Derechos Humanos
Policía política lanza campaña de descrédito contra pastor Alain Toledano
Relatores especiales y grupos de trabajo de Naciones Unidas acusaron al gobierno cubano de perseguir la libertad religiosa, destruir templos y afectar la vida de personas seguidores de las diferentes denominaciones cristianas en el país.
Uno de los casos citados fue presentado en el mes de mayo por la organización Ayuda de Alcance a las Américas (OAA).
Se trata de la situación del pastor apostólico residente en Santiago de Cuba, Alain Toledano Valiente.
El religioso, junto a su familia y feligreses, ha sufrido por mucho tiempo el hostigamiento de la Seguridad del Estado por sus actividades religiosas, incluida la demolición de su templo.
De igual manera, el pastor ha sido detenido en varias oportunidades, está "regulado", una orden del gobierno que le impide salir al exterior, y actualmente tiene pendiente una causa judicial por el delito de enriquecimiento ilícito, por el que podría ser llevado a juicio.
Los relatores dieron un plazo de dos meses a las autoridades cubanas para dar respuesta, sin embargo en lo que va del mes de agosto, la policía política ha incrementado el acoso.
Periodistas comprometidos con el oficialismo que residen en el barrio de Toledano, bajo la protección de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el distrito Micro Tres, reparto Abel Santamaría, en Santiago de Cuba, iniciaron coordinadamente una campaña en redes sociales, y también en lugares públicos de la zona, contra el religioso.
Entre las acciones figuran la aparición de carteles donde se denigra al líder de la iglesia Emanuel y su familia, que a jucio del pastor, tienen el propósito de erosionar la labor cristiana que está realizando.
Toledano, también presidente nacional del Ministerio Sendas de Justicia, pudo conocer que a dos comunicadoras recién graduadas que viven en la zona, una llamada Mailyn y la otra Jennifer, ambas miembros del grupo operativo, les ha dado esa “tarea revolucionaria”.
Este miércoles, Toledano Valiente sostuvo una conversación con las máximas autoridades policiales del Consejo Popular, a las que instó a "que tomen acción" para no permitir esta penosa situación, que no tiene fundamento alguno.
Las acciones no solo han afectado al pastor, "también a mis hijas, mi madre, mi esposa y mis hermanos", precisó.
"A mí me han acusado de violador, de drogadicto, de que maltrato a mujeres", agregó el pastor, quien considera que esa es la respuesta que ha dado el régimen a la ONU.
Toledano dijo que el aparato represivo y los miembros del gobierno son los únicos responsables de lo que le pueda ocurrir a él o cualquier miembro de su familia o feligreses.
El Departamento de Estado de EEUU, en su reporte anual de Libertad Religiosa, señaló que durante el año 2019 el régimen cubano intensificó la represión contra los líderes de las diferentes denominaciones religiosas en la isla.
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Madre cubana recibe amenazas de la policía por sus publicaciones en redes sociales
Agentes de la Policía amenazaron con llevar a la cárcel a Raiza Velázquez, una madre cubana crítica del régimen que se niega a enviar a su hijo al Servicio Militar, por sus publicaciones en redes sociales.
La mujer fue trasladada a la unidad de Alamar, al este de La Habana, luego de que no asistiera a las citaciones que de manera informal le entregaron los agentes de la Seguridad del Estado días antes.
"Vinieron a mi casa... el jefe de Sector con otro policía y una instructora vestida de civil en una patrulla”, explicó.
Durante el interrogatorio le dijeron que si volvía a negarse a acudir a las citaciones, aunque estas fueran informales, "me iban a poner una multa de 10.000 pesos”.
A Velázquez la amenazaron por cuestionar a las autoridades en redes sociales.
"Me dijeron que me esté tranquila y que no publicara más, que eso es un delito y que me pueden meter presa... y que si sigo, no van a hablar más conmigo".
En julio de 2019 entró en vigor el Decreto-Ley 370 "Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba", empleado para juzgar a personas que expresen en redes sociales informaciones contrarias al régimen.
Uno de los artículos más polémicos es el 68, inciso i) según el cual está prohibido "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
Periodistas independientes, activistas y miembros de la sociedad civil han sido amenazado y juzgados por ello desde entonces.
Hospitalizan a periodista independiente tras más de dos semanas en huelga de hambre
El periodista independiente Carlos Michael Morales, que cumpliría este lunes 17 días de huelga de hambre, fue trasladado de urgencia a la sala de penados del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, en la ciudad de Santa Clara.
