Al borde de un cierre del gobierno federal, la Cámara de Representantes aprobó el sábado un proyecto de financiación por 45 días cuando su presidente, Kevin McCarthy, desistió de exigir fuertes recortes del gasto y utilizó votos demócratas para enviar el paquete al Senado.

El paquete excluiría la ayuda a Ucrania, una prioridad de la Casa Blanca a la que se opone un número creciente de legisladores republicanos, pero elevaría en 16.000 millones de dólares la ayuda federal para desastres, como pide el presidente Joe Biden. La votación en la cámara baja fue de 335-91.

A tan sólo horas del plazo de medianoche para financiar al gobierno, el Senado también llevaba a cabo una inusual sesión durante el fin de semana y se alistaba para intervenir.

"Haremos nuestro trabajo", dijo McCarthy de cara a la votación, "Vamos a actuar con madurez. Y vamos a mantener al gobierno en operaciones".

En caso de que no exista un acuerdo antes del domingo, los trabajadores federales enfrentarán licencia sin goce de sueldo, más de dos millones de soldados en activo y reservistas trabajarán sin remuneración y los servicios de los que dependen estadounidenses en todo el país comenzarán a sufrir afectaciones como consecuencia del cierre.

La medida de la Cámara de Representantes financiaría al gobierno durante 45 días — hasta el 17 de noviembre — a los niveles actuales de 2023, acercándose al plan del Senado.

Pero el paquete de la cámara alta habría otorgado 6.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania en su guerra contra Rusia y 6.000 millones de dólares en asistencia contra desastres en Estados Unidos.

Ambas cámaras llegaron a un estancamiento mientras los legisladores evaluaban sus opciones, algunos de ellos lamentándose por la pérdida de asistencia para Ucrania.

"El pueblo estadounidense merece algo mejor", dijo el líder demócrata en la Cámara de Repersentantes, Hakeem Jeffries, quien advirtió en un prolongado discurso que los republicanos "extremistas" provocaban el riesgo de un cierre.

La Fuerza de Tarea Conjunta del Departamento de Seguridad Nacional del Sureste de Estados Unidos(HSTF-SE) patrulla por tierra, aire y mar las costas estadounidenses y las aguas del Caribe, para prevenir y disuadir la migración marítima irregular hacia EEUU.

“Nuestras fronteras marítimas no están abiertas y enfrentarse al mar no es una opción”, dijo el contralmirante Doug Schofield, director del HSTF-SE y comandante del Séptimo Distrito de la Guardia Costera, con sede en Miami.

En comunicado, el Departamento de Seguridad Interior indicó que sus elementos y equipos patrullan regularmente las fronteras marítimas de EEUU y sus inmediaciones, incluidos los territorios de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, para combatir y/o contrarrestar el tráfico ilegal de personas y prevenir el ingreso irregular.

"Nuestros socios de HSTF-SE están comprometidos con salvar vidas y hacer cumplir las leyes y políticas estadounidenses a través del Estrecho de Florida y el Caribe", dijo el contralmirante Schofield.

Como ha advertido con anterioridad HSTF-SE, toda persona que intente ingresar ilegalmente por la vía marítima a EEUU será descalificada por tiempo indefinido del proceso de libertad condicional (parole) de inmigración para cubanos y haitianos anunciado por la Casa Blanca en enero. Cualquiera que intente llegar ilegalmente por mar, o que llegue ilegalmente por mar, no podrá permanecer en EEUU y será procesado, de acuerdo a las leyes y políticas de EEUU y por consiguiente, será regresado a su país de origen o al país de procedencia.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este martes que 32 inmigrantes fueron repatriados a Cuba y 15 fueron trasladados a Bahamas.

De acuerdo a cifras oficiales, en lo que va de año fiscal 2023, los equipos de la Guardia Costera de EEUU han interceptado a 6.999 balseros cubanos.

El comunicado puntualmente establece que :

● Sin importar la nacionalidad, los migrantes que sean interceptados en el mar por las Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP-AMO), la Guardia Costera (USCG) o las tripulaciones de ley y orden del estado, serán repatriados a su país de origen o devueltos al país de su partida por la Guardia Costera.

● Cualquier persona que llegue ilegalmente por mar a los EEUU o a nuestros territorios será detenida por la Patrulla Fronteriza (USBP) y procesada para ser regresada a su país de origen por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) – Operaciones de Cumplimiento y Deportación (ERO), con la prohibición de poder reingresar legalmente a los EEUU por cinco años.

● Eventos sospechosos sobre el tráfico humano de migrantes serán investigados por la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y serán enjuiciados criminalmente por el Departamento de Justicia (DOJ).

● La Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP-OFO) continuará procesando las llegadas a los aeropuertos y a los puertos marítimos, incluyendo las Autorizaciones de Viaje Avanzadas.

● HSTF-SE trabaja continuamente con las naciones del Caribe a través del personal en las Embajadas de los EEUU y los oficiales de enlace de la Guardia Costera, para asegurar la concientización del dominio marítimo y mantener las capacidades de la repatriación marítima.

