El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que el día 24 de marzo sería marcado en el calendario mundial como recordatorio al inalienable derecho que toda persona tiene de conocer la verdad cuando se trata de actos cometidos contra seres humanos y que afecten tanto su integridad física como su dignidad.
Ese día fue bautizado como “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”, y no fue seleccionado al azar, sino porque, un 24 de marzo, pero de 1980, el asesinato en El Salvador de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, mientras oficiaba una misa, estremeció al mundo.
Monseñor Romero fue, sin dudas, la voz más alta, más clara, más intransigente a la hora de denunciar los horrores que impunemente se cometían contra la indefensa población civil durante los enfrentamientos entre las fuerzas del Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército Nacional salvadoreño.
Para la ONU, según un artículo publicado en el boletín de la organización, el propósito de este día es:
- Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia.
- Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en su empreño.
- Reconocer, en particular, la importante labor y los valores del salvadoreño Monseñor Oscar Arnulfo Romero, promotor y defensor de los derechos humanos en su país.
- Su labor fue reconocida internacionalmente gracias a sus mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables en el contexto de conflictos armados.
- Como humanista y defensor de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado le costaron la vida […]”
De acuerdo con lo expresado en el boletín informativo, “en el estudio realizado en 2006, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluye que el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves de las normas de derechos humanos, es un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar para que haya recursos efectivos y se obtenga reparación”.