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EEUU cierra periodo de solicitud de visas H-2B, excepto para nacionales del Triángulo Norte

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Estados Unidos alcanzó el límite de solicitudes de visas para trabajadores no agrícolas adjudicado para el 2021, exceptuando las 6.000 plazas reservadas para personas de Honduras, Guatemala y El Salvador, reporta la Voz de América, VOA.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU (USCIS) informó el jueves que ya recibió el límite de peticiones para las 16.000 visas adicionales destinadas a trabajadores temporales, que no sean del sector agrícola.

“En los primeros cinco días hábiles de la presentación, recibimos solicitudes para más beneficiaros que las 16.000 visas adicionales disponibles”, escribió USCIS en un comunicado. Este tipo de visa, las H-2B, son válidas por un periodo máximo de tres años; es posible volver a solicitar después de ese periodo, pero dejando un espacio de tres meses de permanencia sin interrupción fuera de EE. UU.

Honduras espera 2.000 visas de trabajo de Estados Unidos para sus ciudadanos.

El Ministerio de Trabajo dio a conocer que ya están trabajando con la Embajada de Estados Unidos en Honduras para afinar detalles relacionados al número exacto de visados.

El USCIS, sin embargo, aún está recibiendo solicitudes para las 6.000 visas H-2B reservadas para ciudadanos del llamado Triángulo Norte, informó la agencia. Si para el 23 de junio, EE.UU. no ha recibido suficientes solicitudes de estos países, las visas que quedan irán para ciudadanos de otros países, informó la agencia.

El 25 de mayo, EE.UU. dio el anuncio que iba a reservar más de 5.000 visas para nacionales centroamericanos, por primera vez. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó en su momento la decisión diciendo que su agencia estaba acatando los lineamientos emitidos por la administración Biden para “ampliar las vías legales de protección y oportunidad” para los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador.

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Exdiplomático de EEUU Víctor Manuel Rocha admite que sirvió en secreto al régimen cubano durante décadas

Manuel Rocha en su oficina en Steel Hector & Davis, en Miami, en enero de 2003. (Foto: Raúl Rubiera/Miami Herald vía AP
Manuel Rocha en su oficina en Steel Hector & Davis, en Miami, en enero de 2003. (Foto: Raúl Rubiera/Miami Herald vía AP

El exdiplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha dijo este jueves en corte que se declarará culpable de cargos de servir como agente secreto para Cuba durante décadas.

“Estoy de acuerdo”, respondió el acusado cuando la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Beth Bloom, le preguntó si quería cambiar la declaración a culpable. Dos semanas antes, el exembajador se había declarado inocente.

El exdiplomático y empresario de 73 años fue acusado de 15 cargos, entre ellos, el de haber conspirado para actuar como agente al servicio de un gobierno extranjero, defraudar a Estados Unidos, cometer fraude electrónico y proveer declaraciones falsas a los investigadores.

El abogado defensor del caso indicó que los fiscales acordaron una sentencia, pero la duración de esa pena no fue revelada en el tribunal. Rocha debe regresar a la corte el 12 de abril.

Según datos revelados por la fiscalía, el exdiplomático participó en “actividades clandestinas” en nombre de Cuba desde 1981, año en que se unió al servicio exterior de Estados Unidos. Aunque la investigación reveló que los primeros contactos establecidos con la Dirección General de Inteligencia (DGI) del Ministerio del Interior de Cuba se remontan a 1973.

En 1981, ingresó al Departamento de Estado, donde trabajó por más de dos décadas como diplomático en varias embajadas de Estados Unidos. También trabajó en la Casa Blanca, de 1994 a 1995, como director para Asuntos Interamericanos ante el Consejo de Seguridad Nacional. Luego pasó a ser el subdirector de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, hasta 1997.

Rocha fue además embajador encargado en Buenos Aires, Argentina y cónsul para Asuntos Económicos y Políticos en Italia. También estuvo frente a la embajada de Bolivia cuando Evo Morales llegó al poder, y entre 2006 y 2012 se desempeñó como asesor del Comando Sur de Estados Unidos.

El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, describió el caso de Rocha como “una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas del gobierno de los Estados Unidos por un agente extranjero”.

Rocha, la "punta del iceberg"

En enero pasado, un grupo de legisladores estadounidenses con importantes cargos en materia de relaciones internacionales pidió en una carta al secretario de Estado, Antony Blinken, que estudiara minuciosamente el daño causado por el exembajador estadounidense.

