Relaciones EEUU-Cuba
EEUU desconfía de papel de Cuba en diálogo venezolano y anuncia más sanciones
Estados Unidos desconfía del papel que La Habana haya podido jugar en los contactos que se produjeron la semana pasada en Noruega entre una delegación de Nicolás Maduro y otra del presidente interino Juan Guaidó con el objetivo de avanzar hacia un diálogo para resolver la crisis de Venezuela.
El enviado de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, explicó a EFE en una entrevista que "solo confía en Cuba para perturbar el diálogo y para proteger sus intereses".
"¿Qué quiere el régimen cubano? Quieren mantener los 45.000 barriles al día que les envía Venezuela durante todo el tiempo que puedan. Es decir, quieren mantener en el poder a Maduro por tanto tiempo como puedan. No están a favor de ninguna transición, y desde luego, si estuvieran a favor de la democracia y las elecciones libres, empezarían haciéndolas en Cuba", manifestó.
Según la televisión pública noruega NRK, los contactos se iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo.
Noruega, que no reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela, está actuando como mediador en los contactos iniciales entre los representantes de la oposición y el Gobierno de Maduro.
Abrams indicó que él personalmente y otros funcionarios han mantenido conversaciones con el Ejecutivo noruego y le han expresado su opinión sobre Maduro.
"Ha habido conversaciones, aunque diría que no han sido muy extensas. Les hemos dicho a los noruegos lo que te digo a ti, que la salida de Maduro es el primer paso crucial para cualquier transición real y que toda transición tiene que llevar a elecciones libres", subrayó.
Esa misma opinión tiene Guaidó, dijo Abrams, quien "intercambia mensajes de manera muy frecuente" con el líder opositor y llegó a conversar con él este mismo martes por la noche.
Según Abrams, Guaidó no se ha rendido y tiene claro que "no hay nada que negociar nada con Maduro, a excepción de su salida".
Más sanciones contra Cuba y Maduro
La estrategia del país, explicó Abrams, seguirá basada en sanciones para debilitar a Maduro y en presión contra el Ejecutivo cubano, al que este miércoles volvió a amenazar con más sanciones.
Washington opina que su campaña a favor de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 54 países, no ha triunfado hasta ahora debido a la influencia de unos 25.000 cubanos que presuntamente actúan dentro de la estructura castrense y de inteligencia del país.
En concreto, al ser cuestionado sobre si Washington prepara más castigos financieros contra la isla, el diplomático respondió: "Sí, hemos tomado algunos pasos con respecto a Cuba. Y con las políticas que Cuba está llevando a cabo, habrá más".
Abrams adelantó que Washington también prepara sanciones contra aquellos funcionarios venezolanos que supuestamente usan el programa de comida subsidiada conocido como Clap para lucrar y lavar el dinero que han obtenido a través de la corrupción.
"No tenemos una fecha anunciada sobre las sanciones y las acusaciones que vendrán. Pero este es un crimen real porque es lo que los venezolanos más pobres necesitan para sobrevivir. Ellos saben que este programa está corrupto, nosotros lo sabemos y estamos investigando los detalles. Y mucho más vendrá", aseveró Abrams.
En la práctica, las sanciones impedirían a los funcionarios venezolanos acceder al sistema financiero del país; mientras que, si son acusados de un delito en EEUU y quieren evitar ser juzgados, no podrán viajar a territorio nacional o cualquier otro país con un tratado de extradición con Washington.
De acuerdo a Abrams, el Gobierno se reúne "cada dos semanas" para evaluar sanciones contra Maduro y, justo a principios de mes, el Departamento del Tesoro publicó un informe en el que asegura que "altos cargos" venezolanos usan el Clap para lavar dinero y actúan desde Turquía, Panamá, México y otros países.
"Definitivamente, anunciaremos más sanciones conforme avance el tiempo y estamos investigando con mucho cuidado la corrupción en el programa Clap", avisó Abrams.
Según el Ejecutivo de Maduro, el programa Clap, ligado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, ayuda a más de seis millones de personas; pero la opositora Asamblea Nacional (AN, Parlamento) asegura que ese plan ha provocado millonarias pérdidas patrimoniales por sobrecostes y corrupción.
El país fue el primero del mundo en reconocer a Guaidó como jefe de Estado interino y, desde entonces, ha tratado de presionar a Maduro con la revocación de visados a funcionarios venezolanos y sanciones a la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal fuente de divisas para Caracas.