El comunicador fue detenido el 4 de mayo pasado y conducido a la Unidad de Instrucción Policial Provincial, donde permanecía bajo investigación por los presuntos delitos de “desobediencia” y “desacato”, tras no presentarse a citaciones oficiales y, presuntamente, increpar a oficiales de la Seguridad del Estado en las redes sociales, dijo a Martí Noticias el periodista Guillermo del Sol.
“Llamé a la Seguridad del Estado, entonces es que dijeron que se encontraba en la sala de penados del Milián Castro, que había sido trasladado hacia allí desde el sábado. Me imagino que allí lo estén hidratando, que no vayan a esperar a que llegue a un estado crítico. Ya son 17 días en huelga de hambre, aunque él estaba tomando agua2, detalló el opositor.
Según Del Sol, las condiciones físicas del periodista independiente no eran óptimas, porque ya había sufrido el impacto de más de dos años de prisión.
"Cuando yo vi a Carlos Michael la pasada semana, presentaba una pérdida de peso corporal considerable. Carlos Michael lo que estuvo en la calle fue un mes y unos días, no se había recuperado, estaba muy demacrado, y me preocupa muchos su situación. Él dice que no regresa a prisión".
Según el reglamente de prisiones, a Morales le corresponde una visita familiar, y se pueden llevar medicamentos porque en el hospital no los hay, dijo Del Sol.
"En este caso, la única persona que podría ir soy yo y estoy en estos momentos casi que al ser hospitalizado. Tengo una infección en la vista que empezó por un cuerpo extraño, que esto ya me cogió los dos ojos, y estoy que prácticamente no veo, trancado en un cuarto oscuro aquí. La hermana está convaleciente de una operación oncológica y no se puede trasladar tampoco. A Dios ruego que tenga un desenlace feliz todo esto”, señaló el activista.
Carlos Michael Morales practica el periodismo independiente y reside en el poblado de Caibarién. Fue condenado a tres años y medio de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el territorio, y fue liberado por cumplimiento de condena, el 6 de marzo pasado, en precarias condiciones de salud.
Tras su detención, se presentó un recurso de Habeas Corpus que fue desestimado por el Tribunal Provincial de Santa Clara. Sus familiares apelaron al Tribunal Supremo Popular y aún están ea la espera de respuesta.
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La situación en las prisiones y el relato del régimen sobre el delito de pensar diferente
Amnistía Internacional celebró este jueves un foro sobre la violación a los derechos humanos en las prisiones cubanas.
Representantes del Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas y de Iniciativa A.C. participaron del evento, en el cual se presentó el libro Imágenes de Rebeldía.
Camila Rodríguez, directora de Iniciativa A.C., dio inicio a la conferencia con un resumen del trabajo hecho en el último año, sobre los abusos en las cárceles cubanas.
Según dijo, se registraron numerosos casos "preocupantes", aunque el Estado cubano carece de transparencia y no difunde datos sobre las condiciones de vida en las prisiones y tampoco permite que grupos de derechos humanos puedan visitar los centros de reclusión.
“Las personas privadas de libertad, especialmente las privadas por razones políticas, en muchas ocasiones son castigadas, maltratadas y recluidas en celdas de aislamiento”, lamentó Rodríguez.
También precisó que el Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas, entre el 1 de marzo de 2023 y el 26 de marzo de 2024, registró 1.844 incidentes de abusos en centros de detención.
Un total de 592 se refirieron a problemas de salud y falta de atención médica, mientras 1.350 están relacionados con la implementación de prácticas de hostigamiento y represión.
Algunos de los actos represivos documentados son:
- Reclusión en celdas de castigo por manifestar ideas políticas en el penal
- Prohibiciones de llamadas telefónicas y visitas
- Negación de pases
- Golpizas
- Práctica de técnicas de tortura como interrogatorios intimidatorios y esposas con “chaquira” durante horas
- Negación de entrega de medicamentos, o artículos para el aseo de alimentos
- Vigilancias y exposición a hechos violentos por parte de reclusos peligrosos
- Amenazas con fabricación de nuevas causas
- Negación de la libertad condicional
- Negación de asistencia religiosa
- Negación al régimen de menor severidad.
Durante el periodo, el Centro registró el fallecimiento de 37 reclusos en prisiones cubanas, 27 de ellos como “consecuencias directas de la falta de atención médica de las autoridades penitenciarias”.
Por razones políticas, la vulnerabilidad es más recurrente entre las víctimas que denuncian violaciones de derechos en su contra, por estar privados de libertad por razón política, ser afrodescendiente, ser activista o defensor de humanos, o padecer enfermedades crónicas, señala el informe.
El centro ha dado seguimiento a algunos patrones diferenciados de la violencia contra las mujeres en los penales, resaltando entre ellos los castigos en relación con la maternidad.
