Cuba
CIDH emite medidas cautelares de protección para 3 presos políticos en Cuba
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó este martes medidas cautelares de protección internacional para tres prisioneros de conciencia en Cuba a solicitud de la organización Cuban Prisoners Defenders (CPD).
Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto y Jesús Alfredo Pérez Rivas "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la salud, vida e integridad personal están en grave riesgo", señaló la CIDH en la resolución de la medida cautelar.
La Comisión Interamericana solicitó al gobierno cubano que tome las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los tres opositores, y les provea acceso a "tratamiento médico adecuado", y que "informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos" y así "evitar su repetición".
Guía Piloto, director del Partido Republicano de Cuba, ha sido objeto de arrestos arbitrarios en 22 ocasiones desde 2011. El 16 de diciembre de 2016 fue detenido, acusado de "desorden público" y "desacato", y condenado a 5 años de prisión.
Cuban Prisoners Defenders alegó en la solicitud de la medida cautelar que el opositor fue encausado "sin el debido proceso" y por una "motivación política". Además, el CPD añadió que la salud de Guía Piloto empeoró en prisión debido a que las autoridades carcelarias se negaron a "suministrarle los medicamentos necesarios para su recuperación".
El opositor habría sido objeto de "una fuerte golpiza" por negarse a usar el uniforme de recluso tras ser trasladado a la prisión de máxima seguridad de Taco Taco, en Artemisa, según testimonio de la madre recogido por el CPD y citado en la resolución.
Otro familiar dijo que las condiciones de ese centro de reclusión son "infrahumanas", y que al prisionero "no le dan ninguno de los medicamentos que necesita", refiere la resolución de la CIDH.
En el caso de Amaro Hidalgo, activista del Partido de la Democracia Pedro Luis Boitel, la medida refiere que fue detenido violentamente el 13 de agosto de 2016 durante una manifestación pública en la que vestía una camiseta con el letrero "democracia sí, dictadura no" y "abajo quien tú sabes".
El activista fue condenado a tres años de prisión por "desacato" y "atentado" en una audiencia "a puerta cerrada" en la que no se presentó evidencia. Los testigos de la defensa fueron detenidos horas antes de la vista oral para impedir su asistencia, explica la resolución. En febrero de 2019 la condena fue aumentada a 5 años por presunto "atentado dentro de la prisión de Agüica".
Amaro Hidalgo ha sido víctima de golpizas y abuso por parte de las autoridades carcelarias, según han denunciado sus familiares. Actualmente se encuentra detenido en el Centro Penitenciario Canaleta, donde su salud se deteriora por falta de atención médica adecuada, refiere el documento.
Pérez Rivas, activista del Partido Republicano de Cuba, fue víctima de "seguimientos ilegales" por parte de la policía política que terminaron en 2016 con su arresto, proceso y condena a 6 años de prisión por los delitos de "desacato", "resistencia" y "desorden público", señala la resolución.
Retenido en la prisión Copa, de Santa Clara, el activista es sometido a "trato degradante" y "trabajo forzado", según testimonio de la madre, citado en el documento, que refiere una visita al lugar en mayo pasado.
La madre del prisionero político dijo que al denunciar el maltrato de que es víctima su hijo a las autoridades de la Seguridad del Estado recibió a cambio amenazas contra ella y su familia.
El mecanismo de medidas cautelares es implementado por la CIDH para supervisar el cumplimiento de las obligaciones con los derechos humanos, de acuerdo con el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Las medidas son otorgadas en situaciones "que son graves y urgentes", subraya la organización.
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Piden a la Asociación Cubana de las Naciones Unidas que respalde una ley de manifestación en Cuba
El abogado Julio Ferrer Tamayo, miembro del centro de asesoramiento legal CUBALEX, requirió la semana pasada a la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) que sirva como mediadora ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para que estudie y promulgue la Ley de manifestación y reunión.
