Un grupo de activistas de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y políticos latinoamericanos exigieron en varias ciudades europeas la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, firmado en 2016 y denunciaron la injerencia del régimen de La Habana en la guerra de Ucrania.

La delegación trabajó de manera simultánea en Bruselas, donde está la sede del Parlamento Europeo; en Madrid, en la sede del Senado de España; y en Vilnius, ciudad que acoge al Parlamento de Lituania, para llamar la atención de los eurodiputados acerca del incesante menoscabo de los derechos humanos por las autoridades de la isla y el enrolamiento de ciudadanos cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania.

En las distintas presentaciones señalaron que los fondos del bloque comunitario europeo contribuyen a financiar a la cúpula gobernante cubana y sus transgresiones contra el pueblo.

"Las delegaciones de la Asamblea de la Resistencia Cubana han estado muy activas en Europa durante las últimas semanas en una ofensiva destinada a intentar eliminar los fondos de financiamiento del régimen comunista de Cuba por parte de la Unión Europea”, dijo a Martí Noticias Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador general de la plataforma de organizaciones cubanas.

La delegación de la plataforma cubana que reúne alrededor de 40 organizaciones presentó esta petición ante el conservador Grupo Parlamentario del Partido Popular Europeo.

“Uno de los momentos más importantes fue cuando pudimos pronunciar un discurso ante el pleno del Partido Popular Europeo, grupo parlamentario que tiene la vasta mayoría de los escaños en el Parlamento de Europa”, apuntó el directivo de la ARC.

En ese sentido, el senador español Juan José Matarí escribió en su cuenta de Instagram: “Nuestro compromiso es de solidaridad activa y eficaz para conseguir avanzar en una transición de la dictadura a la democracia en Cuba. Patria y Vida”.

En el Parlamento lituano, los activistas cubanos expusieron la complicidad del régimen de La Habana con la invasión rusa a Ucrania. La sede parlamentaria acogió la exhibición "Putin’s Cuban Army", que muestra los métodos utilizados por el régimen de Miguel Díaz-Canel para apoyar activamente la invasión de Vladimir Putin.

Gutiérrez Boronat dijo que la exhibición estuvo organizada por el ex preso político y ex diplomático cubano Luis Zúñiga.

El diputado lituano Emanuel Zingeris pidió la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba y el cese de los pagos anuales de 150 millones de euros a la dictadura.

Zingeris calificó a Cuba como una "marioneta" del régimen ruso y condenó "el envío de miles de cubanos a las filas de las fuerzas armadas de Putin en la guerra de ocupación para asesinar a los ucranianos".

Estas acciones, dijo, eliminan “la posibilidad de cooperación de la Unión Europea hacia Cuba en todas las áreas".

La Unión Europea afirma que desde 1988 ha financiado con unos € 300 millones más de 200 proyectos de cooperación en el país y que "en la actualidad hay en curso unos 80 proyectos por un valor de € 155 millones, reflejando un aumento de tres veces el nivel medio de la última década".

Por otra parte, la Unión Europea sigue siendo el principal socio exportador y comercial de Cuba y el mayor inversor extranjero en el país.

El opositor y exprisionero político cubano Jorge Cervantes salió de Cuba esta semana al exilio, según una comunicación enviada a familiares y amigos en la que explica que fue expulsado del país directamente desde la prisión.

Cervantes, quien ha sido una figura clave dentro de la disidencia en la isla, anunció su salida del país a través de un mensaje.

En el texto, fechado el 10 de septiembre de 2024, el opositor se dirigió a sus “hermanos de lucha, amigos presentes y futuros, familiares y a todo el que le pueda interesar”, y explicó que el régimen cubano le propuso la deportación como alternativa a seguir encarcelado, una oferta que aceptó.

“Ya estoy fuera de mi patria, en un lugar que no debo mencionar ahora, analizando hacia dónde voy”, escribió Cervantes.

Añadió que fieles amigos lo están ayudando y que está por decidir su próximo paso. Indicó además que fue custodiado por las autoridades desde la cárcel hasta el avión, sin que su familia supiera nada hasta ahora.

El opositor concluyó su mensaje con la promesa de que, cuando lo considere oportuno, se dirigirá a las redes sociales para explicar su situación en detalle.

