Venezuela
- Agencias
El saldo de los colectivos
El presidente Nicolás Maduro no ha condenado públicamente la violencia ejercida por estas milicias armadas, pro-gubernamentales o para alentar a las autoridades para que los investiguen y lleven ante los tribunales de justicia.
El 12 de marzo, una decena de hombres encapuchados a bordo de motocicletas dispararon contra una multitud que estaba parapetada en una barricada, quienes previamente les habían lanzado piedras, palos y otros objetos, dijeron testigos a The Associated Press.
"Dos cargaban revólver y uno cargaba un arma automática", dijo Lisandro Barazarte, fotógrafo del diario regional Notitarde de Valencia, quien captó varias imágenes de los hombres cuando disparaban, escondido detrás de un vehículo. "Habían más pero no desenfundaban (las armas). Ellos cargaban las manos metidas en las mochilas, en los bolsos... Y unos las tenían (las armas) en la cintura pero las tapaban con la franela (camiseta)".
Cuando la balacera terminó dos habitantes del barrio terminaron muertos: Jesús Enrique Acosta, estudiante de 22 años, y Guillermo Sánchez, de 42 años, mánager de un equipo infantil de béisbol. Desde entonces, la vida de los vecinos cambió: ahora viven nerviosos y atemorizados. Con sólo escuchar una motocicleta voltean asustados y se esconden dentro de sus pequeñas viviendas de ladrillo por temor a que les hagan una visita.
El presidente Nicolás Maduro no ha condenado públicamente la violencia ejercida por estas milicias armadas, pro-gubernamentales, conocidos vagamente con el nombre de "colectivos ", o para alentar a las autoridades para que los investiguen y lleven ante los tribunales de justicia.
A estos grupos también se les responsabiliza de múltiples palizas y actos de intimidación, como el padecido por un centenar de estudiantes y profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la estatal Universidad Central de Venezuela, en Caracas, quienes la tarde del 19 de marzo fueron secuestrados y atacados a golpes por casi una hora por unos 40 hombres y mujeres encapuchados, que se identificaron como defensores del gobierno.
Las denuncias por ataques y actos de intimidación de los colectivos datan de hace años pero su accionar se ha hecho más evidente desde que las protestas estudiantiles iniciaron el pasado 12 de febrero, pues han sido responsabilizados de algunos de los heridos y muertos.
El destacado líder estudiantil Daniel Tinoco murió el pasado 10 de marzo tras recibir un disparo en el pecho en la ciudad de San Cristóbal, al occidente del país, donde iniciaron los disturbios tras la indignación que provocó la presunta indiferencia policial ante el intento de violación del que fue víctima una estudiante.
Algunas de las muertes y las lesiones han ocurrido durante los forcejeos que protagonizan manifestantes y motorizados que luchan por mantener o tumbar una barricada, como sucedió al día siguiente a la muerte de Tinoco cuando dos estudiantes en la ciudad occidental de Barquisimeto resultaron heridos por encapuchados a bordo de motocicletas que entraron a la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y prendieron fuego a varios vehículos.
Imágenes y vídeos de los presuntos abusos de los colectivos, sobre todo de tiroteos a personas, han sido ampliamente difundidos en las redes sociales en un país donde, según grupos internacionales de defensa de libertad de prensa, el periodismo independiente ha sido objeto de permanente ataque por parte del gobierno. En muchas de las imágenes se ven a hombres armados que, amenazantes, remueven las barricadas instaladas por los manifestantes mientras que la policía y la Guardia Nacional aparecen como convidados de piedra.
Las acciones contra las barricadas coincidieron con una declaración de Maduro del cinco de marzo que pidió a sus seguidores actuar contra los bloqueos de vías al decir que "candelita que se prenda, candelita que se apaga". Generalmente, los manifestantes prenden fuego a las barricadas.
Poco después de esta declaración, el mandatario negó haber llamado a acciones violentas y señaló a la oposición de promover la violencia en el país y de ser responsable de las muertes ocurridas durante las protestas.
