Derechos Humanos
Ferrer, Alcántara y El Osorbo destacados en el informe mundial de Human Rights Watch
Los casos de los opositores cubanos José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo Pérez (El Osorbo) fueron destacados por la organización internacional Human Rights Watch en su informe anual de derechos humanos a nivel global.
La entidad abordó extensamente la situación de Cuba durante 2023, en la 34.a edición del Informe Mundial en la que analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países.
En el caso de Cuba, la entidad reconoce que el régimen de La Habana "continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y que los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos".
"Cientos de críticos del gobierno y manifestantes, incluyendo muchos de los que salieron a las calles en las protestas de julio de 2021, siguen detenidos arbitrariamente. Las manifestaciones continuaron durante 2023, en respuesta a apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida. Los cubanos siguieron abandonando el país en números sin precedentes. Estados Unidos continuó con su fallida política de aislamiento hacia Cuba, incluyendo el embargo", plantea el reporte.
A continuación reproducimos íntegramente las valoraciones de HRW sobre la situación de derechos humanos en la isla:
Detenciones y acusaciones arbitrarias
El gobierno continuó llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes y opositores políticos.
Dos años después de las protestas de julio de 2021, las más multitudinarias desde la revolución cubana, organizaciones de defensa de derechos humanos contabilizaron a más de 700 personas, incluyendo más de 70 mujeres, que permanecían encarceladas en relación con las protestas. Muchas estuvieron incomunicadas en detención. Algunos fueron sometidos a maltratos y, en ciertos casos, torturas.
El gobierno afirmó que más de 380 personas detenidas en el contexto de las protestas, incluyendo varios niños y niñas, cumplían una condena. Algunos fueron juzgados en tribunales militares, lo cual viola el derecho internacional. A varios se les imputó el delito de “sedición” en juicios ordinarios—en relación con supuestos hechos de violencia, como arrojar piedras—y recibieron penas desproporcionadas de hasta 25 años de prisión. Muchos sólo fueron procesados en juicios sumarios por cargos definidos vagamente como “desorden público” o “desacato”.
La fiscalía presentó como conductas delictivas acciones como criticar al gobierno en redes sociales o protestar pacíficamente, que constituyen ejercicios legítimos de la libertad de expresión y de asociación. Además, los fiscales utilizaron pruebas poco creíbles y sin corroborar.
Migración
Entre enero de 2022 y octubre de 2023, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aprehendió a más de 420.000 cubanos. Esta cifra podría incluir múltiples aprehensiones a las mismas personas. Muchos viajaron hacia el norte a través de Nicaragua, que a fines de 2021 eximió el requisito de visado para cubanos.
Además, entre octubre de 2022 y julio de 2023, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a más de 6.800 cubanos en el mar.
Además, muchos cubanos han huido a países distintos de Estados Unidos, incluyendo en América Latina y Europa.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Desde que se implementaron reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”.
El gobierno siguió prohibiendo a los críticos abordar aviones para visitar o regresar a su propio país, lo cual viola el derecho internacional de los derechos humanos.
Derechos económicos y sociales
La crisis económica de Cuba afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales. Los cubanos padecen apagones del servicio eléctrico y una grave escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos. En febrero, las autoridades dijeron que los cubanos debían prever apagones de tres horas diarias durante varios meses.
En mayo, la directora de operaciones de la industria farmacéutica cubana dijo que las autoridades no podían conseguir muchos medicamentos que necesita la población cubana. Atribuyó la escasez de medicamentos al embargo impuesto por Estados Unidos.
Las autoridades cubanas, en mayo, reportaron un descenso de la esperanza de vida, que pasó de 78,07 años entre 2014 y 2016 a 77,7 años entre 2018 y 2020. También reportaron un aumento de la mortalidad infantil, que pasó de 4,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2020, a 7,5 en 2022.
Presos políticos
En noviembre, Cuba mantenía encarceladas a más de 1.000 personas, incluyendo 34 adolescentes y otros niños y niñas, que cumplían con la definición de presos políticos, según Prisoners Defenders, una organización con sede en Madrid.
