América Latina
Reporte especial detalla la penetración cubana del estamento militar en Venezuela
CARACAS, (Reuters) - Uno de los principales misterios en el colapso en cámara lenta de Venezuela es: ¿Por qué los militares continúan apoyando a Nicolás Maduro, el presidente que ha llevado al antes próspero país sudamericano a la pobreza y el caos?
La respuesta, según personas familiarizadas con la estructura militar de Venezuela, comienza con el fallecido predecesor de Maduro, Hugo Chávez, el carismático caudillo en la nación de unos 30 millones de personas.
En una serie de acciones que arrancaron en 1999, el teniente coronel retirado y alguna vez líder golpista comenzó a dominar al ejército inflándolo, comprándolo, politizándolo, intimidando a los altos rangos, a las filas, y fragmentando el comando en general, explicaron las fuentes consultadas.
Una vez que asumió el cargo en 2013, Maduro entregó a las fuerzas armadas segmentos cruciales de la cada vez más devastada economía del país. Oficiales favorecidos tomaron el control de la distribución de alimentos, divisas y materias primas clave. Un general y militares de la Guardia Nacional administran ahora la importante empresa petrolera nacional, Petróleos de Venezuela S.A. o PDVSA.
Chávez y Maduro también introdujeron a agentes de inteligencia, con la ayuda de los servicios de seguridad de Cuba, dentro de los cuarteles, dicen oficiales en retiro, inculcando paranoia y desactivando a la mayoría de los disidentes antes de que incluso se manifestaran. Agentes de inteligencia han arrestado y encarcelado a docenas de uniformados vistos como problemáticos, entre ellos varios oficiales de alto perfil, incluso por infracciones menores.
El resultado fue, dicen los oficiales militares retirados, una cadena de mando parcial y confusa. Los altos oficiales, agradecidos por los beneficios y temerosos de represalias, a menudo están más preocupados por complacer a los jefes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que por la defensa nacional. En lugar de estar en simulacros y juegos de guerra, algunos generales se encuentran atendiendo órdenes para sembrar vegetales o recoger basura en las calles.
Muchos soldados con bajos ingresos y desesperados como la mayoría de la clase trabajadora de Venezuela, han desertado del ejército en los últimos años, uniéndose a por lo menos cuatro millones de migrantes que buscan una vida mejor en otro lugar. Pero pocos oficiales de alto rango han escuchado el llamado opositor a la rebelión, dejando a las fuerzas armadas con un exceso de altos mandos, difíciles de manejar y aún del lado de Maduro.
“Se perdió la unidad de mando”, dijo Cliver Alcalá, un general en retiro desde 2013 y que ahora apoya a la oposición desde Colombia. “No se distingue quién manda en lo operativo, administrativo y lo político”, agregó.
Algunos comandantes, como el ministro de Defensa Vladimir Padrino son casi una cara del gobierno, tanto como el mismo Maduro. Padrino está sancionado por Estados Unidos por colaborar en que Maduro “se sostenga al ejército y al gobierno mientras el pueblo venezolano sufre”, según el Departamento del Tesoro.
Reuters no consiguió que Padrino ni otros oficiales superiores respondieran a las solicitudes de comentarios para este artículo. El Ministerio de Defensa de Venezuela tampoco respondió a correos electrónicos ni llamadas. El Ministerio de Información, responsable de las comunicaciones del gobierno, incluidas las del presidente, tampoco respondió a Reuters.
Padrino no está solo, si se considera el gran número de oficiales con rango en Venezuela. Los aproximadamente 150.000 militares del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional del país son una fracción de los más de un millón que forman las fuerzas armadas de Estados Unidos.
Pero Venezuela, con hasta 2.000 almirantes y generales, ahora cuenta con el doble de altos mandos que el ejército estadounidense, más de 10 veces la cantidad de oficiales existentes cuando Chávez llegó a la presidencia. Esa estimación es de acuerdo con los cálculos de los exoficiales venezolanos y militares de Estados Unidos.
El resultado, dicen los opositores al gobierno, es un lío burocrático y operacional, incluso en lo más alto.
Padrino, por ejemplo, es general y ministro de Defensa. Pero no puede movilizar oficialmente tropas sin el consentimiento de Remigio Ceballos, un almirante que también reporta directamente a Maduro y encabeza el Comando Estratégico Operacional, una instancia creada por Chávez para supervisar los despliegues militares.
“Tienes un general en jefe y un almirante en jefe”, dijo Hebert García Plaza, un general retirado que sirvió bajo Maduro, pero ahora apoya a la oposición desde Washington. “¿A cuál vas a obedecer?”.
