Derechos Humanos
"Me han acabado la vida, yo tengo 36 años y me echaron 30", insólitas condenas por sedición a los cubanos del 11J (VIDEO)
La familia Beirut pasó la peor Navidad de su vida. Enojados por la detención de su primogénito Exeynt durante las manifestaciones de julio pasado en Cuba, su padre y hermana se lanzaron a protestar, sin pensar que acabarían sentenciados en diciembre a 20 años de cárcel.
Fredy Beirut, de 64 años, y su hija Katia, de 36, forman parte del grupo de al menos 158 manifestantes acusados por el delito de sedición en Cuba, según la ONG de derechos humanos Cubalex. Esta semana 57 de ellos han sido juzgados en las provincias de La Habana, Holguín y Santa Clara.
La pesadilla para los Beirut comenzó cuando Exeynt, de 41 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 en Guantánamo (este) acusado de desorden público y sentenciado a cuatro años de prisión.
Al enterarse, el resto de la familia, que reside en el populoso barrio de La Güinera, en la periferia de La Habana, enfureció. Un día después Fredy y Katia salieron a marchar cerca de su casa, cuenta Zoila Rodríguez, de 59 años y madre de este clan.
La protesta de la Güinera se tornó en la más violenta de las jornadas del 11 y 12 de julio. Ahí fue abatido el único fallecido de las manifestaciones históricas que estallaron en cerca de 50 ciudades cubanas al grito de "Libertad" y "Tenemos hambre".
De acuerdo con Cubalex, quedaron además decenas de heridos y 1.355 detenidos, de los cuales 719 siguen en prisión.
"A mi hija y a mi esposo empezaron (a juzgarlos) por un delito de desorden público, los cuales terminaron con un delito de sedición", dice Zoila atemorizada por ellos, pese a estar separada de Fredy desde hace años.
Fredy fue detenido el mismo 12 de julio, cuando regresaba a su casa en moto. Siete días después agentes de seguridad llamaron a Katia, que se presentó creyendo que no tenía nada que temer.
La fiscalía dice por su parte que Katia grabó con su teléfono para "publicar todo lo que estaba ocurriendo y así lograr que más personas se les unieran", transmitiendo en vivo, indica el expediente al que AFP tuvo acceso.
Ambos caminaron con otros acusados, "gritando consignas contrarrevolucionarias" y "se les fueron sumando indistintamente más personas", indica la fiscalía. "Expresaban frases denigrantes en contra de la dirección del país" de tal forma "que se mostrara un clima de intranquilidad y violencia", agrega.
Pero también la fiscalía reconoce que no participaron en hechos violentos. "Conformes, satisfechos y habiendo logrado su objetivo de lograr de que toda esta turba se tornara agresiva, se retiraron hacia sus respectivos inmuebles", sostiene el documento.
Luego de tres días de juicio con 15 acusados más, el 23 de diciembre ambos fueron sentenciados a 20 años de cárcel.
"Me tiene muy enojada a mí, a toda la familia, a todas las personas que están pasando por esto, no es concebible que en un pueblo, en un país donde las personas salgan a la calle y se manifiesten pacíficamente le hayan echado 20 años", dice Zoila, que divide su tiempo atendiendo al hijo de nueve años de Katia y visitas a las prisiones.
"Me han acabado la vida"
Más grave es el caso de Dayron Martín Rodríguez, detenido igual en la Güinera y sentenciado a 30 años.
Dayron, de 36 años, salió aquella tarde a comprar comida para sus palomas cuando se topó con la concentración. "Se puso a grabar para mandar a su padre el vídeo" y al sentir las pedradas encima se cayó y perdió el teléfono, narra su madre Esmeralda Rodríguez, de 63 años, que dice haber sufrido un preinfarto al enterarse en Ecuador, a donde emigró ocho años atrás.
La fiscalía señala que Dayron y más personas "se armaron con piedras y botellas tomadas del suelo", avanzando "con una multitud y a la vez las lanzaron contra los agentes del orden público" para tratar de llegar a la estación de policía de la zona, en una trifulca que duró cuatro horas.
