Derechos Humanos
Reporte de Human Rights Watch resalta violaciones a los DDHH en Cuba
“El gobierno cubano continúa la represión y castigos contra los disidentes y las críticas públicas (al gobierno)”, afirmó Human Rights Watch durante la presentación de su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
El informe fue presentado por Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, en la sede la de ONU, en Nueva York el martes. El informe recoge la situación de los derechos humanos en más de 90 países.
En el caso particular de Cuba, el documento subrayó que los arrestos breves y arbitrarios de defensores de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil fueron más bajos en el 2019 que en los 12 meses anteriores, pero aun así continúan altos, con unas 1,800 detenciones reportadas hasta agosto.
“El gobierno continúa usando tácticas represivas contra sus críticos, incluyendo golpizas, escarnios públicos, restricciones de viaje y despidos de empleos. En febrero, una nueva Constitución de la República de Cuba fue aprobada en referendo, que entró en vigor en abril. Antes de la consulta popular, las autoridades reprimieron a los activistas que se oponían a su adopción, incluyendo allanamientos, detenciones cortas y bloqueos de varias páginas web que eran consideradas críticas del régimen”, precisó el documento.
Las detenciones
Las detenciones arbitrarias son para presionar e intimidar a sus críticos, activistas independientes, opositores políticos y otros.
Según el informe, el número de detenciones cortas y arbitrarias, que se habían incrementado dramáticamente entre el 2010 y el 2016 –desde unas 172 como promedio por mes a 827-, comenzaron a disminuir en el 2017, de acuerdo con la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Según la misma fuente, el número de detenciones arbitrarias reportadas continuó bajando en el 2019, con 1,818 de enero a agosto, una disminución del 10 por ciento en comparación con las 2,024 reportadas durante el mismo período en el 2018.
“Los oficiales de la seguridad raramente presentan órdenes de arresto para justificar las detenciones de sus críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados después de recibir advertencias, que los fiscales pueden usar en subsiguientes juicios para mostrar un patrón de comportamiento delictivo”, explicó el reporte.
“Las detenciones son usadas con frecuencia para impedir que las personas participen en marchas pacíficas o reuniones con fines políticos. Los detenidos son con frecuencia golpeados, amenazados e incomunicados por horas o días”, dice el informe de Human Rights Watch.
El documento señaló que los agentes de la seguridad presionan, maltratan y detienen de manera rutinaria a las Damas de Blanco antes o después de la misa del domingo.
Sin libertad de expresión
De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, Cuba tiene el “clima más restrictivo para la prensa en Las Américas”.
“Un pequeño número de periodistas independientes y blogueros se las arreglan para escribir artículos para portales y blogs o publican tuit. El gobierno rutinariamente bloquea el acceso dentro de cuba a esos portales. En febrero, antes del referendo sobre la nueva Constitución, bloqueó varias páginas de internet que considera críticas del régimen, incluyendo 14ymedio, Tremenda Nota, Cibercuba, Diario de Cuba y Cubanet. Desde entonces, ha continuado bloqueando otras páginas”.
El texto subrayó que “solo una fracción de cubanos” pueden leer páginas de internet y blogs independientes debido al alto costo y limitado acceso a la internet.
“Los periodistas independientes que publican informaciones consideradas críticas del gobierno son rutinariamente sujetos a acosos, violencia, campañas de descrédito, restricciones de viaje, allanamientos en sus casas y oficinas, confiscación de sus materiales y arrestos arbitrarios. A los periodistas se les mantiene detenidos sin comunicación, al igual que a los artistas y académicos que demandan mayores libertades”, precisó el reporte.
Como parte de esos esfuerzos del régimen, el decreto 370/2018 sobre la “informatización de la sociedad” entró en vigor y convirtió en ilegal para los cubanos tener una página web con servidores en un país extranjero. La nueva ley –apuntó el reporte- puede afectar directamente a la mayoría de las páginas de internet independientes y blogs críticos del gobierno. El decreto oficial también prohíbe la diseminación de información “contraria a los intereses sociales, la moral, las buenas maneras y la integridad de las personas”.
