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Cuba: violaciones a los DDHH en la nueva Constitución


Vida diaria en La Habana

El proyecto contitucional aprobado en la ANPP institucionaliza la corrupción político-admistrativa, limita los derechos sociales, viola los drechos humanos y compromete el Plan de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU.

El proyecto de Contitución presentado por el diputado Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de la República de Cuba, en julio de 2018, presenta serias irregularidades sobre derechos humanos:

Contradictoriamente el Artículo 1, otorga el derecho al disfrute de la libertad política, mientras el Artículo 5 reconoce al PCC, como único partido político en la nación, lo que anula los derechos de participación política y democrática de los ciudadanos.

Según los Artículos 14 y 21, se obliga al Estado a estimular económicamente a las organizaciones políticas y de masas vinculadas al PCC, lo que impide el cumplimiento de los Artículos 39, 40 y 43 sobre el papel del Estado como garante de los derechos humanos y el reconocimiento de la igualdad de todas las personas ante la ley y sin discriminación.

Referido a las relaciones internacionales el Artículo 16, aborda la libertad de los pueblos a elegir el sistema político, económico y social. Sin embargo, coacciona iguales derechos al pueblo cubano mientras continúe vigente el Artículo 5.

No se aborda el derecho a la propiedad privada, se limita el Artículo 21 a formas de propiedad y se ataca en el Artículo 22 la concentración de propiedad en personas naturales ó jurídicas para controlar la inversión extranjera en el territorio nacional.

El régimen, mediante el Artículo 60 niega el derecho a la objeción de conciencia y a conceder libertad de prensa. Así, limita el cumplimiiento del Artículo 59 sobre el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión de los ciudadanos.

De esta manera, el proyecto contitucional aprobado en la IX Legislatura de la ANPP de la República de Cuba, institucionaliza la corrupción político-admistrativa, limita los derechos sociales, viola los drechos humanos y compromete el Plan de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas.

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