Las fuerzas armadas aún podrían abandonar a Maduro, particularmente si la indignación popular se desborda y hace que el apoyo militar al presidente sea insostenible. Sin embargo, los llamados del líder opositor, Juan Guaidó, quien a fines de abril intentó sin éxito alzar a las tropas contra Maduro, aún no han sido atendidos.
En mayo, Guaidó dijo a periodistas que sus esfuerzos por convencer a la tropa se veían frustrados por la fragmentada estructura militar y la intimidación del ejército dentro de sus filas. “¿Qué dificulta el quiebre? El poder conversar abiertamente, directamente con cada uno de los sectores y tiene que ver con la persecución a lo interno del PSUV, a lo interno de las fuerzas armadas”.
Para comprender mejor las presiones y políticas que mantienen a las tropas del lado de Maduro, Reuters entrevistó a docenas de oficiales activos y retirados, soldados, académicos militares y personas familiarizadas con la seguridad venezolana. En su evaluación, el ejército se ha convertido en una burocracia torpe con pocos líderes capaces de diseñar el tipo de revuelta masiva que anhelan los oponentes de Maduro.
La “Revolución Bolivariana” de Venezuela, como Chávez apodó su reconfiguración del país, tiene sus raíces en una rebelión militar. Seis años antes de ser elegido presidente en diciembre de 1998, Chávez encabezó un fallido golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez, un presidente profundamente impopular a quien el Congreso finalmente obligó a abandonar el cargo.
Una vez en el poder, Chávez inmediatamente tomó medidas para alistar a los militares en su visión de una economía paternalista y dirigida por el Estado en la que la abundante riqueza petrolera atendería a los estratos de la población descuidados durante mucho tiempo.
Con una nueva Constitución en diciembre de 1999, Chávez despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades de supervisar la promoción de oficiales superiores. Eso le dio al presidente la máxima autoridad para asignar rangos y empoderar a oficiales aliados.
Debido a que muchos gobiernos estatales y locales en ese momento todavía estaban controlados por rivales, Chávez veía al ejército como una herramienta que podía mostrar a su administración trabajando arduamente en las regiones. Un nuevo programa, el “Plan Bolívar 2000”, ordenó a las tropas rellenar baches, limpiar carreteras, restaurar escuelas y realizar otras obras públicas.
El esfuerzo, con un presupuesto equivalente a 114 millones de dólares, puso considerables sumas de dinero a la discreción de comandantes, dando a los oficiales un nuevo tipo de influencia. “El Plan Bolívar 2000 le enseñó a muchos militares que el poder verdadero no era comandar tropa sino manejar plata. Ya tan pronto tenían ese poder en las manos, no la quisieron soltar nunca”, dijo un general retirado.
El general, que sirvió bajo Chávez y Maduro, habló bajo condición de anonimato.
Pronto, algunos de los fondos comenzaron a desaparecer.
Miguel Morffe, un mayor retirado, en ese entonces era capitán en la remota región noroeste de La Guajira. Recuerda haber recibido una solicitud de los superiores para proporcionar materiales para una escuela no especificada. Cuando Morffe le dijo a un teniente coronel que no entendía a dónde irían los suministros, el superior le dijo: “Necesito esos materiales para otra cosa”.
“La escuela no existía”, concluyó Morffe.
Oficiales no respondieron a preguntas sobre este incidente en específico.
Para el año 2001, una serie de acusaciones de corrupción plagaba el programa Plan Bolívar.
Chávez despidió al general Víctor Cruz, el comandante del ejército a cargo del programa. Cruz negó cualquier irregularidad y no fue acusado en aquel momento. Las autoridades de Venezuela lo detuvieron el año pasado, cuando reportes de prensa lo vincularon con manejos de fondos de cuentas en el exterior. Un tribunal en Caracas ordenó en mayo que Cruz fuera a juicio por enriquecimiento ilícito.
Reuters no pudo contactar a Cruz o a su abogado para comentar el caso.
En 2002, Chávez dijo que terminaría el Plan Bolívar 2000.
Las elecciones regionales, le dijo Chávez a la socióloga y activista política chilena Marta Harnecker en una entrevista, habían puesto a más de sus aliados en alcaldías y oficinas estatales, donde podían trabajar al unísono con el gobierno nacional. Los militares, dijo, volverían a sus asuntos normales.
En abril de ese año, sin embargo, un pequeño grupo de altos oficiales convenció a Chávez de rehacer a las fuerzas armadas. Alentados por líderes conservadores y élites adineradas que no estaban contentos con su agenda izquierdista, oficiales dieron un golpe de Estado y detuvieron brevemente a Chávez.
