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Cámara aprueba 363-1 resolución de apoyo a manifestantes venezolanos


Foto de archivo de la Cámara de Representantes estadounidense, en el Capitolio en Washington DC.

La resolución patrocinada por Ileana Ros-Lehtinen deplora la violencia inexcusable perpetrada por el gobierno de Maduro y sus esfuerzos para intimidar a la oposición mediante cargos penales políticamente motivados.

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el martes por 393 votos a 1 una resolución de apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Venezuela.

La resolución patrocinada por la cubanoamericana Ileana Ros- Lehtinen ( R-Florida ) obtuvo apoyo casi unánime después de que el gobierno de Venezuela intensificara la violencia contra los participantes en las protestas, con un saldo de al menos una decena de jóvenes asesinados por fuerzas policiales o parapoliciales.

Los congresistas atribuyeron la responsabilidad de la violencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y señalaron que la resolución enviaría el mensaje de que Estados Unidos se opone a su forma de reaccionar.

"Tenemos que asumir una posición clara, porque el régimen de Maduro ha respondido de una manera profundamente antidemocrática, reprimiendo a los manifestantes por la fuerza, tratando de silenciar a los críticos mediante el bloqueo de los medios de comunicación e incluso autorizando la detención de los principales líderes de la oposición", dijo Ros-Lehtinen.

"Es una absoluta tragedia que 17 personas hayan muerto y 261 hayan resultado heridas durante las recientes protestas en todo el país", añadió el representante Eliot Engel (demócrata por Nueva York ). "Se parece un poco a Ucrania, ¿cierto?".

Por su parte, la representante Debbie Wasserman, presidenta del Partido Demócrata, también expresó su apoyo a los venezolanos.

“Estoy en solidaridad con mis colegas y con la gente de Venezuela para condenar la deplorable, horrible e inexcusable violencia que el régimen de Maduro ha perpetrado contra sus propios ciudadanos”, dijo Wasserman.

Algunos legisladores sugirieron que el Ejecutivo debería adoptar sanciones contra entidades y funcionarios venezolanos involucrados en la violencia, algo que recoge un proyecto paralelo presentado al Senado por los cubanoamericanos Bob Menéndez (Dem,-NJ) y Marco Rubio (Rep.-FL).

EL APOYO DE LOS REPRESENTANTES


En su versión original, la resolución H.Res. 488 de la cámara baja, que fue aprobada fácilmente ayer por 393 votos a 1:

( 1 ) Apoya al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad de expresión y la libertad de reunión para promover los principios democráticos en Venezuela;

( 2 ) Deplora la violencia inexcusable perpetrada contra dirigentes de la oposición y manifestantes en Venezuela, y los esfuerzos crecientes para utilizar cargos penales políticamente motivados a fin de intimidar a la oposición política del país;

( 3 ) Insta a las naciones responsables en toda la comunidad internacional a solidarizarse con el pueblo venezolano y fomentar activaente un proceso de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición política para poner fin a la violencia;

( 4 ) Insta al Departamento de Estado de los Estados Unidos a trabajar en concierto con otros países de las Américas para tomar medidas significativas con el fin de garantizar que las libertades fundamentales en Venezuela estén en conformidad con la Carta Democrática Interamericana, y de fortalecer la capacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) para responder a la erosión de las normas e instituciones democráticas en los Estados Miembros;

( 5 ) Insta al Departamento de Estado de EEUU a insistir en que el Secretario General de la OEA convoque de inmediato al Consejo Permanente a fin de buscar la forma más eficaz para acabar cuanto antes con la violencia en Venezuela, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana;

( 6 ) Apoya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un llamado al Gobierno venezolano a adoptar urgentemente todas las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos a la vida, a un trato humano y a la seguridad, así como a los derechos políticos, el derecho de reunión, y los derechos de libertad sindical y la libertad de expresión de todas las personas bajo su jurisdicción.
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