“Hice la petición a la Asociación Cubana de Naciones Unidas de que coopere con nosotros en el propósito de compulsar a la Asamblea Nacional del Poder Popular a promulgar una ley de manifestaciones y protestas pacíficas”, explicó a nuestra redacción, el jurista, residente en La Habana.
La ACNU es una organización no gubernamental, reconocida por el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia de Cuba, cuya misión, como indican en la página oficial es promover y defender "nacional e internacionalmente, en el ámbito del entorno asociativo y de las ONGs, los propósitos y principios expresados en la Carta de las Naciones Unidas, así como los principios y valores de la política exterior de la Revolución cubana".
Para el abogado Ferrer, “esa asociación viene siendo como una dependencia o representación de la ONU en Cuba, que, según su presidenta Norma Goicochea, gestiona, desde la sociedad civil, la implementación y respeto por el Estado cubano de todos los derechos humanos para los cubanos”.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos de 2022, Goicochea dijo a la prensa oficial que la Asociación y la sociedad civil siempre “acompañarán al Estado y Gobierno cubanos desde una mirada crítica sobre lo que en materia de derechos humanos aún es perfectible”.
De acuerdo a la funcionaria, “la ACNU traza estrategias y políticas con el Estado cubano para la observancia y disfrute de tales derechos por todos los cubanos, como resultado de la verdadera sociedad civil cubana”, citó el abogado independiente.
“Tal petición tiene el propósito de compulsar a esa asociación a accionar desde todos los escenarios para que se promulgue dicha ley”, puntualizó.
Martí Noticias preguntó a la señora Goicochea en un email, su opinión acerca de la inquietud de la sociedad civil cubana que ha pedido, en al menos tres ocasiones, a la Asamblea Nacional el estudio y promulgación de una Ley de manifestación y reunión, sin obtener que su reclamo sea considerado. Hasta el momento la institución oficialista no ha respondido.
El 21 de septiembre, Ferrer demandó a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular para forzar la aprobación de la ley complementaria al derecho de reunión y manifestación pacífica.
Dos días después de la presentación del reclamo, fue detenido por varias horas en una estación policial.
En el interrogatorio, dos agentes de la Seguridad del Estado aceptaron que "la demanda es válida y está amparada en la ley”, pero en Cuba las autoridades violan la ley y será así mientras exista la Revolución".
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) pidió en diciembre de 2022 al parlamento cubano que “incluya, discuta y apruebe la Ley sobre los derechos de Manifestación y Reunión” en la primera sesión legislativa de 2023.
Diez meses más tarde, la Asamblea Nacional no ha tramitado esa ley y ni siquiera la incluyó en su cronograma legislativo para el quinquenio 2023-2027.
La Constitución de 2019 establece en su artículo 56 los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos.
Juicio a presa política busca "darle un escarmiento al pueblo", denuncia su hermana
El primer día de juicio contra la presa política Daily Batista Pérez y otros nueve acusados, que inició este lunes en el Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas, en Mayabeque, fue una muestra de irregularidades por parte de los testigos de la fiscalía.
Así lo denunció este martes a Martí Noticias, Saily Nuñez Pérez, hermana de la imputada, y quien estuvo presente en la vista, a la que solo permitieron la asistencia de dos familiares.
"Vi esto como un 11 de julio 2.0, yo le llamo así. Total indignación, las mentiras a flor de piel, policías que no saben ni tan siquiera responder a preguntas tan sencillas como qué es una densidad poblacional y cosas como esas. Es absurdo", se cuestionó la activista y esposa del también preso político Maykel Puig Bergolla.
Núñez Pérez agregó que los policías llevaban escrito con tinta en las manos el nombre de los imputados, y no sabían explicar por qué procedieron al arresto de los mismos.
Este juicio, dijo, se trató de "darle un escarmiento al pueblo, seguir apresando a personas inocentes y seguir queriendo tapar el sol con un dedo".