Alba Verdecia Gracia, madre de Cervantes, habló este jueves con Martí Noticias desde la provincia de Las Tunas. En la entrevista, explicó que aún no ha tenido comunicación directa con su hijo, y que fue la esposa de este quien le pasó un escrito informándole sobre su deportación.

Según Verdecia, la Seguridad del Estado cubano subió a su hijo a un avión y lo dejó en un país latinoamericano, sin precisar cuál. “Lo dejaron botado en un país latino, sin saber nosotros en qué país es”, lamentó.

La madre del opositor explicó que Cervantes está siendo ayudado por un compañero de lucha mientras decide hacia dónde ir. La incertidumbre sobre su paradero preocupa profundamente a su familia, especialmente a su madre, de 84 años, quien expresó su tristeza por la situación en la que se encuentra su hijo por pensar diferente.

Jorge Cervantes ha sido un opositor destacado dentro del movimiento disidente cubano. Ocupó el cargo de coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y luego fue coordinador del grupo opositor “Cuba Primero” en Santiago de Cuba. Su activismo le ha costado múltiples detenciones y un constante acoso por parte de las autoridades cubanas.

El 12 de marzo de 2024, Cervantes fue arrestado tras un allanamiento en dos de sus viviendas, donde las autoridades decomisaron sus pertenencias y las de su familia. Fue trasladado inicialmente a la Unidad de Instrucción Penal en Santiago de Cuba, y después a la cárcel de Aguadores, donde protagonizó una huelga de hambre de 10 días en protesta por su detención.

La acción llevó a su traslado a la prisión de Boniato, también en Santiago de Cuba, donde permaneció bajo investigación por supuestos delitos contra la seguridad del Estado, hasta su salida del país.

La madre de Cervantes lamentó la situación en la que se encuentra su hijo, y criticó duramente al gobierno cubano por su trato hacia quienes piensan diferente.

“Que cada cual piense como quiera y no como quiera otro”, expresó Alba Verdecia Gracia. La mujer concluyó que no existe ninguna causa que justifique el arresto ni la deportación de su hijo.

El régimen cubano ha utilizado el exilio forzoso como una forma de represión, y para debilitar la oposición interna, han denunciado activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La sociedad civil independiente ha alertado sobre las ideaciones suicidas, autoagresiones e intentos de quitarse la vida por parte de presos políticos cubanos y la desatención gubernamental a este problema.

A finales de agosto, Yosandri Mulet Almarales, preso de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, murió presuntamente por las heridas ocasionadas tras un intento de suicidio ocurrido el 22 de ese mes. Mulet Almarales había sido sentenciado a 10 años por manifestarse en el barrio La Güinera (La Habana). En junio de 2022 intentó quitarse la vida en el Combinado del Este y estuvo en estado crítico.

“En el caso de las personas reclusas por motivos políticos en Cuba, a las difíciles condiciones de habitabilidad de las prisiones y las posibles causas prexistentes, se suma la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto”, advirtieron en un comunicado el grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC).

Justicia 11J y el CDPC han registrado, desde el 1 de enero de 2024, tres eventos de ideaciones suicidas, tres autoagresiones y seis intentos de quitarse la vida, que involucran a 10 personas reclusas por motivos políticos (siete hombres y tres mujeres).

Se trata de las presas políticas Mayelín Rodríguez Prado, Yanet Pérez Quevedo y Lizandra Góngora; y los prisioneros Abel Lázaro Machado Conde, Ismael Rodríguez González, Yasmany González Valdés, Fray Pascual Claro Valladares, Daiver Leyva Vélez y Omar Ortega, también condenados por manifestarse o ejercer el activismo y la libertad de expresión. Sus casos han sido visibilizados por sus familiares con denuncias en redes sociales y ante organizaciones defensoras de derechos humanos.

Según Naciones Unidas, que estableció las Reglas Nelson Mandela para recomendar a los Estados miembros cómo tratar a los reclusos, las autoridades deben facilitar con frecuencia la asistencia médica necesaria para “detectar todo indicio de estrés psicológico o de otra índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o autolesión (…) y aplicar todas las medidas o tratamientos individualizados que corresponda”, para prevenir el suicidio.

El régimen de La Habana ha ratificado su “compromiso” con las Reglas Mandela. En 2020, la representante permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Viena, la embajadora Loipa Sánchez Lorenzo, aseguró que su gobierno sigue “determinados principios en cumplimiento estricto de la legalidad” para el tratamiento a las personas privadas de libertad.