Los cubanos que critican al gobierno se enfrentan al grave riesgo de ser perseguidos penalmente. No se les garantiza el derecho al debido proceso, incluyendo el derecho a audiencias justas y públicas ante un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido de oposición, permanecía en prisión en el momento de redactar este informe. En abril de 2020, un tribunal de Santiago de Cuba lo condenó a cuatro años y medio de “restricciones a las libertades” por una supuesta “agresión”. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró arbitrario este caso. En julio de 2021, Ferrer fue detenido por policías mientras se dirigía a una manifestación. Un tribunal de Santiago de Cuba decidió, en agosto de 2021, que Ferrer no había cumplido con las “restricciones a las libertades” y lo envió a la prisión de Mar Verde. Sus familiares aseguran que Ferrer ha permanecido incomunicado durante largos periodos y que sufre problemas de salud.
En junio de 2022, un tribunal de La Habana condenó a los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, quienes en 2021 interpretaron el video musical de “Patria y vida”, que reformula el viejo lema del gobierno “patria o muerte” y critica la represión en el país. Se los procesó por acusaciones que violan su derecho a la libertad de expresión, como publicar un meme del presidente Díaz-Canel. Otero y Castillo recibieron penas de cinco y nueve años de prisión, respectivamente.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos.
El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y cubanas accedan a las cárceles. En junio de 2022, el Comité contra la Tortura de la Naciones Unidas expresó su preocupación por las “denuncias sobre patrones de maltratos y tortura hacia los reclusos”.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes.
El mayor acceso a Internet ha permitido que los activistas pudieran comunicarse, denunciar abusos y organizar protestas. Algunos periodistas y blogueros publican artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales, como X (anteriormente conocida como Twitter) y Facebook.
Las autoridades suelen bloquear el acceso a muchas páginas web de noticias dentro de Cuba y han impuesto en repetidas ocasiones restricciones individuales y, por momentos, generalizadas al acceso de los críticos a los datos de telefonía móvil.
En mayo de 2023, la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Comunicación Social que restringe fuertemente el funcionamiento de medios de comunicación independientes e incluye prohibiciones excesivamente amplias, como la prohibición de “sustentar la agresión comunicacional que se desarrolla contra el país”, que podría utilizarse para censurar críticas.
Derechos laborales
Cuba ratificó tratados de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad de asociación y la negociación colectiva, pero el Código de Trabajo cubano—actualizado en 2014—viola esos derechos.
En un informe de abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró “patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos laborales”, incluyendo medidas limitadas para la protección de la salud y seguridad laboral, y falta de libertad de expresión en el lugar de trabajo.
Miles de trabajadores de la salud cubanos enviados al extranjero prestan valiosos servicios. Sin embargo, el gobierno les impone normas que violan sus derechos fundamentales, incluyendo a la privacidad, la libertad, la circulación y la libertad de expresión y asociación.
Defensores de derechos humanos
Al rehusarse a reconocer el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno niega estatus legal a las organizaciones cubanas que desempeñan esa tarea. Ha sido habitual que las autoridades hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que documentan abusos.
En junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el gobierno cubano fue responsable de la muerte, en 2012, de los activistas por la democracia Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Orientación sexual e identidad de género
La Constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas LGBT sufren violencia y discriminación, sobre todo en el interior de Cuba.
En julio, Prisoners Defenders reportó que más de 100 mujeres transgénero encarceladas en Cuba están recluidas con hombres, en violación de estándares internacionales de derechos humanos.
En septiembre de 2022 se aprobó por referendo un nuevo Código de las Familias que incluye una definición de matrimonio neutral en cuanto al género. Con ello Cuba legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Derechos de las personas con discapacidad
Cuba no ha armonizado su legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tampoco ha implementado políticas para abordar los derechos de las personas con discapacidad en lo concerniente a accesibilidad, acceso a la justicia, capacidad legal, educación, vida independiente y empleo. Los niños y niñas con discapacidad son enviados a escuelas especiales segregadas.
