Cuba
Arrestado, amenazado y multado por revelar casos en hogar de ancianos en Santa Clara
El activista villaclareño que dio a conocer en redes sociales la semana pasada el aumento de casos de COVID-19 en un hogar de ancianos de Santa Clara, Yoel Bravo López, fue arrestado por la policía política y amenazado con “ir a parar en prisión como José Daniel Ferrer” si continúa difundiendo información que el gobierno considera “contraria al interés social”
Poco después de las 9 de la mañana del lunes “fui arrestado por el jefe de la Seguridad del Estado aquí en Villa Clara con un grupo de oficiales más y un operativo escandaloso”, le contó el martes Bravo López a la periodista de Radio Televisión Martí Idolidia Darias.
Le quitaron su teléfono celular, lo llevaron a la Tercera Unidad, y de allí a Instrucción, donde le abrieron un expediente por desacato, según le informara un teniente coronel e instructor identificado como Osmani. Luego fue sometido a un interrogatorio de más de dos horas, “a ofensas y amenazas”, y le aplicaron una multa de tres mil pesos; “una multa injusta que no voy a pagar”, declaró el activista.
La información compartida por Bravo López, quien encabeza el Movimiento Opositor “Juventud Despierta” e integra el Frente de Resistencia Cívica “Orlando Zapata Tamayo”, parece haber sido el motivo de una campaña “de información oportuna” y de una ofensiva desatada por las autoridades sanitarias de Villa Clara y del país para contrarrestar la crisis en el Hogar de Ancianos No. 3 de Santa Clara.
“Esa información no se la habían dado al pueblo; dijeron que eran 11 ancianos, y nosotros publicamos en redes sociales que eran 22 confirmados, y que Tele Cubanacán estuvo allí en el asilo y, sin embargo, la televisión cubana, el Ministerio de Salud Pública, el régimen, no autorizó sacar imágenes del asilo por las malas condiciones, infrahumanas, en que viven esos ancianos allí”, manifestó Bravo López.
Según fue informado por los agentes, le aplicaron el Decreto 310, no el 370, esgrimido en estos días contra periodistas independientes como Mónica Baró en La Habana. Bravo López conversó al respecto con la abogada Laritza Diversent, quien le explicó que como el régimen ya ha puesto varias multas por el Decreto 370, “al parecer ahora van a empezar a ponerlas por el 310”.
El domingo le hackearon su cuenta, dos días después de haber publicado que el Hogar de Ancianos No. 3 tenía 22 casos de COVID-19, gracias a información obtenida “por simpatizantes nuestros y por vías confiables, como también dimos el primer caso de COVID-19 aquí en Villa Clara”, dijo.
El martes, sitios oficialistas como Cubadebate reportaban la existencia de 57 casos entre ancianos y trabajadores del asilo. "Lamentablemente, y a pesar de los ingentes esfuerzos del Estado Cubano...", indica el sitio de internet de la emisora provincial CMHW de Villa Clara.
“Hasta el momento allí se reporta el evento de transmisión local más grande del país”, dice Cubadebate. “Según los datos oficiales, el 20 de abril los números mostraban un balance de 57 casos positivos --44 de ellos adultos mayores--, un fallecido, y 148 contactos vinculados a 13 trabajadores confirmados con el nuevo coronavirus”.
Respondiendo una pregunta de la periodista, Bravo López explicó que el arresto, el expediente y el caso por desacato y la multa fue por publicar la semana pasada los datos sobre el asilo, “por otras cosas más que ellos saben que tenemos información”, y por repartir almuerzo y comida a ancianos y a niños enfermos como parte del proyecto Armando Sosa Fortuny.
“Me dijeron que no iban a permitir nada de eso y que en [mi] caso iba a parar en una prisión como José Daniel Ferrer; que para eso me tenían el expediente [de desacato] preparado, que lo iban a dejar abierto y que me iban a imponer la multa de tres mil pesos”, relata el activista. “Les dije que sí podían llevarme a prisión, y después que yo estuviera en prisión tendrían que matarme, que es lo que van a tener que hacer; esas fueron las palabras que les dije”.
Confirmó que las autoridades sanitarias de Santa Clara establecieron otro centro especial de aislamiento en la Escuela Especial Marta Abreu, frente a la fábrica INPUD; que está militarizado por completo con brigadas especiales y cerrado “con cintas amarillas y con unas casas de campaña que son dos hospitalitos militares”.