(Con información de EFE)
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Organizaciones religiosas piden a Biden cambios en relaciones con Cuba
Unos 20 grupos religiosos con sede en Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden la semana pasada instándolo a realizar cambios importantes en las relaciones bilaterales con Cuba, informó la publicación Baptist News Global.
Además, criticaron la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, opinando que esto es un factor importante en la crisis económica del país caribeño y que ha tenido un efecto en la capacidad de estas organizaciones religiosas de colaborar con grupos religiosos dentro de Cuba y de brindar ayuda humanitaria en la isla.
“Para nosotros es muy difícil mandar apoyo en forma de recursos financieros, en forma de apoyo para hacer proyectos allá en Cuba. No se puede hacer por medio de los bancos, porque Cuba está en esta lista. No se puede hacer por medio de Western Union. Es una situación muy difícil, entonces nosotros hemos tenido que llevar pocas cantidades de efectivo. En realidad, es la única manera de llevar apoyo y llevar asistencia a nuestros amigos”, declaró Jason Smith, Director Ejecutivo de Bautistas por la Paz, uno de los grupos que se unió a la misiva.
En entrevista con Martí Noticias, señaló que otra dificultad que enfrentan estos grupos de fe es que los pastores cubanos que colaboran con Bautistas por la Paz y otras organizaciones no pueden viajar a Estados Unidos para participar en conferencias.
“Estamos en colaboración con amigos en México, en Puerto Rico, hasta Uganda y la República de Georgia y en ninguna de esas situaciones está tan difícil como Cuba, que solo queda a 90 millas, a 150 kilómetros de los Estados Unidos”, opinó Smith.
Además de Bautistas por la Paz, la carta fue firmada por el Consejo Nacional de Iglesias, el Servicio Mundial de Iglesias, Pax Christi USA, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Iglesia Metodista Unida, Comité Central Menonita de EE. UU., Comité de Amigos de la Legislación Nacional, Iglesia Evangélica Luterana en América e Iglesia de los Hermanos, la Alianza de Bautistas y Sociedades Misioneras Bautistas Americanas.
En la carta enviada a Biden también piden al presidente que tome medidas adicionales destinadas a aliviar la crisis económica en Cuba y opinan que el embargo contra el gobierno cubano es moralmente inaceptable y va en contra de los derechos humanos.
“No estamos en solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos, ni con el gobierno de Cuba. Estamos en solidaridad con el pueblo cubano”, subrayó Smith.
Aunque La Habana insiste en que el embargo es la principal razón de la crisis económica, las importaciones desde Estados Unidos han mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Sólo en alimentos y productos agrícolas, Cuba alcanzó en 2023 los 342.6 millones de dólares, según estadísticas del Departamento de Agricultura.
La Administración del presidente Biden ha señalado anteriormente que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana.
El 12 de enero de 2021, Estados Unidos designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo tras determinar “que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas”.
Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según conoció Martí Noticias.
Un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martí Noticias tuvo acceso, dice que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como País que No Coopera Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas.
Empresarios estadounidenses buscan "concretar" proyectos agrícolas en Cuba: Así ha ido la reunión en La Habana
Un amplio grupo de empresarios, políticos y agricultores de Estados Unidos inició este lunes en La Habana una ronda de conversaciones con funcionarios del régimen y dueños de Mipymes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) con el objetivo de ampliar el comercio agrícola bilateral.
La V Conferencia Agrícola Estados Unidos-Cuba se desarrolla en medio de una crisis generalizada en el país y tras un alza de las exportaciones a La Habana en los últimos meses.
"Este nuevo encuentro debe servir para concretar proyectos", dijo Paul Johnson, presidente de la Coalición Agrícola entre ambos países (“Focus Cuba”), defensora del comercio con la isla y con un largo historial de exportaciones a Cuba.
Pero para que estos "cuajen" es necesario "que el Gobierno le de más libertad" a los cubanoamericanos, lo que podría convertirse en "un motor para impulsar la producción de comida y otros tipos de productos" para exportar, explicó al periodista Ricardo Quintana el abogado y excongresista Joe García, quien estuvo presente en la reunión de La Habana.
"Ahora las Pymes están suplantando a un gobierno que no tiene la capacidad ni los recursos para hacerlo. Llenan ese espacio y lo hacen en muchos casos más eficiente, pero obviamente más caro porque hay falta de oferta", agregó.