Derechos de mujeres y niñas
Cuba despenalizó el aborto en 1965. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.
En julio de 2023, los legisladores reportaron un aumento de los embarazos en mujeres y niñas menores de 19 años e informaron que casi el 20 % de los embarazos en el país correspondían a embarazos de personas menores de 19 años. Igualmente, aseguraron que estas tasas eran mayores en algunas zonas de Cuba entre adolescentes negras, que viven en zonas rurales o tienen bajos ingresos.
Entre enero y julio, Yo Sí Te Creo, una organización no gubernamental de apoyo a las sobrevivientes de violencia basada en género, reportó 54 “feminicidios” en Cuba. El gobierno no publica cifras oficiales de asesinatos por motivos de género.
Actores internacionales clave
La comunidad internacional no ha conseguido, a lo largo de décadas, que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba.
El embargo estadounidense sigue proporcionando al gobierno cubano una excusa para sus problemas, un pretexto para sus abusos y una forma de lograr el apoyo de gobiernos extranjeros que, de otro modo, podrían estar dispuestos a condenar más enérgicamente las prácticas represivas del país.
En noviembre de 2023, la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de condenar el embargo. La resolución recibió el apoyo de 187 países. Estados Unidos e Israel se opusieron. Ucrania se abstuvo.
La Unión Europea mantuvo su política de relaciones con reservas ante Cuba. En mayo de 2023, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, visitó Cuba. Borrell condenó el embargo estadounidense y señaló que la UE y Cuba tenían “diferencias” en cuanto a los “conceptos de los derechos humanos”, pero añadió que la UE “no tiene ni la capacidad ni la voluntad de imponer cambios en Cuba”. En noviembre, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, visitó Cuba, donde se reunió con el gobierno y con miembros de la sociedad civil y pidió la liberación de personas detenidas arbitrariamente.
En julio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los abusos contra los manifestantes en Cuba.
En mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una política aplicada inicialmente por el expresidente estadounidense Donald Trump en 2021. El presidente Joe Biden ha condenado repetidamente los abusos contra manifestantes y ha impuesto sanciones selectivas a varios funcionarios que están creíblemente vinculados a la represión.
En enero de 2023, la administración Biden anunció un programa de permanencia temporal humanitaria para los cubanos que tengan un apoyo financiero en Estados Unidos. En julio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que 38.000 cubanos habían sido evaluados y se les había aprobado viajar a Estados Unidos en lo que va de año.
A pesar de su pésimo historial en materia de derechos humanos, en octubre, Cuba fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por sexta vez.
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Tras prolongada huelga de hambre periodista de Santa Clara es acusado de desobediencia
El periodista independiente y ex prisionero político del 11J Carlos Michael Morales fue juzgado por presunta "desobediencia" en Santa Clara, a pesar del delicado estado de salud en que se encuentra tras una huelga de hambre.
El periodista independiente Carlos Michael Morales fue juzgado el lunes en el Tribunal Provincial de Santa Clara e instruido de cargos por el presunto delito de “desobediencia”, según informó a Martí Noticias el comunicador independiente Guillermo del Sol.
Según Del Sol, inicialmente la vista había sido señalada para el pasado viernes y fue suspendida porque el médico que atiende a Morales en la Sala de Penados del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro no autorizó la participación del prisionero político debido al precario estado de salud en que se encontraba tras haber realizado una huelga de hambre durante 27 días en reclamo de su libertad.
“El médico no permitió que lo trasladaran así al Tribunal; según la abogada me confirmó, el juicio es hoy, a las nueve de la mañana. El delito es ‘desobediencia’, un delito de menor cuantía; es un juicio ‘administrativo’ que, incluso, según explicaron, no es preciso que esté presente la Fiscalía ni el auto del juicio, solamente el juez (…) lo van a trasladar desde Caibarién hasta aquí, hasta la Sala Provincial de Santa Clara, que es donde se va a celebrar el juicio”, explicó el periodista y amigo personal del acusado.