● Existen consecuencias por el ingreso o entrada ilegal. No crean en las mentiras de los contrabandistas. Desde el 3 de agosto del 2023, aquellos que no utilicen una de las muchas vías legales, seguras y ordenadas, que han sido expandidas por Departamento de Seguridad Nacional (DHS), e intenten ingresar ilegalmente a los EE. UU. se presumirán inelegibles para asilo. Si no tienen una base legal para permanecer, quedarán sujetos a ser removidos oportunamente. Además, quedarán prohibidos de ser admitidos por un mínimo de cinco años, y podrían enfrentar un posible enjuiciamiento penal por una entrada ilegal. No se lancen al mar, no arriesguen sus vidas, serán repatriados.

HSTF-SE, dentro de los factores que podrían influenciar las tendencias de la migración marítima, vigila continuamente el flujo de migrantes por las vías marítimas al igual que las condiciones geopolíticas, sociales, económicas y de seguridad de las naciones fuentes. Este monitoreo constante permite que las fuerzas realicen los ajustes necesarios para enfrentar los desafíos asociados con la defensa de nuestras fronteras marítimas de los Estados Unidos.

A finales del 2022, el Departamento de Seguridad Interior reforzó la Fuerza de Tarea Conjunta del Sureste (HSTF-SE, en inglés) y redobló la vigilancia en el Estrecho de Florida y el Caribe.

HSTF-SE es un grupo de trabajo establecido en 2003 e integrado por varias agencias gubernamentales, cuya responsabilidad es disuadir, prevenir y responder a la migración marítima ilegal.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) otorgó $22 millones de dólares a 65 organizaciones en 29 estados del país para ayudar en la preparación de los residentes legales a realizar los trámites de ciudadanía norteamericana.

La dotación, que este año aumentó en cinco millones de dólares.

“USCIS está comprometido a hacer de Estados Unidos una nación más fuerte, más inclusiva y de acogida. Fomentamos la naturalización educando a las poblaciones remotas, desatendidas y vulnerables sobre los beneficios de la ciudadanía y el proceso de naturalización”, dijo la directora de la entidad federal Ur M. Jaddou.

“A través de este programa de subsidios, ayudamos a garantizar que las organizaciones comunitarias estén disponibles para proporcionar a los inmigrantes oportunidades para mejorar sus habilidades en el idioma inglés, aumentar su comprensión de la historia y el gobierno de Estados Unidos y ayudarlos a integrarse a la sociedad estadounidense y que puedan ser ciudadanos exitosos”, agregó la funcionaria.

Dicho Programa de Subsidios de Ciudadanía e Integración “ha otorgado cerca de $155 millones mediante 644 subsidios competitivos a organizaciones que prestan servicios a inmigrantes en 41 estados y el Distrito de Columbia, desde su comienzo en el año 2009. Ahora, en su decimoquinto año, el programa ha ayudado a más de 300,000 residentes permanentes legales a prepararse para ciudadanía”.

Estos fondos serán entregados a organizaciones públicas o sin fines de lucro “que ofrecen a inmigrantes servicios de educación en ciudadanía y servicios relacionados con la solicitud de naturalización. USCIS ha otorgado a 51 organizaciones hasta $450,000 cada una durante dos años”, apunta el comunicado de USCIS.

USCIS detalla dichas dotaciones como Subsidios para la Red de Integración Regional y Comunitaria (CARING) que este año “ha ampliado la elegibilidad para incluir a organizaciones que prestan servicios a uno de los siguientes grupos: personas que fueron admitidas o ingresaron a Estados Unidos como cubanos o haitianos, personas admitidas con una visa de inmigrante especial, víctimas de trata de personas y actividad criminal, y cónyuges, hijos y padres abusados bajo la Ley de Violencia contra la Mujer”.

Las dotaciones contemplan también el Programa de Innovaciones en la Preparación para la Ciudadanía, explicada como “una oportunidad de subsidios para fomentar la innovación. USCIS ha otorgado subsidios para innovación a organizaciones que fomentan enfoques creativos para preparar a los inmigrantes para la naturalización y fomentar la integración cívica, lingüística y cultural de los inmigrantes en sus comunidades. USCIS ha otorgado a 13 organizaciones hasta $250,000 cada una por un período de dos años.

El congresista demócrata Jim McGovern pidió este jueves al gobierno de Estados Unidos que retire a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores el Terrorismo y criticó la política de sanciones financieras contra el gobierno cubano.

"Señora Presidenta (de la Cámara de Representantes), la política actual de Estados Unidos hacia Cuba se describe mejor como la continuación de las sanciones y políticas de Donald Trump. Todos los días nuestras políticas perjudican al pueblo cubano", declaró en un discurso ante la Cámara.

Una medida que Estados Unidos puede adoptar para proporcionar alivio, sugirió McGovern, "es eliminar a Cuba de la lista" porque "no hay absolutamente ninguna razón para que Cuba esté en esa lista. Ninguno".