García es uno de los dos empresarios autorizados por Estados Unidos para invertir en una empresa privada en la isla pero aún espera los permisos de la parte cubana. El excongresista cree que el retraso tiene que ver con la burocracia y la resistencia de un sector del poder.
"Pienso que todavía hay gran resistencia por fuerzas ortodoxas en Cuba que no quieren esto, igual que las fuerzas reaccionarias de Miami se oponen a todo", dijo.
En la V Conferencia Agrícola también estuvo el congresista Rick Crawford, quien considera que pese al progreso del comercio entre ambos países, todavía “no estamos donde quisiéramos”. El político es una de las voces antiembargo desde Estados Unidos y sostiene que los agricultores y ganaderos de su país deberían tener acceso al mercado cubano.
Crawford defiende que Cuba debería tener, además, facilidades de pago. “El requisito de sólo efectivo hace que las transacciones de exportación sean casi imposibles” y que las leyes y regulaciones actuales “restringen la capacidad de los estadounidenses de invertir en empresas cubanas”.
"La idea no es saltarse el embargo, sino es buscar áreas donde precisamente podamos ayudar a la sociedad civil cubana", apuntó García.
Según cifras oficiales, el 80% del área agrícola en Cuba es operada por formas de gestión no estatal, lo cual incluye más de 3.000 cooperativas. El ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito, citó esos números en la reunión y aseguró que los principales obstáculos están en la parte estadounidense, sin mencionar que la mayoría de estas cooperativas están bajo el control del Gobierno.
La V Conferencia Agrícola Estados Unidos-Cuba culminará el próximo miércoles. En las últimas ediciones se ha logrado firmar un memorando de entendimiento, así como contratos de compraventa.
(Con reporte de Ricardo Quintana para Martí Noticias)
Exigen a Biden una explicación sobre “vacío legal” en fondos a mipymes y sanciones a Cuba
Cuatro congresistas republicanos enviaron una carta al presidente de Estados Unidos Joe Biden y a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señalando que el deseo de su administración de promover negocios independientes y autónomos en Cuba “está basado en una falacia y no en la realidad”.
“Cualquier esfuerzo por disminuir o eludir el actual embargo sobre Cuba está en contravención de la ley estadounidense” y beneficia Rusia y China, que están estrechamente alineados con Cuba, alertaron los representantes María Elvira Salazar, Bill Huizenga, Carlos A. Giménez y Blaine Luetkemeyer.
Los legisladores exigieron una explicación de cómo los planes del presidente Biden para aliviar las restricciones al acceso de los cubanos al sistema financiero estadounidense son consistentes con la actual legislación estadounidense.
Asimismo alegaron que “para eludir las sanciones estadounidenses, la Administración Biden está utilizando una “laguna legal”, canalizando dinero a “Pequeños Negocios” de la Isla que, en muchos casos, están conectados con el régimen cubano”.
Los congresistas expresaron que les preocupa el informe de septiembre de 2023 de que el Presidente Biden establecerá nuevas medidas regulatorias para proporcionar apoyo financiero de los Estados Unidos y dar a los cubanos un acceso más directo al sistema financiero estadounidense.
Señalaron que “el régimen autoritario de Cuba controla casi todos los aspectos de la sociedad civil, y la capacidad de un ciudadano cubano para establecer un negocio privado sin interferencias indebidas es incierta”.
“Por ejemplo, el gobierno cubano intensificó las restricciones sobre las transacciones en efectivo y casi prohibió los retiros de cajeros automáticos para las empresas en un esfuerzo por llevar su economía a una sociedad sin efectivo. Si bien el Banco Central de Cuba utiliza esta herramienta para controlar la inflación, también permite convenientemente que el régimen tenga una participación dominante en casi todas las transacciones”, dicen los legisladores.
En la misiva se preguntan si "dada la estrecha relación entre el sector privado y el Gobierno cubano", deberían esperar que "el opresivo régimen de Díaz-Canel se beneficie al acceder al sistema financiero estadounidense".
Señalan que según el Reglamento de Control de Activos Cubanos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, "los bancos cubanos no pueden abrir cuentas corresponsales en bancos estadounidenses, lo que limita los pagos entre Cuba y el resto del mundo a través de bancos estadounidenses".
“Es imperativo entender cómo el Departamento de Estado está trabajando con la OFAC para abordar estas preocupaciones”, opinaron.