Esmeralda cuenta que cuando su hijo la llama le dice: "Me han acabado la vida, yo tengo 36 años y me echaron 30, ya no me pueden hacer más nada".
Para Laritza Diversent, directora de Cubalex, "las sanciones han sido ejemplarizantes", considerando que cada vez más las personas quieran organizarse para protestar.
Los casos han estado plagados de violaciones al debido proceso, sin abogados defensores independientes y con juicios a puerta cerrada, denuncia.
"La mayoría de las evidencias que tienen son testimonios de los propios agentes del Estado que ejercieron violencia con los manifestantes", alega al precisar que en los videos de prueba nunca aparecen agresiones de los policías.
Todo esto generó un fuerte impacto en las familias de los detenidos que han empezado a actuar. Es el caso de la familia de Andy Dunier García Lorenzo, dedicado al modelaje y de 34 años, detenido el 11 de julio en la central ciudad de Santa Clara.
Su familia lanzó una campaña para recaudar alimentos de apoyo a presos y dirigió una carta a embajadas acreditadas en Cuba, pidiendo observadores en el juicio esta semana de Andy, para quien solicitan siete años por desorden público y desacato, dice su hermana Roxana, una manicurista de 20 años, aguardando afuera del tribunal donde lo enjuiciaban.
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Esposa de preso político del 11J denuncia que no cesa el hostigamiento en la cárcel de Quivicán (VIDEO)
En precarias condiciones se encuentra el preso político del 11 de julio de 2021, Maikel Puig Bergolla, recluido en el penal de máxima seguridad de Quivicán, en la provincia de Mayabeque, denunció su esposa Saily Núñez Pérez, en una directa en la red social Facebook.
Núñez Pérez alertó que a su esposo no le están suministrando el medicamento para la hipertensión, además de recibir malos tratos por parte de autoridades carcelarias y recibir una precaria alimentación.
También en la comunicación, la mujer mencionó que ella es víctima del acoso constante de la Seguridad del Estado y del director del penal, debido a las denuncias que publica sobre todas las violaciones que sufre el preso político.
En su mensaje en redes sociales, responsabilizó al jefe de la prisión de Quivicán, a quien identificó como el teniente coronel "Lolo", y a la policía política por todo el hostigamiento que sufre su familia.
Puig Bergolla, cumple 12 años de condena por participar en la manifestación en el poblado de Güines, y desde que fue trasladado para esa prisión ha sido expuesto a malos tratos.
En el mes de junio fue atacado por el oficial Yulieski Menéndez Montero, segundo jefe de la cárcel, y estuvo un mes incomunicado sin llamadas telefónicas. En varias oportunidades ha estado de castigo en celdas de aislamiento.
Toda esta represión fue la respuesta de la guarnición a una protesta que protagonizó Puig Bergolla, junto a otros reos dentro del penal, en donde exigieron libertad y gritaron la consigna contestataria “Patria y Vida”.
En el mes de agosto, el preso político fue agredido por un reo común de alta peligrosidad, señalado por colaborar con las autoridades penitenciarias, a cambio de beneficios.
La esposa del condenado por el 11J ha acudido a la Fiscalía Militar de la Región de Occidente para denunciar los abusos y arbitrariedades que se cometen en contra de su esposo en ese centro penitenciario, pero asegura que no ha tenido respuesta alguna a sus reclamos.
Presos políticos denuncian uso de reos comunes en cárceles cubanas como agentes de provocación
Presos políticos denuncian la caótica situación que sufren en las cárceles cubanas, hostigados por reos comunes de alta peligrosidad que operan bajo las órdenes de la Seguridad del Estado, en medio de la escasez de medicamentos, de asistencia médica y la precaria alimentación.
Dos presos políticos en el penal de máxima seguridad de Kilo 8, también conocido como La 26, en la ciudad de Camagüey, se encuentran en celdas de castigo luego de haberse declarado en huelga de hambre en reclamo de derechos.