También afirmó que el impacto de estar en dicha lista, la cual es elaborada por el Departamento de Estado, "afecta a casi todas las instituciones financieras y económicas mundiales".

Explicó en ese sentido que "muchas naciones europeas y aliados de Estados Unidos quieren ayudar a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano, especialmente en las áreas de salud y necesidades básicas, pero sus manos están atadas debido a la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo y sus onerosas restricciones y castigos financieros".

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Según el legislador demócrata de Massachusetts, que ha visitado Cuba en varias ocasiones, la política de Estados Unidos a Cuba es "una reliquia de la Guerra Fría" y, "francamente, es cruel". Es una política que "impulsa el aumento de la migración a nuestra frontera sur y no tiene sentido. Es una vergüenza", subrayó.

"Señora Presidenta", añadió McGovern, "voté por Joe Biden, no por Donald Trump. El Presidente tiene que hacerlo mejor. Podría comenzar por eliminar a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo hoy mismo".

El pasado 20 de septiembre, la vocera del Departamento de Estado, Kristina Rosales, dijo que Estados Unidos no tiene planeado sacar al régimen cubano de la lista negra del terrorismo. Su declaración a Caracol Radio fue en respuesta a un discurso que dio el presidente colombiano Gustavo Petro ante Naciones Unidas.

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Rosales aseguró a la emisora que "Cuba se mantiene de la lista, no se va. No tenemos ningún anuncio, ni ninguna información, para decir que vamos a sacar al país de la lista o tomar alguna acción que contemple otro país, un tercer país que, en este caso, es lo que dice el presidente Petro".

La portavoz aclaró que Estados Unidos sigue un proceso de evaluación riguroso para incluir o excluir a un país de la mencionada lista.

En mayo pasado, la administración Biden incluyó al régimen cubano entre el grupo de gobiernos que "no cooperan plenamente" en la lucha contra el terrorismo, una medida que las autoridades cubanas consideran como una "herramienta de coerción política".

Cuba ha estado incluida en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo desde 1982 a la fecha, con la excepción del periodo de mayo de 2015 a enero de 2021.

El Gobierno del expresidente Donald Trump argumentó en 2021 que el régimen de Cuba albergaba a fugitivos estadounidenses, líderes rebeldes colombianos y daba apoyo a la represión de Nicolás Maduro en Venezuela.

El régimen de La Habana ha reiterado en numerosas ocasiones que la permanencia en esta lista es uno de los principales obstáculos para una eventual mejoría de sus relaciones con Washington.

Los legisladores republicanos iniciaron el jueves la audiencia formal contra el presidente Joe Biden, con la intención, dijeron, de "proporcionar responsabilidad" al presentar sus argumentos al público, sus colegas y los escépticos en el Senado.

Los presidentes de las comisiones de Supervisión, Judicial y de Medios y Arbitrios están utilizando la primera audiencia de la investigación hacia un posible juicio político para pasar revista a los aspectos constitucionales y legales del asunto.

Tratan de mostrar lo que llaman vínculos del presidente con los negocios de ultramar de su hijo Hunter, aunque testigos clave han dicho que no han visto pruebas contundentes de delitos que merezcan un juicio político.

El presidente de la Comisión de Supervisión, el republicano James Comer, dijo que los legisladores tienen "una montaña de pruebas" de que Biden padre "abuso de la función pública para beneficio financiero de su familia".

Comer dijo que el panel seguirá "rastreando el dinero y las pruebas para proporcionar responsabilidad" al pueblo estadounidense.
Es una apuesta de alto riesgo para los republicanos en medio de un cierre en potencia del gobierno federal, al iniciar un proceso que puede culminar en la pena máxima para un presidente si es culpable de "delitos graves y faltas leves".

Los legisladores republicanos de la cámara baja enfrentan cierta resistencia en sus propias filas y una fuerte resistencia de sus correligionarios en el Senado, que temen las derivaciones políticas del proceso y dicen que la condena y destitución de Biden es poco menos que imposible.

Al comenzar la audiencia, los demócratas desplegaron una pantalla que muestra en cuenta regresiva los días, horas y minutos hacia el cierre del gobierno, mientras el Congreso busca con dificultad financiar al gobierno antes del plazo del sábado.

"Faltan 62 horas para cerrar el gobierno de los Estados Unidos de América y los republicanos están iniciando un proceso hacia el juicio político sobre la base de una mentira desenmascarada y desacreditada hace tiempo", dijo el representante Jamie Raskin, el demócrata de mayor jerarquía en la Comisión de Supervisión.

Raskin puso en tela de juicio la legitimidad de la audiencia, ya que la cámara no ha votado formalmente si inicia el proceso. Dijo que los republicanos están haciendo un refrito de denuncias de hace cinco años de Donald Trump, el principal rival de Biden en la elección de 2024, denuncias que el entonces presidente hizo durante su primer juicio político en 2019.

"No tienen ni un fragmento de prueba contra el presidente Biden por un delito que merezca juicio político", dijo.