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Derechos Humanos

Ferrer, Alcántara y El Osorbo destacados en el informe mundial de Human Rights Watch

Combinación de fotografías de los presos políticos cubanos Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez "Osorbo" y José Daniel Ferrer García.
Combinación de fotografías de los presos políticos cubanos Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez "Osorbo" y José Daniel Ferrer García.

Los casos de los opositores cubanos José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo Pérez (El Osorbo) fueron destacados por la organización internacional Human Rights Watch en su informe anual de derechos humanos a nivel global.

La entidad abordó extensamente la situación de Cuba durante 2023, en la 34.a edición del Informe Mundial en la que analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países.

En el caso de Cuba, la entidad reconoce que el régimen de La Habana "continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y que los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos".

"Cientos de críticos del gobierno y manifestantes, incluyendo muchos de los que salieron a las calles en las protestas de julio de 2021, siguen detenidos arbitrariamente. Las manifestaciones continuaron durante 2023, en respuesta a apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida. Los cubanos siguieron abandonando el país en números sin precedentes. Estados Unidos continuó con su fallida política de aislamiento hacia Cuba, incluyendo el embargo", plantea el reporte.

A continuación reproducimos íntegramente las valoraciones de HRW sobre la situación de derechos humanos en la isla:

Detenciones y acusaciones arbitrarias

El gobierno continuó llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes y opositores políticos.

Dos años después de las protestas de julio de 2021, las más multitudinarias desde la revolución cubana, organizaciones de defensa de derechos humanos contabilizaron a más de 700 personas, incluyendo más de 70 mujeres, que permanecían encarceladas en relación con las protestas. Muchas estuvieron incomunicadas en detención. Algunos fueron sometidos a maltratos y, en ciertos casos, torturas.

El gobierno afirmó que más de 380 personas detenidas en el contexto de las protestas, incluyendo varios niños y niñas, cumplían una condena. Algunos fueron juzgados en tribunales militares, lo cual viola el derecho internacional. A varios se les imputó el delito de “sedición” en juicios ordinarios—en relación con supuestos hechos de violencia, como arrojar piedras—y recibieron penas desproporcionadas de hasta 25 años de prisión. Muchos sólo fueron procesados en juicios sumarios por cargos definidos vagamente como “desorden público” o “desacato”.

La fiscalía presentó como conductas delictivas acciones como criticar al gobierno en redes sociales o protestar pacíficamente, que constituyen ejercicios legítimos de la libertad de expresión y de asociación. Además, los fiscales utilizaron pruebas poco creíbles y sin corroborar.

Migración

Entre enero de 2022 y octubre de 2023, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aprehendió a más de 420.000 cubanos. Esta cifra podría incluir múltiples aprehensiones a las mismas personas. Muchos viajaron hacia el norte a través de Nicaragua, que a fines de 2021 eximió el requisito de visado para cubanos.

Además, entre octubre de 2022 y julio de 2023, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a más de 6.800 cubanos en el mar.

Además, muchos cubanos han huido a países distintos de Estados Unidos, incluyendo en América Latina y Europa.

Restricciones a la posibilidad de viajar

Desde que se implementaron reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”.

El gobierno siguió prohibiendo a los críticos abordar aviones para visitar o regresar a su propio país, lo cual viola el derecho internacional de los derechos humanos.

Derechos económicos y sociales

La crisis económica de Cuba afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales. Los cubanos padecen apagones del servicio eléctrico y una grave escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos. En febrero, las autoridades dijeron que los cubanos debían prever apagones de tres horas diarias durante varios meses.

En mayo, la directora de operaciones de la industria farmacéutica cubana dijo que las autoridades no podían conseguir muchos medicamentos que necesita la población cubana. Atribuyó la escasez de medicamentos al embargo impuesto por Estados Unidos.

Las autoridades cubanas, en mayo, reportaron un descenso de la esperanza de vida, que pasó de 78,07 años entre 2014 y 2016 a 77,7 años entre 2018 y 2020. También reportaron un aumento de la mortalidad infantil, que pasó de 4,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2020, a 7,5 en 2022.

Presos políticos

En noviembre, Cuba mantenía encarceladas a más de 1.000 personas, incluyendo 34 adolescentes y otros niños y niñas, que cumplían con la definición de presos políticos, según Prisoners Defenders, una organización con sede en Madrid.