Se trata de Nelson Amaya Martín y Alain Polver Lamorú, según informó un reo desde ese penal llamado Fausto, en comunicación telefónica con el activista Jiordan Marrero Huerta, quien preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
“Lo llamo para comunicarle que ambos presos políticos se mantienen en huelga de hambre por la violación de sus derechos y beneficios penitenciarios, entre otras exigencias más, ambos se encuentran en celdas de castigo, en precarias condiciones que atentan contra su salud. El régimen comunista de Cuba ha impuesto un estado de excepción carcelaria, violando sus propias normas”, aseguró el recluso desde Kilo 8.
Marrero Huerta también se refirió a los abusos que continúa sufriendo en esa cárcel de Kilo 8 Reinier Calderín Socarrás, activista miembro de la UNPACU, quien cumple una condena de 3 años de cárcel.
“Reinier ha sufrido restricciones en las llamadas telefónicas, así como amenazas, hostigamiento y agresiones de reos comunes, quienes por un beneficio hacen cualquier cosa, todo esto ordenado por el director de la prisión, Juan Miguel Duarte Sánchez”, señaló el activista.
Calderín Socarrás, quien ya ha sido conducido a celdas de castigo cinco veces desde que fuera encarcelado, ha recibido amenazas de los oficiales de la prisión de ser enviado para las mismas por tiempo indefinido si continúa denunciando los abusos que los militares comenten contra los reos políticos y comunes en ese centro penitenciario.
En la prisión provincial Las Mangas, en la ciudad de Bayamo, provincia Granma, está recluido el preso político y activista de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Julio César Vega Santiesteban, quien cumple 20 años de condena y es residente del poblado Contramaestre, en Santiago de Cuba. Desde allí denuncia las precarias condiciones de salud en que se encuentra, entre otros problemas.
“El ojo derecho parece que me subió la presión y entonces ya lo que veo ahí es como una nube, ya no veo de lejos porque, como tengo ese problema en ese ojo, me está afectando el otro, no distingo. Me estoy quedando ciego, y voy a fajarme con esta gente que, si no resuelven mi problema, entonces me voy a ver obligado a tomar otras decisiones", dijo.
Según el preso político, en el penal no reciben atención médica porque no hay galenos que presten el servicio.
Maidelín Padrón, madre del preso del 11J Andy Boza Padrón, de 37 años, condenado a 9 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales en San Miguel del Padrón, sentenciado por los supuestos delitos de “atentado”, “desacato” y “desórdenes públicos”, alertó en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba sobre la hambruna que sufre su hijo en la cárcel 1580, en La Habana.
“El niño está flaco cantidad, dice que lo que ha pasado de hambre… figúrate tú, fueron 36 días de una visita a otra. Qué tristeza me dio verlo así, tan flaquito, y yo casi tampoco le pude llevar mucho, porque no hay trigo. Así estamos, no es fácil”, explicó la madre del preso político, que acudió a la visita el pasado sábado.
Boza Padrón, quien vive en el municipio de Regla, donde trabajaba en los muelles hasta que fue detenido el 11 de julio, también ha sufrido restricciones de sus llamadas telefónicas y le han demorado el derecho a la mínima severidad.
¿Qué conversó Gilmore con la sociedad civil independiente en Cuba?
En medio del acoso de la Seguridad del Estado, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, se reunió con miembros de la sociedad civil independiente, incluidos familiares de los presos políticos y activistas, durante su visita a Cuba, que culminó el sábado, 25 de noviembre.
Gilmore confirmó el encuentro en un post en redes sociales en el que asegura que se reunió "con una amplia gama de actores de la sociedad civil, incluidos familiares de presos políticos", y que en las "reuniones con el gobierno y en el Diálogo sobre Derechos Humanos", reiteró "el llamado de la UE a favor de las liberaciones".