“Este es el último nuevo centro de COVID-19 que han hecho en Santa Clara porque todo está colapsado: el Hospital Militar [Manuel Fajardo] está colapsado, la sala del hospital nuevo está colapsada; [la escuela de] Trabajadores Sociales está colapsada”, aseguró Bravo López.
En la búsqueda de responsables del foco de transmisión del Hogar de Ancianos No. 3 de Santa Clara, el reporte de Cubadebate cita al Dr. Neil Reyes Miranda, director de Higiene y Epidemiología en Villa Clara.
“Encontramos que un médico y una enfermera que posteriormente resultaron positivos a la COVID-19 presentaron síntomas respiratorios y aun así continuaron trabajando”, dijo Reyes Miranda, según el medio oficialista. “Quizás no creyeron que fuera algo serio o que no debían ausentarse y afectar a los demás, porque se resolvió enseguida, pero lo cierto es que incumplieron las orientaciones de permanecer en casa ante alguna sospecha de enfermedad”.
De acuerdo con la emisora provincial de radio CMHW, que también cita al Dr. Reyes Miranda, “aunque se profundiza más en la investigación, hubo violaciones de los protocolos” y “hoy siguen depurándose responsabilidades”.
Además de la Escuela Especial Marta Abreu que menciona el activista, y donde han sido internados 79 ancianos que no han resultado positivos a la prueba del COVID-19, según Cubadebate, los 44 confirmados con la enfermedad fueron internados en los hospitales Manuel Fajardo y Celestino Hernández.
El Decreto Ley 310 aplicado a Bravo López “amplía los procesos en los tribunales municipales y eleva hasta tres años la posibilidad de privación de libertad sin llegar a la vista judicial”, informa la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
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Casi 18 mil cubanos llegaron a la frontera de EEUU en abril
En abril, un total de 17.870 inmigrantes cubanos fueron registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés).
Se trata del mes con el menor número de llegadas en lo que va de año fiscal 2024, en el que se certificó el arribo de 144.378 cubanos.
En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 128.900 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, la cifra representa un 6% menos que los registros de marzo de 2024 y un 30% menos que los de abril de 2023.
“Como resultado de una mayor vigilancia, los encuentros en la frontera suroeste no han ido en aumento, revirtiendo tendencias previas. Seguiremos monitoreando los patrones migratorios, los cuales cambian de manera constante”, dijo Troy Miller, comisionado en funciones de la CBP.
En abril, las autoridades estadounidenses permitieron el ingreso de 41.400 personas en los cruces fronterizos con México por medio de la aplicación de citas en línea CBP One, con lo cual la cifra total de ingresos ascendió a más de 591.000 desde que se introdujo este sistema en enero de 2023.
En el caso del parole humanitario, se han beneficiado 91.000 cubanos.
Este mes la Administración Biden anunció nuevas restricciones a la política de asilo, otorgando más poder a los agentes federales de inmigración para conceder o no las peticiones y acelerar las deportaciones.
"Esta regla permitiría expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública", dijeron las autoridades estadounidenses.
La ley federal "prohíbe el asilo y la suspensión de la expulsión a personas que representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, específicamente aquellos que han sido condenados por un delito particularmente grave, participaron en la persecución de otros, son inadmisibles por motivos de seguridad nacional o relacionados con el terrorismo, o para quienes existen motivos razonables para considerarlos un peligro para la seguridad de los Estados Unidos".
Anteriormente, la determinación de elegibilidad para el asilo se daba en una etapa posterior del proceso: en la etapa de adjudicación de méritos de las solicitudes de asilo y de retención de expulsión, pero en lo adelante, los funcionarios de asilo esto ocurrirá pocos días después de que se encuentra a una persona.
"La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí", dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
A uno le negaron el Parole pero otra alta dirigente entró por CBPOne por “miedo al socialismo” (VIDEO)
Mientras a Liván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud le negaban el parole humanitario para entrar a Estados Unidos, su antecesora en el cargo, Arelys Casañola Quintana, se instalaba en Kentucky tras pedir asilo el 20 de abril de 2024 en la frontera sur, mediante la aplicación CBPOne en la que alegó “miedo al socialismo”, según conoció Martí Noticias.
