Ocho de nueve extranjeros acusados de terrorismo en Gran Bretaña han impugnado la legalidad de la Ley Antiterrorista en un proceso que comenzó en el 2001 y el tribunal de los Jueces-Lores, la más alta instancia judicial en Gran Bretaña, es quien debe ahora decidir el caso.
En virtud de esa ley, los nueve acusados han permanecido detenidos durante tres años sin juicio ni formulación de cargos.
La Ley Antiterrorista fue promulgada después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Permite la detención indefinida, sin juicio ni imputación de cargos, de los sospechosos extranjeros que no puedan ser repatriados porque sus vidas estarían en peligro.
Para promulgar esa legislación el gobierno británico tuvo que renunciar a vaias cláusulas de la Convención Europea de derechos Humanos.