Un testigo del ataque en el barrio La Isabelica, cuya identidad mantenemos en reserva por temor a represalias, dijo que la muerte de Sánchez, el mánager del equipo de béisbol, ocurrió cuando salió a la calle a buscar una brocha para pintar y resultó herido en medio de la balacera disparada contra una barricada vecina.
Sánchez, dice el testigo, se escondió en una calle pero poco después fue localizado por los motorizados que se lo llevaron a rastras, herido, mientras lo golpeaban.
"Lo iban a quemar (asesinar) ahí abajo de la matita. La gente (los motorizados) decía:..... quémalo, quémalo para que no nos reconozca", dijo el testigo que presenció la escena escondido en su vivienda. "La policía nunca llegó. No había Guardia (Nacional), no había policía. Esto era el (viejo) oeste".
Sánchez recibió el impacto de bala en su abdomen y murió poco después en un centro de salud de Valencia, según su padre.
El estudiante Acosta también murió tras recibir un balazo en la cabeza cuando se encontraba con un amigo dentro de una vivienda, dijo otro testigo que se abstuvo de dar su nombre por temor a ser atacado por grupos armados.
"Sabían disparar muy bien", dijo el fotógrafo Barazarte al describir cómo los encapuchados apoyaban sus armas sobre las palmas de sus manos mientras disparaban contra los manifestantes.
El gerente para las Américas de la organización Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, dijo que este tipo de violencia es común en el país. "Éste es sólo un ejemplo de una práctica que hemos visto que ocurre en varios estados, de fuerzas de seguridad que no sólo toleran a estos grupos de civiles armados que atacan a manifestantes pacíficos, sino que colaboran con éstas bandas cuando les propinan palizas, los detienen arbitrariamente y cometen otros abusos", dijo.
Estos colectivos no nacieron de la noche a la mañana. Durante los 14 años del gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013), estas milicias crecieron enormemente y tuvieron como epicentro la barriada popular del 23 de Enero, al occidente de Caracas.
La mayoría se formó luego del fallido golpe de estado en contra de Chávez en 2002 y su misión ha sido la de ser "guardianes de la revolución". Colectivos como los Tupamaros, que surgieron entre las décadas de los 70 y 80, luego se constituyeron como partido político y hoy tienen 10.000 miembros a nivel nacional.
Alejandro Velasco, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York, dijo que cuando Chávez volvió al gobierno tras el golpe, algunos colectivos vieron la oportunidad de legitimarse pues se imaginan a sí mismos como "los más revolucionarios de la revolución".
Dice que entre sus miembros hay quienes a menudo trabajan en la seguridad de ministerios o de políticos.
Estas milicias, además, montan puestos de vigilancia en las vías para decidir quién ingresa a los barrios que controlan, resuelven disputas familiares y de vecinos, prestan seguridad a pequeños comerciantes y organizan campamentos de verano para jóvenes.
Hoy, tienen presencia en al menos 110 parroquias de las 1.136 que hay en el país, dijo el abogado criminalista Fermín Mármol García. Basado en un estudio hecho por del bloque opositor, Mármol García dice que los integrantes de los colectivos "fueron en algún momento policías municipales, policías estadales... (y que) pudieron en algún momento prestar servicio militar obligatorio".
"Definitivamente los colectivos armados y violentos se comportan en funciones parapoliciales y paramilitares", agregó.
"Hasta ahora no han podido presentar pruebas porque no las tienen", dijo Jose Pinto, secretario general de Los Tupamaros, al rechazar los señalamientos que se han hecho contra miembros de esa organización izquierdista y pro oficialista, acusada de participar en las acciones de los grupos de motorizados armados. "Nuestra única arma es la conciencia".
Líderes opositores se han venido quejando de los colectivos por años y el propio Maduro, en agosto de 2013, visitó la barriada del 23 de Enero y encabezó un acto donde fueron inutilizadas 100 armas de fuego que voluntariamente entregaron 90 colectivos, según reportó el diario estatal Correo del Orinoco.
