Derechos Humanos
Régimen cubano intensificó represión contra líderes religiosos en 2019
A pesar de que la Constitución estipula la libertad de conciencia y religión, y prohíbe la discriminación basada en la religión, el régimen cubano continuó usando amenazas, detenciones, violencia y otras tácticas coercitivas para restringir ciertos grupos religiosos y las actividades de líderes y seguidores, dijo este miércoles el Departamento de Estado de EEUU en su Reporte Internacional de Libertad Religiosa correspondiente a 2019.
Según declaraciones de la organización de defensa de los derechos humanos Christian Solidarity Worldwide (CSW) y líderes religiosos en la isla, el Partido Comunista de Cuba (PCC), a través de su Oficina de Asuntos Religiosos (ORA) y el Ministerio de Justicia, continuó controlando la mayoría de los aspectos de vida religiosa en la isla.
Tras la aprobación de la constitución en febrero de 2019, que fue criticada por algunos grupos religiosos, el gobierno aumentó la presión sobre los líderes religiosos, incluso a través de la violencia, las detenciones y las amenazas. Las autoridades, añade la organización, restringen el derecho de los prisioneros a practicar la religión libremente y limita o bloquea los viajes internacionales y nacionales por motivos religiosos, según informes de CWS citados en el reporte.
Los medios de comunicación y los líderes religiosos dijeron que el gobierno intensificó el acoso y detención de miembros de grupos religiosos que abogan por una mayor libertad de culto y política en el país, incluida la líder del movimiento opositor femenino Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, el activista por los derechos cristianos Mitzael Díaz Paseiro, su esposa y activista Arianna López Roque, y el coordinador regional del Instituto Patmos, Leonardo Rodríguez Alonso.
CSW indicó que entre julio y noviembre de 2019, las autoridades detuvieron, sin cargos, a Ricardo Fernández Izaguirre, miembro del Movimiento Apostólico y periodista independiente.
El informe añade que muchos grupos religiosos dijeron que su incapacidad para obtener el registro legal que otorga la Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia impedía la capacidad de los adherentes para practicar su religión. Las autorirdades "continuaron negando el registro oficial a ciertos grupos, incluidas varias iglesias apostólicas, o no respondieron a solicitudes pendientes desde hace mucho tiempo, como las de los Testigos de Jehová y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia de Jesucristo)", subraya el informe.
Leyes que restringen la libertad religiosa
El Código Penal cubano establece que la membresía o asociación con un grupo no registrado es un delito; las penas van desde multas hasta tres meses de prisión, y los líderes de tales grupos pueden ser condenados a hasta un año de prisión.
La ley regula el registro de "iglesias en casas" (residencias privadas utilizadas como lugares de culto). Dos casas culto, como también se les conoce, de la misma denominación no pueden existir a menos de dos kilómetros (1.2 millas) una de otra, y deben proveer información detallada a las autoridades, incluida la cantidad de fieles, las fechas y horas de los servicios, y los nombres y edades de todos los habitantes de la casa en la que se realizan los servicios.
Según CSW, muchos líderes religiosos practicaron la autocensura debido a la vigilancia del gobierno y la infiltración de grupos religiosos.
Por otro lado, la educación religiosa está altamente regulada en la isla y la educación en el hogar es ilegal. En abril de 2019, las autoridades arrestaron y sentenciaron a los defensores de la educación en el hogar Reverendo Ramón Rigal y su esposa Ayda Expósito, por su negativa a enviar a sus hijos a escuelas administradas por el gobierno por razones religiosas.
En julio, el gobierno impidió que los líderes religiosos viajaran a los Estados Unidos para asistir a la Ministerial para promover la libertad religiosa. Según CSW, el 10 de noviembre, las autoridades impidieron que el presidente de la Convención Bautista del Este saliera del país.
Los rastafaris, cuyo líder espiritual permanece encarcelado desde 2012, se encuentran entre los grupos religiosos más estigmatizados y reprimidos en Cuba. El reporte cita un informe del Instituto Patmos que afirma que la música reggae, la forma principal de expresión rastafari, ha sido marginada en la isla y sus bandas censuradas.