En la misiva, tres congresistas republicanos subrayaron “la gravedad de la infiltración” en los más altos niveles del gobierno y dijeron que era urgente determinar el alcance total del daño causado por las actividades de Rocha, así como dentificar a cualquier colaborador o facilitador potencial y eliminar de las bases de datos diplomáticas, de inteligencia y de formulación de políticas sus contribuciones con respecto a Cuba y sus aliados.

A raíz del caso de Rocha, altos exfuncionarios del gobierno cubano exiliados en EEUU alertaron en una declaración sobre la amenaza creciente de los servicios de inteligencia de La Habana.

"En Estados Unidos se ha descubierto solo la punta del “iceberg” con el encausamiento en diciembre pasado del ex embajador Víctor Manuel Rocha y las largas condenas a prisión de la principal analista de Cuba del Pentágono, Ana Belén Montes, en 2002, y el alto oficial del Departamento de Estado, Kendall Myers en 2009. No son casos aislados o reliquias de la Guerra Fría, como algunos han declarado; al contrario, son el resultado de un trabajo de décadas cuyos réditos exponenciales son difíciles de imaginar", aseguraron los firmantes.

Corte Suprema fija para abril alegatos sobre si Trump puede ser juzgado por interferencia electoral

La fecha de un posible juicio contra el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca podría reducirse a la velocidad con la que los jueces lleguen a un veredicto. (AP/Matt Rourke)
La fecha de un posible juicio contra el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca podría reducirse a la velocidad con la que los jueces lleguen a un veredicto. (AP/Matt Rourke)

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el miércoles decidir si el expresidente Donald Trump puede ser procesado por cargos de que interfirió en las elecciones de 2020, lo que pone en duda si su caso podrá ir a juicio antes de las elecciones de noviembre.

Aunque el máximo tribunal fijó los plazos para una resolución rápida, la orden de los magistrados mantiene en pausa los preparativos para un juicio centrado en los esfuerzos de Trump para anular su derrota electoral. La corte escuchará los argumentos a finales de abril, con una decisión, muy probablemente, antes de que concluya junio.

Ese cronograma es mucho más rápido de lo habitual, pero suponiendo que los magistrados denieguen la petición de inmunidad de Trump, no está claro si se puede programar y concluir un juicio antes de los comicios de noviembre. Las elecciones anticipadas comenzarán en septiembre en algunos estados.


La decisión del máximo tribunal de intervenir en un segundo caso de Trump durante este mandato, junto con la disputa sobre si tiene prohibido aspirar nuevamente a la presidencia debido a sus acciones tras los comicios de 2020, pone de manifiesto el papel directo que tendrán los jueces en el resultado de la elección.

Los abogados de Trump han intentado postergar un juicio hasta después de las elecciones.

Al final, la fecha de un posible juicio podría reducirse a la velocidad con la que los jueces lleguen a un veredicto. Han demostrado que pueden actuar con presteza: emitieron un fallo en el caso de las cintas del Watergate de 1974 apenas 16 días después de que escucharon argumentos. La decisión en la causa de Bush contra Gore se produjo un día después de los argumentos en diciembre de 2000.

Al intervenir en un tema sin precedente legal en este momento, los jueces han creado un escenario de incertidumbre que el fiscal especial Jack Smith buscaba evitar cuando solicitó originalmente la intervención inmediata del máximo tribunal en diciembre pasado. En su moción más reciente, Smith había propuesto que los argumentos se realizaran un mes antes que la fecha de finales de abril.

Trump escribió en la plataforma Truth Social que los expertos legales "están sumamente agradecidos" con que la corte intervenga para dar un fallo en el tema de inmunidad. "Los presidentes siempre estarán preocupados, e incluso paralizados, ante la posibilidad de un procesamiento indebido y de represalias una vez que dejen el cargo", publicó.

Un portavoz de Smith se negó a comentar al respecto.

La fecha del juicio, la cual ya fue pospuesta en una ocasión por el recurso de inmunidad de Trump, es de primordial importancia para ambas partes. Los fiscales buscan enjuiciar a Trump este año, mientras que los abogados defensores han intentado postergar sus causas penales. Si Trump resulta elegido mientras el caso sigue pendiente, podría usar su autoridad como jefe del Ejecutivo para ordenar al Departamento de Justicia que lo desestime o podría indultarse a sí mismo.