Este martes, en una segunda vista, la fiscalía y la defensa deben presentar las conclusiones del caso. "Me imagino que hoy no den la sentencia", aventuró la hermana de la acusada.
Daily Batista Pérez, de 19 años de edad, enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad por los delitos de desorden público, atentado y daños, por participar en las manifestaciones ciudadanas del 10 de octubre de 2022, que tuvieron lugar en Güines, Mayabeque, tras extensos apagones.
"Ojalá y salga lo mejor posible porque esto es un abuso más, y un ensañamiento hacia nosotros", concluyó Núñez Pérez.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
Autoridades penitenciarias retrasan libertad condicional a preso político Yandier García Labrada
Las autoridades cubanas no han permitido salir en libertad condicional al preso político Yandier García Labrada, a pesar de que ha cumplido las tres quintas partes de su sanción de cinco años de prisión.
García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), fue condenado en julio de 2021 por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Comenzó su condena en el penal El Típico y luego en La Carbonera.
En enero de 2023, fue cambiado a un régimen de menor severidad e internado en el centro correccional con internamiento Guabineyón 8, perteneciente a la provincia de Las Tunas.
“Nosotros le hemos hablado, en varias ocasiones, como familiares al mal nombrado reeducador, porque no reeduca a nadie, le hemos pedido que Yandier debe de tener cambios porque ya va a cumplir, el 7 de octubre, 3 años injustamente. Nunca nos dan una respuesta clara”, dijo a Martí Noticias Irán Almaguer.
"Yandier también le ha reclamado a ese mal nombrado reeducador por su condicional porque él es primario. El reeducador la respuesta que le dio ahora el último viaje fue que él era un caso especial que tenía que esperar”.
La legislación cubana establece que el régimen de progresión penitenciario, así como la libertad condicional lo otorga el tribunal de ejecución, con el visto bueno de los mandos del Ministerio del Interior, del que forman parte los penales, que son los que determinan, en la práctica, quienes progresan y quienes no”, han dicho abogados independientes a Martí Noticias.
Según el Reglamento del Sistema Penitenciario cubano, la libertad condicional se otorga a un reo primario cuando ha cumplido la mitad de su sentencia.
El activista fue arrestado el 6 de octubre de 2020 cuando hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de Manatí, localidad donde reside en la provincia de Las Tunas. El joven protestó por la ineficacia e irregularidades que cometían los llamados gestores, y fue secundado por las otras personas que se encontraban en el lugar.
En ese momento, el régimen había creado la figura de los “gestores” para controlar y organizar el despacho de mercancía, lo que, según denuncias desde la Isla, trajo mayor corrupción y “componendas” entre los policías, los individuos designados para organizar las largas filas y los dependientes de las tiendas.
La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) ha demandado del gobierno cubano la liberación inmediata del activista, porque su detención es “injusta y arbitraria”.
De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 7 de enero de 2021 una resolución que otorgó medidas cautelares de protección a favor del opositor.
Denuncian precarias condiciones de encarcelados por protestar en Baracoa
En precarias condiciones se encuentra el matrimonio que recibió las más altas condenas por haber participado en la protesta popular en el malecón de Baracoa, el 15 de julio de 2022, durante un prolongado apagón.
Dariannis Guerra Suárez, de 27 años de edad, madre de tres niños menores que están al cuidado de su abuela materna, permanece recluida en el penal de mujeres provincial de Guantánamo, donde cumple tres años de condena. Mientras que su esposo, Uvensy Matos Montero, de 25 años de edad, quien recibió 4 años de sentencia, se encuentra en el Combinado de Guantánamo. Ambos fueron detenidos al siguiente día de la manifestación y procesados por el delito de desórdenes públicos.
Las condiciones son las peores en esos penales donde se encuentran. No hay alimentación, tampoco medicamentos, y hay mucha irregularidad con las visitas, dijo a Martí Noticias Yamilet Montero Nocot, madre de Uvensy.
