América Latina
“Ortega está prácticamente cancelando las elecciones” dicen opositores en Nicaragua
Proponen invitar como observadores para los comicios de noviembre a los expresidentes estadounidenses George W. Bush y Barack Obama, así como al exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.
MANAGUA - Diversos sectores de la sociedad civil en Nicaragua rechazaron unánimemente la propuesta de reforma a la Ley Electoral presentada el lunes en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para las elecciones previstas para noviembre de este año.
Los principales bloques opositores del país, la empresa privada y analistas consultados por la Voz de América coincidieron en que la propuesta del presidente Daniel Ortega es “antidemocrática” y “anula desde ya la credibilidad de los comicios”, y a su vez señalaron que no cumple con los siete puntos sugeridos en 2020 por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, y quien actualmente es una de las aspirantes a competir contra el mandatario sandinista, expresó que con la propuesta de reforma a la ley electoral, “Ortega está prácticamente cancelando las elecciones” e “impidiendo desde ya que haya un cambio”.
“Con esa ley, las condiciones, en vez de mejorar, se están agravando, porque Ortega está confirmando un estado de represión policial sobre nuestro derecho a elecciones legitimas y creíbles”, dijo Chamorro.
La propuesta de reforma a la Ley Electoral enviada por Ortega incorpora las restricciones establecidas a posibles candidatos presidenciales en otras leyes como la de Agentes Extranjeros y la de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Además da mayor facultad a la Policía Nacional, señalada de ser la principal institución represora en el país, para otorgar permisos para mítines o actividades electorales a la oposición y el oficialismo.
“Lo que ha presentado a la Asamblea Nacional no son Reformas Electorales, son más restricciones para que el pueblo no pueda ir a votar en libertad y transparencia. Son mecanismos dictatoriales para quitarle la voz a la ciudadanía y mantener a Nicaragua secuestrada en un estado de sitio”, enfatizó Chamorro el jueves.
El politólogo Félix Maradiaga, también aspirante a la presidencia, dijo a la VOA que es “sumamente preocupante que esa iniciativa se aleja aún más de la posibilidad de un consenso. Además de reafirmar las inhibiciones consignadas en las leyes espurias, cierra aún más los pocos espacios de participación para la oposición”.
“Quisiera suponer que esa iniciativa de reformas tan desafortunada y contraria a la resolución de la Asamblea General de la OEA es sólo una manera del régimen de elevar la parada y desmotivar a la oposición, algo que no lograrán. Sin embargo, si esa es una propuesta definitiva para las elecciones de noviembre de 2021, prácticamente se anuncia la decisión del régimen de no permitir elecciones con un mínimo de garantías”, indicó Maradiaga.
El Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) , uno de los bloques más fuertes actualmente, también reaccionó al respecto y señaló que las propuestas de reformas “no responden a la demanda nacional e internacional”.
La propuesta “establece nuevas restricciones a las libertades políticas y vulneraciones a la voluntad popular, impone nuevos obstáculos y obligaciones a los partidos políticos, traslada al ámbito electoral el estado policial imperante, aumenta los ya amplios márgenes de discrecionalidad del Poder Electoral y establece nuevas vulneraciones a la voluntad popular”, dijo el partido en un comunicado.
“Demandamos una vez más al régimen de Daniel Ortega la implementación de las reformas electorales necesarias para que se respete el voto ciudadano en un proceso electoral que cumpla los estándares internacionales de libertad y transparencia”, añadió.
Por otro lado, el sector privado señaló la urgencia de la aprobación de “una reforma electoral sustantiva que incorpore las propuestas que han presentado los partidos políticos extraparlamentarios, los movimientos políticos de oposición, así como las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea para garantiza la modernización y restructuración del Poder Electoral”.
Nicaragua continúa en un estado policial que no permite el ejercicio de derechos humanos y constitucionales básicos, situación que hace inviable un proceso electoral en el cual se pueda realizar una competencia electoral libre y transparente”, advirtió el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal patronal del país.
“Trabajemos para resolver la crisis sociopolítica que venimos arrastrando desde abril del 2018”, finalizó diciendo el empresariado, otrora aliado al gobierno sandinista.
Proponen como garantes a expresidentes estadounidenses
Tras conocerse las propuestas del gobierno, algunos opositores como el exembajador de Nicaragua en Washington Arturo Cruz, quien también forma parte de los siete aspirantes a la presidencia, propuso invitar como observadores para los comicios electorales de noviembre a los expresidentes estadounidenses George W. Bush y Barack Obama, así como al exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y un representante personal de Antonio Guterres secretario general de la ONU.
“En las elecciones de 1990 se logró un traspaso pacífico del poder por la aceptación del gobierno Sandinista y la oposición democrática, de la observación internacional. En ese proceso, destacó la figura aceptable y respetada por todos del expresidente Jimmy Carter, que conjuntamente con Baena Soares, secretario general de la OEA, y Elliot Richardson, representante personal del secretario general de la ONU, actuaron como garantes de ese proceso electoral”, propuso Cruz.
La propuesta de reforma electoral fue presentada el lunes en el Parlamento Nacional y posteriormente pasó a una comisión especial que dictaminará cambios para luego ser discutida en el plenario, donde el oficialismo tiene la mayoría de los votos.
El diputado Mario Asensio, del Partido Liberal Independiente (PLI) y miembro de la Comisión Especial, comentó a la VOA, que la reforma electoral “se estará analizando” y se convocará a los partidos políticos que tienen representación legal para que ellos pasen sus consideraciones de reformas que consideren pertinentes”.
Algunos tienen esperanzas de una negociación
Algunos diplomáticos y analistas consideran que la propuesta del gobierno podría tratarse de “una oferta inicial negociadora” con la oposición.
“Tengo la esperanza de que esa pueda ser su oferta inicial negociadora, que están simplemente endureciéndose para tratar de dar lo menos posible cuando llegue la negociación”, indicó el excanciller Norman Caldera.
Caldera cree que aún “hay apertura para encontrar un camino que permita tener elecciones libres”, pero advierte que si la propuesta de reforma fuese la posición final del gobierno, “sería un grave retroceso”.
El expreso político y periodista Miguel Mora advierte que de aprobarse la propuesta “del dictador en la Asamblea Nacional”, Ortega carecería “de total legitimidad y debe ser desconocido por los nacionales y la comunidad internacional”.
“Con la presentación de la reforma a la Ley 331, Ley Electoral, la dictadura le declara la guerra a la democracia y a todos nuestros derechos políticos y a nuestras libertades; le declara la guerra a nuestra constitución”, dijo.
“Es evidente que su intención es instaurar un sistema de partido único, desaparecer toda expresión de oposición política legitima”, fustigó Mora, quien también aspira a la presidencia.
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Gobierno de transición toma el poder en Haití
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.
El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.
La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.
En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".
El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.
Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.
La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.
Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.
ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.
La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.
La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.
Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela
El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.
"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.
La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.
En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.
El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.
El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.
La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.
Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.
La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones
Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.
La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.
"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.
Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".
"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.
"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.
Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".
Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro
La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.
“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.
"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.
El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.
La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".
Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.
"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.
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