Este domingo, el representante europeo hizo un resumen en X de su visita a la isla, en el que reitera este mensaje. "Durante mi visita a Cuba, copresidí un diálogo integral sobre derechos humanos. Reforcé los mensajes en reuniones con el Presidente y los ministros. Me reuní con voces no gubernamentales, incluidos familiares de prisioneros. Llamé para liberaciones".
Pero poco ha trascendido de las conversaciones que sostuvo Gilmore con este sector independiente del régimen, y que se realizaron en total discreción, en contraste con las fotos y las publicaciones sobre sus encuentros oficiales, criticaron activistas en las redes sociales.
"¿Por qué no existe una foto ni un comunicado de prensa sobre el encuentro con la sociedad civil independiente del PCC y los familiares de los presos políticos?", señaló en su cuenta de X la comunicadora independiente exiliada Iliana Hernández.
Eralidis Frómeta, esposa del periodista independiente encarcelado Lázaro Yuri Valle Roca, confirmó este domingo a Martí Noticias el encuentro con Gilmore.
"Gilmore nos recibió muy cordialmente. A pesar de que el régimen continúa escondiendo nuestros prisioneros, él siempre nos hizo saber que la causa fundamental de su visita al país fue reunirse con el régimen y abogar por la liberación de todos los prisioneros políticos", señaló la activista.
Frómeta se había referido antes al encuentro con el representante europeo en respuesta al post de Gilmore y de Hernández en X: "Gracias le damos a Dios que pudimos desenmascarar al régimen a pesar de continuar ocultando a nuestros presos políticos, así como la grave situación de salud, medicamentos y alimento, y t9rturas físicas, a las que la dictadura los mantiene sometidos", escribió la activista en la red social.
Según detalló Hernández en X, otros familiares de presos políticos que se entrevistaron con Gilmore fueron la madre de Luis Robles y los padres de Jorge y Nadir Perdomo. "Dieron testimonio de que en Cuba si hay presos políticos y son torturados, pidieron que visitara las prisiones y lo viera", recalcó la periodista independiente.
"A él le informaron que aquí en Cuba no hay presos políticos"
La madre del preso político Luis Robles Elizástigui dijo a Martí Noticias que Gilmore se mostró impactado por el testimonio de los familiares de los presos políticos.
“Nos dio a conocer que, a pesar de tener su agenda bastante ajustada, él decidió reunirse con algunos de los familiares de los presos políticos para él conocer personalmente su testimonio. Y cuando cada uno de nosotros le dio a conocer las situaciones de nuestra familia, es algo que a él lo impactó", señaló Elizástigui.
“Según él nos cuenta, se había reunido con las autoridades de la Fiscalía, el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado, pero que nadie le dio ninguna respuesta sobre qué se va a hacer, o se va a dejar de hacer. A él le informaron que aquí en Cuba no hay presos políticos, es decir, los presos que sabe el mundo que existen, de los mil y tantos, ninguno está preso por delitos políticos. Que los presos que tienen algún tipo de enfermedad, tienen su atención médica, sus medicamentos. Que nunca ninguna de esas personas había recibido maltrato, ni físico ni psicológico", detalló la madre de Robles.
Tras la reunión con Gilmore, Yindra Elizástigui anunció que se declaraba en huelga de hambre.
La mujer ha estado reclamando el derecho a régimen de mínima severidad para su hijo, encarcelado en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, donde cumple una condena de cinco años de cárcel por manifestarse pacíficamente, en diciembre de 2020, a favor de la liberación del rapero contestatario, entonces preso, Denis Solís.
"Ya no pido el campamento para mi hijo, pido su liberación", dijo la madre de Robles en una directa en Facebook.
"Esto lo hago por la libertad de mi hijo, por la libertad de todos los presos políticos cubanos que se encuentran, injustamente, allí encarcelados, que han sufrido maltratos de todo tipo, y también en representación de la familia, que hemos sufrido", aseveró.