"Según Sandor Pérez Pita, conocido en el mundo rastafari como Rassandino (...) los rastafaris son constantemente atacados por las medidas represivas del gobierno contra las drogas", y encarcelados por este motivo aún sin evidencias de posesión o tráfico real de estupefacientes, indica el reporte. Añade que las autoridades cubanas también someten a los rastafaris a discriminación por su ropa y peinados. Los niños en edad escolar son segregados y los adultos sufren la discriminación laboral.
EEUU mantiene vigilancia sobre Cuba
El reporte indica que funcionarios de la embajada de Estados Unidos en La Habana se reunieron brevemente con Caridad Diego, la jefa de la ORA, durante una misa en septiembre de 2019, para celebrar la promoción del arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, al rango de cardenal, pero "Diego se negó a celebrar una reunión de seguimiento".
Los funcionarios de la sede diplomática estadounidense también "se reunieron regularmente con una variedad de grupos religiosos, incluidos protestantes, judíos, testigos de Jehová, musulmanes y católicos, sobre el estado de la libertad religiosa y las actividades políticas relacionadas con las creencias de los grupos religiosos".
El documento destaca que, tanto en declaraciones públicas como en las redes sociales, los funcionarios del gobierno de EEUU, Incluidos el presidente Donald Trump y el Secretario de Estado Mike Pompeo, continuaron pidiendo al gobierno cubano "que respete las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de religión".
El informe recuerda que el 18 de diciembre pasado, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, el Secretario de Estado colocó a Cuba en la Lista Especial de Vigilancia por haber participado o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa.
Religión en Cuba, según las cifras
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La situación en las prisiones y el relato del régimen sobre el delito de pensar diferente
Amnistía Internacional celebró este jueves un foro sobre la violación a los derechos humanos en las prisiones cubanas.
Representantes del Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas y de Iniciativa A.C. participaron del evento, en el cual se presentó el libro Imágenes de Rebeldía.
Camila Rodríguez, directora de Iniciativa A.C., dio inicio a la conferencia con un resumen del trabajo hecho en el último año, sobre los abusos en las cárceles cubanas.
Según dijo, se registraron numerosos casos "preocupantes", aunque el Estado cubano carece de transparencia y no difunde datos sobre las condiciones de vida en las prisiones y tampoco permite que grupos de derechos humanos puedan visitar los centros de reclusión.
“Las personas privadas de libertad, especialmente las privadas por razones políticas, en muchas ocasiones son castigadas, maltratadas y recluidas en celdas de aislamiento”, lamentó Rodríguez.
También precisó que el Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas, entre el 1 de marzo de 2023 y el 26 de marzo de 2024, registró 1.844 incidentes de abusos en centros de detención.
Un total de 592 se refirieron a problemas de salud y falta de atención médica, mientras 1.350 están relacionados con la implementación de prácticas de hostigamiento y represión.
Algunos de los actos represivos documentados son:
- Reclusión en celdas de castigo por manifestar ideas políticas en el penal
- Prohibiciones de llamadas telefónicas y visitas
- Negación de pases
- Golpizas
- Práctica de técnicas de tortura como interrogatorios intimidatorios y esposas con “chaquira” durante horas
- Negación de entrega de medicamentos, o artículos para el aseo de alimentos
- Vigilancias y exposición a hechos violentos por parte de reclusos peligrosos
- Amenazas con fabricación de nuevas causas
- Negación de la libertad condicional
- Negación de asistencia religiosa
- Negación al régimen de menor severidad.
Durante el periodo, el Centro registró el fallecimiento de 37 reclusos en prisiones cubanas, 27 de ellos como “consecuencias directas de la falta de atención médica de las autoridades penitenciarias”.
Por razones políticas, la vulnerabilidad es más recurrente entre las víctimas que denuncian violaciones de derechos en su contra, por estar privados de libertad por razón política, ser afrodescendiente, ser activista o defensor de humanos, o padecer enfermedades crónicas, señala el informe.
El centro ha dado seguimiento a algunos patrones diferenciados de la violencia contra las mujeres en los penales, resaltando entre ellos los castigos en relación con la maternidad.
Las presas políticas pueden ser enviadas a centros penitenciarios fuera y lejos de sus provincias de residencia, lo cual dificulta y encarece las visitas familiares.
Al concluir sus comentarios, la directora de Iniciativa A.C. subrayó que su equipo “se compromete a continuar las labores de monitoreo, documentación y denuncia para que ningún evento violatorio de Derechos Humanos en las prisiones de Cuba pase por alto” y para que el Estado “sea criticado y juzgado por la comunidad internacional”.