En febrero, una semana después de que iniciaran las protestas, Maduro habló en defensa de los motorizados durante un acto público y dijo que no aceptaba "la campaña de demonización de los colectivos venezolanos", insistiendo en que ellos se "han organizado para proteger a su comunidad".
Pero eso no fue lo que sucedió en el ataque que padecieron unos 40 estudiantes de la Universidad Central. Fueron arrinconados y llevados por motorizados encapuchados a un sótano de la Facultad de Arquitectura, donde les robaron sus pertenencias y los hicieron desnudarse, incluyendo a las mujeres. Los golpearon con palos, tubos y otros objetos contundentes, los hicieron caminar en medio de una hilera de personas, algunos de ellos con uniformes de bomberos, mientras no cesaban de patearlos hasta sacarlos de la instalación que quedó inundada de gases lacrimógenos que lanzaron los atacantes.
"Me pusieron la pistola en la cara y me dicen que me van a matar, que me mueva", dijo Jhonny Medrano, estudiante del tercer trimestre de arquitectura de 21 años cuando fue llevado al sótano. "Nosotros somos los que defendemos el gobierno, nosotros somos Chávez, nosotros somos Maduro".
"Esto no puede seguir pasando, esto no puede seguir pasando", repite de manera incesante Hernán Zamora, profesor de diseño arquitectónico de 49 años, mientras llora desconsolado al recordar los momentos de terror que vivió esta tarde. "Esto no puede seguir pasando".
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EEUU otorga TPS a cientos de miles de migrantes venezolanos
El gobierno del presidente Joe Biden anunció el miércoles que se otorgará Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) a cientos de miles de venezolanos que ya se encuentran en territorio estadounidense, con lo que podrán empezar a trabajar más pronto, mientras lidia con el creciente número de personas que huyen de la nación sudamericana y de otros países para llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
La medida, junto con las promesas de acelerar la emisión de permisos de trabajo para muchos migrantes, podría tranquilizar a miembros del Partido Demócrata que han presionado a la Casa Blanca para que haga más para ayudar a los solicitantes de asilo, aunque previsiblemente también será usada en su contra por los republicanos, quienes aseguran que el presidente ha sido muy tolerante en materia migratoria.
El Departamento de Seguridad Nacional planea otorgar TPS a alrededor de 472.000 venezolanos que llegaron al país hasta el 31 de julio de 2023, lo que les facilita obtener permisos para trabajar dentro de Estados Unidos. Esa ha sido una de las demandas clave de alcaldes y gobernadores demócratas que pasan apuros para atender a un número cada vez más grande de migrantes bajo su cuidado.
La cifra se suma a los cerca de 242.700 venezolanos que ya eran elegibles para TPS antes del anuncio del miércoles.
Las protecciones para los venezolanos son significativas, porque ellos representan a una gran proporción de los migrantes que han estado llegando al país en los últimos años.
Venezuela quedó inmersa en una crisis política, económica y humanitaria en la última década, la cual ha obligado a por lo menos 7,3 millones de personas a emigrar y ha hecho que los precios de alimentos y otras necesidades sean inaccesibles para quienes permanecieron en el país.
La gran mayoría de las personas que huyeron se han asentado en países vecinos de América Latina, pero en los últimos tres años muchos de ellos comenzaron a llegar a Estados Unidos después de atravesar el peligroso Tapón del Darién, una franja de selva en Panamá.
Los venezolanos que lleguen a Estados Unidos después del 31 de julio de este año no tendrán derecho a la protección. Los que ahora son elegibles deberán presentar una solicitud para obtenerla.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, otorgó la expansión y una extensión de 18 meses a quienes ya contaran con TPS debido al "incremento en la inestabilidad de Venezuela y la falta de seguridad debido a las perennes condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales", señaló la agencia en un comunicado.