La mujer, que sufre de diabetes, entre otras enfermedades, afirmó que "ya no queda otro camino", en referencia a la huelga de hambre, y recordó que Robles cumplirá, el próximo 4 de diciembre, tres años de injusto encarcelamiento.
"Si era un castigo, ya es suficiente, porque ustedes saben que mi hijo es inocente", concluyó Elizástigui.
Por su parte, Marta Perdomo, madre de los presos políticos del 11J Jorge y Nadir Martin Perdomo, coincidió con Elizástigui en que Gilmore no tenía información sobre las detenciones de sus familiares.
“Expusimos nuestro testimonio, que no creo que él no lo supiera, ¿eh? Fue para mí algo bueno, porque aunque a muchas personas no les guste, yo tuve la oportunidad de, frente a frente y mirándonos a los ojos, exponer el testimonio de mis hijos y el de tantos presos políticos", declaró este domingo a Martí Noticias.
"Él dijo que en todas las conferencias que había tenido, lo principal era pedir la libertad de los presos políticos. Dijo, inclusive, así mismo: ‘yo no les digo a ustedes que los van a liberar mañana, pero se está gestionando por todos los lugares que se les dé la libertad a los presos", añadió Perdomo.
La madre de dos de los manifestantes en las protestas antigubernamentales del verano de 2021 en Cuba dijo que habló con el representante de la UE "en nombre de todos los presos, de toda la injusticia que ha habido aquí en este país con los presos del 11 de julio".
Gilmore se habría entrevistado con al menos ocho miembros de la sociedad civil independiente, incluidos los familiares de presos políticos. El funcionario europeo habló, además, con periodistas, representantes de la comunidad LGTBI, integrantes de organizaciones no gubernamentales e intelectuales críticos, según un reporte de la agencia de noticias EFE que cita las declaraciones de tres de ellos.
"Me pareció impresionado con lo que ha visto. Si se quiere, alarmado. Ojalá se haya ubicado bien", dijo a EFE la intelectual matancera Alina Bárbara López Hernández, quien aseguró a ese medio que se comunicó vía telefónica con Gilmore, al no poder salir de su provincia debido a la medida cautelar dictada en su contra.
Además de explicar a Gilmore los pormenores de su caso, acusada de “desobediencia” tras negarse a asistir a una citación de la Policía de Matanzas, por lo que será enjuiciada el próximo martes, 28 de noviembre, López Hernández dijo al representante de la UE que Cuba es "una fábrica de nuevos presos" y que no hay que limitarse a pedir la liberación de las personas actualmente en prisión, sino "entender que el sistema genera esas reacciones", reportó EFE.
Mientras, el activista LGTBQ+ y periodista independiente Maykel González Vivero agradeció el encuentro con Gilmore. En un post en Facebook, comentó que, para el representante europeo, "entender a Cuba, en medio de la crisis humanitaria en que vivimos, no es un asunto fácil, que se pueda resolver en pocos días".
Sobre los temas que abordó en su conversación con Gilmore, el activista dijo que mencionó tanto a los presos políticos como el embargo estadounidense a la isla.
"Los cubanos vivimos bajo el fuego cruzado de muchas violencias. Mi deseo como ciudadano es que se consolide el acuerdo entre mi país y la Unión Europea. Nos beneficia a todos. Dar la espalda al gobierno que ha encarcelado a personas por oponérsele, pero que también mantiene abiertos todos los hospitales y todas las escuelas, sería darle un portazo en la cara a todos los cubanos", subrayó.
Según Vivero, es preferible "tener un interlocutor aceptable en materia de derechos humanos que no tenerlo", y en su opinión, "Europa está en mejores condiciones que otros" para llevar adelante esta tarea.
"Sentí que los funcionarios europeos lo tienen claro, que la mejor opción para los cubanos nunca será el aislamiento. Les agradecí por entenderlo", concluyó el activista.