Aunque su solicitud ante la Corte Suprema no menciona específicamente las elecciones de noviembre o la condición de Trump como líder en las preferencias para obtener la nominación presidencial del Partido Republicano, la fiscalía describió el caso como "de importancia nacional única" y afirmó que "postergar la resolución de estos cargos amenaza con frustrar el interés público en un veredicto justo y expedito".

Los abogados de Trump se han referido al caso en términos partidistas, diciendo a los jueces que "un juicio penal de varios meses contra el presidente Trump en plena temporada electoral afectará radicalmente la capacidad del presidente Trump de hacer campaña contra el presidente Biden, lo que parece ser el objetivo de las persistentes demandas del fiscal especial para que se expedite" la causa.

La Corte Suprema ha sostenido previamente que los presidentes son inmunes a la responsabilidad civil por actos oficiales, y los abogados de Trump han argumentado durante meses que esa protección debería extenderse también a los procesos penales.

Los tribunales de menor instancia han rechazado hasta ahora la nueva aserción de Trump de que los expresidentes gozan de inmunidad absoluta por acciones que recaen en el ámbito de sus funciones oficiales.

EEUU extiende por otro año el estado de emergencia nacional respecto a Cuba

"El Gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra buques o aeronaves estadounidenses", señala el documento. (AP/Ramon Espinosa)
"El Gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra buques o aeronaves estadounidenses", señala el documento. (AP/Ramon Espinosa)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más el estado de emergencia nacional con respecto a Cuba. Esta condición le impide a cualquier embarcación estadounidense el acceso no autorizado en aguas territoriales de la isla.

La declaratoria, emitida en 1996 tras el derribo de dos avionetas con miembros de la organización cubanoamericana Hermanos al Rescate a bordo, se ha extendido cada año por cada una de las administraciones estadounidenses.

La Proclamación 6867 tiene como objetivo fundamental “hacer frente a la perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales causada por la destrucción por parte del Gobierno cubano, el 24 de febrero de 1996, de dos aviones civiles desarmados registrados en los Estados Unidos en el espacio aéreo al norte de Cuba", recoge el documento oficial.

“La entrada no autorizada de cualquier buque registrado en los Estados Unidos en aguas territoriales cubanas sigue siendo perjudicial para la política exterior de los Estados Unidos, ya que podría facilitar una migración masiva desde Cuba", señala la declaración firmada por Biden esta semana.

"El Gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra buques o aeronaves estadounidenses que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba", agrega el documento que aclara que hasta la fecha “sigue siendo política de los Estados Unidos que una migración masiva desde Cuba pondría en peligro la seguridad nacional.

La norma fue ampliada en 2004 mediante la Proclamación 7757, que incluye la negación de cualquier apoyo monetario y material al régimen de La Habana.

En 2016, a través de la Proclamación 9398, y el 22 de febrero de 2018, con la Proclamación 9699, la emergencia nacional se modificó en función de los continuos disturbios o la amenaza de perturbaciones de las relaciones internacionales de los Estados Unidos relacionadas con Cuba.

EEUU, México y Guatemala crearán grupo de trabajo para seguridad y aplicación de la ley en la frontera

El Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en reunión sobre migración con la Secretaria de Relaciones Exteriores de México y el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, en Washington, el 28 de febrero de 2024. REUTERS/Kevin Lamarque
El Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en reunión sobre migración con la Secretaria de Relaciones Exteriores de México y el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, en Washington, el 28 de febrero de 2024. REUTERS/Kevin Lamarque

Altos funcionarios de Estados Unidos de América, Guatemala y México coincidieron este miércoles en el Departamento de Estado en la Reunión Trilateral Ministerial para reforzar la cooperación en el manejo de la migración hemisférica y el desarrollo regional.

El Subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Nuñez-Neto, dijo que las delegaciones se comprometieron a establecer un grupo de trabajo trilateral para mejorar la seguridad, los procesos y la infraestructura a lo largo de las fronteras internacionales de los tres países.

“Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de los tres países, trabajarán juntas para identificar brechas de seguridad, compartir información y desarrollar planes operativos coordinados nuevamente para lidiar con el reto que estamos viendo en nuestras fronteras”, dijo Nuñez-Neto en una conferencia virtual para informar sobre los resultados del diálogo.

