isla.
En junio de este año, el presidente Joe Biden anunció una medida que restringe el derecho a solicitar asilo cuando las detenciones por cruces ilegales superan las 2,500 al día. A partir de entonces, los migrantes irregulares que no demuestren un temor creíble en la frontera pueden enfrentar la deportación inmediata y ser, incluso, acusados de cargos penales.
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