Las presas políticas pueden ser enviadas a centros penitenciarios fuera y lejos de sus provincias de residencia, lo cual dificulta y encarece las visitas familiares.
Al concluir sus comentarios, la directora de Iniciativa A.C. subrayó que su equipo “se compromete a continuar las labores de monitoreo, documentación y denuncia para que ningún evento violatorio de Derechos Humanos en las prisiones de Cuba pase por alto” y para que el Estado “sea criticado y juzgado por la comunidad internacional”.
La investigadora y académica Hilda Landrove dijo que las cifras mencionadas anteriormente son impresionantes, y que es importante entender que desde “el momento cero”, o sea el inicio del castrismo, se impidió una observación no gubernamental de lo que ocurre en las prisiones.
Aunque el gobierno siempre intenta controlar el retrato de lo que ocurre en las cárceles, hay organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recogen testimonios sobre la realidad, dijo Landrove.
Al abordar este tema, la académica recordó “el cinismo” del general Raúl Castro, cuando dijo delante del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que si hay presos políticos, que le muestren la lista, así los pone en libertad. “Esos políticos por la tarde están libres”, declaró el general aquel día.
Es claro que hay una lista y que “obviamente no van a liberar absolutamente a nadie”. El problema en Cuba, dijo, es que hay una “negación a reconocerte”. Es además una “exhibición del poder”, un reflejo de “prepotencia”.
Landrove recordó lo que describió como el “cinismo” de Fidel Castro, quien negó una vez a una periodista que en Cuba no había pruebas de la existencia de presos políticos, aunque esta mencionó el alto número de testimonios que reflejan otra realidad en la isla.
Poder encarcelar, torturar y degradar es parte clave del sistema totalitario en Cuba, subrayó Landrove. La lógica revolucionaria “requiere una represión sistemática y es constitutiva”.
Otro aspecto del método represivo cubano, es el relato de que no hay presos por pensar diferente, sino por “ejecutar acciones” que demuestran ese pensamiento diferente, “lo cual es una cosa así como extrañísima, no?”, planteó la académica.
Normando Hernández, director del ICLEP y exprisionero político de la Primavera Negra del 2003, dijo que “el desastre que existe en las prisiones cubanas” es algo que él vivió personalmente.
“Hay cientos de prisioneros de conciencia en Cuba”, dijo, y en las prisiones hay personas torturadas no sólo por las agresiones físicas, sino por la falta de servicios básicos de salud y alimentos.
Hay que recordar que José Daniel García está tras las rejas sólo por tratar de protestar el 11J, dijo. Ahora está aislado, con visitas familiares breves y muy esporádicas. “Es una tortura cruel tener a una persona tan aislada…él va salir mal de ese lugar”, afirmó Hernández.
El expreso de conciencia del Grupo de los 75 también se refirió a las “chaquiras”, o sea “esposarte las manos con esposas de hierro, los pies, y unirte con otras esposas, las manos y los pies, y acostarte en el piso más o menos en una posición fetal y dejarte tirado en una celda de aislamiento oscura húmeda, donde los roedores, las ratas, las cucarachas, los mosquitos hacen de tí una presa fácil”.
"En las prisiones cubanas se tortura a diario", subrayó Hernández al concluir el foro.
Comienza juicio contra manifestantes de Caimanera: "Espero ganar, porque ellos no hicieron nada"
Ya se encuentran en el Tribunal Popular Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, los familiares de los seis jóvenes encausados por su participación en la protesta popular que sacudió Caimanera el 6 de mayo de 2023, para participar en la vista judicial prevista para las 9 de la mañana de este miércoles.
Los encausados son Daniel Álvarez González, con petición fiscal de nueve años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir y Luis Miguel Alarcón Martínez, al que le piden seis años por los delitos de desórdenes públicos y atentado, ambos en medida cautelar de prisión en el Combinado de Guantánamo.
Los otros implicados en el proceso permanecían en libertad condicional bajo fianza: Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquiz González y Felipe Octavio Correa Martínez, con petición fiscal de seis años por desórdenes públicos y atentado; y Yandris Pelier Matos, quien se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años por desórdenes públicos, informó a Martí Noticias Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los manifestantes.
“No ha habido ningún cambio, todo está listo. Es un juicio a puerta cerrada, es lo que hasta ahora tengo conocimiento. Vamos a ver qué sucede, estamos los imputados, tres testigos de cada uno y dos familiares más cercanos. El último contacto que tuve con el abogado, [dijo que] él tenía preparado la defensa de los muchachos”, explicó la mujer.
Junto a los familiares, participan en la vista judicial los testigos de la defensa, así como también policías y funcionarios gubernamentales, quienes testificaran en contra de los encausados.