La investigadora y académica Hilda Landrove dijo que las cifras mencionadas anteriormente son impresionantes, y que es importante entender que desde “el momento cero”, o sea el inicio del castrismo, se impidió una observación no gubernamental de lo que ocurre en las prisiones.
Aunque el gobierno siempre intenta controlar el retrato de lo que ocurre en las cárceles, hay organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recogen testimonios sobre la realidad, dijo Landrove.
Al abordar este tema, la académica recordó “el cinismo” del general Raúl Castro, cuando dijo delante del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que si hay presos políticos, que le muestren la lista, así los pone en libertad. “Esos políticos por la tarde están libres”, declaró el general aquel día.
Es claro que hay una lista y que “obviamente no van a liberar absolutamente a nadie”. El problema en Cuba, dijo, es que hay una “negación a reconocerte”. Es además una “exhibición del poder”, un reflejo de “prepotencia”.
Landrove recordó lo que describió como el “cinismo” de Fidel Castro, quien negó una vez a una periodista que en Cuba no había pruebas de la existencia de presos políticos, aunque esta mencionó el alto número de testimonios que reflejan otra realidad en la isla.
Poder encarcelar, torturar y degradar es parte clave del sistema totalitario en Cuba, subrayó Landrove. La lógica revolucionaria “requiere una represión sistemática y es constitutiva”.
Otro aspecto del método represivo cubano, es el relato de que no hay presos por pensar diferente, sino por “ejecutar acciones” que demuestran ese pensamiento diferente, “lo cual es una cosa así como extrañísima, no?”, planteó la académica.
Normando Hernández, director del ICLEP y exprisionero político de la Primavera Negra del 2003, dijo que “el desastre que existe en las prisiones cubanas” es algo que él vivió personalmente.
“Hay cientos de prisioneros de conciencia en Cuba”, dijo, y en las prisiones hay personas torturadas no sólo por las agresiones físicas, sino por la falta de servicios básicos de salud y alimentos.
Hay que recordar que José Daniel García está tras las rejas sólo por tratar de protestar el 11J, dijo. Ahora está aislado, con visitas familiares breves y muy esporádicas. “Es una tortura cruel tener a una persona tan aislada…él va salir mal de ese lugar”, afirmó Hernández.
El expreso de conciencia del Grupo de los 75 también se refirió a las “chaquiras”, o sea “esposarte las manos con esposas de hierro, los pies, y unirte con otras esposas, las manos y los pies, y acostarte en el piso más o menos en una posición fetal y dejarte tirado en una celda de aislamiento oscura húmeda, donde los roedores, las ratas, las cucarachas, los mosquitos hacen de tí una presa fácil”.
"En las prisiones cubanas se tortura a diario", subrayó Hernández al concluir el foro.
Comienza juicio contra manifestantes de Caimanera: "Espero ganar, porque ellos no hicieron nada"
Ya se encuentran en el Tribunal Popular Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, los familiares de los seis jóvenes encausados por su participación en la protesta popular que sacudió Caimanera el 6 de mayo de 2023, para participar en la vista judicial prevista para las 9 de la mañana de este miércoles.
Los encausados son Daniel Álvarez González, con petición fiscal de nueve años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir y Luis Miguel Alarcón Martínez, al que le piden seis años por los delitos de desórdenes públicos y atentado, ambos en medida cautelar de prisión en el Combinado de Guantánamo.
Los otros implicados en el proceso permanecían en libertad condicional bajo fianza: Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquiz González y Felipe Octavio Correa Martínez, con petición fiscal de seis años por desórdenes públicos y atentado; y Yandris Pelier Matos, quien se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años por desórdenes públicos, informó a Martí Noticias Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los manifestantes.
“No ha habido ningún cambio, todo está listo. Es un juicio a puerta cerrada, es lo que hasta ahora tengo conocimiento. Vamos a ver qué sucede, estamos los imputados, tres testigos de cada uno y dos familiares más cercanos. El último contacto que tuve con el abogado, [dijo que] él tenía preparado la defensa de los muchachos”, explicó la mujer.
Junto a los familiares, participan en la vista judicial los testigos de la defensa, así como también policías y funcionarios gubernamentales, quienes testificaran en contra de los encausados.