“Ahí los más perjudicados fueron mi nuera y mi hijo. Bueno, ella se encuentra en la de mujeres, ella tiene tres niños chiquitos, tiene uno que está haciendo el primer grado, y uno que está haciendo el séptimo grado y quinto el otro... Lo que pasan esos niños. Y él se encuentra en la de los hombres.
"El trato peor del mundo lo dan ahí, y he llegado en momentos cuanto he tenido la posibilidad de llegar hasta allá, lo que le he llevado cocinado de la casa lo he tenido que botar allí mismo, porque se dan lija para buscarlo, me dicen que no le toca la visita, qu no sé qué más, y en lo que yo busco jefes y llamo para aquí y llamo para allá, cuando he querido entrar, ya se me echó a perder la comida", dijo la mujer.
Hace unos tres meses que Montero Nocot no va a visitar a su hijo y su nuera a la prisión, "por motivos de la economía", explicó.
Agregó que el proceso judicial fue muy injusto. "Se ensañaron con esos muchachos, cuando había toda una multitud de personas en la manifestación. Por desorden público, por ese delito, y le imputaron más cosas (...). Yo puse un abogado, pero el abogado no hizo nada”, argumentó la madre del preso político.
Además del matrimonio, también cumplen prisión otros siete residentes de Baracoa por haber participado en la protesta: Richard Sánchez Sanamé, de 24 años de edad; Keiler Navarro Silot, de 33; Misael Pons Blanco, de 46; Irioldis Barrabia Cobas, de 30; Hilder Columbié Hernández; Norges Paumier Paumier, de 50 años; y Orlenis Paumier Blancar, de 27 años de edad.
La petición fiscal fue firmada por Yuliet Caballero Cintra, fiscal municipal de Baracoa.
La protesta popular en la zona del malecón de Baracoa ocurrió cerca de la medianoche del 15 de julio de 2022, después de que durante todo el día se realizara una fiesta popular en el lugar en conmemoración del 26 de julio.
El detonante fue un apagón y la población, al verse tan afectada por la falta de electricidad, el desabastecimiento de alimentos y las malas condiciones de vida, gritaron consignas como "Abajo Díaz-Canel" y "No más hambre", y manifestaron que querían un futuro mejor.
Comienza juicio a prisionera política Daily Batista Pérez
El juicio en contra de la presa política Daily Batista Pérez, de 19 años, comienza este lunes en el Tribunal Popular Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque.
Su hermana, Saily Núñez, esposa del preso político del 11J Maykel Puig Bergolla, dijo a Martí Noticias que la joven enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad.
"En estos momentos me encuentro en el Tribunal provincial de San José, a la espera de un juicio “circo” por delitos fabricados en contra de mi hermana Daily Batista Pérez”, informó Núñez.
Sobre los resultados que pudiera tener el juicio a su hermana, Núñez respondió con escepticismo: “No sabremos cómo va a quedar esto, estamos aquí, le piden cuatro años. Este es uno más de los abusos y el ensañamiento en contra de nuestra familia... Seguiremos alzando nuestra voz pidiendo libertad”.
La hermana de la joven encausada ha denunciado anteriormente que el caso está siendo manipulado para incriminar a Batista Pérez con delitos que no cometió, todo esto como castigo a la familia por la defensa que han hecho del preso político Puig Bergolla, detenido durante las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021.
"Esta es una forma más de represión. Nuestra familia corre peligro... Si algo nos pasa, esto es un total ensañamiento hacia nosotros", escribió en su momento Saily Núñez en su cuenta de Facebook.
El centro de asesoría jurídica Cubalex señaló que Batista Pérez enfrenta cargos de “desorden público”, “atentado” y “daños” por su presunta participación en las protestas por los prolongados apagones ocurridas el 10 de octubre de 2022 en el poblado de Güines.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
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