Desde Lancaster, Pennsylvania, la cubana Amadora Róchez discrepó con Vivero. En un comentario a su post en Facebook, señaló: "Qué bueno hablar de derechos humanos y, especialmente, a favor de los presos políticos. Te agradezco. No obstante, discrepo que el gobierno se esfuerza en mantener abiertos hospitales y escuelas, dicho así pareciera un logro. No hay que olvidar que el presupuesto de inversiones que se dedica a la salud y educación es menos del 3% del total, según datos de la ONEI desde 2021".
Róchez añadió que en Cuba existen "hospitales con escasos médicos, medicinas, medios diagnósticos y escuelas sin recursos, algunas en pésimo estado constructivo, maestros mal preparados, poca luz, pizarras y pupitres en mal estado", mientras los trabajadores "ganan un salario paupérrimo y el resto paga impuestos, supuestamente para mantener una dignidad mínima en ambos servicios que, de seguir el deterioro, dentro de poco estarán abiertos donde no se trate la salud, ni se aprenda nada", una situación de la que considera es responsable el gobierno.
Un día después de reunirse con Gilmore, en la sede de la UE en la capital, Eralidis Frómeta denunció que en la isla "continúan cometiéndose violaciones de derechos humanos".
En una directa en Facebook, Frómeta contó cómo la motocicleta de una de las personas que la ayudó a burlar el cerco de la policía política y llegar al lugar del encuentro con Gilmore, fue misteriosamente robada horas después.
Junto al chofer del vehículo, Juan Carlos Guimera, el activista Ricardo Vázquez Morales y otras personas, Frómeta se manifestó en plena vía pública para exigir que la moto fuera devuelta a su dueño. "Al DTI (Departamento Técnico de Investigaciones) se le dijo donde estaba la moto robada. No actuaron", afirmó Frómeta.
El chofer de la motocicleta recalcó en la transmisión que un testigo vio quién se había llevado su vehículo, información que fue compartida con el DTI.
"Este señor que le robaron la moto, misteriosamente, fue quien me llevó a mí hasta la cita, al encuentro con el señor Gilmore. A las 6 de la mañana, cuando él va a sacar del parqueo la moto... se habían robado la moto, una moto que tenía hasta candado puesta", dijo Frómeta a Martí Noticias.
A la pregunta de si tenían pruebas o evidencias de la implicación de la Seguridad del Estado en el robo del vehículo, respondió que el chofer "ha sido detenido y golpeado por darme viajes, y sabiendo yo que la Seguridad del Estado siempre me ha dicho que todas las personas que me apoyen van a salir dañadas, ¿qué más prueba puedo tener?"
(Con reporte de Yolanda Huerga para Martí Noticias)
Activista pide a relator de derechos humanos de UE que visite a presos políticos en Cuba
El activista Pedro Albert Sánchez requirió al Representante Especial y relator para los Derechos Humanos de la Unión Europea (UE) Eamon Gilmore que, durante su estancia en Cuba, visite algunos de los más de mil presos políticos que están en prisión.
Gilmore estará en la capital cubana, entre el 22 y el 25 de noviembre, en unas jornadas enmarcadas en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado por Bruselas y La Habana en 2016.
“Yo le preguntara: ¿tiene usted la posibilidad de visitar a los familiares de los presos políticos en Cuba y a los presos políticos? Le preguntaría otras cosas: ¿Hasta qué punto, cuando viene algún representante de la Unión Europea a Cuba, logra tener contacto con la verdadera realidad cubana, con los ciudadanos? ¿Y a partir de ahí, se valora, realmente, el cumplimiento de los derechos humanos o la violación a los derechos humanos?”, dijo a Martí Noticias Pedro Albert Sánchez en referencia a una, aún hipotética, reunión con el funcionario europeo.
En una carta enviada por correo electrónico el domingo, Pedro Albert solicitó a Gilmore que reciba a un grupo de activistas de la sociedad civil independiente, entre ellos él mismo y la académica matancera Alina Bárbara López Hernández, que ya tuvo un encuentro con el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell cuando viajó a La Habana en mayo pasado.