El gobierno indicó que aceleraría la emisión de permisos de trabajo para las personas que han ingresado al país desde enero mediante el uso de la app CPB One que otorga citas para solicitar asilo en los cruces fronterizos terrestres con México, o mediante permisos humanitarios otorgados a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que cuentan con patrocinadores financieros y llegaron a Estados Unidos vía aérea. El objetivo es brindarles permisos de trabajo en un plazo no mayor a 30 días, en comparación con los 90 días que deben pasar actualmente.
La promesa de acelerar la emisión de permisos de trabajo no aplica para quienes cruzaron ilegalmente la frontera y piden asilo, quienes, de acuerdo con las leyes, deben esperar seis meses para obtener un permiso de trabajo.
Los alcaldes y gobernadores le han estado implorando a Biden que encuentre una manera para que el gobierno permita que los migrantes recién llegados puedan trabajar de forma legal y se puedan mantener.
Funcionarios demócratas en Nueva York, Massachusetts, Chicago y otras partes del país se han quejado sobre la presión que aplican los migrantes recién llegados a sus recursos, en particular en Nueva York, en donde el gobierno está obligado a brindar albergue a todo el que lo necesita. La ciudad paga actualmente para alojar a cerca de 60.000 migrantes recién llegados.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló en un comunicado difundido la noche del miércoles —después de que se dio a conocer la noticia— que estaba "agradecida con que el gobierno federal haya actuado tan rápido para otorgar una de nuestras principales prioridades: Estatus de Protección Temporal para solicitantes de asilo y migrantes venezolanos que ya han llegado a este país".
El alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha sido particularmente crítico con el gobierno federal. Sin embargo, el miércoles aplaudió la decisión de conceder la protección a los venezolanos y le agradeció al gobierno por atender las preocupaciones de la ciudad.
El número de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos va en aumento. Eso representa un gran desafío para el gobierno, que ha pasado problemas para demostrar que tiene el control de la frontera ante las críticas de los republicanos. La ciudad de Eagle Pass, que colinda con México a lo largo del río Bravo — también conocido como Grande — en el sur de Texas, anunció el miércoles un estado de emergencia debido a un "incremento severo de inmigrantes indocumentados".
De acuerdo con el jefe de policía del condado de Maverick, Tom Schmerber, unos 2.700 migrantes cruzaron hacia Eagle Pass el martes y otros 3.000 el miércoles.
La Casa Blanca informó que también utilizará a elementos del Departamento de Defensa para brindar apoyo al personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) en la frontera. El DHS ya dispone de alrededor de 2.500 elementos de la Guardia Nacional para ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).
En el comunicado, el DHS señaló que se desplegaría a la frontera a cerca de 800 elementos en activo adicionales, quienes entre otras cosas cumplirán funciones de logística para que los agentes de la CBP puedan cumplir con mayores responsabilidades de primera línea.
El DHS también recurrió a elementos en activo en mayo pasado para respaldar sus operaciones, cuando se registró un incremento de encuentros en la frontera de cara al final de la medida de Título 42. En aquel momento, los funcionarios del DHS enfatizaron que los elementos en activo no serían utilizados en aspectos como el trabajo directo con migrantes, sino exclusivamente para desahogar al personal de la CBP.
El DHS señaló que también tomará otras medidas, como intensificar un proceso que comenzó en mayo pasado para expulsar de forma expedita a las familias que no contaban con los argumentos para permanecer en el país. La agencia indicó que también ha aumentado la capacidad en sus centros de detención a lo largo de la frontera sur.
Además anunció que ha incrementado el número de personas expulsadas del país. Desde el 12 de mayo ha retirado a 253.000 personas de poco más de 150 países, señaló el departamento, en comparación con las 180.000 repatriaciones durante el mismo periodo de 2019, antes de que la pandemia alterara drásticamente la capacidad del gobierno para expulsar a los migrantes.
Maduro, como Díaz-Canel, también quiere ingresar al BRICS
El gobernante venezolano Nicolás Maduro busca el favor de China para que su país entre al bloque de los BRICS y aliviar así las dificultades económicas por las que atraviesa, según declaró en una entrevista con la agencia estatal de noticias del gigante asiático Xinhua.