No obstante, el equipo legal de la ONG Cubalex advierte que “la negación de la atención médica a los reclusos en Cuba constituye una violación de las Reglas Mandela”.

Según Cubalex, en las prisiones “el personal médico debería realizar exámenes periódicos para detectar estrés, lesiones y otros problemas en los reclusos, comunicándolos a las autoridades para buscar soluciones. Sin embargo, en el contexto cubano, estos profesionales actúan bajo la influencia del poder estatal, impidiendo el cumplimiento de sus funciones y la protección de los derechos de los reclusos. Esta complicidad del personal médico con las violaciones de derechos humanos contribuye a un sistema penitenciario corrupto y deshumanizante”.

La prisión puede ser el “detonante”

“La prevalencia de enfermedades mentales en la población penitenciaria es alta, incluyendo abuso de sustancias psicoactivas, trastornos de personalidad sociopáticos, bipolaridad, estrés post traumático y adicciones en general. Esto hace que el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y/o disfunciones mentales en esta población sea una prioridad”, dijo a Martí Noticias la psicóloga cubana residente en EEUU María de los Ángeles García.

Según la especialista, hay una “mayor incidencia de trastornos y disfunciones mentales en esta población”, por lo que se deben garantizar “tratamientos multifactoriales, con enfoque en proyectos educativos, psicológicos y socioculturales”.

José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, explicó para un artículo del diario El Mundo sobre suicidios de reclusos que “la prisión puede ser el detonante: los factores de riesgo que trae una persona se añaden a estar encerrado, al delito, al sentimiento de culpa, al desarraigo”.

El suicidio, entendido como el comportamiento de planificación, conductas autolesivas, ideación, intentos y suicidio consumado, sigue siendo a día de hoy un importante problema de salud pública y la primera causa de muerte no natural en todo el mundo. Entre la población reclusa, la prevalencia de la conducta suicida se incrementa si la comparamos con la población general debido a la influencia de numerosos factores y al impacto psicológico que conlleva la estancia en prisión, según se explica en esta investigación del Colegio Oficial de Psicología de Madrid.

A la experiencia punitiva de la prisión se le suman las complejas circunstancias personales de cada preso, según estudios, y los especialistas hacen hincapié en la raíz multicausal del suicidio, así como la necesidad de prestar atención a cada uno de los casos de manera individualizada.

“Por ello, la primera evaluación psicológica que pasa un reo es al entrar en prisión. En la misma línea, se le presta atención cuando sus circunstancias penitenciarias cambian. Por ejemplo, cuando se le imputa una nueva causa, su condena aumenta o se le sanciona en aislamiento. Pero también cuando está a punto de quedar en libertad”, se advierte en este reporte del medio Público.

Los investigadores Pablo Cifuentes, de la Universidad de Chile, y Gergő Baranyi, de la Universidad de Edimburgo (Escocia), advierten en otra investigación que las personas ingresan con problemas de salud mental preexistente a las prisiones. “Ingresan con psicosis, con comorbilidades de adicciones y cursan con depresiones. Además, muchos de ellos tienen trastornos de personalidad y todo eso eleva el riesgo de suicidio en estas personas”, argumentan. Eso se suma a los factores que impone el mismo sistema penal: la separación de las familias, las adversidades, el trato cruel entre pares, etcétera.

Justicia 11J y el CDPC advierten en su pronunciamiento que, en el caso de los presos políticos cubanos, a las consecuencias psicológicas que puede tener el encierro se añaden las difíciles condiciones de habitabilidad de las cárceles y “la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto”.

“Para nosotros es muy preocupante que continúen presas cientos de personas por motivos políticos, en penales que no tienen las condiciones mínimas para vivir con dignidad. La desatención de problemas de salud prexistentes o adquiridos en la cárcel, los abusos físicos y la arbitrariedad de los procesos penales a que están sometidos los activistas y manifestantes en Cuba, configuran un escenario muy opresivo que puede ser el detonante para el suicidio”, respondió el grupo Justicia 11J, consultado por Martí Noticias.

Es el caso de Fray Pascual Claro Valladares, sentenciado a 10 años por las protestas en la ciudad camagüeyana de Nuevitas de agosto de 2022, quien intentó suicidarse tras conocer su condena. El incidente provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares para su protección.