Asimismo, advirtió al relator que “en Cuba se violan de forma sistemática los más elementales derechos de los ciudadanos a expresar sus inconformidades con el actual régimen totalitario que gobierna de forma militarizada los destinos de la Nación”.
“Menos aún se permite ejercer el derecho a las reuniones o a las manifestaciones pacíficas”, afirmó en la misiva.
Igualmente instó al relator a no hacer de su gestión un mecanismo diplomático para mantener inamovibles las relaciones del bloque con la dictadura más longeva del hemisferio occidental.
“Espero señor representante especial para los DDHH de la Unión Europea, que su visita busque el contacto con esa realidad que le describo y que no se ocupe todo su valioso tiempo en escuchar versiones parcializadas de la misma”, exhortó en su texto el Profesor, uno de los manifestantes del 11 de julio de 2021, sancionado a cinco años de privación de libertad que fueron subsidiados por prisión domiciliaria.
“Los cuatro días de su visita estaré sentado en el Parque John Lennon del Vedado capitalino rogando por su encuentro con los presos políticos y sus familiares”, aseguró Pedro Albert en su mensaje.
“Yo creo que tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿estamos nosotros haciendo actos, acciones, tomando actitudes para que el señor Gilmore se fije en nosotros? Sería trascendental que tengamos apoyo”.
El activista resaltó las acciones cívicas que están llevando a cabo, de forma sistemática, personas como la académica Alina Bárbara López Hernández y el doctor Fernando Vázquez en sus visitas a familiares de los presos políticos.
Yo creo que es muy importante que la sociedad civil se proyecte con acciones para merecer que nos presten atención y que realmente puedan ayudarnos.
Gilmore se ha reunido con activistas cubanos exiliados, entre ellos la curadora de arte Carolina Barrero, y ha recibido informes de grupos independientes sobre la esencia antidemocrática del régimen cubano.
Antes, en septiembre de 2021, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) le presentó un dossier de las graves violaciones ejecutadas por el gobierno de Cuba desde la represión contra los manifestantes de las protestas del verano de ese año.
La Habana dice en Ginebra que no aceptará recomendaciones sobre DDHH que “cuestionen el orden constitucional”
Tal y como era previsible, La Habana aseguró este viernes que no aceptará las principales recomendaciones formuladas por la comunidad democrática internacional en el Examen Periódico Universal (EPU) de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Son inaceptables para nuestro país, en tanto cuestionan el orden constitucional y legal, refrendado por la abrumadora mayoría del pueblo. Se sustentan en prejuicios y pretenden hegemonías ideológicas”, afirmó Juan Antonio Quintanilla, el embajador castrista en Ginebra.
Según el régimen, “esas recomendaciones tienen motivaciones políticas” y “algunas de ellas son los fabricados pretextos de la conocida política de hostilidad y agresiones contra Cuba”.
En el EPU, celebrado esta semana, Cuba recibió fuertes críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, el nuevo Código Penal, y la necesidad de tipificar como delito el feminicidio y de ratificar los Pactos de Derechos Humanos la ONU.
En cambio, los regímenes más violadores del mundo apoyaron sin fisuras las políticas de La Habana.
“Podemos anticipar que un grupo mayoritario de recomendaciones contará con el apoyo del gobierno cubano. Estas han sido realizadas sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Muchas de ellas se encuentran en proceso de implementación o forman parte de las prioridades de Cuba”, dijo Quintanilla, sin mencionar cuáles.
Este viernes, el Consejo de Derechos Humanos aprobó el informe con las 361 recomendaciones presentadas a Cuba.
En las conclusiones, el grupo de trabajo del Examen Periódico Universal señaló que el gobierno cubano deberá responder por escrito antes de marzo de 2024.
El documento aclara que todas las conclusiones y/o recomendaciones reflejan la posición del Estado que lo presenta y/o del Estado examinado y que no deben interpretarse como respaldados por el Grupo de Trabajo en su conjunto.
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