Mencionaron también el funcionamiento del Sistema de Pagos con Tarjeta Nacional Ruso (NSPK), una entidad del Banco Central de la Federación de Rusia, que lanzó sus tarjetas de pago Mir en Cuba y señalaron que el presidente y director ejecutivo de NSPK, Vladimir Komlev, actualmente está sancionado por la OFAC por facilitar la guerra de Rusia en Ucrania y eludir las sanciones internacionales.
“Si la Administración Biden aliviara las sanciones a Cuba a través de su esquema regulatorio para empresas privadas, ¿cómo aseguramos que los dólares estadounidenses no van a una entidad del Banco Central ruso, dirigida por un individuo sancionado, y así se apoya un esfuerzo de guerra ilegal en Ucrania?”, preguntan los congresistas en la carta.
El pasado 19 enero, la congresista Salazar, que preside el Subcomité sobre Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes, llevó a cabo una audiencia titulada "El mito de los nuevos empresarios cubanos: un análisis de la política hacia Cuba de la administración Biden".
En la misma participó el Subsecretario adjunto Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, quien señaló que el sector privado de Cuba es ahora responsable de casi un tercio de todo el empleo en la isla.
“En un agudo giro de ironía, el gobierno comunista de la isla ahora debe depender de una empresa privada para proporcionar alimentos y servicios básicos a su pueblo… Pero debido a que es más ágil y eficiente que el gobierno, el sector privado actualmente sirve como un salvavidas para el pueblo cubano, sin el cual no puede mantenerse a flote”, dijo el funcionario.
La congresista Salazar preguntó entonces al Subsecretario si la administración Biden revisaría las nuevas regulaciones relativas a Cuba y si abriría el sistema bancario estadounidense a estas pequeñas empresas privadas e independientes.
“No tengo más información sobre cambios regulatorios específicos en este momento”, contestó Jacobstein en esa ocasión.
La representante cubanoamericana también quizo saber cómo la administración Biden se aseguraría de que el apoyo no estuviera dirigido a empresas que benefician al régimen o que pertenecen a familiares de sus líderes.
“Sé que ha habido mucho debate sobre la verdadera medida de independencia del sector privado de Cuba. Nuestra evaluación es que hay una variedad de actores que trabajan en la economía cubana y algunos quisieran hablar aquí en términos absolutos. No creemos que se trate de una cuestión absoluta de que la economía cubana es completamente libre e independiente o todavía está 100% dominada por el gobierno y sus compinches”, expresó el Subsecretario Adjunto.
“Creemos que la expansión orgánica del sector privado cubano en la isla, liderada por el propio pueblo cubano y no por ningún gobierno extranjero, es una oportunidad que no debe desperdiciarse. Sobre todo, debemos alentar la libertad de los ciudadanos cubanos para definir su propio futuro económico”, dijo el funcionario.
Asimismo opinó que “no lograr involucrar y apoyar al sector privado cubano dejará espacio para que Rusia y la República Popular China den forma a la dirección de la economía cubana”.
“No debemos permitir que esto suceda”, declaró.
EEUU mantiene a Cuba en su lista negra de países que violan la libertad religiosa
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos (USCIRF) mantuvo a Cuba y otros 11 países en la Lista de Países de Especial Preocupación.
En su reporte anual correspondiente a 2023, presentado este miércoles, se recomienda designar a 17 países con el estatus de Países de Especial Preocupación (CPC), incluidos los 12 que el Departamento de Estado designó como CPC en diciembre de 2023.
"Se trata de Birmania, China, Cuba, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán”, dijo el Comisionado Frederick Davie en la presentación del informe.
En el capítulo sobre Cuba, la Comisión reportó que en 2023 las condiciones de libertad religiosa en la isla continuaron siendo extremadamente pobres.
“El gobierno mantuvo un marco legal opresivo que restringía severamente la actividad religiosa pacífica, acosó regularmente a líderes religiosos y creyentes, y continuó encarcelando injustamente a personas por su actividad religiosa pacífica”, informó la Comisión.
Señaló que en mayo de 2023, el gobierno cubano aprobó la Ley de Comunicación Social, que codifica amplias prohibiciones sobre la expresión pacífica, incluida la expresión religiosa que es crítica con el gobierno.
“La legislación amplía la ya extensa autoridad del gobierno para dirigirse a personas que expresan libremente sus convicciones religiosas. Por ejemplo, el nuevo Código Penal criminaliza el "desprecio", el "desorden público" y la "resistencia", cada uno de los cuales puede ser utilizado para castigar las actividades de líderes religiosos y adoradores percibidos como críticos con el gobierno”, aseveró USCIRF.