Según la CIDH, el intento de quitarse la vida acometido por Claro Valladares “fue manejado con negligencia [por las autoridades], sin recibir la atención psiquiátrica necesaria y siendo castigado con aislamiento”.

Por su parte, Justicia 11J y el CDPC han exigido “la liberación inmediata para cientos de condenados por diversos escenarios de protesta en Cuba y otras causas políticas. Están en riesgo cada día que permanecen en las difíciles condiciones de los penales cubanos, castigados de múltiples maneras por sus ideas y oposición al régimen”, afirman las organizaciones en el citado comunicado.

Los suicidios en Cuba: una de las tasas más altas de América

El Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció en 2023 en un informe de balance sobre la situación del Sistema de Salud que las “lesiones autoinfligidas intencionalmente” —como se registra oficialmente las estadísticas del suicidio— están entre las primeras 10 causas de defunción en la isla.

Desde los años 80, Cuba presenta uno de los índices más altos de muertes autoinfligidas en el área de América Latina y el Caribe.

Aunque existen pocos datos y no pueden ser verificados por entidades independientes, según los más recientes de la Oficina Nacional de Información y Estadísticas (ONEI), desde 2019 se registró un aumento de las muertes por suicidio en la isla. Ese año se registraron 1.467 casos y para el 2020 ocurrieron 1.556 muertes por suicidio.

En 2021 las “lesiones autoinfligidas intencionalmente” provocaron el deceso de 1.789 cubanos, para una tasa de 16,0 por cada 100.000 habitantes.

Tras el aumento de las tasas de suicidio en el país, el Ministerio de Salud Pública cubano implementó en 1989 el Programa Nacional de Prevención y Atención a la Conducta Suicida. Según la doctora Beatriz Corona Miranda, profesora e investigadora del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, este Programa “se somete constantemente a nuevas versiones y revisiones con el propósito de disminuir lo más posible la morbilidad por intento y la mortalidad por suicidio”.

No obstante, las cifras no han disminuido en la isla, sumida en una crisis generalizada. Los presos políticos se encuentran entre las personas vulnerables ante las constantes violaciones de derechos humanos.

Puede conocer más del tema en este Explicador de Martí Verifica.

El Gobierno cubano sigue sin contener la crisis sanitaria en la isla, marcada por el aumento de casos de dengue, algunos de gravedad, y la presencia de fiebre del Oropouche en todas las provincias.

El Dr. Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), informó el miércoles en conferencia de prensa que hay reportes de pacientes con dengue en estado grave.

“Existen pacientes ingresados por esta arbovirosis, se han tratado casos graves pero el personal de salud trabaja para evitar complicaciones, pues puede provocar la muerte”, señaló Durán en declaraciones citadas por la prensa estatal.

El experto indicó que las provincias con más casos sospechosos de dengue son La Habana, Matanzas, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. Asimismo, reconoció que hay transmisión de la enfermedad en al menos 12 localidades, 41 municipios y 46 áreas de salud del país.

Igual de preocupante es el brote de Oropouche, que también registró un aumento durante la última semana. Según Durán, hay casos sospechosos en todas las provincias, diseminados en 103 de los 168 municipios del país. Los territorios que registraron más casos sospechosos en la última semana fueron Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba.

Aunque Durán aseguró que “hasta la fecha no se reportan casos graves ni fallecidos”, la enfermedad genera preocupación entre los cubanos debido a la escasez generalizada de medicamentos en hospitales y farmacias, que impiden el acceso a los fármacos básicos para tratar los síntomas, como los analgésicos. También escasean los reactivos para la realización de análisis de sangre, fundamentales para el diagnóstico de enfermedades tropicales.

Durán reconoció que el aumento de los casos sospechosos de dengue y Oropouche obedece, entre otros factores, a las dificultades con la recogida de basura, un problema que el Gobierno cubano sigue sin resolver.

En agosto, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, indicó que en Cuba se habían contabilizado 400 casos de Oropouche desde que el virus fuera detectado el pasado 27 de mayo. A finales de ese mes, la cifra superaba los 500, ubicando a Cuba como el segundo país con más casos en América, solo superada por Brasil.

