Enlaces de accesibilidad

América Latina

¿Quién es Maikel Moreno, el magistrado venezolano acusado de recibir sobornos en un tribunal de EEUU?

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, durante una conferencia de prensa el 1 de septiembre de 2020 en Caracas. (REUTERS/Manaure Quintero/File Photo).
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, durante una conferencia de prensa el 1 de septiembre de 2020 en Caracas. (REUTERS/Manaure Quintero/File Photo).

Maikel Moreno pasó de ser policía y escolta en su juventud a una de las figuras más influyentes del poder judicial venezolano. Es uno de los funcionarios públicos con mayores sanciones de gobiernos extranjeros, y tiene antecedentes penales.

Maikel Moreno, un magistrado venezolano acusado en Estados Unidos de lavar millones de dólares, es una figura pública de dos versiones: para el chavismo, es un abogado leal y diligente, mientras la oposición lo ve como una pieza política que facilita la violación del estado de derecho y la perpetuidad del oficialismo.

La Fiscalía Federal del sur de la Florida acusó el jueves pasado a Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela entre 2017 y 2022, de conspirar para lavar capitales y recibir sobornos a cambio de “usar su posición para resolver casos civiles y criminales”, según denunció el Departamento de Justicia estadounidense en una nota.

De acuerdo con los documentos de la acusación, Moreno, de 57 años, tuvo “el poder de influir” con su autoridad en decisiones judiciales en su país mediante la designación de paneles de jueces en la Corte Suprema o removiendo jueces en tribunales menores.

La Fiscalía estadounidense alega que Moreno recibió entre 2014 y marzo de 2019 más de 10 millones de dólares en sobornos, generalmente de contratistas venezolanos que habían recibido acuerdos con instituciones del gobierno de Nicolás Maduro.

Hace nueve años, antes de ser designado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, “recibió un millón de dólares por transferencia a su cuenta bancaria personal en Miami de parte de un contratista venezolano”, afirma el Departamento de Justicia.

El caso en su contra incluye aseveraciones de que ayudó a sobreseer causas criminales y órdenes de captura para acusados en Venezuela, que acordó autorizar la toma judicial de una fábrica de automóviles de General Motors y que llevaba registros en un libro de los “millones de dólares” que habría recibido como sobornos a cambio de sus influencias.

Moreno nació en el estado oriental de Anzoátegui y fue policía del cuerpo de inteligencia del estado venezolano en su juventud, ejerciendo incluso como escolta del expresidente Carlos Andrés Pérez, de acuerdo con el portal de investigación venezolano Poderopedia.

Según reportajes especiales de la prensa en Venezuela y Estados Unidos, Moreno tuvo dos expedientes penales abiertos en su contra a finales de la década de 1980 por los asesinatos de dos hombres: uno en el estado sureño de Bolívar y otro en Caracas. Si bien estuvo detenido por uno de los casos, recibió beneficios procesales para quedar libre.

Casi una década después de aquella primera acusación, se graduó como abogado en la Universidad Santa María y, en 2014, logró un doctorado en derecho constitucional en 2014.

Una figura clave

Moreno, con más de 20 años de experiencia en el poder judicial, pasó a formar parte de la Corte Suprema de Venezuela con el apoyo mayoritario del chavismo en el Parlamento.

Según su hoja de vida publicada en el TSJ, dio sus primeros pasos en el poder judicial como alguacil en 1994, antes de ser asesor y consultor de la aerolínea privada Aeropostal, el Consejo Nacional Electoral y la policía del municipio central de Sucre.

Su experiencia como juez se desarrolló en tribunales de Caracas desde 2001, donde lideró casos de tenor político, como la condena contra el excomisario Iván Simonovis, un exasesor de inteligencia del gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, exiliado.

En 2007, de acuerdo con la organización Transparencia Venezuela, Moreno fue destituido como magistrado de la Corte de Apelaciones del circuito penal de Caracas por una decisión adoptada en el caso del asesinato de una abogada, cuyos responsables quedaron en libertad.

Años después, entre 2008 y 2010, ejerció como consejero y ministro consejero de las embajadas en Italia y Trinidad y Tobago, antes de su ascenso a la máxima corte.

Ya como magistrado, llegó a presidir la Sala Constitucional y sus sentencias incluyeron medidas contra las competencias y las decisiones del poder legislativo venezolano, que la oposición había ganado abrumadoramente en las elecciones de diciembre de 2015.

Uno de sus fallos, en 2017, concluyó que el TSJ asumiría las competencias de la Asamblea Nacional por presunto desacato de previas medidas judiciales.

