Derechos Humanos
Ferrer, Alcántara y El Osorbo destacados en el informe mundial de Human Rights Watch
Los casos de los opositores cubanos José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo Pérez (El Osorbo) fueron destacados por la organización internacional Human Rights Watch en su informe anual de derechos humanos a nivel global.
La entidad abordó extensamente la situación de Cuba durante 2023, en la 34.a edición del Informe Mundial en la que analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países.
En el caso de Cuba, la entidad reconoce que el régimen de La Habana "continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y que los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos".
"Cientos de críticos del gobierno y manifestantes, incluyendo muchos de los que salieron a las calles en las protestas de julio de 2021, siguen detenidos arbitrariamente. Las manifestaciones continuaron durante 2023, en respuesta a apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida. Los cubanos siguieron abandonando el país en números sin precedentes. Estados Unidos continuó con su fallida política de aislamiento hacia Cuba, incluyendo el embargo", plantea el reporte.
A continuación reproducimos íntegramente las valoraciones de HRW sobre la situación de derechos humanos en la isla:
Detenciones y acusaciones arbitrarias
El gobierno continuó llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes y opositores políticos.
Dos años después de las protestas de julio de 2021, las más multitudinarias desde la revolución cubana, organizaciones de defensa de derechos humanos contabilizaron a más de 700 personas, incluyendo más de 70 mujeres, que permanecían encarceladas en relación con las protestas. Muchas estuvieron incomunicadas en detención. Algunos fueron sometidos a maltratos y, en ciertos casos, torturas.
El gobierno afirmó que más de 380 personas detenidas en el contexto de las protestas, incluyendo varios niños y niñas, cumplían una condena. Algunos fueron juzgados en tribunales militares, lo cual viola el derecho internacional. A varios se les imputó el delito de “sedición” en juicios ordinarios—en relación con supuestos hechos de violencia, como arrojar piedras—y recibieron penas desproporcionadas de hasta 25 años de prisión. Muchos sólo fueron procesados en juicios sumarios por cargos definidos vagamente como “desorden público” o “desacato”.
La fiscalía presentó como conductas delictivas acciones como criticar al gobierno en redes sociales o protestar pacíficamente, que constituyen ejercicios legítimos de la libertad de expresión y de asociación. Además, los fiscales utilizaron pruebas poco creíbles y sin corroborar.
Migración
Entre enero de 2022 y octubre de 2023, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aprehendió a más de 420.000 cubanos. Esta cifra podría incluir múltiples aprehensiones a las mismas personas. Muchos viajaron hacia el norte a través de Nicaragua, que a fines de 2021 eximió el requisito de visado para cubanos.
Además, entre octubre de 2022 y julio de 2023, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a más de 6.800 cubanos en el mar.
Además, muchos cubanos han huido a países distintos de Estados Unidos, incluyendo en América Latina y Europa.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Desde que se implementaron reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”.
El gobierno siguió prohibiendo a los críticos abordar aviones para visitar o regresar a su propio país, lo cual viola el derecho internacional de los derechos humanos.
Derechos económicos y sociales
La crisis económica de Cuba afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales. Los cubanos padecen apagones del servicio eléctrico y una grave escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos. En febrero, las autoridades dijeron que los cubanos debían prever apagones de tres horas diarias durante varios meses.
En mayo, la directora de operaciones de la industria farmacéutica cubana dijo que las autoridades no podían conseguir muchos medicamentos que necesita la población cubana. Atribuyó la escasez de medicamentos al embargo impuesto por Estados Unidos.
Las autoridades cubanas, en mayo, reportaron un descenso de la esperanza de vida, que pasó de 78,07 años entre 2014 y 2016 a 77,7 años entre 2018 y 2020. También reportaron un aumento de la mortalidad infantil, que pasó de 4,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2020, a 7,5 en 2022.
Presos políticos
En noviembre, Cuba mantenía encarceladas a más de 1.000 personas, incluyendo 34 adolescentes y otros niños y niñas, que cumplían con la definición de presos políticos, según Prisoners Defenders, una organización con sede en Madrid.