Los BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, invitaron semanas atrás -durante una reunión del bloque en Johannesburgo a la que asistió el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel- a Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudí, Irán y Emiratos Árabes Unidos, a unirse al grupo a partir del 1 de enero de 2024.
Díaz-Canel, quien ya había cursado una solicitud formal de entrada al bloque para Cuba, asistió al evento en calidad de presidente del G77+China, pero no fue invitado a unirse.
Maduro se quejó de las sanciones que pesan sobre su gobierno, y dijo que han traído “grandes daños económicos” a Venezuela. Al país petrolero "se le aplicaron más de 950 sanciones ilegales, inmorales (...), "se le sacó del sistema financiero internacional, se le quitaron más de 30.000 millones de dólares en cuentas bancarias en el exterior, y se nos secuestró y robó una empresa muy importante en Estados Unidos llamada Citgo", dijo a Xinhua.
Como Díaz-Canel, Maduro alabó la capacidad del BRICS para la "desdolarización del mundo” e impulsar el surgimiento de un nuevo sistema financiero internacional. El bloque, aseguró, "es el gran motor para la aceleración del proceso de nacimiento de un mundo nuevo de cooperación”, donde no haya "hegemonismos ni imperialismos", subrayó.
En una entrevista en mayo pasado con el medio estatal ruso Russia Today, Díaz-Canel hizo una reflexión similar, al señalar que el BRICS constituye "una alternativa importante para la integración económico-comercial", lejos de la dolarización.
Maduro, que viajó al sureste de China el viernes, a la ciudad de Shenzhen para una visita de seis días, dijo a Xinhua que, entre otras estrategias para lograr este nuevo orden económico mundial, es necesario “fortalecer la relación China, América Latina y el Caribe”, y la “refundación” de las Naciones Unidas.
Añadió que Venezuela "ha resistido, y está en capacidad de recuperarse" tras el crecimiento económico de 15 % experimentado en 2022. En agosto pasado, ante las alarmas de una nueva recesión económica, Maduro vaticinó un crecimiento de más de 5% para finales de 2023, desestimando otras proyecciones.
Sobre las relaciones bilaterales, dijo que los pueblos de Venezuela y China son "entrañables amigos" con "un destino común en el mundo que está por venir".
En los últimos 15 años, Venezuela ha recibido más de 65.000 millones de dólares en financiamiento de China, en efectivo e inversiones, que han sido claves para la supervivencia económica del país sudamericano, subraya un reporte de Associated Press. Durante 10 de esos 15 años, Maduro ha permanecido en el poder.
La primaria, una carrera de obstáculos que marcará las presidenciales en Venezuela
Aún predominan las inquietudes sobre los escenarios que rodean a la primaria presidencial de la oposición venezolana y las estrategias a seguir en caso de que se concreten 0 si son socavadas.
El diputado oficialista y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha calificado como un “fraude” la primaria en la que la oposición busca definir al abanderado que se medirá con el gobierno en las presidenciales de 2024, cuya fecha se desconoce, y ha advertido que no se permitirá la inscripción de un candidato inhabilitado.
“Yo solamente les digo, muy suavecito, no te vistas que no vas”, expresó el presidente Nicolás Maduro el miércoles pasado durante un acto en el estado La Guaira.
Mientras los candidatos recorren el país, en medio de episodios marcados por violencia proveniente de sectores del chavismo, según sus denuncias, sondeos de firmas privadas coinciden en que la aspirante María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos considerada “ilegal”, es la favorita en la intención de voto.
La más reciente encuesta de ORC Consultores expone que Machado lidera la intención de voto en la primaria con un 41,42 %, seguida por Henrique Capriles, con 4,43 %; y Freddy Superlano, con 4,12 %.
Dos de ellos fueron inhabilitados por Contraloría General de la República, durante la gestión del ex contralor, Elvis Amoroso, ahora presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de la organización de las elecciones en el país que, a juicio de parte de la oposición, tiene el objetivo de crear desconfianza en el árbitro electoral para desincentivar el voto opositor.