El informe también puntualizó que, en abril, el decreto 349 estableció restricciones amplias y vagas sobre las expresiones artísticas, al prohibir actuaciones o cualquier otra expresión artística en lugares públicos o privados sin la expresa autorización del Ministerio de Cultura.
“Aquellos que contraten o hagan pagos a personas por servicios artísticos sin autorización, están sujetos sanciones, como también los artistas. Entre las sanciones están multas, confiscaciones de materiales, cancelación de eventos artísticos y revocación de licencias”, indicó el reporte.
Los prisioneros políticos
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, hasta octubre, precisó que el régimen mantiene en cárceles a 109 prisioneros políticos.
El informe de Human Rights Watch subrayó que el gobierno le niega el acceso a las prisiones al grupo. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional sospecha –según el reporte- que existen más prisioneros políticos cuyos casos no ha podido documentar.
Human Rights Watch enfatizó que quienes critican al gobierno enfrentan la amenaza de enjuiciamientos y no cuentan con garantías procesales porque las cortes están subordinadas a las ramas ejecutiva y legislativa.
Entre los casos más conocidos de arrestos arbitrarios está el de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien fue detenido en su casa por agentes de la policía. Hasta el momento –precisó el informe-, no se le ha informado sobre cuáles son las acusaciones formales contra él y no ha sido presentado ante un juez.
Las restriciones a los viajes
Human Rights Watch subrayó que desde el 2003, muchas personas a las que anteriormente se les había negado el permiso para viajar pudieron hacerlo, incluyendo defensores de los derechos humanos y blogueros independientes, pero las reformas, sin embargo, “dieron al gobierno poderes discrecionales amplios para restringir los viajes sobre la base de ´defensa de la seguridad nacional´ y ´otras razones de interés público´. Las autoridades han continuado negando la salida a personas que expresan opiniones disidentes”.
Las cárceles
Las prisiones están saturadas y los prisioneros son obligados a trabajar 12 horas diarias y castigados si no cumplen las cuotas diarias, según un exprisionero político citado en el informe.
“Los prisioneros no tienen un mecanismo efectivo para quejarse por abusos. Aquellos que critican al gobierno o llevan a cabo huelgas de hambre u otras formas de protesta, con frecuencia terminan en aislamiento solitario, son golpeados, ven restringidas las visitas familiares o se les niega asistencia médica”.
Sin derechos laborales
En otra parte del reporte, Human Rights Watch apuntó que, aunque el gobierno actualizó su Código de Trabajo en 2014, La Habana continúa violando las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, en el tema de la libertad de asociación. “Aunque la ley cubana técnicamente permite la formación sindicatos independientes, en la práctica Cuba solo permite los sindicatos controlados por el gobierno: la Central de Trabajadores de Cuba”.
Los defensores de los derechos humanos
En el acápite dedicado al monitoreo de los derechos humanos, el texto advirtió que el régimen se niega a reconocer esa práctica como una actividad legítima y les niega reconocimiento a los grupos de derechos humanos locales.
“Las autoridades gubernamentales han acosado, asaltado y encarcelado a los defensores de los derechos humanos que han tratado de documentar estos abusos”.
El reporte citó el caso de Ricardo Fernández Izaguirre, un defensor de los derechos humanos y periodista, quien fue arrestado después de salir de las oficinas centrales de las Damas de Blanco en La Habana, donde había estado documentando violaciones a los derechos de libertad religiosa. Fue liberado tras nueve días en prisión”.
La comunidad LGBT
El documento de Human Rights Watch precisó que el gobierno cubano decidió retirar del borrador de la nueva Constitución, aprobada en febrero del 2018, lenguaje que hubiera redefinido el concepto de matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo.
En mayo –señaló el informe-, las fuerzas de seguridad arremetieron contra una protesta en La Habana que promovía los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Como parte de la arremetida, varios activistas fueron detenidos.
“La protesta, que no estaba autorizada, fue organizada después de que el gobierno anunciara que había cancelado la Marcha del Orgullo Gay del 2019 en Cuba”, afirmó el documento.