Los cubanos que critican al gobierno se enfrentan al grave riesgo de ser perseguidos penalmente. No se les garantiza el derecho al debido proceso, incluyendo el derecho a audiencias justas y públicas ante un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.

José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido de oposición, permanecía en prisión en el momento de redactar este informe. En abril de 2020, un tribunal de Santiago de Cuba lo condenó a cuatro años y medio de “restricciones a las libertades” por una supuesta “agresión”. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró arbitrario este caso. En julio de 2021, Ferrer fue detenido por policías mientras se dirigía a una manifestación. Un tribunal de Santiago de Cuba decidió, en agosto de 2021, que Ferrer no había cumplido con las “restricciones a las libertades” y lo envió a la prisión de Mar Verde. Sus familiares aseguran que Ferrer ha permanecido incomunicado durante largos periodos y que sufre problemas de salud.

En junio de 2022, un tribunal de La Habana condenó a los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, quienes en 2021 interpretaron el video musical de “Patria y vida”, que reformula el viejo lema del gobierno “patria o muerte” y critica la represión en el país. Se los procesó por acusaciones que violan su derecho a la libertad de expresión, como publicar un meme del presidente Díaz-Canel. Otero y Castillo recibieron penas de cinco y nueve años de prisión, respectivamente.

Condiciones en centros de detención

Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos.

El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y cubanas accedan a las cárceles. En junio de 2022, el Comité contra la Tortura de la Naciones Unidas expresó su preocupación por las “denuncias sobre patrones de maltratos y tortura hacia los reclusos”.

Libertad de expresión

El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes.

El mayor acceso a Internet ha permitido que los activistas pudieran comunicarse, denunciar abusos y organizar protestas. Algunos periodistas y blogueros publican artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales, como X (anteriormente conocida como Twitter) y Facebook.

Las autoridades suelen bloquear el acceso a muchas páginas web de noticias dentro de Cuba y han impuesto en repetidas ocasiones restricciones individuales y, por momentos, generalizadas al acceso de los críticos a los datos de telefonía móvil.

En mayo de 2023, la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Comunicación Social que restringe fuertemente el funcionamiento de medios de comunicación independientes e incluye prohibiciones excesivamente amplias, como la prohibición de “sustentar la agresión comunicacional que se desarrolla contra el país”, que podría utilizarse para censurar críticas.

Derechos laborales

Cuba ratificó tratados de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad de asociación y la negociación colectiva, pero el Código de Trabajo cubano—actualizado en 2014—viola esos derechos.

En un informe de abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró “patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos laborales”, incluyendo medidas limitadas para la protección de la salud y seguridad laboral, y falta de libertad de expresión en el lugar de trabajo.

Miles de trabajadores de la salud cubanos enviados al extranjero prestan valiosos servicios. Sin embargo, el gobierno les impone normas que violan sus derechos fundamentales, incluyendo a la privacidad, la libertad, la circulación y la libertad de expresión y asociación.

Defensores de derechos humanos

Al rehusarse a reconocer el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno niega estatus legal a las organizaciones cubanas que desempeñan esa tarea. Ha sido habitual que las autoridades hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que documentan abusos.

En junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el gobierno cubano fue responsable de la muerte, en 2012, de los activistas por la democracia Oswaldo Payá y Harold Cepero.

Orientación sexual e identidad de género

La Constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas LGBT sufren violencia y discriminación, sobre todo en el interior de Cuba.

En julio, Prisoners Defenders reportó que más de 100 mujeres transgénero encarceladas en Cuba están recluidas con hombres, en violación de estándares internacionales de derechos humanos.

En septiembre de 2022 se aprobó por referendo un nuevo Código de las Familias que incluye una definición de matrimonio neutral en cuanto al género. Con ello Cuba legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Derechos de las personas con discapacidad

Cuba no ha armonizado su legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tampoco ha implementado políticas para abordar los derechos de las personas con discapacidad en lo concerniente a accesibilidad, acceso a la justicia, capacidad legal, educación, vida independiente y empleo. Los niños y niñas con discapacidad son enviados a escuelas especiales segregadas.

Derechos de mujeres y niñas

Cuba despenalizó el aborto en 1965. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.

En julio de 2023, los legisladores reportaron un aumento de los embarazos en mujeres y niñas menores de 19 años e informaron que casi el 20 % de los embarazos en el país correspondían a embarazos de personas menores de 19 años. Igualmente, aseguraron que estas tasas eran mayores en algunas zonas de Cuba entre adolescentes negras, que viven en zonas rurales o tienen bajos ingresos.