Esa decisión generó críticas en figuras públicas asociadas con el chavismo, como la fiscal general Luisa Ortega Díaz y reanimó las protestas de calle, así como las condenas de la comunidad internacional.

Sancionado y criticado

Moreno presidió por varios años el Tribunal Supremo de Justicia y hoy ejerce como líder de la Sala de Casación Penal. El chavismo, que ganó las votaciones legislativas de 2020 a pesar del veto opositor por presunta ilegalidad, lo reeligió como magistrado el año pasado.

Es uno de los funcionarios públicos de Venezuela con más sanciones internacionales sobre sus hombros. Estados Unidos, la Unión Europea y países como Ucrania, Noruega y Canadá lo han sancionado por presuntamente ayudar a socavar la democracia, violar derechos humanos y respaldar la represión contra manifestantes antichavistas.​

El magistrado también tuvo un rol político clave en la crisis política que inició en 2019 entre acusaciones de usurpación de la Presidencia contra Nicolás Maduro: juramentó al mandatario chavista como tal, ante la resistencia de hacerlo por parte del Parlamento, y respaldó las acusaciones legales contra Guaidó.

Exfuncionarios y asesores del expresidente estadounidense Donald Trump señalaron a Moreno como una de las figuras asociadas con el chavismo que habrían dado su visto bueno a la salida de Maduro del poder en las vísperas del fallido y débil golpe de Estado de abril de 2019, si bien el magistrado venezolano negó toda vinculación con esos planes.

Un año más tarde, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera capturar o enjuiciar a Moreno y su esposa por corrupción y vinculación con el crimen organizado. La oferta sigue vigente.

Acusaciones graves

Dirigentes del chavismo lo han descrito como un abogado respetuoso de las leyes, leal a los principios de la paz y la democracia, si bien la oposición lo señala como el responsable de las decisiones judiciales anticonstitucionales que han sostenido en el poder al madurismo.

José Vicente Carrasquero, politólogo venezolano, precisa que el antichavismo lo ve como una figura judicial clave que ha demostrado “fidelidad” a los intereses del oficialismo y dice creer que, si las instituciones venezolanas fueran “decentes”, estuviera siendo investigado por las graves acusaciones de corrupción en su contra en Estados Unidos.

Durante los últimos dos años, el Departamento de Justicia de EEUU ha señalado a Moreno por los crímenes que la semana pasada actualizó ante la corte de la Florida. Según esas denuncias, los presuntos sobornos que recibió los invirtió en comprar y renovar inmuebles en Italia, República Dominicana, Venezuela y Estados Unidos.

El poder judicial estadounidense precisó recientemente que los dos cargos que enfrenta por conspiración para lavar capitales suponen un máximo de 20 años cada uno, mientras que el par de acusaciones por vinculación con transacciones en propiedades derivadas del crimen incluye penas máximas de 10 años.

Vea todas las noticias de hoy

Oposición venezolana denuncia escalada de la represión; negocia fecha de las presidenciales con gobierno de Maduro

Gerardo Blyde, representante de la plataforma unitaria de oposición en los diálogos con el gobierno, en una conferencia de prensa en Caracas. (AP/Ariana Cubillos)
Gerardo Blyde, representante de la plataforma unitaria de oposición en los diálogos con el gobierno, en una conferencia de prensa en Caracas. (AP/Ariana Cubillos)

La oposición venezolana llamó al gobierno a facilitar las realización de unas elecciones transparentes en el país y denunció una “escalada de la represión” en un nuevo diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro para discutir la fecha de los comicios presidenciales.

El representante de la oposición, Gerardo Blyde, dijo en conferencia de prensa tras las conversaciones de este lunes que ambas partes se han obligado a mantener un clima de paz para que puedan realizarse unas elecciones limpias y transparentes en el país.

"Todo el escalamiento de la represión, que ha venido aumentando, no contribuye en nada a esa paz, y a esa obligación que las partes nos hemos dado dentro del acuerdo de Barbados", subrayó Blyde.

El coordinador de la delegación opositora habría hecho alusión, según un reporte de Associated Press, a la acusación de conspiración para presuntamente desestabilizar el país contra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero.

El líder opositor dijo que lo que necesita el país es "certeza", y que "no existe ninguna necesidad de estar abriendo a supuestas consultas al mundo entero y a todos los sectores". La certeza en una "seguridad jurídica", que traiga "paz electoral", que trace "un camino y una ruta", y no en "el capricho de quien domine el poder" para determinar que el proceso electoral ocurra "cuando más le convenga".