El juicio había sido inicialmente programado para el martes dos de abril, siendo suspendido a última hora sin explicación alguna por parte del tribunal.
Sobre lo que espera de este proceso judicial, Martínez Valdivia señaló:
“Yo espero ganar el juicio, porque ellos no hicieron nada, ellos simplemente tuvieron libertad de expresión. No le dieron golpes a nadie. Aparte, ellos no incitaron a nadie. El pueblo salió a decir lo que sentía, no porque ellos incitaron a nadie”, enfatizó.
El 6 de mayo de 2023, cientos de personas se lanzaron a las calles de Caimanera para exigir al gobierno el respeto a sus derechos como ciudadanos y mejores condiciones de vida. Los manifestantes gritaban “Libertad”, “Patria y Vida” y “Vivan los derechos humanos”, entre otras consignas.
Las autoridades respondieron de forma violenta, desplegando contra los manifestantes a efectivos de las tropas especiales del ejército, y con cortes al servicio de internet en casi todo el país.
Varias organizaciones internacionales han condenado la represión contra los jóvenes manifestantes de Caimanera y exigido al gobierno cubano su liberación. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, publicado en abril de este año, Amnistía Internacional dijo que el gobierno cubano “reaccionó con fuerza excesiva”, ante la protesta de los caimanerenses por las malas condiciones de vida y la falta de derechos humanos.
“Los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron violencia física contra quienes participaban en el acto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la detención arbitraria de los manifestantes y condenó la existencia de una constante represiva”, subrayó el informe.
Madre confía en que carcelero que agredió a su hijo en el Combinado del Este será llevado a Tribunal Militar
Un guardia de la prisión del Combinado del Este, en La Habana, que agredió al preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Yoanky Báez Albornoz, podría ser llevado a un tribunal militar.
Daimy Albornoz Rodríguez, madre del condenado a 14 años de privación de libertad por el delito de sedición, luego de que participara en las protestas pacíficas de La Esquina de Toyo, en el municipio capitalino de 10 de Octubre, explicó a Martí Noticias que la agresión tuvo lugar el día en que le correspondía a la compañía de su hijo salir al patio a tomar el sol.
“Le tocaba a la compañía de él el patio y, cuando abren la reja que le dicen ‘Compañía, patio’, mi hijo sale para el patio y el guardia, cuando le tocó salir a él, le dijo ‘tú no, tú no vas al patio, tú quédate aquí, ponte para acá’, y mi hijo le dijo que no, que él no se iba a detener en ningún lado”, dijo Rodríguez.
La señora explicó que, ante la negativa del joven, el oficial lo amenazó con llevarlo a la jefatura, a lo que el prisionero político contestó: “Bueno, tú me llevas para donde tú quieras porque yo no tengo miedo y yo no he cometido ningún delito”.
“Cuando mi hijo echó a andar, (el oficial) le cae atrás y un preso le dice (a su hijo) ‘¡Yoanky, cuidado!’, y cuando mi hijo se vira, el guardia le tira una galleta (bofetada). La primera galleta no le da y en la segunda, se meten los presos de por medio y, por encima de los presos, el guardia le dio la galleta en la cara a mi hijo y ahí empezaron a gritar los presos ‘¡Libertad, libertad!, ¡Patria y Vida, Patria y Vida!’ y ahí se unió en el coro todo el edificio completo cuando empezaron a oír los gritos del tercer piso”, explicó Albornoz Rodríguez.
La mujer declaró a Martí Noticias que su hijo no fue castigado por lo ocurrido ese día y que ella conversó con el mayor Leonelvis Hardy Baró, jefe del bloque donde está encarcelado su hijo.
“No lo castigaron porque el jefe del edificio Nº 1, que analizó el problema, me atendió, me dijo que mi hijo tenía la razón, que ellos no estaban ahí ‘para maltratar a ningún preso’ y eso ‘ellos no lo aceptan’ al punto de que, me dijeron, que él (guardia agresor) iba a ser sancionado y lo tenía ya hoy retenido y que ya eso lo sabía el jefe de ahí, del Combinado del Este y que lo iban a llevar a un Tribunal Militar”, concluyó Rodríguez.