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Comienza juicio contra manifestantes de Caimanera: "Espero ganar, porque ellos no hicieron nada"
Ya se encuentran en el Tribunal Popular Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, los familiares de los seis jóvenes encausados por su participación en la protesta popular que sacudió Caimanera el 6 de mayo de 2023, para participar en la vista judicial prevista para las 9 de la mañana de este miércoles.
Los encausados son Daniel Álvarez González, con petición fiscal de nueve años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir y Luis Miguel Alarcón Martínez, al que le piden seis años por los delitos de desórdenes públicos y atentado, ambos en medida cautelar de prisión en el Combinado de Guantánamo.
Los otros implicados en el proceso permanecían en libertad condicional bajo fianza: Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquiz González y Felipe Octavio Correa Martínez, con petición fiscal de seis años por desórdenes públicos y atentado; y Yandris Pelier Matos, quien se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años por desórdenes públicos, informó a Martí Noticias Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los manifestantes.
“No ha habido ningún cambio, todo está listo. Es un juicio a puerta cerrada, es lo que hasta ahora tengo conocimiento. Vamos a ver qué sucede, estamos los imputados, tres testigos de cada uno y dos familiares más cercanos. El último contacto que tuve con el abogado, [dijo que] él tenía preparado la defensa de los muchachos”, explicó la mujer.
Junto a los familiares, participan en la vista judicial los testigos de la defensa, así como también policías y funcionarios gubernamentales, quienes testificaran en contra de los encausados.
El juicio había sido inicialmente programado para el martes dos de abril, siendo suspendido a última hora sin explicación alguna por parte del tribunal.
Sobre lo que espera de este proceso judicial, Martínez Valdivia señaló:
“Yo espero ganar el juicio, porque ellos no hicieron nada, ellos simplemente tuvieron libertad de expresión. No le dieron golpes a nadie. Aparte, ellos no incitaron a nadie. El pueblo salió a decir lo que sentía, no porque ellos incitaron a nadie”, enfatizó.
El 6 de mayo de 2023, cientos de personas se lanzaron a las calles de Caimanera para exigir al gobierno el respeto a sus derechos como ciudadanos y mejores condiciones de vida. Los manifestantes gritaban “Libertad”, “Patria y Vida” y “Vivan los derechos humanos”, entre otras consignas.
Las autoridades respondieron de forma violenta, desplegando contra los manifestantes a efectivos de las tropas especiales del ejército, y con cortes al servicio de internet en casi todo el país.
Varias organizaciones internacionales han condenado la represión contra los jóvenes manifestantes de Caimanera y exigido al gobierno cubano su liberación. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, publicado en abril de este año, Amnistía Internacional dijo que el gobierno cubano “reaccionó con fuerza excesiva”, ante la protesta de los caimanerenses por las malas condiciones de vida y la falta de derechos humanos.
“Los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron violencia física contra quienes participaban en el acto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la detención arbitraria de los manifestantes y condenó la existencia de una constante represiva”, subrayó el informe.
Madre confía en que carcelero que agredió a su hijo en el Combinado del Este será llevado a Tribunal Militar
Un guardia de la prisión del Combinado del Este, en La Habana, que agredió al preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Yoanky Báez Albornoz, podría ser llevado a un tribunal militar.
Daimy Albornoz Rodríguez, madre del condenado a 14 años de privación de libertad por el delito de sedición, luego de que participara en las protestas pacíficas de La Esquina de Toyo, en el municipio capitalino de 10 de Octubre, explicó a Martí Noticias que la agresión tuvo lugar el día en que le correspondía a la compañía de su hijo salir al patio a tomar el sol.
“Le tocaba a la compañía de él el patio y, cuando abren la reja que le dicen ‘Compañía, patio’, mi hijo sale para el patio y el guardia, cuando le tocó salir a él, le dijo ‘tú no, tú no vas al patio, tú quédate aquí, ponte para acá’, y mi hijo le dijo que no, que él no se iba a detener en ningún lado”, dijo Rodríguez.
La señora explicó que, ante la negativa del joven, el oficial lo amenazó con llevarlo a la jefatura, a lo que el prisionero político contestó: “Bueno, tú me llevas para donde tú quieras porque yo no tengo miedo y yo no he cometido ningún delito”.