Añadió que las tres delegaciones también se comprometieron a compartir más datos sobre los flujos migratorios para mejorar la toma de decisiones y coordinar las acciones en base a lo que se ve diariamente en los tres países y sus fronteras.

“Nuevamente este esfuerzo se basará en las relaciones que ya tenemos con todos los países, incluyendo los recursos y la personal que ya están en los países, pero vamos a seguir ampliando esta colaboración y trabajando más en conjunto para lidiar contra el reto que estamos viendo en el hemisferio”, expresó el funcionario.

Por su parte, el Subsecretario de Estado Adjunto para América Central, Eric Jacobstein, dijo que además del tema de seguridad fronteriza, la reunión también se enfocó en la necesidad de apoyar específicamente a las poblaciones marginadas como los indígenas y las mujeres.

También hicieron hincapié en la necesidad de fomentar la productividad económica, impulsar las cadenas de suministro entre los tres países y crear empleos en la región.

Jacobstein señaló que Guatemala albergará la próxima reunión ministerial de la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, aunque no especificó una fecha.

En la Declaración de Los Ángeles del 2022, unos 22 países firmantes se comprometieron a frenar la migración irregular e impulsar nuevas vías legales para la migración.

La reunión fue liderada por el secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y la asesora presidencial de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, por parte de los Estados Unidos; el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez y el ministro de Gobernación, Francisco José Jiménez, por parte de Guatemala; y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, por parte de México.

EEUU critica traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia

Miles de velas rinden homenaje a los niños de Ucrania en la plaza de San Esteban en Viena, Austria, el 22 de febrero de 2024. REUTERS/Leonhard Foeger
Miles de velas rinden homenaje a los niños de Ucrania en la plaza de San Esteban en Viena, Austria, el 22 de febrero de 2024. REUTERS/Leonhard Foeger

La Subsecretaria de Estado Adjunta en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, Nicole Chulick, dijo que el sistema ruso de traslados forzosos de niños ucranianos es parte de una larga historia de intentos del Kremlin de negar y suprimir la identidad nacional de Ucrania.

Chulick dijo que representantes y funcionarios de Rusia “han vaciado los orfanatos y hogares para niños con discapacidades de Ucrania y han trasladado a estos niños al interior de Rusia” y que “informes han documentado ampliamente que estos niños están sujetos a una reeducación militarista pro Rusia”, se les impide ponerse en contacto con sus familias y se les dice que Ucrania ya no existe.

“Sabemos que se trata de un esfuerzo deliberado y sistemático del Kremlin. Poco después del inicio de su invasión a gran escala, el Kremlin promulgó una legislación para reubicar a los niños ucranianos en Rusia y proporcionarles la ciudadanía rusa por vía rápida”, declaró Chulick en una conferencia de prensa virtual.

La Subsecretaria dijo que Estados Unidos sabe que funcionarios rusos de todos los niveles han facilitado este sistema, desde el presidente ruso, Vladimir Putin, hasta las autoridades delegadas en Rusia, las zonas ocupadas de Ucrania y los jefes de orfanatos en esas zonas.

“Las autoridades rusas han creado numerosos obstáculos al regreso de los niños de Ucrania. Se han negado a responder a las solicitudes de información del gobierno de Ucrania sobre miles de casos. Han rechazado ofertas de organizaciones humanitarias para ayudar a devolver a los niños”, expresó.

Chulick señaló que “de los más de 19.000 niños que Rusia ha sacado de instituciones en los territorios ocupados de Ucrania” sólo alrededor de 400 han sido devueltos.

La subsecretaria dijo que “poner fin a estas prácticas es una de las principales prioridades de Estados Unidos, y que seguirá señalando el sistema abusivo de Rusia y creando conciencia internacional".

“Seguiremos apoyando la documentación de los actos atroces de Rusia, como lo hemos hecho a través de nuestro apoyo a la Comisión de Investigación de la ONU y a las misiones del Mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), así como apoyo a ONG ucranianas, organizaciones humanitarias, iniciativas de protección infantil e iniciativas de investigación independientes”, añadió.

“Por ultimo”, dijo Chulick, “seguimos apoyando múltiples vías hacia la justicia para Ucrania y estamos comprometidos a garantizar que los responsables rindan cuentas”.

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