Esto no es un caso aislado, el régimen de La Habana aseguró en el más reciente Examen Periódico Universal de Cuba, que "en los últimos cinco años, se había sancionado a 144 funcionarios de prisiones por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.
Los prisioneros, sus familiares y numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado múltiples casos de castigos, torturas y malos tratos cometidas por personal de centros penitenciarios cubanos. Además de abuso verbal, privación de atención médica, trabajos forzados, confinamientos en solitario, privación de sueño y de comida, ofensas y humillaciones constantes.
(Con reporte de Yolanda Huerga para Martí Noticias)
Campaña expone “patrón de castigo” a las presas políticas cubanas
Una iniciativa del centro de asesoramiento legal Cubalex busca visibilizar, de manera general y casuística, el impacto de la prisión política en las mujeres cubanas.
La campaña “Derechos negados: Mujeres encarceladas por motivos políticos en Cuba”, pretende además denunciar el uso de esta herramienta por regímenes autoritarios para controlar las voces críticas.
“Se ha denunciado que las autoridades [penitenciarias] toman decisiones a partir de las órdenes que les da la Seguridad del Estado en estos casos específicos de las mujeres privadas de libertad por motivos de opinión”, explicó Giselle Morfi, especialista de Cubalex.
La organización Justicia 11J tiene registradas 62 mujeres cubanas que están separadas de sus familias por disentir.
“Estas mujeres se encuentran en especial situación de riesgo”, asegura Cubalex sobre las presas políticas.
“Las condiciones de higiene de las prisiones, de manera general, son insalubres. Las pocas veces que hay agua, es de muy mala calidad, puede tener hasta fango, fetidez, incluso, el agua de tomar”, señaló Morfi.
La abogada detalló que las malsanas condiciones de los establecimientos penitenciarios afectan en particular a las mujeres embarazadas, más susceptibles a infecciones y otras enfermedades derivadas de la falta de higiene.
A esto se le añade la escasez de medicamentos en el país y la negligencia de los responsables de prisiones “que, muchas veces, aunque la familia lleva, por ejemplo, pastillas prenatales, no se las dan a la embarazada”, subrayó Morfi.
La experta considera que esta práctica se convierte en “un patrón de castigo” a las presas políticas.
Los penales no tienen médicos especialistas por lo que las presas con dolencias que requieran un ginecólogo, u otro especialista, deben ser trasladadas a un centro de salud cercano.
“Nos sacan de ‘conduce’ para un hospital porque ahí no hay condiciones para eso. Pero, muchas veces, perdíamos el turno porque no había petróleo o no había carro”, relató Liliana Oropesa, excarcelada este lunes bajo una licencia extrapenal. La mujer se encuentra embarazada de ocho meses y estaba recluida en la sección destinada a las mujeres en esa condición de la Prisión de Mujeres de Occidente.
“No nos daban ninguna dieta [a las gestantes]. Nos daban la misma comida que a todo el mundo”, apuntó Oropesa, que cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el barrio habanero La Güinera.
Los exámenes como el que detecta el VIH y los exudados vaginales imprescindibles para la salud y bienestar femenino, son una asignatura pendiente en las cárceles cubanas.
“Hicieron una vez una prueba citológica y más nunca volvieron a repetirla ni ningún otro análisis”, anotó la joven.
En este sentido la abogada de Cubalex alertó que la crisis generalizada que afecta al país se agudiza al interior de las prisiones:
“En el caso de las mujeres aún mayor, pues son un grupo vulnerable donde la situación es caótica porque no tienen las condiciones higiénicas necesarias que exigen las reglas de Bangkok: ni siquiera les dan toallas sanitarias para que puedan pasar su periodo menstrual de manera digna”.
Las Reglas de Bangkok establecen el primer grupo de patrones internacionales de derechos humanos centrados en las necesidades especiales de las mujeres privadas de libertad.
En un hilo de X, Cubalex advierte que la violencia sistemática en las prisiones somete a las mujeres presas a numerosas violaciones de derechos humanos.
La prisión política es injusta para cualquier ser humano, pero en las mujeres tiene un más fuerte golpe para ella y su familia, indicó Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido y cuñado de María Cristina Garrido, ambas presas políticas por participar en las manifestaciones del verano de 2021 en Quivicán, provincia Mayabeque.