Los cubanos que critican al gobierno se enfrentan al grave riesgo de ser perseguidos penalmente. No se les garantiza el derecho al debido proceso, incluyendo el derecho a audiencias justas y públicas ante un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido de oposición, permanecía en prisión en el momento de redactar este informe. En abril de 2020, un tribunal de Santiago de Cuba lo condenó a cuatro años y medio de “restricciones a las libertades” por una supuesta “agresión”. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró arbitrario este caso. En julio de 2021, Ferrer fue detenido por policías mientras se dirigía a una manifestación. Un tribunal de Santiago de Cuba decidió, en agosto de 2021, que Ferrer no había cumplido con las “restricciones a las libertades” y lo envió a la prisión de Mar Verde. Sus familiares aseguran que Ferrer ha permanecido incomunicado durante largos periodos y que sufre problemas de salud.
En junio de 2022, un tribunal de La Habana condenó a los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, quienes en 2021 interpretaron el video musical de “Patria y vida”, que reformula el viejo lema del gobierno “patria o muerte” y critica la represión en el país. Se los procesó por acusaciones que violan su derecho a la libertad de expresión, como publicar un meme del presidente Díaz-Canel. Otero y Castillo recibieron penas de cinco y nueve años de prisión, respectivamente.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos.
El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y cubanas accedan a las cárceles. En junio de 2022, el Comité contra la Tortura de la Naciones Unidas expresó su preocupación por las “denuncias sobre patrones de maltratos y tortura hacia los reclusos”.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes.
El mayor acceso a Internet ha permitido que los activistas pudieran comunicarse, denunciar abusos y organizar protestas. Algunos periodistas y blogueros publican artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales, como X (anteriormente conocida como Twitter) y Facebook.
Las autoridades suelen bloquear el acceso a muchas páginas web de noticias dentro de Cuba y han impuesto en repetidas ocasiones restricciones individuales y, por momentos, generalizadas al acceso de los críticos a los datos de telefonía móvil.
En mayo de 2023, la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Comunicación Social que restringe fuertemente el funcionamiento de medios de comunicación independientes e incluye prohibiciones excesivamente amplias, como la prohibición de “sustentar la agresión comunicacional que se desarrolla contra el país”, que podría utilizarse para censurar críticas.
Derechos laborales
Cuba ratificó tratados de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad de asociación y la negociación colectiva, pero el Código de Trabajo cubano—actualizado en 2014—viola esos derechos.
En un informe de abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró “patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos laborales”, incluyendo medidas limitadas para la protección de la salud y seguridad laboral, y falta de libertad de expresión en el lugar de trabajo.
Miles de trabajadores de la salud cubanos enviados al extranjero prestan valiosos servicios. Sin embargo, el gobierno les impone normas que violan sus derechos fundamentales, incluyendo a la privacidad, la libertad, la circulación y la libertad de expresión y asociación.
Defensores de derechos humanos
Al rehusarse a reconocer el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno niega estatus legal a las organizaciones cubanas que desempeñan esa tarea. Ha sido habitual que las autoridades hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que documentan abusos.
En junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el gobierno cubano fue responsable de la muerte, en 2012, de los activistas por la democracia Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Orientación sexual e identidad de género
La Constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas LGBT sufren violencia y discriminación, sobre todo en el interior de Cuba.
En julio, Prisoners Defenders reportó que más de 100 mujeres transgénero encarceladas en Cuba están recluidas con hombres, en violación de estándares internacionales de derechos humanos.
En septiembre de 2022 se aprobó por referendo un nuevo Código de las Familias que incluye una definición de matrimonio neutral en cuanto al género. Con ello Cuba legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Derechos de las personas con discapacidad
Cuba no ha armonizado su legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tampoco ha implementado políticas para abordar los derechos de las personas con discapacidad en lo concerniente a accesibilidad, acceso a la justicia, capacidad legal, educación, vida independiente y empleo. Los niños y niñas con discapacidad son enviados a escuelas especiales segregadas.
Derechos de mujeres y niñas
Cuba despenalizó el aborto en 1965. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.
En julio de 2023, los legisladores reportaron un aumento de los embarazos en mujeres y niñas menores de 19 años e informaron que casi el 20 % de los embarazos en el país correspondían a embarazos de personas menores de 19 años. Igualmente, aseguraron que estas tasas eran mayores en algunas zonas de Cuba entre adolescentes negras, que viven en zonas rurales o tienen bajos ingresos.
Entre enero y julio, Yo Sí Te Creo, una organización no gubernamental de apoyo a las sobrevivientes de violencia basada en género, reportó 54 “feminicidios” en Cuba. El gobierno no publica cifras oficiales de asesinatos por motivos de género.
Actores internacionales clave
La comunidad internacional no ha conseguido, a lo largo de décadas, que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba.
