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América Latina

Guerrilleros del ELN aceptan investigación sobre narcotráfico y volverán a Cuba para diálogo de paz

Delegaciones del gobierno colombiano y el ELN posan para la foto tras la inauguración del diálogo en México, 13 de febrero 2023
Delegaciones del gobierno colombiano y el ELN posan para la foto tras la inauguración del diálogo en México, 13 de febrero 2023

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) anunció su disposición a someterse al escrutinio de una comisión internacional que determine si está o no involucrada con el narcotráfico a fin de concretar un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En entrevista con The Associated Press, Aureliano Carbonell, miembro de la delegación del grupo armado que participa en el segundo ciclo de diálogos con el gobierno y que concluirá el viernes en México, rechazó que el ELN tenga vínculos con el tráfico de narcóticos como aseguran sus detractores.

Las próximas conversaciones se reanudarán en abril en Cuba, informaron el miércoles las partes. La Habana dijo el miércoles haber aceptado ser sede del próximo encuentro. El grupo está dispuesto a retomar la propuesta presentada hace tres años al gobierno colombiano y al estadounidense de una comisión "para examinar si nosotros estamos involucrados o no en el negocio". "Seguimos en pie frente a eso", aseguró Carbonell.

La isla “hará todos los esfuerzos” para el entendimiento entre las partes y mantiene "su disposición a continuar como garante” así como a permitir que el tercer ciclo del diálogo se efectúe en la isla, dijo la cancillería cubana en un comunicado.

El ELN, surgido en 1964 e inspirado en la revolución cubana, se ha sentado a hablar con el gobierno de Colombia en varias ocasiones desde la década de 1970.

El actual proceso, iniciado en 2017, se congeló en 2019 tras un ataque de la guerrilla a una escuela de policía que dejó 22 muertos y se reactivó el pasado noviembre con un presidente por primera vez de tendencia izquierdista y que en su juventud militó en la extinta insurgencia del M-19 (Movimiento 19 de Abril).

Uno de los objetivos del actual ciclo de conversaciones es acordar una hoja de ruta para avanzar, entre otros temas, hacia un alto el fuego nacional con la participación activa de la sociedad civil, aunque todavía no está claro cómo integrarla.

El gobierno aspira a que eso no sólo signifique la disminución de las confrontaciones armadas sino también de "las actividades ilegales generadoras de daño y de violencia", ha dicho el jefe de la delegación gubernamental José Otty Patiño.


El primer ciclo de la nueva etapa de conversaciones entre el gobierno y el ELN tuvo lugar entre finales de noviembre y diciembre en Venezuela.

En 2006, el ELN prohibió a sus tropas financiarse de actividades ilegales, como el narcotráfico y la minería de oro, ya fuera cobrando impuestos o controlando todo el negocio, según la Comisión de la Verdad creada tras la firma en 2016 del acuerdo de paz con la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Delegaciones del gobierno colombiano y el ELN en la ceremonia de apertura de las negociaciones en México, 13 de febrero de 2023
Delegaciones del gobierno colombiano y el ELN en la ceremonia de apertura de las negociaciones en México, 13 de febrero de 2023

Estados Unidos y la Unión Europa todavía tienen al ELN en el listado de organizaciones terroristas. Para Carlos Beristain, quien integró la Comisión de la Verdad, este paso sería importante si se hace ligado a garantizar condiciones de seguridad para las comunidades y con supervisión internacional y de la Iglesia católica, que es acompañante del proceso.

El comisionado agregó que otro punto básico es avanzar en un "acuerdo humanitario" para que "la gente pueda tener una experiencia también de paz" durante las negociaciones.

Las partes coinciden y en diciembre pactaron atender ciertas emergencias pero, según Carbonell, algunas de esas "dinámicas humanitarias" siguen pendientes, como beneficios penitenciarios a ciertos presos del ELN o que se garantice la atención de salud o alimentaria en algunas comunidades de las zonas en conflicto. Por ello insistió en acelerar la creación de corredores humanitarios con supervisión internacional que permitan el abastecimiento de la población y que ésta pueda desplazarse en condiciones seguras.