Entre enero y julio, Yo Sí Te Creo, una organización no gubernamental de apoyo a las sobrevivientes de violencia basada en género, reportó 54 “feminicidios” en Cuba. El gobierno no publica cifras oficiales de asesinatos por motivos de género.

Actores internacionales clave

La comunidad internacional no ha conseguido, a lo largo de décadas, que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba.

El embargo estadounidense sigue proporcionando al gobierno cubano una excusa para sus problemas, un pretexto para sus abusos y una forma de lograr el apoyo de gobiernos extranjeros que, de otro modo, podrían estar dispuestos a condenar más enérgicamente las prácticas represivas del país.

En noviembre de 2023, la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de condenar el embargo. La resolución recibió el apoyo de 187 países. Estados Unidos e Israel se opusieron. Ucrania se abstuvo.

La Unión Europea mantuvo su política de relaciones con reservas ante Cuba. En mayo de 2023, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, visitó Cuba. Borrell condenó el embargo estadounidense y señaló que la UE y Cuba tenían “diferencias” en cuanto a los “conceptos de los derechos humanos”, pero añadió que la UE “no tiene ni la capacidad ni la voluntad de imponer cambios en Cuba”. En noviembre, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, visitó Cuba, donde se reunió con el gobierno y con miembros de la sociedad civil y pidió la liberación de personas detenidas arbitrariamente.

En julio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los abusos contra los manifestantes en Cuba.

En mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una política aplicada inicialmente por el expresidente estadounidense Donald Trump en 2021. El presidente Joe Biden ha condenado repetidamente los abusos contra manifestantes y ha impuesto sanciones selectivas a varios funcionarios que están creíblemente vinculados a la represión.

En enero de 2023, la administración Biden anunció un programa de permanencia temporal humanitaria para los cubanos que tengan un apoyo financiero en Estados Unidos. En julio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que 38.000 cubanos habían sido evaluados y se les había aprobado viajar a Estados Unidos en lo que va de año.

A pesar de su pésimo historial en materia de derechos humanos, en octubre, Cuba fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por sexta vez.

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Alcohol, drogas y extorsión al interior de las prisiones de Cuba, revela informe

Guardias se preparan para tomar sus posiciones en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana. (Adalberto Roque/AFP)
Guardias se preparan para tomar sus posiciones en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana. (Adalberto Roque/AFP)

Entre 2023 y lo que va de 2024, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) ha registrado decenas de denuncias de corrupción en centros penitenciarios de casi todo el país y advierte que este número puede ser mayor.

El abogado Juan Carlos González Leyva, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, dijo a esa organización que una forma de corrupción muy presente en los penales “es la introducción por parte de los guardias de alcohol, drogas ilícitas y medicamentos que están calificados como drogas, para ofrecerlas a los presos a cambio de dinero y favores”.

Otras denuncias de esta investigación publicada inicialmente en Diario de Cuba indican que guardias y directivos de prisiones roban alimentos, medicinas y otros bienes personales o que estaban destinados a toda la población penal.

Además, existen alianzas entre guardias y presos comunes con cargos disciplinarios para vender minutos de llamadas telefónicas, conceder horas de visita y pabellón matrimonial o tiempo para tomar el sol.

“La corrupción en el régimen carcelario es parte de una corrupción general en todo el país. Los bienes de la prisión, sobre todo los alimentos de los presos, son sustraídos en primer lugar por el jefe del penal, que usualmente es un teniente coronel del MININT, y también por otros funcionarios de menor rango. Esto conlleva a que los presos no se puedan alimentar bien”, afirmó González Leyva.

“Muchos jefes de prisiones tienen cochiqueras de cerdos que mantienen con la comida de los reclusos. Además, trafican con los medicamentos de la prisión y hacen casas con el trabajo esclavo de los presos”, dijo el activista.

El Centro de Documentación menciona testimonios de reclusos del Combinado del Este, en La Habana; Las Mangas, provincia de Granma y Kilo 8, en Camagüey, acerca de que las autoridades de prisión exigen a los reclusos que compren armas de fuego en el mercado negro y las entreguen como condición para recibir los beneficios que les corresponden.