De acuerdo con el comunicador, “podría ser (la sanción) una medida de la casa al trabajo, una multa o libertad inmediata. En el caso de Michael, que lleva tres meses y pico preso, pensamos que sea liberado inmediatamente, es lo que dice la abogada que debe acontecer. Dios mediante, hay que tener fe”.
Carlos Michael Morales había sido liberado el pasado mes de marzo tras cumplir una condena de dos años y diez meses por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Caibarién, Villa Clara.
El activista fue detenido nuevamente el 4 de mayo por no acudir a dos citaciones policiales en el poblado de Caibarién.
Castigan a joven que escribió "Patria y Vida" con sangre en las paredes del Combinado del Este
Onaikel Infante Abreu fue detenido después que desplegara una sábana en la azotea de su casa con expresiones contra el régimen.
Las autoridades del Combinado del Este castigaron al preso político Onaikel Infante Abreu por escribir con su sangre en una de las paredes de la celda que comparte con otros reclusos frases pidiendo libertad.
“Desde el domingo me lo tienen con las ‘shakiras’ puestas porque escribió con la sangre del dedo - que se cortó el dedo- y escribió ‘Patria y Vida’, ‘libertad para los presos políticos’, ‘no más hambre para pueblo’", relató a Martí Noticias, la esposa Sujai Acosta Toscano.
‘Shakira’ se le llama en Cuba a una forma de tortura usada por las autoridades penitenciarias para restringir la movilidad de los reos que consiste en una cadena que se coloca alrededor de la cintura, a la cual se esposan las manos y se une con otra cadena a esposas colocadas en los tobillos.
“Él dice que ya no aguanta más, que está mirando que se están muriendo las personas de hambre. Allí, ahora mismo están tomando col hervida con sal. Cada día se mueren 3 o 4 de hambre ahí en la prisión”, señaló Acosta Toscano.
Encarcelado desde el 27 de octubre de 2023, Infante Abreu, de 35 años, está bajo un proceso de investigación penal presuntamente por los delitos de Alteración del orden público y Portación de armas.
Fue detenido por efectivos de las Tropas Especiales después que, encaramado en la azotea de su vivienda del municipio capitalino Playa; desplegara una sábana con las expresiones "Patria y Vida", "Libertad", "Abajo Díaz-Canel", "Abajo los Castro" y "Comida para el pueblo".
Luego de ser interrogado por varios días en el cuartel general de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, Infante fue internado en prisión preventiva en el Combinado del Este de La Habana.
“No le dicen si tiene juicio, no le dan ningún papel, no aclaran bien de qué lo acusan. En Villa Marista le enseñaron las fotos de dos muchachas y un muchacho y le dijeron que ellos eran los que le estaban pagando para hacer lo que hizo”, lamentó la mujer.
El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) divulgó lo ocurrido al joven habanero y recordó que “el uso de carteles como forma de expresión de disenso es una de las libertades más perseguidas por el régimen cubano”.
"Seguiremos de pie, porque somos resistencia", prometen los presos del 11J en Placetas
Desde la prisión de Guamajal, en Villa Clara, los presos políticos Donaida Pérez, Loreto Hernández y Arianna López envían una carta al pueblo cubano en la que ratifican sus posiciones políticas como opositores que buscan "un futuro mejor para sus hijos y nietos"
Los presos políticos del 11J Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García subscribieron una carta en la que afirman que seguirán adelante en su lucha por construir un futuro mejor para sus hijos y nietos en Cuba.
Loreto Hernández y su esposa, Donaida Pérez, ambos integrantes de la asociación "Yorubas Libres de Cuba", fueron sentenciados a siete y ocho años de cárcel respectivamente por manifestarse en Placetas, Villa Clara, durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Por el mismo motivo López Roque cumple ocho años de privación de libertad. Los tres cumplen su condena en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara.
Desde Miami, donde reside, el expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como “Antúnez”, hermano de Loreto Hernández, dio a conocer parte del contenido de la misiva.