A finales de 2023, durante las conversaciones en Barbados, las partes acordaron fijar una fecha para las elecciones en el segundo semestre de 2024, pero Maduro ordenó el inicio del proceso de consulta paralelo semanas atrás, destaca un reporte de la agencia de noticias Blomberg.

Mientras, Jorge Rodríguez, el jefe de la delegación del gobierno de Maduro, señaló que la Plataforma Unitaria Democrática de la oposición presentó "un documento muy similar a los que han presentado los otros partidos políticos y los otros factores económicos y sociales del país".

Rodríguez añadió que se trató de un "documento típico" donde se habla de las condiciones generales de las elecciones, no entraron en detalle. Sobre todos se habló de la actualización del registro electoral, de las jornadas del registro electoral, de las garantías electorales, de la observación electoral y de una fecha electoral que será incorporada a todas las otras propuestas que tenemos".

Blyde, por su parte, dijo a los periodistas que los partidos opositores mantienen su participación en el proceso electoral y exigió que se permita la inclusión de todos sus candidatos.

El gobierno de Maduro podría estar dispuesto a hacer algunas concesiones a la oposición para evitar las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea.

A finales de enero, el gobierno estadounidense anunció que revisaría el Acuerdo de Barbados con Venezuela, tras la ratificación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la candidata presidencial opositora María Corina Machado y del excandidato presidencial Henrique Capriles por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Zelensky agradece a Guatemala por el apoyo a Ucrania (VIDEO)

El presidente de Volodomir Zelensky Ucrania y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, el 17 de febrero de 2024. Servicio de prensa presidencial de Ucrania/ vía REUTERS
El presidente de Volodomir Zelensky Ucrania y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, el 17 de febrero de 2024. Servicio de prensa presidencial de Ucrania/ vía REUTERS

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, se reunió este sábado con su homólogo guatemalteco Bernardo Arévalo, en el marco de la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania, a la que asisten decenas de mandatarios, políticos y estadistas de todo el mundo.

Un parte de prensa de la oficina de Zelensky, asegura que el gobernante ucraniano expresó su gratitud por el encuentro y por el inquebrantable apoyo de Guatemala desde el inicio mismo de la invasión rusa a su país en febrero del 2022.

“Estamos agradecidos a su país y sociedad por el apoyo a Ucrania, nuestra soberanía e integridad territorial. Es importante para nosotros tener una fuerte relación bilateral con Guatemala”, declaró el ucraniano.

Arévalo fue invitado por Zelensky a participar en la inauguración de la Cumbre de Paz Global, pues para Ucrania, destacó Zelensky, es importante “que la representación de los países del mundo en esta importante cumbre sea lo más amplia posible”.

Le informó sobre la manera que está laborando el corredor de cereales en el Mar Negro, a pesar de la negativa rusa de que sea viable.

Ambos mandatarios discutieron la posibilidad de crear centros de almacenamiento de cereales en diferentes regiones del mundo para garantizar la exportación, evitar una crisis alimentaria y garantizar la seguridad del grano a nivel mundial.

Al inicio del encuentro, el presidente de Guatemala dijo que era un honor reunirse con el presidente de Ucrania y le deseó lo mejor al pueblo ucraniano.

Este mismo sábado las autoridades de Guatemala divulgaron informes sobre una reunión de Arévalo con el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

El encuentro fue, según un Twitter del gobierno un "productivo intercambio para fortalecer la colaboración en temas de seguridad y estrechar lazos entre ambas naciones".

Arévalo también anunció que la reunión sirvió para "fortalecer los lazos de colaboración en desarrollo económico, gestión migratoria y combate al crimen".

En julio del 2022, el entonces presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, visitó Ucrania y se solidarizó con Zelensky y dijo sentirse consternado por el dolor y la devastación que vio en el país europeo.

Colombia decreta emergencia carcelaria por homicidios contra guardias de prisiones

Investigadores forenses esperan junto a bolsas para cadáveres tras un incendio mortal en la prisión en Tuluá, Colombia, 28/ 06/2022.
Investigadores forenses esperan junto a bolsas para cadáveres tras un incendio mortal en la prisión en Tuluá, Colombia, 28/ 06/2022.

El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, decretó este lunes una emergencia carcelaria en el país para enfrentar los recientes casos de homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por parte de bandas criminales.

“Hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta emergencia obedece, por una parte, a la materialización e incremento de homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días, en distintos lugares del país”, dijo Osuna a los medios.