“Cuando es la mujer, la madre la que falta en la familia, lo demás se desmorona. Si falta ella, falta el alma, lo que aglutina, que une en dedicación al hogar”, afirmó.
“María Cristina es madre de tres niños. En una carta me escribía, que lo que más le duele son esos tres niños. Saber que el varoncito no tiene la merienda en el momento que lo necesita o el peinar a Sofía, su niña menor con esa paciencia que solo ella puede tener. Son muchos detalles, más allá del machismo”, refirió Rodríguez.
Agregó que hombres y mujeres son tratados con igual severidad en las cárceles cubanas: “Cuando a María Cristina Garrido le daban, le daban duro, igual que a los hombres, por la cara para obligarle a gritar 'Viva Fidel, Viva Díaz Canel'. La proyectaban hacia el suelo con una técnica de judo y le abrían los pies para que los soldados ‘machitos’ vieran su ropa interior manchada de sangre porque estaba en el periodo menstrual y no le daban una almohadilla sanitaria”.
“A Lisandra Góngora la llevaron para la Isla de la Juventud alejándola cientos de kilómetros de sus cinco hijos pequeños”, recordó Rodríguez.
Cubalex resaltó las figuras de Sayli Navarro Álvarez, Daisy Rodríguez Alfonso, Odet Hernández Cruzata, María de Jesús Terrás Díaz, Lisdiany y Lisdanis Rodríguez Isaac y Mailene Noguera Santiesteban, entre otras.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha atestiguado en repetidas ocasiones que su Gobierno se “ocupa y preocupa” de las mujeres “en desventaja”, pese a “la manipulación que se teje sobre este sensible tema”.
Al respecto, los observatorios feministas independientes del país han resaltado que la violencia política contra las mujeres es violencia de género.
Cuba incumple plazo de responder a la ONU sobre preso político Roberto Pérez Fonseca
A seis meses de la opinión número 51 de 2023 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA), donde se exige la liberación inmediata e indemnización del preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, las autoridades cubanas no han cumplido con el plazo dispuesto para responder sobre su caso.
Su abogado, Sergio Osmín Fernández Palacios, aseguró desde La Habana a Martí Noticias que en dicha opinión, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno cubano a proceder con la libertad inmediata, indemnización, investigación exhaustiva e independiente sobre las violaciones de derechos, y a adoptar medidas contra los responsables, así como difundir la opinión por todos los medios disponibles.
Sin embargo, según Fernández Palacios, estas medidas "han sido ignoradas por el régimen totalitario”.
Pérez Fonseca, tornero de profesión, fue condenado a 10 años de cárcel en un juicio ordinario donde fue hallado culpable de los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, e instigación a delinquir, por participar en las manifestaciones en San José de las Lajas, Mayabeque, el 11 de julio de 2021.
Según el centro de monitoreo de los procesos judiciales contra los detenidos en las protestas del verano de 2021, el portal Justicia 11J, al hombre de 41 años y padre de dos menores lo condenaron "sobre todo porque fue un “líder” para su comunidad y se atrevió a destrozar el rostro de Fidel Castro".
Encarcelado desde el 16 de julio de 2021, el prisionero político ha estado en la Prisión Melena del Sur y en la Prisión de Quivicán.
El abogado Fernández Palacios informó a Martí Noticias que además hizo llegar a la ONU denuncias sobre la creciente represión contra Pérez Fonseca.
Entre los hechos enumerados por el defensor se cuenta que en diciembre de 2023, las autoridades penitenciarias le impidieron que recibiera la visita del monseñor Eloy Ricardo Domínguez Martín, obispo auxiliar de La Habana, y que en enero de 2024, sufrió una crisis de dolor con vómitos sangrantes debido a condiciones penitenciarias precarias, que ha sido amenazado de muerte, y que, en ocasiones, se le ha suspendido la comunicación telefónica.
El proceso de seguimiento permite al GTDA mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados, informa en uno de sus párrafos la decisión 51.
Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, insta a los familiares de los presos políticos cubanos a denunciar la realidad en las cárceles de la isla.
A pesar de las amenazas recibidas, Fonseca se ha convertido en una de las voces más importantes de la causa por la libertad de los encarcelados en las manifestaciones.
"Tenemos la razón", dijo la señora, quien insiste en seguir luchando por la justicia y la libertad de su hijo y de todos los presos políticos cubanos.
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