“A nuestro pueblo lo convocamos a encontrar y sacar afuera esa sangre mambisa que todos llevamos dentro para terminar de una vez y por todas con tantos años de sufrimiento (...) Seguiremos adelante porque tenemos la esperanza de poder construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos, pero primero debemos acabar con esa empresa criminal conjunta que desgobierna nuestra patria”, afirmó.
“En esa carta ellos ratifican su condición de presos políticos plantados, es decir: que continúan rehusándose a formar parte, a participar en el programa de adoctrinamiento y mal llamada reeducación, programa ese concebido para delincuentes comunes”, explica Antúnez.
“Ellos continúan rechazando el sinnúmero de ofertas vergonzosas que les han hecho en varias oportunidades a cambio de que, si ellos desisten de su postura política, pueden ser liberados”, agregó el opositor exiliado en EEUU.
Exponen casos de violencia institucional en Cuba ante la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó numerosos testimonios de cómo el Estado cubano ejerce la violencia contra la ciudadanía
Las diferentes formas de violencia institucional en Cuba fueron el tema de una audiencia este jueves en el 190 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Camila Rodríguez, que dirige el grupo de Trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J, dijo que de acuerdo a su registro, al menos 1.584 personas fueron detenidas en las protestas del 11 de julio del 2021 y que 669 permanecen tras las rejas.
Añadió que “entre inicios del mes de julio de 2023 y este 8 de julio, al menos 240 personas privadas de libertad por participar en las protestas del 11J han sido víctimas de incidentes represivos o violatorios de sus derechos en las cárceles del país”
“En esta audiencia expresamos nuestra preocupación por la salud, e integridad de todas las personas privadas de libertad en Cuba, en especial de los manifestantes del 11J, quienes se enfrentan a condenas privativas de libertad que en algunos casos superan los 20 años”, expresó.
Muertes bajo custodia
Sobre el tema de la muerte bajo custodia habló Giselle Morfi, jefa del equipo legal de Cubalex.
Morfi dijo que su organización ha hecho un análisis de los patrones represivos identificados que abarcan la muerte en custodia policial y las de los reclutas del Servicio Militar en Cuba, durante el periodo del 1ro de enero del 2022 al 31 de enero del 2024.
“Cubalex registró 56 muertes bajo custodia. Este conteo incluye que personas detenidas por resolución judiciales, detenciones temporales por la policía, reclutas en Servicio Militar y dos mujeres víctimas de feminicidio por inacción de funcionarios que debían proporcionarles protección estatal específica”, explicó.
Entre los patrones de causa de muerte que pudieron identificar están la negación de atención médica, el suicidio, el uso excesivo de la fuerza, la huelga de hambre y accidentes laborales en centros penitenciarios, entre otros.
“Los patrones identificados por Cubalex reflejan profundas deficiencias en el sistema de custodia y detención en Cuba, evidenciando la necesidad urgente de reformas para mejorar las condiciones de detención, asegurar el acceso a atención médica adecuada y garantizar la protección y seguridad de todos los individuos bajo custodia del Estado, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad extrema”, expresó la experta.
Afrodescendientes en el sistema carcelario
Por su parte, María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó cuatro patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica; un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes; leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente para proteger a los afrodescendientes; y la criminalización y marginalización.
“Los afrodescendientes que representan un 9.3% de la población y los mestizos, el 26.6%, están sobrerrepresentados en el sistema carcelario y en las víctimas de la violencia policial”, dijo Matienzo.
Feminicidios
Los feminicidios frente a la negligencia estatal fue el tema presentado por Yanelys Nuñez Leiva, del Observatorio de Género Alas Tensas.
La activista señaló que entre 2019 y 2023, según registros parciales de su organización, “208 mujeres fueron asesinadas, con al menos 24 de ellas habiendo denunciado a sus agresores, en su mayoría parejas y exparejas. Se constató un historial de violencia de género en, al menos, 22 de estos casos”.