El embargo estadounidense sigue proporcionando al gobierno cubano una excusa para sus problemas, un pretexto para sus abusos y una forma de lograr el apoyo de gobiernos extranjeros que, de otro modo, podrían estar dispuestos a condenar más enérgicamente las prácticas represivas del país.
En noviembre de 2023, la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de condenar el embargo. La resolución recibió el apoyo de 187 países. Estados Unidos e Israel se opusieron. Ucrania se abstuvo.
La Unión Europea mantuvo su política de relaciones con reservas ante Cuba. En mayo de 2023, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, visitó Cuba. Borrell condenó el embargo estadounidense y señaló que la UE y Cuba tenían “diferencias” en cuanto a los “conceptos de los derechos humanos”, pero añadió que la UE “no tiene ni la capacidad ni la voluntad de imponer cambios en Cuba”. En noviembre, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, visitó Cuba, donde se reunió con el gobierno y con miembros de la sociedad civil y pidió la liberación de personas detenidas arbitrariamente.
En julio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los abusos contra los manifestantes en Cuba.
En mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una política aplicada inicialmente por el expresidente estadounidense Donald Trump en 2021. El presidente Joe Biden ha condenado repetidamente los abusos contra manifestantes y ha impuesto sanciones selectivas a varios funcionarios que están creíblemente vinculados a la represión.
En enero de 2023, la administración Biden anunció un programa de permanencia temporal humanitaria para los cubanos que tengan un apoyo financiero en Estados Unidos. En julio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que 38.000 cubanos habían sido evaluados y se les había aprobado viajar a Estados Unidos en lo que va de año.
A pesar de su pésimo historial en materia de derechos humanos, en octubre, Cuba fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por sexta vez.
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Campaña expone “patrón de castigo” a las presas políticas cubanas
Una iniciativa del centro de asesoramiento legal Cubalex busca visibilizar, de manera general y casuística, el impacto de la prisión política en las mujeres cubanas.
La campaña “Derechos negados: Mujeres encarceladas por motivos políticos en Cuba”, pretende además denunciar el uso de esta herramienta por regímenes autoritarios para controlar las voces críticas.
“Se ha denunciado que las autoridades [penitenciarias] toman decisiones a partir de las órdenes que les da la Seguridad del Estado en estos casos específicos de las mujeres privadas de libertad por motivos de opinión”, explicó Giselle Morfi, especialista de Cubalex.
La organización Justicia 11J tiene registradas 62 mujeres cubanas que están separadas de sus familias por disentir.
“Estas mujeres se encuentran en especial situación de riesgo”, asegura Cubalex sobre las presas políticas.
“Las condiciones de higiene de las prisiones, de manera general, son insalubres. Las pocas veces que hay agua, es de muy mala calidad, puede tener hasta fango, fetidez, incluso, el agua de tomar”, señaló Morfi.
La abogada detalló que las malsanas condiciones de los establecimientos penitenciarios afectan en particular a las mujeres embarazadas, más susceptibles a infecciones y otras enfermedades derivadas de la falta de higiene.
A esto se le añade la escasez de medicamentos en el país y la negligencia de los responsables de prisiones “que, muchas veces, aunque la familia lleva, por ejemplo, pastillas prenatales, no se las dan a la embarazada”, subrayó Morfi.
La experta considera que esta práctica se convierte en “un patrón de castigo” a las presas políticas.
Los penales no tienen médicos especialistas por lo que las presas con dolencias que requieran un ginecólogo, u otro especialista, deben ser trasladadas a un centro de salud cercano.
“Nos sacan de ‘conduce’ para un hospital porque ahí no hay condiciones para eso. Pero, muchas veces, perdíamos el turno porque no había petróleo o no había carro”, relató Liliana Oropesa, excarcelada este lunes bajo una licencia extrapenal. La mujer se encuentra embarazada de ocho meses y estaba recluida en la sección destinada a las mujeres en esa condición de la Prisión de Mujeres de Occidente.
“No nos daban ninguna dieta [a las gestantes]. Nos daban la misma comida que a todo el mundo”, apuntó Oropesa, que cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el barrio habanero La Güinera.
Los exámenes como el que detecta el VIH y los exudados vaginales imprescindibles para la salud y bienestar femenino, son una asignatura pendiente en las cárceles cubanas.
“Hicieron una vez una prueba citológica y más nunca volvieron a repetirla ni ningún otro análisis”, anotó la joven.