Casañola Quintana fue presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud entre 2012 y 2018 y diputada al parlamento cubano. Antes, fue dirigente de la Federación oficialista de Mujeres Cubanas, jefa en la Unión de Jóvenes Comunistas y otras empresas estatales, e incluso llegó a graduarse en la Escuela Superior del Partido Ñico López con especialidad en Defensa Nacional.
Un reporte de la prensa local en 2018 da cuenta de su “liberación por petición propia” de sus cargos, debido a que permanecería “por un largo período de tiempo en el exterior, que la imposibilita cumplir las tareas asignadas”.
"Numerosos reconocimientos de organismos y organizaciones recibió, entre ellos la réplica del buque Pinero, atributo de mayor rango que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular", reseñó entonces el Periódico Victoria.
La ex dirigente no quiere hablar de su pasado comunista
Casañola Quintana, de 56 años, viajó a México con su hijo Fidel Alejandro Espinosa Casañola y durante meses esperaron su cita de CBPOne, la única vía legal para pedir asilo en la frontera estadounidense. Medios independientes habían reportado su presencia en México, pero aún así logró obtener su cita y entrar a Estados Unidos alegando “miedo al socialismo”, dijeron fuentes cercanas a la exfuncionaria, que fueron consultadas por Martí Noticias.
Mediante las citas programadas en CBPOne han entrado a Estados Unidos más de 500,000 inmigrantes, quienes alegan miedo a regresar a sus países por persecución y en teoría deben pelear un asilo en cortes norteamericanas.
Madre e hijo eliminaron sus perfiles de Facebook tras ser contactados por Martí Noticias para esta historia.
Un perfil a nombre de Casañola Quintana en la red social X fue muy activo en compartir propaganda favorable al régimen cubano hasta mayo de 2023.
Martí Noticias conversó telefónicamente con un familiar de Casañola Quintana, quien confirmó que ella entró a Estados Unidos por CBPOne y que no quiere hablar con la prensa sobre su pasado comunista.
Recientemente Martí Noticias reveló en exclusiva cómo le fue negada la entrada a Estados Unidos a Liván Fuentes Álvarez, quien trabajó mano a mano con Casañola Quintana, primero como vicepresidente de la Asamblea Municipal en Isla de Pinos y luego la sustituyó cuando ella decidió irse al extranjero.
Reacciones ante su llegada a Estados Unidos
“Ella iba por los pueblos pidiéndole a la gente que confiara en la revolución y el socialismo. Pedía mano dura contra las ilegalidades. Hablaba maravillas de Fidel, de Raúl y de Díaz-Canel y mira dónde está ahora. Todo el mundo está indignado en la Isla ¿Cómo pueden dejar entrar a Estados Unidos alguien así?”, dijo María Antonia Guerra desde la Isla de la Juventud.
El activista Ramón Salazar, reprimido por manifestarse el 11 de julio de 2021, dijo a Martí Noticias que es una “vergüenza” que se le permitiera la entrada a EEUU a alguien “con esas credenciales”.
“Queremos ponerle asunto a las autoridades migratorias de Estados Unidos para hacerle llegar que esta señora, en el tiempo que estuvo como presidenta del Poder Popular, ordenó y participó en actos de repudio en contra de opositores y también es miembro del Partido Comunista de Cuba”, dijo.
“Pedimos que se analice su caso y sea devuelta a territorio cubano. Disfrutó de los beneficios de la dictadura y ahora también quiere hacerlo con Estados Unidos de Norteamérica”, insistió Salazar, quien preside el opositor Partido Autónomo Pinero.
¿Quién tiene derecho a pedir asilo?
Según el derecho estadounidense e internacional, cualquiera que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo, dijo el abogado Ángel Leal.
“Las leyes actuales permiten que cuando cientos de miles de personas cruzan la frontera estadounidense puedan buscar esa protección. Es la sección 208 del Código de Inmigración”, dijo Leal.
Para ganar un caso de asilo, el inmigrante debe demostrar persecución o temor a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
De acuerdo con fuentes cercanas a Casañola Quintana, las autoridades le entregaron un Formulario I-94, considerado un Registro de Entrada al país.