Añadió que, además, el Decreto Ley 370 amenaza a los periodistas independientes que informan sobre la libertad religiosa con cargos criminales y multas.
La Comisión mencionó que a lo largo de 2023, la Oficina Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba continuó regulando y controlando las instituciones religiosas.
“La Ley de Asociaciones requiere que las organizaciones religiosas soliciten el registro al Ministerio de Justicia, donde se encuentra la ORA. La membresía o asociación con un grupo religioso no registrado es un delito y, a pesar de los criterios existentes, las decisiones de registro suelen ser arbitrarias y discriminatorias”, subrayó USCIRF.
Asimismo, añadió que la ORA también ejerce un control arbitrario sobre los asuntos de las organizaciones religiosas registradas; que requiere permiso para prácticamente cualquier actividad que no sean los servicios regulares de culto; y que “los líderes religiosos y grupos que no están registrados o que realizan actividades religiosas no autorizadas están sujetos a interrogatorios, detenciones, amenazas de condenas falsas y confiscación de propiedades”.
El reporte afirmó que el gobierno cubano recurre a su vasto aparato de seguridad y vigilancia interna para acosar e intimidar a líderes religiosos y creyentes, y que en el 2023 las autoridades cubanas, regular y arbitrariamente, impidieron que las personas se reunieran pacíficamente en sitios y eventos religiosos.
“En enero de 2023, el gobierno prohibió a las madres de presos políticos asistir a la iglesia para orar por su liberación. En marzo, la policía golpeó y detuvo a una pareja cuando se dirigían a la iglesia después de alegar que la pareja iba a "tomar la comunión contra el comunismo". En junio, la policía impidió que un periodista asistiera a la misa fúnebre de un sacerdote cuyos restos habían sido trasladados a la catedral de Santiago de Cuba. En octubre, las autoridades cubanas detuvieron a dos pastores que iban a asistir a un evento sobre el derecho a la libertad de religión o de creencias”, mencionó como ejemplos la Comisión.
Además, aseguró que “las autoridades presionaron a personas cuyas expresiones religiosas iban en contra de la ortodoxia gubernamental” y mencionó que en mayo, un profesor amenazó con expulsar a un estudiante universitario después de que el estudiante se negara a firmar un documento comprometiéndose con la ideología gobernante de Cuba por motivos de conciencia religiosa, y que, en septiembre, la policía interrogó a un joven que difundía videos de inspiración religiosa en Internet y lo presionó para que se abstuviera de hablar críticamente sobre el gobierno.
La Comisión señaló, además, que “los prisioneros de conciencia religiosa siguen siendo encarcelados arbitrariamente por seguir pacíficamente sus convicciones religiosas”. El informe mencionó los casos de Lorenzo Rosales Fajardo, pastor y líder de la Iglesia Independiente Monte de Sión, encarcelado desde el 2021 por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio de 2021 y de las gemelas Lisdani y Lisdiani Rodríguez Isaac, miembros de los Yorubas Libres, un grupo religioso independiente, que también siguen encarceladas por su participación pacífica en esas protestas.
La Comisión hizo referencia a la situación de las Damas de Blanco, la organización de esposas y familiares de disidentes encarcelados en 2003, mencionando que las autoridades cubanas las vigilan activamente y las detienen violentamente para impedirles asistir a servicios religiosos los domingos.
“El régimen cubano ha atacado agresivamente a la líder del movimiento, Berta Soler. En mayo de 2023, Soler y su marido Ángel Moya fueron detenidos cuando salían de la sede de las Damas en Blanco. En septiembre y octubre se produjeron detenciones similares de Soler y Moya”, dice USCIRF.
Añadió que “a lo largo del año, el régimen cubano también detuvo a otras miembros de las Damas de Blanco”.
En su informe, la comisión hizo varias recomendaciones al gobierno de Estados Unidos, entre ellas, redesignar a Cuba como un "país de particular preocupación", o CPC, por participar en violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa, según lo definido por la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA).
También llamó a instar a las autoridades cubanas a extender una invitación oficial para visitas sin restricciones a USCIRF, imponer sanciones específicas a las agencias gubernamentales y funcionarios cubanos responsables de graves violaciones de la libertad religiosa, incluida la ORA, el Departamento de Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y los Comités de Defensa de la Revolución.