Pablo Beltrán, líder del ELN y negociador (D) habla con el negociador Aureliano Carbonell durante la segunda ronda de negociaciones en México en febrero de 2023
Pablo Beltrán, líder del ELN y negociador (D) habla con el negociador Aureliano Carbonell durante la segunda ronda de negociaciones en México en febrero de 2023

El ELN, dijo Carbonell, está dispuesto a hacer su parte y respetar la integridad de esos corredores pero recordó que en muchos territorios operan distintos grupos armados y bandas de narcotraficantes enfrentados entre sí. Parte de ellos aceptaron un cese del fuego con el gobierno pero no con la guerrilla.

"Si a usted le atacan, usted no puede quedarse cruzado de brazos", señaló Carbonell tras recordar que ellos sólo están negociando con el Ejecutivo. El ELN ha cuestionado la estrategia de "paz total" de Petro porque no quiere estar al mismo nivel que otros actores armados como el Clan del Golfo, considerado el grupo más peligroso de Colombia.


Petro ha dejado en claro que con los narcotraficantes no negociará políticamente sino que tendrán que someterse a la justicia. En las conversaciones con el ELN, el gobierno optó por apuestas arriesgadas como integrar en su delegación a un hombre cercano al influyente y polémico expresidente Álvaro Uribe, pero Carbonell lo consideró positivo.

"Para avanzar en un proceso se necesita el concurso de muchos y en especial de los sectores que tradicionalmente han mandado en el país".

Las seis décadas de conflicto interno en Colombia han dejado casi medio millón de asesinados, más de 120.000 desaparecidos y 7,7 millones de desplazados, según el informe de la Comisión de la Verdad publicado el año pasado.

Ahora, el proceso de diálogo es visto con cierto optimismo. Desde noviembre, ambas partes han dado gestos de buena voluntad: el gobierno suspendiendo órdenes de captura que pesaban sobre los negociadores de la guerrilla y el ELN liberando a más de 20 secuestrados, el último este mismo miércoles, dos días antes de cerrar el ciclo de conversaciones en México.

Pero la última guerrilla activa de Colombia también quiere aprender de los errores del proceso de paz con las FARC porque muchos acuerdos siguen pendientes de ser puestos en marcha. Petro apostó por acelerar algunos, como la reforma rural, pero persisten problemas con más de 13.000 excombatientes en proceso de reinserción y perseguidos por la violencia.

Al menos 355 de ellos ya fueron asesinados, según un reciente informe de Naciones Unidas.

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EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

Boric llama a consultas a su embajador en Caracas

Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)
Vista general del consulado de Chile en Caracas el 11 de abril de 2024. El presidente chileno llamó a consultas a su embajador en Caracas en protesta por las declaraciones del canciller de Venezuela, Yvan Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua.(Foto de Juan BARRETO/AFP)

El presidente de Chile Gabriel Boric dijo el jueves que decidió llamar a consultas al embajador chileno en Caracas para que informe sobre la situación en el país, al criticar duramente las declaraciones formuladas por el canciller venezolano sobre la banda criminal Tren de Aragua.

A inicios de esta semana, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, dijo durante una visita a su par colombiano que la existencia de esa organización es una ficción mediática internacional para tratar de crear "una marca".

"Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización", dijo el presidente en la red social X.

"He tomado la decisión de llamar a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, con el objetivo de recabar información detallada sobre la situación actual en el país e instruirlo a tomar todas las acciones que sean necesarias", añadió, tanto ante el gobierno venezolano como organismos internacionales.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario.

Durante la semana altos funcionarios del gobierno chileno, como la ministra del Interior Carolina Tohá y el canciller Alberto van Klaveren, ya habían cuestionado las declaraciones.

Los comentarios de Gil "demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable", añadió Boric.

En los últimos años Chile, uno de los países más estables y seguros de la región, ha visto un aumento de los crímenes violentos y una mayor frecuencia de delitos antes poco comunes como los secuestros extorsivos, que las autoridades atribuyen a la penetración del crimen organizado.

Activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua lanzan campaña para crear conciencia sobre presos políticos

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron la campaña “Está pasando de nuevo”.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los derechos humanos y la defensa de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela lanzaron este jueves la campaña “Está pasando de nuevo” que busca elevar el tema de las personas privadas de libertad.