El caso más reciente ocurrió el sábado en la ciudad de Cartagena, donde el militar Jesús Cárdenas fue baleado mientras hacia control de entrada de las visitas en el exterior de la cárcel San Sebastián de Ternera.

El ministerio de Justicia explicó que con la declaración se busca reforzar la vigilancia en las cárceles, restringir las visitas a los presos, reemplazar al personal en situaciones de seguridad y trasladar a algunos presos a centros de máxima seguridad.

Esta última decisión se da por la captura de Mauricio Marín Silva, alias ‘Nacho’, uno de los principales cabecillas de la banda criminal La Inmaculada, que el fin de semana generó el caos en la ciudad de Tuluá, donde quemaron ocho vehículos, amenazaron al alcalde y asesinaron a un inspector de tránsito.


Además, Ozuna señaló que se dispondrán de recursos para la compra de equipos de bloqueo de señales de teléfonos móviles en las cárceles que son utilizados por los reclusos para extorsionar, y donde ha habido un “incremento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria”.

Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia. La primera fue en 2013 por hacinamiento; la segunda, en 2016 por diferentes situaciones; y la tercera, en 2020 debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

Fiscalía de Venezuela confirma la detención de la activista Rocío San Miguel

La activista venezolana Rocío San Miguel, en una imagen de archivo. (AP/Fernando Llano, File)
La activista venezolana Rocío San Miguel, en una imagen de archivo. (AP/Fernando Llano, File)

El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el domingo la detención de la activista Rocío San Miguel por su supuesta vinculación a una presunta "trama conspirativa" e intento de "magnicidio" contra el presidente Nicolás Maduro.

En un mensaje de la red social X, el fiscal dijo que San Miguel enfrentaba una orden de aprehensión por el caso denominado "Brazalete Blanco" que, según señaló, buscaría "atentar contra la vida del jefe de Estado", además de otros altos funcionarios, y atacar a unidades militares.

Saab no proporcionó evidencia que avale las acusaciones mencionadas, e indicó que se continúan recabando elementos en contra de personas relacionadas a los hechos denunciados, a quienes no identificó. Tampoco se refirió al lugar ni a las condiciones en que se encuentra San Miguel.

La abogada venezolana de 57 años es presidenta de la organización Control Ciudadano, especializada en la defensa de derechos, seguridad y fuerzas armadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió a ella y su hija medidas cautelares en 2012.

San Miguel fue detenida el viernes en el aeropuerto de Maiquetía, Caracas, cuando acompañada de su hija "se disponía a salir del país por el asueto de carnavales", indicó a The Associated Press Gonzalo Himob, director vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal.

"No se sabe hasta esta hora dónde está", agregó Himob, y adelantó que recopilan información del caso.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos en Venezuela condenaron la detención de la activista, a quien consideran una de las figuras más representativas en la lucha por el respeto a dichos derechos en ese país.

El organismo activista Civilis Derechos Humanos condenó el hecho y calificó de "arbitraria" la detención de la activista, al tiempo que exigió "saber de su paradero" luego de que han transcurrido dos días en que no se sabe de ella, según reclamó en un mensaje en X.

Una foto de San Miguel con el mensaje "#DondeEstáRocío" circuló en la cuenta de la organización.

Por su parte, la organización no gubernamental Provea denunció el sábado que San Miguel "ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano", lo que consideró un hecho "muy grave" que pone en evidencia "el empeño del gobierno por reprimir a las voces críticas", según señaló en su cuenta de X, y exigió que sea liberada de inmediato.

Según cifras del Foro Penal, una organización de carácter humanitario que brinda asistencia jurídica ante detenciones "arbitrarias" en Venezuela, hasta el 5 de febrero se contabilizaban 261 presos políticos, entre los cuales hay 18 mujeres y 146 militares, y 123 que no han sido declarados culpables.

Tribunal electoral salvadoreño certifica que Bukele ganó con el 82,6% de los votos

Un hombre sostiene un periódico que dice "Presidente Bukele" tras las elecciones presidenciales, en San Salvador, El Salvador, 5 de febrero de 2024. REUTERS/José Cabezas
Un hombre sostiene un periódico que dice "Presidente Bukele" tras las elecciones presidenciales, en San Salvador, El Salvador, 5 de febrero de 2024. REUTERS/José Cabezas

El Tribunal Supremo Electoral salvadoreño oficializó el vienes el escrutinio final de las elecciones presidenciales y confirmó que el presidente Nayib Bukele fue reelegido con 82,6% de los votos.