Además, propuso destacar las preocupaciones sobre la libertad religiosa en Cuba a través de audiencias y cartas, y abogar por la liberación de prisioneros de conciencia religiosa como las hermanas Rodríguez Isaac, Donaida Pérez Paseiro, Loreto Hernández García y Lorenzo Rosales Fajardo.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos es una agencia gubernamental que tiene la responsabilidad de realizar una evaluación de la libertad de religión o creencias por parte de actores estatales y no estatales de todo el mundo, y luego hacer recomendaciones al presidente de los Estados Unidos, el Congreso y el Departamento de Estado.
Iniciativa bipartidista exige a Biden reevaluar el Síndrome de La Habana
Senadores de ambos partidos pidieron en Estados Unidos reevaluar las conclusiones sobre el Síndrome de La Habana, después que un reportaje de la CBS generara preocupaciones en Washington sobre la culpabilidad de Rusia en lo que la administración del presidente Joe Biden y la comunidad científica denomina “Incidentes Anómalos de Salud”.
"En este momento, reconocemos que no debemos permitir que las acusaciones tengan más peso que las pruebas", escribieron los miembros del Congreso al presidente Biden. "Sin embargo, el artículo de 60 Minutos presentó pruebas convincentes que merecen una mayor revisión", añadieron, de acuerdo a CBS News.
Entre los firmantes se encuentran la senadora republicana de Maine, Susan Collins, miembro de alto rango del Comité de Inteligencia del Senado; la senadora demócrata por New Hampshire, Jeanne Shaheen, miembro de alto rango de los Comités de Relaciones Exteriores y Servicios Armados; y el senador demócrata por Virginia, Mark Warner, presidente del Comité Selecto de Inteligencia.
"No hay mayor prioridad que la salud y la seguridad de los empleados del gobierno estadounidense y de sus familiares que comprometen sus vidas para promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos", escribieron.
"Debemos hacer todo lo posible para protegerlos", afirmaron los legisladores.
Contradicciones entre la comunidad de inteligencia y la Casa Blanca
Una evaluación oficial de la inteligencia estadounidense publicada el año pasado encontró que era "muy improbable" que un adversario extranjero fuera responsable del Síndrome de La Habana.
El Síndrome de La Habana, llamado en un inicio “ataques sónicos” y ahora “Incidentes Anómalos de Salud” comenzó a reportarse entre miembros del personal diplomático estadounidense y canadiense estacionado en Cuba en 2016, lo que llevó a la evacuación de la mayor parte de los trabajadores de ambas embajadas.
Las víctimas afectadas informaron haber experimentado ruidos extraños y sensaciones de presión provenientes de una dirección específica. De acuerdo a sus testimonios posteriormente desarrollaron “síntomas debilitantes” como vértigo, migrañas y problemas auditivos y cognitivos. Muchos de los afectados han sido diagnosticados con lesiones cerebrales traumáticas.
El senador de Florida, Marco Rubio, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, también se ha pronunciado a favor de una revisión de las conclusiones de los informes sobre el Síndrome de La Habana.
Greg Edgreen, un teniente coronel del ejército ahora retirado que dirigió la investigación del Pentágono sobre los Incidentes de Salud Anómalos, dijo a 60 Minutes que siempre “hubo un nexo con Rusia” en los ataques.
“Sabes, si mi madre hubiera visto lo que yo vi, diría: 'Son los rusos, estúpido'”, dijo en el explosivo programa.
La investigación vinculó a una víctima, un agente del FBI, con trabajos relacionados con Rusia.
La Habana sale en defensa de Moscú
Poco después del reporte de CBS, en el que participaron también expertos de la publicación digital rusa The Insider y de la alemana Der Spiegel, el régimen cubano salió a defender a Rusia y a calificar la investigación como una “operación política” sin fundamentos.
Johana Tablada, subdirectora para Estados Unidos de la Cancillería cubana, tachó el trabajo periodístico de “propaganda” para reflotar “teorías conspirativas”, que intenta "presentar a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, aún cuando no se ponga a Cuba como el supuesto actor principal, pone al territorio cubano como la plaza que se presta para que potencias extranjeras puedan hacer actos contra Estados Unidos”.
“La reacción nuestra es de preocupación”, dijo en declaraciones a The Associated Press.
Cuba no fue mencionada como responsable ni como parte de los presuntos ataques contra oficiales estadounidenses en el reporte, que solo hace referencia a la inteligencia militar rusa.
“El Síndrome de La Habana no existe pues no está registrado (como una enfermedad)”, agregó Tablada, haciéndose eco de la respuesta oficial del régimen cubano desde el inicio de los reportes.
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