De acuerdo con un informe reciente de la organización independiente de asesoría legal Cubalex, esta práctica “no solo somete a prisioneros y familiares a los peligros y los elevados costos que implica conseguir un arma en un país donde su tenencia está sumamente restringida, sino que también pudiera ser parte de un mercado ilegal de armas con autoridades penitenciarias en su centro, debido a la ausencia total de transparencia que acompaña este tipo de acciones”.

González Leyva mencionó además que las autoridades corruptas utilizan su poder para decidir “el pase a un régimen de menor severidad, el otorgamiento de la progresión del régimen carcelario y otros beneficios que son otorgados a los reclusos muy obedientes, a quienes están trabajando de manera esclava para estos jefes y no dicen nada”.

En noviembre de 2023, representantes del régimen de La Habana afirmaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en los últimos cinco años, se había sancionado a "144 funcionarios de prisiones por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones".

Además dijeron que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".

En el más reciente informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba consta que la delegación cubana aseguró que sus propias autoridades habían realizado 6.400 inspecciones de centros penitenciarios.

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas advierte que las modalidades de corrupción están normalizadas en el sistema penitenciario cubano.

Otero Alcántara se prepara en prisión “para protestas más fuertes”

Luis Manuel Otero Alcántara (Foto tomada de su perfil de Facebook)
Luis Manuel Otero Alcántara (Foto tomada de su perfil de Facebook)

Tras más de dos semanas sin noticias del prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara, en un post publicado en las redes sociales la curadora de arte y activista Yanelis Núñez informó haber recibido una llamada telefónica del joven artista explicando las razones de su silencio.

“Se debía a una protesta que estaba realizando dentro de la prisión de Guanajay”, explicó Núñez.

“Luis Manuel no se resigna a este presidio político que ya dura 2 años y 9 meses; y sólo gestos como las huelgas de hambre o el negarse a recibir visitas y alimentos de sus familiares; y recientemente el no hacer uso de sus llamadas reglamentarias, es lo que le hace sentirse un poco vivo y en rebelión”, dijo la activista residente en Madrid.

El creador del Movimiento San Isidro fue encarcelado el 11 de julio de 2021, luego de sumarse a las protestas antigubernamentales que se dieron en toda la isla. Al año siguiente fue condenado a cinco años de prisión por desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos de la Patria, tras un juicio celebrado a puerta cerrada. Desde entonces permanece encarcelado en la Prisión de Máxima Seguridad de Guanajay.

Según Núñez la incomunicación con el exterior de Otero Alcántara se debe a un entrenamiento voluntario para fortalecer su capacidad de resistencia. “Luis Manuel dijo que este gesto de “desconexión con el exterior” constituía un episodio de preparación para otras protestas más fuertes”.

La curadadora confesó el temor por la vida y la salud mental de Otero Alcántara que sienten todos sus amigos y seguidores que exigen su liberación inmediata.

En febrero el Tribunal Provincial Popular de Artemisa desestimó una solicitud de libertad condicional a favor del preso político porque las autoridades judiciales cubanas consideraron que con Otero Alcántara "no se han alcanzado los fines de la pena" y que el preso político de 36 años de edad "no está en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad, máximo cuando se trata de un delito regulado en la instrucción 273 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular" por lo que determinan que debe "permanecer en prisión”.

El prisionero político, reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue seleccionado por la revista Time como “una de las 100 personas más influyentes de 2021” y también fue galardonado con el prestigioso Premio Príncipe Klaus, entre otras distinciones.

La Habana guarda silencio sobre propuesta de amnistiar a los presos políticos

Un cartel muestra los rostros de algunos de los más de mil presos políticos cubanos. (Facebook/Albert Fonse)
Un cartel muestra los rostros de algunos de los más de mil presos políticos cubanos. (Facebook/Albert Fonse)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) informó que el régimen de La Habana no respondió a la petición de reacción, cursada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el mes de enero de este año, sobre las vías legales existentes para liberar o excarcelar a los presos políticos de la isla.

“Hemos estado dando seguimiento a este asunto, y ya vencido el plazo que la CIDH otorgó al Estado cubano, no se ha recibido ninguna respuesta de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba”, afirmó desde Madrid, Yaxis Cires, jefe de Estrategias del OCDH.

En declaraciones a Martí Noticias el jefe de Estrategias de OCDH manifestó preocupación por el silencio del régimen de la isla, que a su juicio "demuestra la falta de voluntad política del Estado cubano para liberar a los prisioneros políticos y de conciencia”.