Los retos de la oposición
En todos los escenarios la oposición enfrenta retos marcados por la fragmentación, las restricciones al espacio cívico y “obstáculos” para el ejercicio de derechos políticos, sobre lo que se han pronunciado instancias internacionales.
De celebrarse la primaria, la principal “lucha” de la oposición será lograr que el ganador del proceso logre inscribirse para convertirse en candidato presidencial, estima Luis Peche, consultor político de la Universidad Camilo José Cela e internacionalista de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Ya han comenzado a registrarse alianzas entre partidos políticos con el objetivo de asegurar votos, demostrando confluencia entre visiones similares. También se mantienen las discrepancias entre luchar para imponer al candidato que resulte ganador en la primaria, la opción de implementar un orden de sucesión o un consenso.
Pero, la posibilidad de que no se concrete la primaria es real y en días recientes ha surgido avalanchas de cuestionamientos hacia la gestión de la Comisión Nacional de Primaria (CNdP), ente rector del proceso, que podrían estar enmarcadas en los intentos por frenarla.
El hecho de que sea utilizada la data del Registro Electoral del CNE para celebrar la consulta es uno de los puntos controversiales que pudieran buscar argumentar. Sin embargo, se trata de un registro público al que tienen acceso las organizaciones políticas y ha sido utilizado en procesos electorales anteriores.
María Carolina Uzcátegui, quien semanas atrás renunció a su cargo como vicepresidenta de la CNdP, sugirió el jueves postergar la primaria y solicitar apoyo del CNE, una alternativa a la que han apostado algunos sectores opositores, pero que otros han cuestionado.
Sin precisar razones y a pesar de que su período vencía en cinco años, los integrantes del Poder Electoral cercanos al gobierno renunciaron a sus cargos en junio, lo que forzó la renuncia de los dos rectores afines a la oposición y llevó al Parlamento a iniciar el proceso de designación de la nueva directiva.
Todo ocurrió en momentos en los que una comisión técnica de la CNdP, mantenía conversaciones para definir si, de confirmarse ciertas especificaciones, se solicitaba asistencia técnica del CNE, considerado el "más plural" en años.
Uzcátegui también afirmó que la primaria se ha convertido en una puja entre “intereses particulares”.“El país no tiene claro si se va a escoger un candidato con posibilidad de llegar a Miraflores o el nuevo jefe de la oposición para desviarnos de la ruta democrática”, alertó.
Además, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avanza un recurso judicial que busca suspender la primaria y en la Asamblea Nacional de mayoría oficialista arrancó una investigación para conocer el origen de los fondos. Cabello ha sugerido que parte de ellos supuestamente podrían provenir de USAID.
¿Qué pasa si no hay primaria?
En el escenario de que el proceso no se lleve a cabo, Peche considera que la oposición pasaría a tener como “centro de su política” conseguir el mecanismo idóneo para lograr un candidato unitario, una tarea que, afirma, no es sencilla, debido a las distintas estrategias que convergen en la oposición.
“Están opciones bastante moderadas como Capriles o Prosperi, partidarios de estrategias de acumulación de fuerzas, negociación. Se enfrentan a posiciones más frontales, por decirlo de alguna forma, como la de Machado, que aboga por el quiebre en torno a la coalición dominante. Es difícil conseguir un punto de encuentro y el gran reto en ese escenario es ver cómo lograr algún punto medio”, afirma consultado por VOA.
Oswaldo Ramírez, director de la firma ORC, sostiene que, si se dinamita la primaria, el país entrará en un proceso “bastante complejo”.
“Hay una paradoja, a pesar de que la gente está apostando al camino electoral, en una reciente encuesta hemos encontrado que sólo un 45% de la gente tiene una alta disposición a participar en la elección presidencial. Pudiéramos estar en la presencia de un fenómeno de despolitización”, dice a VOA.