El Departamento de Seguridad Nacional expide este documento a los extranjeros que son admitidos, a los que están en proceso de ajusta su estatus en EEUU o a quienes extienden su estadía.
Con el Formulario I-94 podrá obtener un Parole que le permitirá acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, al año y un día de llegar a EEUU y hacer su camino a la residencia permanente.
“Su residencia y ajuste de estatus dependerá de si es admisible o no y hay un sinnúmero de motivos por la que la podrían descalificar, por ejemplo delitos contra la moral, fraudes migratorios o la pertenencia a un partido totalitario. En el caso de Cuba tanto la pertenencia a la Unión de Jóvenes Comunistas como el Partido Comunista podrían impedirle hacerse residente”, añadió Leal.
De acuerdo al abogado, quienes participaron en un partido político totalitario deben esperar al menos cinco años para obtener la residencia permanente y en el caso de la ciudadanía deberá demostrar al menos 10 años de no tener vínculos con este tipo de organizaciones.
Organizaciones religiosas piden a Biden cambios en relaciones con Cuba
Unos 20 grupos religiosos con sede en Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden la semana pasada instándolo a realizar cambios importantes en las relaciones bilaterales con Cuba, informó la publicación Baptist News Global.
Además, criticaron la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, opinando que esto es un factor importante en la crisis económica del país caribeño y que ha tenido un efecto en la capacidad de estas organizaciones religiosas de colaborar con grupos religiosos dentro de Cuba y de brindar ayuda humanitaria en la isla.
“Para nosotros es muy difícil mandar apoyo en forma de recursos financieros, en forma de apoyo para hacer proyectos allá en Cuba. No se puede hacer por medio de los bancos, porque Cuba está en esta lista. No se puede hacer por medio de Western Union. Es una situación muy difícil, entonces nosotros hemos tenido que llevar pocas cantidades de efectivo. En realidad, es la única manera de llevar apoyo y llevar asistencia a nuestros amigos”, declaró Jason Smith, Director Ejecutivo de Bautistas por la Paz, uno de los grupos que se unió a la misiva.
En entrevista con Martí Noticias, señaló que otra dificultad que enfrentan estos grupos de fe es que los pastores cubanos que colaboran con Bautistas por la Paz y otras organizaciones no pueden viajar a Estados Unidos para participar en conferencias.
“Estamos en colaboración con amigos en México, en Puerto Rico, hasta Uganda y la República de Georgia y en ninguna de esas situaciones está tan difícil como Cuba, que solo queda a 90 millas, a 150 kilómetros de los Estados Unidos”, opinó Smith.
Además de Bautistas por la Paz, la carta fue firmada por el Consejo Nacional de Iglesias, el Servicio Mundial de Iglesias, Pax Christi USA, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.), la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Iglesia Metodista Unida, Comité Central Menonita de EE. UU., Comité de Amigos de la Legislación Nacional, Iglesia Evangélica Luterana en América e Iglesia de los Hermanos, la Alianza de Bautistas y Sociedades Misioneras Bautistas Americanas.
En la carta enviada a Biden también piden al presidente que tome medidas adicionales destinadas a aliviar la crisis económica en Cuba y opinan que el embargo contra el gobierno cubano es moralmente inaceptable y va en contra de los derechos humanos.
“No estamos en solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos, ni con el gobierno de Cuba. Estamos en solidaridad con el pueblo cubano”, subrayó Smith.
Aunque La Habana insiste en que el embargo es la principal razón de la crisis económica, las importaciones desde Estados Unidos han mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Sólo en alimentos y productos agrícolas, Cuba alcanzó en 2023 los 342.6 millones de dólares, según estadísticas del Departamento de Agricultura.
La Administración del presidente Biden ha señalado anteriormente que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses, así como de otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana.
El 12 de enero de 2021, Estados Unidos designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo tras determinar “que brindó apoyo reiteradamente a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas”.
Este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según conoció Martí Noticias.
Un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martí Noticias tuvo acceso, dice que el Departamento de Estado ha determinado que las circunstancias para la certificación de Cuba como País que No Coopera Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas (Not Fully Cooperating Country, NFCC) han cambiado de 2022 a 2023 y que, por consiguiente, la cancillería no designa a la isla como tal para el año calendario 2023, según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas.
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