La liberación de los más de mil prisioneros políticos que hay en estos momentos en Cuba ha sido una petición recurrente en las esferas políticas y de defensa de los derechos humanos en el mundo, recordó Cires: "La han pedido instituciones internacionales, personalidades internacionales y organizaciones de derechos humanos, tanto del ámbito nacional como internacional y, en segundo lugar, también demuestra el desapego del régimen cubano a lo que dicen las instituciones internacionales en materia de derechos humanos, a pesar de la imagen que dan de que siempre cumplen con el Derecho Internacional”.

OCDH cuestiona silencio de Cuba a propuesta de Ley para liberar a presos políticos
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“Lamentablemente, eso no es así y, este asunto, ya hemos reiterado que es de índole ya incluso humanitaria, todo lo que tiene que ver con la grave situación de los prisioneros políticos y de conciencia que, además de soportar una condena injusta, después de no cumplirse los principios del Debido Proceso y de ser condenados por el ejercicio de sus derechos humanos, también están en condiciones humanitariamente muy cuestionables y muy deterioradas en el sistema carcelario cubano”, concluyó el activista.

La propuesta de Ley de Amnistía, que fuera confeccionada por OCDH y entregada al canciller cubano Bruno Rodríguez en enero, detalla todas las vías legales de acuerdo a la Constitución y al Código Penal vigente en Cuba que hacían factible la liberación de los prisioneros políticos.

La iniciativa tenía en cuenta que una Ley de Amnistía: podría ser aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular para excarcelar a los prisioneros por motivos políticos o de conciencia; que los Indultos, contemplados en el Código Penal, servirían para excarcelar al 100% de los presos y condenados por motivos políticos o de conciencia; que la Licencia Extrapenal, incluida en la nueva Ley de Ejecución Penal, puede conceder, por causas humanitarias y previa solicitud, licencia extrapenal al 100% de los condenados, en virtud de problemas de salud, por resultar miembros de familias vulnerables que requieren ayuda de los poderes e instituciones sociales y del Estado; que la libertad condicional ordinaria o extraordinaria está contemplada en la nueva Ley de Ejecución Penal, lo mismo que la Sustitución de la sanción de privación temporal de libertad por sanciones alternativas.

El régimen cubano sostiene que en la isla no hay presos políticos y que no hay nadie privado de libertad por sus opiniones políticas o por motivos ideológicos, según reiteraron recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

(Con reporte de Ariane González para Martí Noticias)

Reynier Reynosa Cabrera: otra víctima de malos tratos en las prisiones cubanas

El preso político Reynier Reynosa Cabrera antes del 11 de julio de 2021.
El preso político Reynier Reynosa Cabrera antes del 11 de julio de 2021.

Por segunda ocasión en lo que va de abril, se hace público el maltrato de los guardias carcelarios contra los presos políticos, esta vez contra Reynier Reynosa Cabrera, un manifestante del 11 de julio que cumplía su sentencia en el campamento correccional Toledo II de La Habana.

El 18 de marzo, Reynosa Cabrera regresaba al centro penitenciario de su pase reglamentario cuando, al ser registrado por los escoltas de la entrada, encontraron un teléfono móvil en su short. El preso político alegó un descuido y solicitó que el dispositivo le fuera entregado a la persona que lo acompañaba.

Los carceleros rechazaron la petición y el preso político comenzó a gritar contra el sistema. Lo inmovilizaron, lo esposaron y lo golpearon, relató a Martí Noticias su madre, Hilda Cabrera.

“Ese día, el hijo de él se fue con la madre para Estados Unidos y él, en su desespero, estaba apurado y se olvidó del teléfono. Por eso lo trataron mal en la entrada de Toledo. Cuando entró, se puso mal, lo que hizo fue gritar que por eso esto está así, que la gente tiene hambre”.

“Lo tiraron en el piso, le pusieron las esposas bien fuertes y le dieron. [El teléfono] se lo van a decomisar. La muñeca la tiene fracturada y la rodilla pelada”.

Según relató su progenitora, Reynosa Cabrera, condenado a diez años de privación de libertad por presunta sedición, ya había transitado a un régimen de menor severidad por su buena conducta y extinguía su pena en el correccional, donde trabajaba chapeando de sol a sol.