“Ante estos crímenes, el gobierno cubano ha negado siempre su responsabilidad, argumentando que existe una voluntad política y un interés estatal en eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Sin embargo, la ausencia de refugios y de sistemas de rescate para mujeres y sus hijas en peligro, la no tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, la falta de preparación del personal jurídico y policial y la inexistencia de medidas integrales de atención a la violencia de género sólo confirman la complicidad del Gobierno frente a esta problemática social y lanza un mensaje de impunidad a los agresores”, dijo Nuñez Leiva.
La Dama de Blanco, Leticia Ramos, denunció la continua represión y la persecución por parte del gobierno cubano hacia los miembros de esa organización, que incluye detenciones arbitrarias y amenazas constantes contra ellas y sus familiares.
Ramos señaló además que cinco Damas de Blanco están en prisión injusta debido a su activismo y su defensa de los derechos humanos.
Por último, Yanitza Sánchez, del Programa para América Latina del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, presentó varias peticiones a la CIDH, entre ellos, que se exija la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos, antes y después de las manifestaciones del 11 de julio de 2021; que se clasifiquen las muertes de reclutas del Servicio Militar como muertes en custodia y que se exija al Estado cubano el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones para preservar la vida de las y los ciudadanos y más si se encuentran bajo custodia policial o en instalaciones del Estado.
También pidieron que se exija al Estado cubano detener todas las formas de represión y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia física y tortura, estableciendo un mecanismo nacional independiente de protección de activistas, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
Además, instan al Estado cubano a implementar medidas concretas para erradicar la discriminación racial y de género; promulgar una Ley Integral sobre la Violencia de Género y asegurar que todas las formas de violencia contra la mujer sean sancionadas de manera adecuada.
Familiares de José Daniel Ferrer piden apoyo internacional por la libertad del líder opositor
La esposa de José Daniel Ferrer García pide ayuda a la comunidad internacional para exigir fe de vida del prisionero político, quien debió ser liberado el 1º de abril por cumplimiento de condena.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer García solicitan el apoyo de la comunidad internacional en una campaña para exigir fe de vida del líder opositor, a quien desde hace más de un año le niegan las visitas en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba y quien debió ser liberado el pasado 1º de abril.
El preso político de 53 años era el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba cuando fue arrestado el 11 de julio de 2021, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, en el momento en que ambos se sumaron al levantamiento popular en la ciudad de Santiago de Cuba.
Tras esta detención, al exprisionero de la Causa de los 75 le fue revocada una sanción de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
Desde Santiago de Cuba, la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo explicó a Martí Noticias: "Yo, como esposa, en nombre de toda la familia Ferrer y de la organización de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), hago un llamado a la comunidad internacional; a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones amantes de la libertad y la democracia, a que nos apoyen en una campaña que hemos iniciado exigiendo fe de vida de mi esposo".
"Desde el 1º de abril de este año, desde ese día, nadie de la familia ha tenido contacto, nadie ha recibido una llamada (...) desde marzo del año pasado, no le han dado derecho a llamadas telefónicas; no le han dado derecho a, ni siquiera, poderse sentar con nosotros en una visita familiar ni matrimonial", denuncia la esposa del opositor.
"Todos sus derechos están siendo violados, por eso, no solamente fe de vida, sino (pedimos) la restitución de todos sus derechos carcelarios, pero también los derechos humanos", afirmó la esposa de Ferrer.
"Agradecemos a todos los que quieran apoyar, no es necesario que salgan con un cartel. Si desean hacerlo, muy bien, aquellos que no puedan hacerlo con un cartel, hacerlo con un video de menos de un minuto. Exigir fe de vida. El 1º de abril era el cierre de la sanción de mi esposo; desde el 1º de abril tuvo que haber regresado para nuestro hogar y no sabemos nada de él", concluyó Ortega.
Ferrer ha sido reconocido por la Fundación Víctimas del Comunismo con la Medalla de la Libertad Truman-Reagan, entre otras distinciones por su defensa de los derechos humanos en Cuba.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
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