En este sentido la abogada de Cubalex alertó que la crisis generalizada que afecta al país se agudiza al interior de las prisiones:
“En el caso de las mujeres aún mayor, pues son un grupo vulnerable donde la situación es caótica porque no tienen las condiciones higiénicas necesarias que exigen las reglas de Bangkok: ni siquiera les dan toallas sanitarias para que puedan pasar su periodo menstrual de manera digna”.
Las Reglas de Bangkok establecen el primer grupo de patrones internacionales de derechos humanos centrados en las necesidades especiales de las mujeres privadas de libertad.
En un hilo de X, Cubalex advierte que la violencia sistemática en las prisiones somete a las mujeres presas a numerosas violaciones de derechos humanos.
La prisión política es injusta para cualquier ser humano, pero en las mujeres tiene un más fuerte golpe para ella y su familia, indicó Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido y cuñado de María Cristina Garrido, ambas presas políticas por participar en las manifestaciones del verano de 2021 en Quivicán, provincia Mayabeque.
“Cuando es la mujer, la madre la que falta en la familia, lo demás se desmorona. Si falta ella, falta el alma, lo que aglutina, que une en dedicación al hogar”, afirmó.
“María Cristina es madre de tres niños. En una carta me escribía, que lo que más le duele son esos tres niños. Saber que el varoncito no tiene la merienda en el momento que lo necesita o el peinar a Sofía, su niña menor con esa paciencia que solo ella puede tener. Son muchos detalles, más allá del machismo”, refirió Rodríguez.
Agregó que hombres y mujeres son tratados con igual severidad en las cárceles cubanas: “Cuando a María Cristina Garrido le daban, le daban duro, igual que a los hombres, por la cara para obligarle a gritar 'Viva Fidel, Viva Díaz Canel'. La proyectaban hacia el suelo con una técnica de judo y le abrían los pies para que los soldados ‘machitos’ vieran su ropa interior manchada de sangre porque estaba en el periodo menstrual y no le daban una almohadilla sanitaria”.
“A Lisandra Góngora la llevaron para la Isla de la Juventud alejándola cientos de kilómetros de sus cinco hijos pequeños”, recordó Rodríguez.
Cubalex resaltó las figuras de Sayli Navarro Álvarez, Daisy Rodríguez Alfonso, Odet Hernández Cruzata, María de Jesús Terrás Díaz, Lisdiany y Lisdanis Rodríguez Isaac y Mailene Noguera Santiesteban, entre otras.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha atestiguado en repetidas ocasiones que su Gobierno se “ocupa y preocupa” de las mujeres “en desventaja”, pese a “la manipulación que se teje sobre este sensible tema”.
Al respecto, los observatorios feministas independientes del país han resaltado que la violencia política contra las mujeres es violencia de género.
Cuba incumple plazo de responder a la ONU sobre preso político Roberto Pérez Fonseca
A seis meses de la opinión número 51 de 2023 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA), donde se exige la liberación inmediata e indemnización del preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, las autoridades cubanas no han cumplido con el plazo dispuesto para responder sobre su caso.
Su abogado, Sergio Osmín Fernández Palacios, aseguró desde La Habana a Martí Noticias que en dicha opinión, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno cubano a proceder con la libertad inmediata, indemnización, investigación exhaustiva e independiente sobre las violaciones de derechos, y a adoptar medidas contra los responsables, así como difundir la opinión por todos los medios disponibles.
Sin embargo, según Fernández Palacios, estas medidas "han sido ignoradas por el régimen totalitario”.
Pérez Fonseca, tornero de profesión, fue condenado a 10 años de cárcel en un juicio ordinario donde fue hallado culpable de los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, e instigación a delinquir, por participar en las manifestaciones en San José de las Lajas, Mayabeque, el 11 de julio de 2021.
Según el centro de monitoreo de los procesos judiciales contra los detenidos en las protestas del verano de 2021, el portal Justicia 11J, al hombre de 41 años y padre de dos menores lo condenaron "sobre todo porque fue un “líder” para su comunidad y se atrevió a destrozar el rostro de Fidel Castro".
Encarcelado desde el 16 de julio de 2021, el prisionero político ha estado en la Prisión Melena del Sur y en la Prisión de Quivicán.
El abogado Fernández Palacios informó a Martí Noticias que además hizo llegar a la ONU denuncias sobre la creciente represión contra Pérez Fonseca.
Entre los hechos enumerados por el defensor se cuenta que en diciembre de 2023, las autoridades penitenciarias le impidieron que recibiera la visita del monseñor Eloy Ricardo Domínguez Martín, obispo auxiliar de La Habana, y que en enero de 2024, sufrió una crisis de dolor con vómitos sangrantes debido a condiciones penitenciarias precarias, que ha sido amenazado de muerte, y que, en ocasiones, se le ha suspendido la comunicación telefónica.