“Cuando mi hijo echó a andar, (el oficial) le cae atrás y un preso le dice (a su hijo) ‘¡Yoanky, cuidado!’, y cuando mi hijo se vira, el guardia le tira una galleta (bofetada). La primera galleta no le da y en la segunda, se meten los presos de por medio y, por encima de los presos, el guardia le dio la galleta en la cara a mi hijo y ahí empezaron a gritar los presos ‘¡Libertad, libertad!, ¡Patria y Vida, Patria y Vida!’ y ahí se unió en el coro todo el edificio completo cuando empezaron a oír los gritos del tercer piso”, explicó Albornoz Rodríguez.
La mujer declaró a Martí Noticias que su hijo no fue castigado por lo ocurrido ese día y que ella conversó con el mayor Leonelvis Hardy Baró, jefe del bloque donde está encarcelado su hijo.
“No lo castigaron porque el jefe del edificio Nº 1, que analizó el problema, me atendió, me dijo que mi hijo tenía la razón, que ellos no estaban ahí ‘para maltratar a ningún preso’ y eso ‘ellos no lo aceptan’ al punto de que, me dijeron, que él (guardia agresor) iba a ser sancionado y lo tenía ya hoy retenido y que ya eso lo sabía el jefe de ahí, del Combinado del Este y que lo iban a llevar a un Tribunal Militar”, concluyó Rodríguez.
Esto no es un caso aislado, el régimen de La Habana aseguró en el más reciente Examen Periódico Universal de Cuba, que "en los últimos cinco años, se había sancionado a 144 funcionarios de prisiones por extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.
Los prisioneros, sus familiares y numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado múltiples casos de castigos, torturas y malos tratos cometidas por personal de centros penitenciarios cubanos. Además de abuso verbal, privación de atención médica, trabajos forzados, confinamientos en solitario, privación de sueño y de comida, ofensas y humillaciones constantes.
(Con reporte de Yolanda Huerga para Martí Noticias)
Campaña expone “patrón de castigo” a las presas políticas cubanas
Una iniciativa del centro de asesoramiento legal Cubalex busca visibilizar, de manera general y casuística, el impacto de la prisión política en las mujeres cubanas.
La campaña “Derechos negados: Mujeres encarceladas por motivos políticos en Cuba”, pretende además denunciar el uso de esta herramienta por regímenes autoritarios para controlar las voces críticas.
“Se ha denunciado que las autoridades [penitenciarias] toman decisiones a partir de las órdenes que les da la Seguridad del Estado en estos casos específicos de las mujeres privadas de libertad por motivos de opinión”, explicó Giselle Morfi, especialista de Cubalex.
La organización Justicia 11J tiene registradas 62 mujeres cubanas que están separadas de sus familias por disentir.
“Estas mujeres se encuentran en especial situación de riesgo”, asegura Cubalex sobre las presas políticas.
“Las condiciones de higiene de las prisiones, de manera general, son insalubres. Las pocas veces que hay agua, es de muy mala calidad, puede tener hasta fango, fetidez, incluso, el agua de tomar”, señaló Morfi.
La abogada detalló que las malsanas condiciones de los establecimientos penitenciarios afectan en particular a las mujeres embarazadas, más susceptibles a infecciones y otras enfermedades derivadas de la falta de higiene.
A esto se le añade la escasez de medicamentos en el país y la negligencia de los responsables de prisiones “que, muchas veces, aunque la familia lleva, por ejemplo, pastillas prenatales, no se las dan a la embarazada”, subrayó Morfi.
La experta considera que esta práctica se convierte en “un patrón de castigo” a las presas políticas.
Los penales no tienen médicos especialistas por lo que las presas con dolencias que requieran un ginecólogo, u otro especialista, deben ser trasladadas a un centro de salud cercano.
“Nos sacan de ‘conduce’ para un hospital porque ahí no hay condiciones para eso. Pero, muchas veces, perdíamos el turno porque no había petróleo o no había carro”, relató Liliana Oropesa, excarcelada este lunes bajo una licencia extrapenal. La mujer se encuentra embarazada de ocho meses y estaba recluida en la sección destinada a las mujeres en esa condición de la Prisión de Mujeres de Occidente.
