América Latina
Guerrilleros del ELN aceptan investigación sobre narcotráfico y volverán a Cuba para diálogo de paz
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) anunció su disposición a someterse al escrutinio de una comisión internacional que determine si está o no involucrada con el narcotráfico a fin de concretar un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
En entrevista con The Associated Press, Aureliano Carbonell, miembro de la delegación del grupo armado que participa en el segundo ciclo de diálogos con el gobierno y que concluirá el viernes en México, rechazó que el ELN tenga vínculos con el tráfico de narcóticos como aseguran sus detractores.
Las próximas conversaciones se reanudarán en abril en Cuba, informaron el miércoles las partes. La Habana dijo el miércoles haber aceptado ser sede del próximo encuentro. El grupo está dispuesto a retomar la propuesta presentada hace tres años al gobierno colombiano y al estadounidense de una comisión "para examinar si nosotros estamos involucrados o no en el negocio". "Seguimos en pie frente a eso", aseguró Carbonell.
La isla “hará todos los esfuerzos” para el entendimiento entre las partes y mantiene "su disposición a continuar como garante” así como a permitir que el tercer ciclo del diálogo se efectúe en la isla, dijo la cancillería cubana en un comunicado.
El ELN, surgido en 1964 e inspirado en la revolución cubana, se ha sentado a hablar con el gobierno de Colombia en varias ocasiones desde la década de 1970.
El actual proceso, iniciado en 2017, se congeló en 2019 tras un ataque de la guerrilla a una escuela de policía que dejó 22 muertos y se reactivó el pasado noviembre con un presidente por primera vez de tendencia izquierdista y que en su juventud militó en la extinta insurgencia del M-19 (Movimiento 19 de Abril).
Uno de los objetivos del actual ciclo de conversaciones es acordar una hoja de ruta para avanzar, entre otros temas, hacia un alto el fuego nacional con la participación activa de la sociedad civil, aunque todavía no está claro cómo integrarla.
El gobierno aspira a que eso no sólo signifique la disminución de las confrontaciones armadas sino también de "las actividades ilegales generadoras de daño y de violencia", ha dicho el jefe de la delegación gubernamental José Otty Patiño.
El primer ciclo de la nueva etapa de conversaciones entre el gobierno y el ELN tuvo lugar entre finales de noviembre y diciembre en Venezuela.
En 2006, el ELN prohibió a sus tropas financiarse de actividades ilegales, como el narcotráfico y la minería de oro, ya fuera cobrando impuestos o controlando todo el negocio, según la Comisión de la Verdad creada tras la firma en 2016 del acuerdo de paz con la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Estados Unidos y la Unión Europa todavía tienen al ELN en el listado de organizaciones terroristas. Para Carlos Beristain, quien integró la Comisión de la Verdad, este paso sería importante si se hace ligado a garantizar condiciones de seguridad para las comunidades y con supervisión internacional y de la Iglesia católica, que es acompañante del proceso.
El comisionado agregó que otro punto básico es avanzar en un "acuerdo humanitario" para que "la gente pueda tener una experiencia también de paz" durante las negociaciones.
Las partes coinciden y en diciembre pactaron atender ciertas emergencias pero, según Carbonell, algunas de esas "dinámicas humanitarias" siguen pendientes, como beneficios penitenciarios a ciertos presos del ELN o que se garantice la atención de salud o alimentaria en algunas comunidades de las zonas en conflicto. Por ello insistió en acelerar la creación de corredores humanitarios con supervisión internacional que permitan el abastecimiento de la población y que ésta pueda desplazarse en condiciones seguras.
El ELN, dijo Carbonell, está dispuesto a hacer su parte y respetar la integridad de esos corredores pero recordó que en muchos territorios operan distintos grupos armados y bandas de narcotraficantes enfrentados entre sí. Parte de ellos aceptaron un cese del fuego con el gobierno pero no con la guerrilla.
"Si a usted le atacan, usted no puede quedarse cruzado de brazos", señaló Carbonell tras recordar que ellos sólo están negociando con el Ejecutivo. El ELN ha cuestionado la estrategia de "paz total" de Petro porque no quiere estar al mismo nivel que otros actores armados como el Clan del Golfo, considerado el grupo más peligroso de Colombia.
Petro ha dejado en claro que con los narcotraficantes no negociará políticamente sino que tendrán que someterse a la justicia. En las conversaciones con el ELN, el gobierno optó por apuestas arriesgadas como integrar en su delegación a un hombre cercano al influyente y polémico expresidente Álvaro Uribe, pero Carbonell lo consideró positivo.
"Para avanzar en un proceso se necesita el concurso de muchos y en especial de los sectores que tradicionalmente han mandado en el país".
Las seis décadas de conflicto interno en Colombia han dejado casi medio millón de asesinados, más de 120.000 desaparecidos y 7,7 millones de desplazados, según el informe de la Comisión de la Verdad publicado el año pasado.
Ahora, el proceso de diálogo es visto con cierto optimismo. Desde noviembre, ambas partes han dado gestos de buena voluntad: el gobierno suspendiendo órdenes de captura que pesaban sobre los negociadores de la guerrilla y el ELN liberando a más de 20 secuestrados, el último este mismo miércoles, dos días antes de cerrar el ciclo de conversaciones en México.
Pero la última guerrilla activa de Colombia también quiere aprender de los errores del proceso de paz con las FARC porque muchos acuerdos siguen pendientes de ser puestos en marcha. Petro apostó por acelerar algunos, como la reforma rural, pero persisten problemas con más de 13.000 excombatientes en proceso de reinserción y perseguidos por la violencia.
Al menos 355 de ellos ya fueron asesinados, según un reciente informe de Naciones Unidas.
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Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
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