El proceso de seguimiento permite al GTDA mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados, informa en uno de sus párrafos la decisión 51.
Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, insta a los familiares de los presos políticos cubanos a denunciar la realidad en las cárceles de la isla.
A pesar de las amenazas recibidas, Fonseca se ha convertido en una de las voces más importantes de la causa por la libertad de los encarcelados en las manifestaciones.
"Tenemos la razón", dijo la señora, quien insiste en seguir luchando por la justicia y la libertad de su hijo y de todos los presos políticos cubanos.
Amnistía Internacional recuerda que líder religioso afrocubano pasa su cumpleaños 53 en prisión
Este sábado Amnistía Internacional recordó que el preso político cubano, líder de la agrupación Yorubas Libres de Cuba, Loreto Hernández García, está pasando su cumpleaños 53 en prisión.
"Es un sacerdote yoruba y preso de conciencia. Condenado injustamente junto a su esposa Donaida Pérez Paseiro por ejercer sus derechos humanos pacíficamente en Cuba", recordó la organización internacional que ha acogido a ambos como Presos de Conciencia.
En el comentario publicado en redes sociales, Amnistía Internacional hace también un llamado a exigir al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la liberación de los dos religiosos, detenidos en Placetas por sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021, en las que los cubanos demandaron en las calles de más de 60 localidades del país un cambio de régimen, libertad, democracia y mejores condiciones de vida.
La organización de alcance mundial, con más de 10 millones de activistas, hizo un llamado a una Cuba sin represión.
Hernández García fue condenado por los delitos de desórdenes públicos y desacato a 7 años de cárcel, que cumple en la Prisión de Guamajal, de Villa Clara.
Familiares, organizaciones de derechos humanos y gobiernos como el de Estados Unidos han denunciado que lo mantienen encarcelado a pesar de su difícil cuadro de salud, donde se conjugan enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y ha sufrido principio de infarto.
En enero de 2024 cinco relatores de Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por informes sobre las restricciones a las libertades de religión, reunión pacífica, asociación y de expresión en Cuba, con especial interés en los casos de Hernández García, Pérez Paseiro, Mitzael Díaz Paseiro y las hermanas Lisdiany y Lisdany Rodríguez Isaac, todos vinculados a la Asociación Yorubas Libres de Cuba.
En una carta dirigida al gobierno cubano, describen “el presunto patrón sistemático de hostigamiento, en contra de miembros de grupos religiosos independientes, incluyendo la detención arbitraria y encarcelamiento de líderes y miembros de diversas de estas organizaciones”.
El régimen comunista aseguró en el más reciente Examen Periódico Universal de derechos humanos que defiende la libertad religiosa en Cuba y que mantiene la prohibición de la discriminación basada en las creencias religiosas.
"Duras y desproporcionadas", así califica la Unión Europea las sentencias a manifestantes de Nuevitas
La Unión Europea expresó preocupación por las "duras y desproporcionadas" sentencias de esta semana en relación con las protestas populares que tuvieron lugar el 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey.
La declaración del bloque europeo proviene de Peter Stano, principal portavoz de la Oficina del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell.
Refiriéndose a los 14 manifestantes condenados con penas de cárcel de hasta 15 años, en el caso de la joven Mayelín Rodríguez Prado, quien divulgó la represión contra los manifestantes, la Unión Europea recordó que "en el marco de su política de diálogo constructivo, pero crítico, siguen instando a las autoridades cubanas a asegurar el respeto de los derechos humanos".
Además de la condena a Rodríguez Prado, se conoció una sentencia de 14 años de cárcel para José Armando Torrente; 13 años de prisión para Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto; y 11 años de cárcel para Lisdan Cabrera Batista.
Daiver Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Menkel De Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Frai Pascual Claro Valladares y Lázaro Alejandro Pérez Agosto fueron condenados a diez años de privación de libertad.
Yennis Artola Del Sol fue sancionada a ocho años, Wilker Álvarez Ramírez a cuatro, y Yanelis Valladares Jaime fue absuelta por insuficiencia de pruebas.
Los supuestos delitos por los que fueron encontrados culpables van desde sedición, sabotaje, propaganda enemiga de carácter continuado, actos contra la Seguridad del Estado, atentado y resistencia, hasta encubrimiento.
