La represión transnacional cubana es una estrategia de control político extraterritorial, una forma de perseguir, intimidar y silenciar a quienes, fuera de Cuba, siguen ejerciendo su derecho a denunciar, indicó, en conversación con Martí Noticias, Giselle Morfi, jefa del equipo de abogados del centro de asesoramiento legal Cubalex.
La represión del Estado cubano no se detiene en la aduana. Lo que para muchos activistas y periodistas comienza como una huida en busca de libertad, se convierte fuera de las fronteras en una nueva etapa de persecución: el aparato de seguridad de la isla ha perfeccionado un sistema de represión transnacional que no responde a hechos aislados, sino a un patrón sostenido, selectivo y sistemático, precisó la jurista.
“Responde a hechos que no son aislados. Hay una continuidad en el tiempo y una selección muy clara de quiénes son las víctimas, por ejemplo, las personas visibles críticas que están denunciando constantemente violaciones de derechos humanos”, dijo la experta.
El foco de estas acciones es quirúrgico. Los expertos advierten que el castigo individual es secundario; el fin último es propagar el temor en toda la comunidad emigrada para frenar su aptitud para influir y presionar sobre decisiones públicas y comportamientos institucionales.
“El objetivo no es solo castigar a alguien en específico, sino que es enviar un mensaje de miedo al resto del exilio y tratar de frenar la capacidad de incidencia. Una de las formas más comunes de esa represión es la intimidación en los espacios internacionales”, apuntó Morfi.
“Por ejemplo, estamos hablando de seguimiento, vigilancia, toma de fotos, presencia amenazante, representantes o de personas afines al Estado cubano durante eventos de derechos humanos, como le ocurrió a Cubalex en Naciones Unidas”, ejemplificó.
En 2013, durante la 55ª sesión de la ONU, las abogadas de Cubalex, Laritza Diversent y Yaremis Flores, sufrieron actos de intimidación y hostigamiento en Ginebra por su cooperación con el Comité CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).
La semana pasada en una audiencia pública sobre la situación de la represión transnacional en Cuba, Nicaragua y Venezuela, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diversent, presentó una denuncia en la que recomendó al organismo continental reconocer y monitorear este fenómeno creciente en la región, incluirlo en los informes anuales y producir un expediente específico.
Asimismo, sugirió fortalecer la protección de personas defensoras en el exilio, especialmente en países de acogida; promover un protocolo de investigación para actos de represión transnacional, establecer un mecanismo de monitoreo sobre la crisis humanitaria y las graves violaciones de derechos humanos en Cuba e impulsar respuestas regionales coordinadas frente a la persecución estatal extraterritorial.
Uno de los aspectos más crueles de este engranaje es la presión sobre los que se quedaron en la isla. Ante la imposibilidad de alcanzar físicamente al exiliado, el Estado dirige su hostilidad hacia madres, hijos y amigos en Cuba. Este acoso busca quebrar psicológicamente al activista, induciendo sentimientos de culpa y autocensura.
“Además, se usa la criminalización pública y judicial. Por un lado, los medios oficiales y las redes coordinadas desacreditan a los activistas, a los periodistas, los presentan como si fueran delincuentes, mercenarios, terroristas. Por otro lado, el sistema penal se utiliza para abrir causas o impulsar juicios en ausencia contra las personas que ya están exiliadas”, detalló la especialista de Cubalex.
A esto se suma el uso del sistema penal y el control migratorio como herramientas de castigo “negándoles documentos, impidiendo la entrada o el regreso al país y empujando a las personas a situaciones de un limbo migratorio fuera de Cuba”.
“Entonces, el efecto de esto obviamente es devastador, no sólo provoca ansiedad, desgaste y la sensación de vigilancia permanente en las víctimas directas, sino que también debilita las comunidades exiliadas, rompe redes de apoyo y pone trabas al activismo y a la denuncia internacional”, enfatizó la abogada.
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