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Cómo el régimen Ortega-Murillo destruyó la libertad de prensa en Nicaragua

La policía bloquea a periodistas durante una cobertura noticiosa en Managua, Nicaragua. (REUTERS/Carlos Herrera/Archivo)
La policía bloquea a periodistas durante una cobertura noticiosa en Managua, Nicaragua. (REUTERS/Carlos Herrera/Archivo)

Sumario

  • Nicaragua ocupa el puesto 168 en la clasificación mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, convirtiéndose en el peor país del continente para el ejercicio del periodismo.
  • El régimen Ortega-Murillo ha eliminado medios independientes mediante represión política, económica e institucional, control directo de canales y radios, y uso discrecional de entidades regulatorias como TELCOR.
  • Periodistas y comunicadores relatan censura, amenazas, cierre de programas, confiscaciones, allanamientos y exilio forzado.
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Nicaragua se ubica en la posición 168 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026, elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), que compara el grado de libertad del que gozan los periodistas y los medios en 180 países o territorios.

El régimen de la familia Ortega-Murillo ha hundido al país en esta clasificación, pasando de la posición 47 en 2007 a la peor del continente americano y una de las 15 peores de todo el mundo en 2026.

“En Nicaragua, prácticamente no existen medios de comunicación independientes, a raíz de la intensa ola de represión que el régimen de Daniel Ortega ha emprendido contra políticos opositores, organizaciones civiles y medios independientes” detalla el estudio realizado por RSF.

Esta misma organización, que en diciembre 2025 pidió a las Naciones Unidas que investigara la “desaparición forzada” de la periodista Fabiola Tercero, denunció en el informe publicado esta semana que “la represión contra la prensa independiente en Nicaragua alcanza niveles alarmantes y se ha convertido en una estrategia central del régimen del presidente Daniel Ortega y de la copresidenta, su esposa, Rosario Murillo, para silenciar cualquier forma de disidencia”.

En ocasión de la publicación de esta clasificación y del Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas nicaragüenses explicaron a Martí Noticias como el régimen sandinista se apoderó del ecosistema de medios de comunicación, destruyó la libertad de prensa e impuso una narrativa y una propaganda asfixiante, convirtiendo a Nicaragua en uno de los peores países del continente para ejercer el periodismo.

Eduardo Enríquez, editor jefe del diario La Prensa, censurado por el régimen Ortega-Murillo, señaló que “nada más llegar al poder, Ortega creó la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía a cargo de Rosario Murillo quién centralizó toda la información del poder Ejecutivo y eliminó las pautas publicitarias del gobierno para los medios independientes”.

Desde entonces, agrega Enríquez, quien sigue informado desde el exilio, “las libertades de prensa, expresión e información se fueron disipando”. Un proceso gradual con el que coincide Berta Valle, comunicadora y activista de derechos humanos, quien señaló a Martí Noticias que “la libertad de prensa en Nicaragua no colapsó de un día para otro; fue desmontada de forma progresiva y deliberada”.

Para Valle, quien era presentadora de televisión y fue gerente de un medio de comunicación privado en Nicaragua, desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007 “el régimen apostó por instalar un modelo de control indirecto, donde la autocensura comenzó a jugar un papel central. A través de presión política, económica y publicitaria, muchos medios optaron por moderar sus contenidos para poder sobrevivir. Paralelamente, el gobierno empezó a construir su propio aparato mediático”.

De acuerdo con Valle, “este control no solo fue económico, sino también institucional. Entidades regulatorias como TELCOR fueron utilizadas de forma discrecional para otorgar o retirar licencias, cerrando espacios a voces independientes y favoreciendo a actores afines al poder”.

Desde la presidencia, la familia Ortega-Murillo tomó el control directo de varios medios nacionales, incluidas las cadenas de televisión Canal 8, 4, 9 y 13 y varias emisoras, como Radio Ya y Radio Sandino, “convirtiendo el panorama mediático en una herramienta de propaganda gubernamental y silenciando toda voz disidente” tal como lo recoge el informe de RSF.