Ramírez agrega que, si la oposición elige al candidato por consenso para la elección presidencial, de acuerdo a las mediciones de opinión, “no necesariamente va a estar obteniendo el triunfo”.
“El elector también está castigando al liderazgo de oposición y no está dispuesto, por ahora, a darle su voto a cualquiera que le levanten la mano”, explica.
¿Qué conviene al oficialismo?
El gobierno se ha limitado a "desacreditar" la primaria, pero está midiendo políticamente qué opción le es más conveniente, considera Peche, también gerente general de la consultora Sala 58. Piensa que el proceso no sería conveniente actualmente para el gobierno, que había mantenido un “estado de comodidad a nivel político”.
“En el último año y medio, dos años, Maduro ha corrido prácticamente solo y ha aprovechado para reacomodar su juego interno. Nuevamente va a tener un rival que lo va a presionar, pero desde el 22 de octubre el liderazgo estará ratificado por la voz popular”, precisa.
“Si en el transcurso del próximo mes, el chavismo mide que las primarias van a ser una opción de movilización real de la oposición, de reconexión ciudadana y ve un escenario en el cual de verdad vayan millones de personas a votar, pudiesen optar por matar el proceso para abogar por el colapso interno de la oposición”, opina Peche al reiterar que ambas opciones presentan contras para el gobierno.
En el panorama también hay figuras que han marcado distancia de la oposición tradicional como el comediante y ex candidato presidencial, Benjamin Rausseo y el abogado, Antonio Ecarri, quienes descartaron participar en la primaria y aspiran enfrentarse al candidato de gobierno en los próximos comicios presidenciales
Aunque de momento puede llegar a ser prematuro evaluar el impacto que podrían tener en una presidencial, Peche no descarta que Rausseo pudiera llegar a ubicarse como amenaza para fraccionar los votos de quien resulte abanderado de la Plataforma Unitaria de la oposición en una presidencial.
El más reciente estudio de ORC revela que el 78% de la población considera que el país necesita un cambio político y económico. También expone que un 25,07% seria “votante potencial” en la primaria, mientras que un 22,63% “absolutamente” no participaría en la consulta.
El panorama político se desarrolla en un contexto de crisis generalizada, con una inflación anualizada de 422 %, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF); bajos salarios, denuncias de organizaciones de DDHH sobre el incremento de una política de represión contra la disidencia, así como la reanudación de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).
Amnistía Internacional denuncia sostenida represión del régimen de Maduro
Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela siguen siendo parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población en este país, denuncia un informe de la organización Amnistía Internacional.
El objetivo de esta práctica represiva es "silenciar a quienes disienten del gobierno de Nicolás Maduro o con otros fines políticos".
"La diversidad de los perfiles de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela da cuenta de que la persecución no solo se ejerce contra aquellas personas que opinan diferente, sino que también este mecanismo tiene como finalidad enviar un mensaje de amedrentamiento, mucho más amplio, a menudo asociado con familiares o personas cercanas a quienes se busca reprimir", aclara la ONG.
La agrupación defensora de derechos humanos asegura que entre 2019 y 2023 "se ha consolidado la criminalización de las personas a través de tribunales especiales con competencia en terrorismo, aplicando este marco normativo de forma amplia y para agravar las consecuencias del procesamiento penal, y de las posibles penas".
El derecho a la libertad, al juicio justo, a la integridad y a no ser sometido a torturas o malos tratos es violado con frecuencia a través de estas prácticas, denuncia AI, que cifra en 300 la cantidad de personas privadas de libertad de manera arbitraria por motivos políticos.
La entidad recuerda que más de 15.000 personas han sido detenidas arbitrariamente por motivos políticos desde 2014 por el gobierno de Nicolás Maduro.
Para la directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas, "la evidencia demuestra que la política de represión del Gobierno de Nicolás Maduro y la crisis de Derechos Humanos siguen poniendo en riesgo los derechos a la vida, libertad e integridad en Venezuela".