Esa misma noche, lo mandos del penal le revocaron por un año el beneficio de régimen de menor rigor, lo trasladaron a la prisión cerrada 1580 y le advirtieron que no aprobarán la libertad condicional que le iban a conceder en julio de este año.

Reynosa Cabrera, junto a su pareja Odet Hernández Cruzata, fue detenido el 15 de julio de 2021, tres días después de participar y grabar las protestas de La Güinera, La Habana. La Fiscalía los acusó a ambos de instigar el levantamiento popular. La prueba videográfica presentada por el órgano acusador muestra su marcha, pero ningún protagonismo de los imputados. El tribunal de casación rebajó su sentencia de 20 años, a la mitad.

El Ministerio del Interior emitió una nota sobre los sucesos en La Güinera en la que califica a los manifestantes como "grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales" que "alteraron el orden e intentaron dirigirse hacia la Estación de la Policía Nacional Revolucionaria del territorio, con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación".

La semana pasada se conoció la golpiza, en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba, proporcionada por los carceleros a Ibrahim Domínguez, participante de las protestas populares en Contramaestre.

La organización Prisioners Defenders condenó los tratos crueles a los presos políticos infligidos en los establecimientos penitenciarios cubanos.

“Da cuenta de la impunidad con la que el Gobierno somete a torturas a sus presos políticos y la poca prudencia al hacerlo habla aún más de dicha impunidad, que se basa en la baja presión internacional que tiene el régimen, especialmente por parte de la diplomacia europea presente en la isla, últimamente, solo para dos misiones: primera, apoyar a las mipymes propiedad de meros testaferros del Gobierno, y segunda, hablar del falso bloqueo, que es un embargo que no afecta a que Estados Unidos sea la fuente de divisas más importante del pueblo de Cuba”, indicó Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders.

"De esta manera, Europa no está limitando a La Habana, sino más bien alentando a que la represión de los esbirros a cargo de la dictadura esté completamente ilimitada", recalcó Larrondo.

Es arbitraria la detención de García Labrada, sentencia ONU y ordena que sea liberado e indemnizado por los daños

Yandier García Labrada, El Vaquero (ACN/Foto: Yaciel Peña)
Yandier García Labrada, El Vaquero (ACN/Foto: Yaciel Peña)

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas condenó la detención del campesino opositor Yandier García Labrada, sentenciado a cinco años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.

García Labrada residente en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Tras pasar por varios centros penitenciarios, desde el 19 de enero de 2023 se encuentra recluido en el centro de trabajo correccional Guabineyón 8, en la provincia Las Tunas, donde le han negado los beneficios de visitas al domicilio y libertad condicional, a pesar de cumplir con los requisitos reglamentarios.

En la Opinión número 68/2023[1] del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que se hizo pública a mediados del pasado mes de marzo, la entidad considera que "la privación de libertad de Yandier García Labrada es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos".

El documento pide al Gobierno de Cuba que ponga al opositor inmediatamente en libertad plena y le conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

Además, insta a las autoridades cubanas a abrir una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad y a adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

Yandier García Labrada, El Vaquero (ACN/Foto: Yaciel Peña)
Yandier García Labrada, El Vaquero (ACN/Foto: Yaciel Peña)

El caso del campesino de 39 años, miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), será remitido además a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, a la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), organización que remitió el caso de García Labrada al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, está exigiendo que el Estado de Cuba cumpla con la solicitud que hace este mecanismo de las Naciones Unidas.

Un perfil sobre García Labrada, publicado en la Radio Local de Manatí en 2017, resaltaba su dedicación al trabajo y su humildad. El texto indica que lo conocían como "El Vaquero" y que trabajó por varios años en la Empresa de Flora y Fauna en la atención a los cocodrilos americanos (Crocodylus acutus) que habitan en la Reserva Ecológica Bahía de Nuevas Grandes-La Isleta, al norte de Las Tunas.

"Zurdo, discreto, humilde, joven, ya canoso, el alias está muy alejado de la rutina de una vida que decidió llevar con pocas palabras y sonrisas discretas", escribió entonces la periodista oficialista Adalys Ray.

El médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, ha dicho a Martí Noticias que García Labrada es un hombre que se ha mantenido siempre en "un activismo muy importante por oponerse al régimen y a las injusticias".

Cardet ha denunciado que el campesino fue "detenido violentamente en una cola porque reclamó por los derechos de sus conciudadanos, por las injusticias que se cometen en las colas donde se expenden alimentos".

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