Esta censura institucional la sufrió de primera mano el presentador de televisión Jaime Arellano, quien recordó que “la dictadura Ortega Murillo se ha encargado de silenciar a cualquier periodista que quiera hacer comentarios que no sean aprobados por ellos amenazando a los medios de comunicación con quitarles la licencia de televisión o de radio”

“A mí me cerraron dos veces mi programa. Primero en el canal 10 donde amenazaron al dueño del canal con quitarle la licencia y después en el canal 2 donde también hicieron lo mismo” señaló Arellano quien recuerda como en una ocasión grupos sandinistas “rodearon el canal amenazando con quemarlo con todas las personas adentro si mi programa seguía al aire”.

Otro popular presentador de televisión que sufrió una situación similar fue Luis Galeano quien contó a Martí Noticias la persecución y amenazas que sufrió en Nicaragua “en un intento de callar mi voz desde antes incluso del estallido de abril 2018”.

Galeano relató como 100% noticias, el canal donde producía y emitía su programa, “fue rodeado y asediado por paramilitares y policías durante meses hasta que el 21 de diciembre del 2018 lo tomaron y tuvimos que salir del país porque también había una orden de captura en nuestra contra”.

2018, el inicio de una fase más agresiva

Para Galeano, ahora en el exilio, tras la rebelión de 2018 el régimen “simplemente mostró que había una disposición de acabar con todo lo que fuera el periodismo libre”. Algo en lo que Valle coincide al subrayar que a partir de esa fecha el modelo represivo “evolucionó hacia una fase mucho más agresiva. Ya no solo se trataba de controlar la narrativa, sino de eliminar el periodismo independiente”.

Valle recuerda que en los últimos 8 años “se intensificaron los cierres, confiscaciones, allanamientos, la criminalización y el exilio forzado de periodistas” provocando que al día de hoy, como bien apunta Enriquez, “no haya medios independientes dentro de Nicaragua y que los medios que todavía informan profesionalmente sobre la situación del país forzosamente lo tienen que hacer desde afuera en sus plataformas digitales”.

Enriquez, sin embargo, advierte que el uso de las redes sociales desde el exilio no compensa la falta de libertad de prensa dentro de Nicaragua pues explica que “los nicaragüenses tienen tanto miedo que en sus cuentas han dejado de seguir a los medios independientes porque saben que en cualquier momento un policía puede ordenarles que le entreguen su celular; y ni siquiera pueden dar ‘me gusta’ a una noticia crítica del gobierno”.

Arellano, por su lado, apuntó que “si vos decís algo que la dictadura no le gusta sos acusado de traición a la patria o conspirar contra el pueblo de Nicaragua y sos encarcelado inmediatamente”.

A esto se agrega, como señaló Galeano, que ahora el régimen “está asesorado por rusos y chinos en la búsqueda de llevar adelante eso que llaman la defensa la ‘verdad verdadera’ descalificando al periodismo libre para imponer lo que consideran es su verdad que no es otra cosa que un antiimperialismo recalcitrante”.

Para Valle “más allá de las acciones represivas visibles, hay un mecanismo silencioso muy poderoso: la autocensura forzada” que implica que “muchos periodistas dentro del país se ven obligados a omitir información, no firmar sus publicaciones o trabajar desde el anonimato para proteger su seguridad”.

“Informar se convierte en un ejercicio de cálculo constante: qué decir, cómo decirlo y hasta dónde arriesgarse” apunta Valle, para quien en medio de todo este escenario hay periodistas que asumen el riesgo y “eso también habla de un profundo compromiso con Nicaragua y con el derecho de la ciudadanía a estar informada y gracias a quienes se niegan a dejar de contar lo que ocurre, la verdad sigue encontrando camino”.

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