“No nos daban ninguna dieta [a las gestantes]. Nos daban la misma comida que a todo el mundo”, apuntó Oropesa, que cumple una sanción de cinco años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el barrio habanero La Güinera.
Los exámenes como el que detecta el VIH y los exudados vaginales imprescindibles para la salud y bienestar femenino, son una asignatura pendiente en las cárceles cubanas.
“Hicieron una vez una prueba citológica y más nunca volvieron a repetirla ni ningún otro análisis”, anotó la joven.
En este sentido la abogada de Cubalex alertó que la crisis generalizada que afecta al país se agudiza al interior de las prisiones:
“En el caso de las mujeres aún mayor, pues son un grupo vulnerable donde la situación es caótica porque no tienen las condiciones higiénicas necesarias que exigen las reglas de Bangkok: ni siquiera les dan toallas sanitarias para que puedan pasar su periodo menstrual de manera digna”.
Las Reglas de Bangkok establecen el primer grupo de patrones internacionales de derechos humanos centrados en las necesidades especiales de las mujeres privadas de libertad.
En un hilo de X, Cubalex advierte que la violencia sistemática en las prisiones somete a las mujeres presas a numerosas violaciones de derechos humanos.
La prisión política es injusta para cualquier ser humano, pero en las mujeres tiene un más fuerte golpe para ella y su familia, indicó Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido y cuñado de María Cristina Garrido, ambas presas políticas por participar en las manifestaciones del verano de 2021 en Quivicán, provincia Mayabeque.
“Cuando es la mujer, la madre la que falta en la familia, lo demás se desmorona. Si falta ella, falta el alma, lo que aglutina, que une en dedicación al hogar”, afirmó.
“María Cristina es madre de tres niños. En una carta me escribía, que lo que más le duele son esos tres niños. Saber que el varoncito no tiene la merienda en el momento que lo necesita o el peinar a Sofía, su niña menor con esa paciencia que solo ella puede tener. Son muchos detalles, más allá del machismo”, refirió Rodríguez.
Agregó que hombres y mujeres son tratados con igual severidad en las cárceles cubanas: “Cuando a María Cristina Garrido le daban, le daban duro, igual que a los hombres, por la cara para obligarle a gritar 'Viva Fidel, Viva Díaz Canel'. La proyectaban hacia el suelo con una técnica de judo y le abrían los pies para que los soldados ‘machitos’ vieran su ropa interior manchada de sangre porque estaba en el periodo menstrual y no le daban una almohadilla sanitaria”.
“A Lisandra Góngora la llevaron para la Isla de la Juventud alejándola cientos de kilómetros de sus cinco hijos pequeños”, recordó Rodríguez.
Cubalex resaltó las figuras de Sayli Navarro Álvarez, Daisy Rodríguez Alfonso, Odet Hernández Cruzata, María de Jesús Terrás Díaz, Lisdiany y Lisdanis Rodríguez Isaac y Mailene Noguera Santiesteban, entre otras.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha atestiguado en repetidas ocasiones que su Gobierno se “ocupa y preocupa” de las mujeres “en desventaja”, pese a “la manipulación que se teje sobre este sensible tema”.
Al respecto, los observatorios feministas independientes del país han resaltado que la violencia política contra las mujeres es violencia de género.
Cuba incumple plazo de responder a la ONU sobre preso político Roberto Pérez Fonseca
A seis meses de la opinión número 51 de 2023 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA), donde se exige la liberación inmediata e indemnización del preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, las autoridades cubanas no han cumplido con el plazo dispuesto para responder sobre su caso.
Su abogado, Sergio Osmín Fernández Palacios, aseguró desde La Habana a Martí Noticias que en dicha opinión, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno cubano a proceder con la libertad inmediata, indemnización, investigación exhaustiva e independiente sobre las violaciones de derechos, y a adoptar medidas contra los responsables, así como difundir la opinión por todos los medios disponibles.
Sin embargo, según Fernández Palacios, estas medidas "han sido ignoradas por el régimen totalitario”.