En declaraciones que reproduce Europa Press la abogada mexicana explica que el "informe no sólo documenta las injustas detenciones de personas maestras, sindicalistas y defensoras de Derechos Humanos en el país, sino también la arbitrariedad en el sistema de justicia, condiciones de reclusión inhumanas y afectaciones a proyectos de vida que quedan impunes".
Entra las principales demandas de AI al régimen chavista están la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, entre ellas: Javier Tarazona, Roland Carreño, Gabriel Blanco, Guillermo Zárraga, Emirlendris Benítez, María Auxiliadora Delgado, Juan Carlos Marrufo, Darío Estrada y Robert Franco. Además exigen el fin de la política de represión y el uso de detenciones arbitrarias por motivos políticos como un medio para silenciar a quienes disienten y garantías a la salud, integridad y vida de las personas detenidas por motivos político en Venezuela.
Por otra parte, piden a la comunidad internacional que demande garantías de no repetición de este tipo de detenciones arbitrarias al gobierno de Nicolás Maduro, en particular de cara a los procesos electorales en ciernes; que haga un llamado y sostenga esfuerzos por la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos; que apoye las labores de organismos internacionales como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional; que inicie investigaciones independientes e imparciales en sus propios ordenamientos jurídicos por los crímenes de derecho internacional cometidos en Venezuela con base en el principio de jurisdicción universal; y por último pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que incluyan los nuevos casos de detenciones arbitrarias por motivos políticos en su investigación Venezuela I.
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela interviene al Partido Comunista de ese país
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJV) procedió el viernes a la intervención jurídica del Partido Comunista venezolano, nombrando una nueva junta directiva.
La sentencia #1160, dictada por el TSJ “nombra una junta directiva ad hoc de dirección de la organización para que (...) organice los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados”.
Como presidente de la junta de intervención fue nombrado Henry Parra, junto a Sixto Rodríguez como secretario general, y otros cinco cargos de importancia para la organización. De acuerdo con Tribuna Popular, diario online del PSV, los recién nombrados “no pertenecen a la organización”.
La publicación denunció, además, que la decisión del Supremo “es el punto culminante de una ofensiva anticomunista emprendida a finales de 2021 por el vicepresidente del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) Diosdado Cabello, quien a través de su programa de televisión impulsó una matriz de una supuesta división en las filas del PCV”.
En reacción a la intervención judicial, los dirigentes tradicionales del PCV se reunieron este domingo en Caracas para preparar acciones de respuesta, e informaron a través de su cuenta en la red social X, anteriormente Twitter, de "una plenaria del Comité Central para analizar ‘el cuadro político y las medidas a adoptar tras la intervención judicial ordenada por el Gobierno de (el presidente) Nicolás Maduro", reportó la agencia de noticias EFE.
A finales de julio, alrededor de 300 intelectuales, políticos y sindicalistas de distintos países firmaron una petición al gobierno de Nicolás Maduro en la que solicitaban “garantías políticas para el PCV". Entre los firmantes se encontraban el sociólogo y filósofo Michael Löwy y los historiadores John Womack Jr. y Roger Keeran.
En la petición, el PCV advertía que acababa de “culminar su Congreso, aprobando la táctica de distanciamiento con el gobierno del presidente Nicolás Maduro” y renovando sus cuadros directivos. "Por ello, nos preocupan los comentarios que han hecho algunos altos funcionarios y dirigentes del partido de gobierno en Venezuela, quienes violando la autonomía de ese partido han deslizado la peregrina idea de abrir cauces a una eventual judicialización de esta organización política, lo cual sería un duro golpe al régimen de libertades democráticas", alertaba el documento.
![Expertos exponen durante Cumbre Global sobre Desinformación este miércoles donde se abordó las diferentes temáticas alrededor de noticias falsas y mensajes engañosos y manipulados. [Foto: Captura de pantalla de tranmisión en línea]](https://gdb.martinoticias.com/01000000-c0a8-0242-fcb7-08dbc02fc123_w100_r1.jpg)
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