En una conferencia de prensa virtual, los organizadores subrayaron que hasta finales de febrero de 2024, las cifras de personas prisioneras por motivos políticos son alarmantes con un estimado de 1.092 cubanos, 269 venezolanos, y 121 nicaragüenses bajo privaciones de libertad.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una de las organizaciones que participa en la campaña, dijo que la misma busca la solidaridad de aquellas democracias que en este momento pueden prestar mayor apoyo para que haya presión internacional para el respeto a los derechos humanos.

“Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Costa Rica, de España. Hay una serie de países que son claves en la región para defender los derechos humanos y esta campaña apela a estos países y a estas democracias para que hagan un esfuerzo”, contestó Larrondo a una pregunta de Martí Noticias sobre el objetivo de la campaña.

“Además vemos como las dictaduras totalitarias no se estancan sino que estamos viendo un proceso de expansión de las mismas y, por lo tanto, es muy importante hacer conciencia, sobre todo ello”, añadió.

Victor Navarro, periodista y ex preso político nicaraguense, director de la ONG Voces de la Memoria, dijo que la campaña necesita las voces de los países democráticos.

“En Venezuela, Cuba y Nicaragua estamos viendo cómo ha aumentado la represión. Hemos visto cómo se han exacerbado las detenciones arbitrarias y cómo cada vez existen más presos políticos… Necesitamos de los países democráticos, cuyas instituciones son más sólidas para nosotros poder alzar más la voz y exigir que ya no hayan más presos políticos en nuestros países”, declaró Navarro.

En la conferencia también participó Alain Espinosa, abogado de Cubalex, quien presentó un panorama de las terribles condiciones en las prisiones cubanas y calificando de lesivas para la condición humana “las condiciones que se establecen en el sistema penitenciario cubano y sobre todo para las personas que están allí por motivos políticos”.

“Lo que describió Luis Manuel Otero Alcántara son catedrales del mal y yo creo que lo primero que hay que plantear es que esto parte siempre de la voluntad política del gobierno que hay en Cuba desde 1959”, dijo Espinosa, refiriéndose al prisionero político y creador del Movimiento San Isidro.

Espinosa opinó además que aumentar la visibilidad de la situación de los presos políticos junto a un aumento de las sanciones contra los regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua “aumenta el costo político a estos estados y hace realmente que se sientan incómodos y tengan que al menos ir modificando los patrones represivos que utilizan”.

La campaña está presente en Facebook, y en Instagram y tiene también su propia página web https://estapasandodenuevo.com

OEA condena incursión de policía ecuatoriana en embajada mexicana en Quito

La OEA lleva a cabo una reunión extraordinaria para abordar la crisis diplomática entre Ecuador y México, en Washington, D.C., 10 de abril del 2024
La OEA lleva a cabo una reunión extraordinaria para abordar la crisis diplomática entre Ecuador y México, en Washington, D.C., 10 de abril del 2024

Con los votos de 29 países, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la "intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la Misión".

Ecuador votó en contra y El Salvador se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente.

La resolución reafirma “la obligación de todos los Estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y del principio de inviolabilidad, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados”.

Asimismo reafirma “la obligación que tienen los Estados Parte de la Convención de Asilo Diplomático de 1954 de respetar en su integridad todas sus disposiciones”.

También reafirma que “sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; y que también están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado”.

LA OEA en su resolución, exhortó al Ecuador y México a que, “de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva” y puso a la disposición de ambos gobiernos “los buenos oficios de la Organización de los Estados Americanos para facilitar todo esfuerzo que pueda ser útil”.

En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.

“El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas... Este punto está plasmado en la resolución aprobada por este Consejo”, expresó Mora.

La aprobación abrumadora de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana.

En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional “revisar y actualizar” las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado trasnacional.

Dávalos aseguró que el exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada de México en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, “no reunía los requisitos” para recibir el asilo.

Asimismo, dijo que México, con su actitud, “socava y desnaturaliza” la figura del asilo y se promueve la impunidad.

Por su parte, en la sesión del martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que se debe respetar el derecho internacional y que las sedes diplomáticas son inviolables. También añadió que la redada del ejército ecuatoriano en la embajada de México el pasado 5 de abril no podía estar justificada por las leyes internas.

“No hay duda que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del orden jurídico internacional”, declaró Almagro en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.

El Secretario General llamó a "exigir que se retome la senda de la legalidad internacional", porque no se puede permitir, dijo, "que quede como precedente lo ocurrido" e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica a las disputas.

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