El gobierno estadounidense calificó este martes de indignantes las duras sentencias contra los manifestantes de Nuevitas, Camagüey, en 2022.
"La dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante", expresó en su cuenta de X el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.
Numerosas agrupaciones de la sociedad civil cubana y varios grupos de derechos humanos condenaron el castigo a los manifestantes y exigieron que se respete el derecho a la protesta.
El grupo de asesoría legal Cubalex, denunció que estas altas condenas y los delitos imputados a los manifestantes reflejan "una aplicación extremadamente severa de la ley", lo que puede interpretarse como un intento de disuadir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la protesta contra personas que simplemente buscan garantizar sus derechos y necesidades básicas.
"Las protestas populares en Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto de 2022 y fueron motivadas por exigencias legítimas de mejoras en las condiciones de vida, ante los prolongados apagones de hasta 18 horas diarias. La respuesta del gobierno demuestra una falta de disposición para abordar de manera constructiva las preocupaciones reales de los ciudadanos. El juicio, que fue suspendido en dos ocasiones, se celebró finalmente el 16 de enero de 2024 bajo una fuerte presencia militar y un gran despliegue policial", recordó la entidad.
"Estas sentencias podrían actuar como un factor disuasivo en la sociedad cubana, desalentando futuras manifestaciones y limitando la capacidad de los ciudadanos de abogar pacífica y legalmente por cambios o mejoras. Además, evidencian cómo la ley es empleada como un instrumento de represión política para silenciar la disidencia y suprimir cualquier crítica hacia el gobierno", concluyó Cubalex.
Pastor de Palma Soriano preso del 11J es obligado a trabajar a pesar de su enfermedad
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo debe cumplir jornadas enteras de trabajo forzado en la prisión La Caoba, en las cercanías del poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, a pesar de sus padecimientos de salud, para los que no está recibiendo atención médica, denunció el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lleonart Barroso.
El religioso de 52 años fue condenado a siete años de cárcel, procesado por los presuntos delitos de atentado, desacato y desordenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano.
Su caso mereció un pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias, que en febrero exigió a las autoridades cubanas que le otorgaran la inmediatamente libertad y lo compensaran por la detención arbitraria.
“Las torturas del pastor Lorenzo siguen, porque allí en ese lugar está en realidad en un campo de trabajo forzado, en este campo de trabajo forzado el pastor es obligado a pasar intensas horas del día, las horas de sol, totalmente sin darle ni agua prácticamente. Es una tortura tremenda, su salud ya se está afectando porque está teniendo problemas en los riñones, problemas en la piel. Durante toda la semana pasada no fue llevado a un hospital, ni a un policlínico, ni siquiera a hacerle un análisis para ver cómo estaban sus riñones, que obviamente él se siente mal”, advirtió Lleonart Barroso, luego de recibir la denuncia por medio de Marilidegnis Carballo, esposa del preso político.
El director del Instituto Patmos dijo que este martes la esposa del líder de la iglesia Monte de Sion se dirigirá al centro penitenciario, para intentar conocer de primera mano lo que está ocurriendo.
“Marilidegnis, está tratando de ir hoy a la prisión ahí en La Caoba, para cerciorarse por sí misma y, si es posible, exigir ver a Lorenzo, y asegurarse de que realmente por fin le acaben de hacer un análisis médico. Nosotros pensábamos que cuando el pastor pasó a lo que se llama la mínima, pues iba a tener un respiro", agregó el activista de derechos humanos.
Las fotografías de la violenta detención del pastor muestran la intervención de agentes de la policía y de las Boinas Negras, tropas élite de las Fuerzas Armadas de Cuba.
Luego fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, en medio de pésimas condiciones, según denunciaron anteriormente el propio prisionero y sus familiares.
"Recordemos que incluso la detención de él, justo cuando lo trasladaban hasta la cárcel de Boniato durante una madrugada, fue torturado en el camino, fue golpeado. Hasta el día de hoy sigue padeciendo por algunas piezas de sus dientes, que le desprendieron muelas y demás”, recordó el director del Instituto Patmos.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias también instó a Cuba a realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Rosales Fajardo y a adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
En el documento fechado el 16 de febrero de 2024 y hecho público esta semana, el Grupo de Trabajo dictaminó que la privación de libertad del líder evangélico contraviene nueve artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que su arresto y detención se ha debido, esencialmente, "al ejercicio pacífico de su derecho a la reunión y asociación, así como de su libertad de opinión y de expresión, y el ejercicio de su fe".
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