En segundo lugar quedó Manuel Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con 6,2%, según el computo oficial del Tribunal Electoral.

"En 2019, ganamos la presidencia en primera vuelta, con más votos que todos los demás partidos juntos. Pero en 2024, ganamos con prácticamente todos los votos de todos los partidos del 2019, juntos, incluyéndonos a nosotros mismos. Gracias a Dios. Gracias al pueblo salvadoreño", se pronunció Bukele en la red social X tras la confirmación de los resultados.

Joel Sánchez, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), se ubicó en la tercera posición con 5,4%, seguido del excapitán del ejército Luis Parada, de Nuestro Tiempo, con 1,99%; luego Javier Renderos, de Fuerza Solidaria, con 0,72 %, y después Marina Murillo, del Frente Patriótico Salvadoreño, con 0,5%.

De acuerdo con el escrutinio, el 52,6% de los 6,2 millones de salvadoreños aptos para ejercer el sufragio en el país y en el exterior ejerció el voto. El resto no acudió a las urnas ni sufragó a través de internet.

Mientras que 3,1 millones de salvadoreños sí ejercieron su voto, un total de 2,9 millones eludieron el llamado. Hubo un total de 60.027 votos nulos, 15.064 abstenciones y 1.760 sufragios impugnados.

"Aquí ha quedado expresada la voluntad del soberano", dijo en conferencia de prensa la presidente del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez, quien destacó que "hubo una participación masiva". En estos comicios se superó la participación en la elección presidencial de 2019, en la que 2,7 millones ejercieron el sufragio, con una participación del 51,8% del padrón.

La presidente del Tribunal aprovechó para rechazar las acusaciones de algunos partidos políticos, que han puesto en duda el manejo de los paquetes electorales en su trayecto a la sede del Tribunal.

"Damos fe de la integridad de estas elecciones, de la integridad del voto que está en esas cajas (urnas); podemos asegurar que la cadena de custodia no se ha roto", declaró Martínez, que exhortó a los partidos a "respetar la voluntad del pueblo salvadoreño".

La victoria de Bukele confirmó los pronósticos de todas las encuestas, entre ellas la de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), dirigida por jesuitas, en la que Nuevas Ideas aparecía con 81,1% de intención de voto.

Este será el segundo mandato de cinco años de Bukele, quien en 2019 ganó en la primera vuelta, en la que superó a una coalición de partidos de derecha. Asumirá el nuevo mandato el 1 de junio.

El presidente salvadoreño, que goza de una alta popularidad, basó su campaña en el combate a las temibles pandillas, y advirtió a los salvadoreños que si su partido no ganaba las elecciones presidenciales y legislativas se ponía en riesgo la guerra contra estas organizaciones criminales.

Pese a los constantes cuestionamientos de partidos políticos y organismos defensores de los derechos humanos a su candidatura —por contravenir la prohibición constitucional que impide la reelección inmediata—, Bukele logró que el poder judicial la habilitara.

El domingo, poco después del cierre de la votación y en un acto que concentró a miles de sus seguidores en la Plaza Cívica del centro histórico de San Salvador, Bukele se proclamó ganador y dijo que había roto "todos los récords de todas las democracias en toda la historia", pese a que aún no había resultados oficiales.

"Nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literal, el porcentaje más alto de toda la historia", agregó desde el balcón del Palacio Nacional, donde lo acompañaba su esposa.

Bukele también dijo que Nuevas Ideas había ganado 58 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa, un punto clave para mantener el régimen de excepción y su política de seguridad centrada en el combate a las pandillas.

Se prevé que en las próximas horas el Tribunal Electoral inicie el escrutinio final de la elección de diputados.

La confirmación de la victoria de Bukele se complicó debido a que falló el sistema de transmisiones, el cual sólo permitió que 6.015 actas de la elección presidencial fueran digitalizadas, quedando pendientes 2.547. El Tribunal ordenó que se iniciara un escrutinio final para revisar todas las actas y contar voto por voto.

Bukele se convirtió en un fenómeno político por sus medidas para fortalecer la seguridad. Dos años después de implementar su régimen de mano dura contra las pandillas, más de 76.000 personas permanecen encarceladas, la mayoría sin que haya una sentencia en su contra.

Organizaciones nacionales e internacionales han cuestionado a Bukele, criticándolo de presuntas violaciones a los derechos humanos, pero el mandatario los acusa de defender a los criminales, que durante más tres décadas controlaron gran parte del territorio.

Cargar más

XS
SM
MD
LG