El brote de Oropouche en Cuba no ha pasado desapercibido en países como Estados Unidos, donde ya se han registrado 21 casos, todos viajeros procedentes de la isla, según cifras divulgadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

También se han registrado casos de Oropouche procedentes de Cuba en España, Italia y Alemania, todos reconocidos por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

La alta incidencia de enfermedades como el dengue y el Oropouche y la incapacidad del Gobierno para frenar los brotes han empeorado aún más la crisis en Cuba, un país donde casi nueve de cada diez personas vive por debajo de la línea de pobreza, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

En medio de una profunda crisis alimentaria, el Festival Internacional Varadero Gourmet se inauguró este miércoles en el Centro de Convenciones Plaza América, de esa ciudad, con invitados de nueve países.

“El Varadero Gourmet en medio de la actual crisis alimentaria es una paradoja. Estamos conscientes que se realiza con el fin de atraer y promover el turismo, que es una fuente de ingresos para el país, pero, al contrario, genera una percepción de desconexión entre la realidad que vive gran parte de la población y los eventos que parecen dirigidos a un público más exclusivo”, dijo, desde Santa Clara, Sara Cuba, la coordinadora de la independiente Alianza Cubana por la Inclusión.

Organizado por la Empresa Extrahotelera Palmares, el Grupo Cubasol y el Ministerio de Turismo, el evento, que se extenderá hasta el 13 de septiembre, pretende debatir sobre “los elementos más significativos en el proceso de evolución de la gastronomía cubana”, informó el medio oficial Prensa Latina, citando a Jorge Luis Acosta Paula, presidente del Comité Organizador del festival y director general de la Empresa Extrahotelera Palmares.

“Es importante que el gobierno cubano y los organizadores del evento tengan en cuenta un balance entre atraer turismo e inversiones, al mismo tiempo que aborden la crisis alimentaria con políticas efectivas para aliviar la situación de la población”, puntualizó Sara Cuba.

Durante su intervención, Lázaro Casabella, director adjunto de Palmares, aseguró que la celebración “tiene como objetivo mostrar la evolución de la gastronomía en función de la sostenibilidad”.

En este sentido, Katia Hernández, residente en San Diego de los Baños, Pinar del Río e integrante de la sección Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), recalcó que como “cualquier cubano o cubana de nuestro pueblo de a pie, madre, esposa, hija, abuela que lucha todos los días por llevar un pedazo de pan a la mesa de nuestros hijos y nietos, me siento indignada”.

“Con la hambruna que está viviendo nuestro pueblo, la escasez de todo tipo, ¡cuánta ironía, ¡cuánta burla!, comentó.

El festejo reúne a expertos que desarrollarán competencias y exposiciones de cocina, gastronomía y coctelería, anunció la prensa estatal.

Liutmila Rosales, una ama de casa santiaguera con un bebé de seis meses, no ve con buenos ojos la festividad: “no entiendo cómo están haciendo una feria en Varadero de alimentos cuando el pueblo no tiene de nada, cada día es mayor la escasez de todo, hasta para los niños no hay leche”.

Preguntada sobre la estrategia de atraer el turismo con este tipo de evento y la posibilidad de recaudar divisas para apuntalar renglones económicos deficitarios, la mujer respondió sin titubeos: “¿para ayudarnos a nosotros mismos? ¿a la gente del pueblo? Eso sí que lo dudo mucho. En todo caso, los beneficiarios serían los de arriba, no nosotros”.

Aunque la celebración de este festival de alta cocina ha reverdecido las críticas de los cubanos, tanto del exterior como del interior de la Isla, no es la primera vez que se realizan este tipo de espectáculos: en febrero, se inauguró la 5ª. edición del festival culinario “Cuba Sabe 2024” en La Habana y en noviembre de 2023 se realizó, también en la capital, “Le Dîner en Blanc”, la famosa cena gourmet que se ha celebrado durante más de 30 años en diversas ciudades del mundo.

“Es lamentable e hiriente que ocurra este tipo de eventos en medio de una situación económica gravísima, con unas consecuencias sociales y humanas tremendas, marcadas por el 89% de las familias cubanas en la extrema pobreza, donde siete de cada diez cubanos tiene que privarse de una, dos o las tres comidas diarias, donde el principal problema social que enfrenta la gente es la crisis alimentaria, donde la pensión de un anciano no alcanza para comprar un cartón de huevo o un kilogramo de leche en polvo y donde no se toman las medidas audaces, profundas, reales, los cambios que la gente exige para que mejore la situación económica”, señaló Yaxis Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, autor del VII Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba 2024, con resultados deprimentes de la realidad cubana.