Pérez Fonseca, tornero de profesión, fue condenado a 10 años de cárcel en un juicio ordinario donde fue hallado culpable de los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, e instigación a delinquir, por participar en las manifestaciones en San José de las Lajas, Mayabeque, el 11 de julio de 2021.
Según el centro de monitoreo de los procesos judiciales contra los detenidos en las protestas del verano de 2021, el portal Justicia 11J, al hombre de 41 años y padre de dos menores lo condenaron "sobre todo porque fue un “líder” para su comunidad y se atrevió a destrozar el rostro de Fidel Castro".
Encarcelado desde el 16 de julio de 2021, el prisionero político ha estado en la Prisión Melena del Sur y en la Prisión de Quivicán.
El abogado Fernández Palacios informó a Martí Noticias que además hizo llegar a la ONU denuncias sobre la creciente represión contra Pérez Fonseca.
Entre los hechos enumerados por el defensor se cuenta que en diciembre de 2023, las autoridades penitenciarias le impidieron que recibiera la visita del monseñor Eloy Ricardo Domínguez Martín, obispo auxiliar de La Habana, y que en enero de 2024, sufrió una crisis de dolor con vómitos sangrantes debido a condiciones penitenciarias precarias, que ha sido amenazado de muerte, y que, en ocasiones, se le ha suspendido la comunicación telefónica.
El proceso de seguimiento permite al GTDA mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados, informa en uno de sus párrafos la decisión 51.
Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, insta a los familiares de los presos políticos cubanos a denunciar la realidad en las cárceles de la isla.
A pesar de las amenazas recibidas, Fonseca se ha convertido en una de las voces más importantes de la causa por la libertad de los encarcelados en las manifestaciones.
"Tenemos la razón", dijo la señora, quien insiste en seguir luchando por la justicia y la libertad de su hijo y de todos los presos políticos cubanos.
Amnistía Internacional recuerda que líder religioso afrocubano pasa su cumpleaños 53 en prisión
Este sábado Amnistía Internacional recordó que el preso político cubano, líder de la agrupación Yorubas Libres de Cuba, Loreto Hernández García, está pasando su cumpleaños 53 en prisión.
"Es un sacerdote yoruba y preso de conciencia. Condenado injustamente junto a su esposa Donaida Pérez Paseiro por ejercer sus derechos humanos pacíficamente en Cuba", recordó la organización internacional que ha acogido a ambos como Presos de Conciencia.
En el comentario publicado en redes sociales, Amnistía Internacional hace también un llamado a exigir al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la liberación de los dos religiosos, detenidos en Placetas por sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021, en las que los cubanos demandaron en las calles de más de 60 localidades del país un cambio de régimen, libertad, democracia y mejores condiciones de vida.
La organización de alcance mundial, con más de 10 millones de activistas, hizo un llamado a una Cuba sin represión.
Hernández García fue condenado por los delitos de desórdenes públicos y desacato a 7 años de cárcel, que cumple en la Prisión de Guamajal, de Villa Clara.
Familiares, organizaciones de derechos humanos y gobiernos como el de Estados Unidos han denunciado que lo mantienen encarcelado a pesar de su difícil cuadro de salud, donde se conjugan enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y ha sufrido principio de infarto.
En enero de 2024 cinco relatores de Naciones Unidas expresaron su “profunda preocupación” por informes sobre las restricciones a las libertades de religión, reunión pacífica, asociación y de expresión en Cuba, con especial interés en los casos de Hernández García, Pérez Paseiro, Mitzael Díaz Paseiro y las hermanas Lisdiany y Lisdany Rodríguez Isaac, todos vinculados a la Asociación Yorubas Libres de Cuba.
En una carta dirigida al gobierno cubano, describen “el presunto patrón sistemático de hostigamiento, en contra de miembros de grupos religiosos independientes, incluyendo la detención arbitraria y encarcelamiento de líderes y miembros de diversas de estas organizaciones”.
El régimen comunista aseguró en el más reciente Examen Periódico Universal de derechos humanos que defiende la libertad religiosa en Cuba y que mantiene la prohibición de la discriminación basada en las creencias religiosas.
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