El juicio había sido inicialmente programado para el martes dos de abril, siendo suspendido a última hora sin explicación alguna por parte del tribunal.
Sobre lo que espera de este proceso judicial, Martínez Valdivia señaló:
“Yo espero ganar el juicio, porque ellos no hicieron nada, ellos simplemente tuvieron libertad de expresión. No le dieron golpes a nadie. Aparte, ellos no incitaron a nadie. El pueblo salió a decir lo que sentía, no porque ellos incitaron a nadie”, enfatizó.
El 6 de mayo de 2023, cientos de personas se lanzaron a las calles de Caimanera para exigir al gobierno el respeto a sus derechos como ciudadanos y mejores condiciones de vida. Los manifestantes gritaban “Libertad”, “Patria y Vida” y “Vivan los derechos humanos”, entre otras consignas.
Las autoridades respondieron de forma violenta, desplegando contra los manifestantes a efectivos de las tropas especiales del ejército, y con cortes al servicio de internet en casi todo el país.
Varias organizaciones internacionales han condenado la represión contra los jóvenes manifestantes de Caimanera y exigido al gobierno cubano su liberación. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, publicado en abril de este año, Amnistía Internacional dijo que el gobierno cubano “reaccionó con fuerza excesiva”, ante la protesta de los caimanerenses por las malas condiciones de vida y la falta de derechos humanos.
“Los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron violencia física contra quienes participaban en el acto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la detención arbitraria de los manifestantes y condenó la existencia de una constante represiva”, subrayó el informe.
Madre confía en que carcelero que agredió a su hijo en el Combinado del Este será llevado a Tribunal Militar
Un guardia de la prisión del Combinado del Este, en La Habana, que agredió al preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Yoanky Báez Albornoz, podría ser llevado a un tribunal militar.
Daimy Albornoz Rodríguez, madre del condenado a 14 años de privación de libertad por el delito de sedición, luego de que participara en las protestas pacíficas de La Esquina de Toyo, en el municipio capitalino de 10 de Octubre, explicó a Martí Noticias que la agresión tuvo lugar el día en que le correspondía a la compañía de su hijo salir al patio a tomar el sol.
“Le tocaba a la compañía de él el patio y, cuando abren la reja que le dicen ‘Compañía, patio’, mi hijo sale para el patio y el guardia, cuando le tocó salir a él, le dijo ‘tú no, tú no vas al patio, tú quédate aquí, ponte para acá’, y mi hijo le dijo que no, que él no se iba a detener en ningún lado”, dijo Rodríguez.
La señora explicó que, ante la negativa del joven, el oficial lo amenazó con llevarlo a la jefatura, a lo que el prisionero político contestó: “Bueno, tú me llevas para donde tú quieras porque yo no tengo miedo y yo no he cometido ningún delito”.
“Cuando mi hijo echó a andar, (el oficial) le cae atrás y un preso le dice (a su hijo) ‘¡Yoanky, cuidado!’, y cuando mi hijo se vira, el guardia le tira una galleta (bofetada). La primera galleta no le da y en la segunda, se meten los presos de por medio y, por encima de los presos, el guardia le dio la galleta en la cara a mi hijo y ahí empezaron a gritar los presos ‘¡Libertad, libertad!, ¡Patria y Vida, Patria y Vida!’ y ahí se unió en el coro todo el edificio completo cuando empezaron a oír los gritos del tercer piso”, explicó Albornoz Rodríguez.
La mujer declaró a Martí Noticias que su hijo no fue castigado por lo ocurrido ese día y que ella conversó con el mayor Leonelvis Hardy Baró, jefe del bloque donde está encarcelado su hijo.
“No lo castigaron porque el jefe del edificio Nº 1, que analizó el problema, me atendió, me dijo que mi hijo tenía la razón, que ellos no estaban ahí ‘para maltratar a ningún preso’ y eso ‘ellos no lo aceptan’ al punto de que, me dijeron, que él (guardia agresor) iba a ser sancionado y lo tenía ya hoy retenido y que ya eso lo sabía el jefe de ahí, del Combinado del Este y que lo iban a llevar a un Tribunal Militar”, concluyó Rodríguez.
Esto no es un caso aislado, el régimen de La Habana aseguró en el más reciente Examen Periódico Universal de Cuba, que "en los últimos cinco años, se había sancionado a 144 funcionarios de prisiones por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.
Los prisioneros, sus familiares y numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado múltiples casos de castigos, torturas y malos tratos cometidas por personal de centros penitenciarios cubanos. Además de abuso verbal, privación de atención médica, trabajos forzados, confinamientos en solitario, privación de sueño y de comida, ofensas y humillaciones constantes.
(Con reporte de Yolanda Huerga para Martí Noticias)
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