Pero el golpe falló. En dos días, Chávez estaba de vuelta en el poder.
Chávez purgó las filas superiores. Más importante aún, intervino en varias poderosas oficinas, incluido el Ministerio de Defensa.
En adelante, el ministerio administraría los presupuestos militares y la adquisición de armas, pero ya no controlaría a las tropas. Chávez creó el Comando Estratégico Operacional, la instancia que maneja los despliegues de militares.
La medida, dijeron los exoficiales, desordenó la cadena de mando.
Chávez también repensó la estrategia general.
Preocupado cada vez más de que la riqueza petrolera y las políticas izquierdistas de Venezuela lo convertirían en blanco de una invasión, particularmente en Estados Unidos, Chávez presionó para que los militares se integraran más con el gobierno y la sociedad.
“Estamos transformando las fuerzas armadas para una guerra de resistencia, para la guerra popular antiimperialista, para la defensa integral de la nación”, dijo en una ceremonia de la Guardia Nacional de 2004.
Pronto los jefes militares tuvieron que jurar lealtad a Chávez y a su proyecto bolivariano, no solo a la nación.
A pesar de la resistencia de algunos comandantes, el eslogan del partido gobernante, “Patria, socialismo o muerte”, comenzó a hacer eco en los cuarteles y en los patios de desfiles.
A partir de 2005, otro factor ayudó a Chávez a reforzar su control sobre el poder.
Los precios del petróleo, años antes de que el fracking impulsara el suministro mundial, se dispararon junto con la noción de que las reservas del planeta estaban disminuyendo. Durante la mayor parte del resto de su tiempo en el poder, las inesperadas ganancias le permitirían a Chávez acelerar el gasto y asegurar el apoyo popular.
Ese dinero también lo ayudó a fortalecer las relaciones con países de ideas afines, especialmente aquellos que buscaban contrarrestar el poder de Estados Unidos. Venezuela compró miles de millones de dólares en armas y equipo a Rusia y China. Obtuvo apoyo a través de médicos, maestros y otros asesores que llegaban de Cuba, el aliado más cercano de todos.
Los cubanos llegaron con conocimientos militares también.
Un “acuerdo de cooperación” forjado entre Chávez y Fidel Castro años antes ya se había convertido en una alianza en materia de seguridad, según dos oficiales en retiro.
Alrededor del año 2008, los oficiales venezolanos dicen que comenzaron a notar que los funcionarios cubanos trabajaban en varias áreas de las fuerzas armadas.
El general Antonio Rivero, que en los cinco años previos había manejado la oficina nacional de Protección Civil de Venezuela, dijo que regresó aquel año a las actividades militares y encontró a asesores cubanos que lideraban el entrenamiento de soldados y sugerían cambios operativos y administrativos.
Los cubanos, dijo a Reuters, aconsejaron a Chávez que reordenara las filas, una vez construidas alrededor de centros estratégicos, en un sistema más territorial, extendiendo la presencia militar en el país.
Rivero quedó sorprendido en una sesión de entrenamiento en ingeniería militar. Un coronel cubano que lideró la sesión dijo a los asistentes que la reunión y su contenido deberían considerarse un secreto de Estado.
“¿Qué está pasando aquí?”, se preguntó entonces Rivero. “¿Cómo es que una fuerza militar extranjera va a manejar un secreto de estado?”.
Rivero salió de Venezuela para Estados Unidos en 2014.
Funcionarios de Cuba no respondieron una solicitud de Reuters para comentar el caso.
La influencia de la isla pronto se haría evidente en las operaciones diarias.
En Cuba, los militares están involucrados en todo, desde obras públicas hasta telecomunicaciones y turismo. También en Venezuela, los funcionarios del partido gobernante comenzaron a ordenar a los oficiales que participaran en actividades que tenían poco que ver con la preparación militar. Los soldados se convirtieron cada vez más en mano de obra barata para gobernadores y alcaldes.
En 2010, un general en retiro que trabajaba en los Andes, una región occidental en la frontera con Colombia, estaba supervisando una compleja movilización de 5.000 soldados para un mes de entrenamiento de combate. El general habló a condición de que no fuera nombrado.
Otro general, de un comando cercano, lo llamó y le pidió que detuviera los ejercicios. El gobernador del estado, dijo el oficial al general, quería desviar las tropas para instalar bombillas ahorradoras de energía en los hogares.
Cuando el general se negó, el comandante del ejército para ese momento, Euclides Campos, emitió una orden formal para eliminar el entrenamiento. “Esto parecería asombroso para cualquier profesional militar, pero es exactamente cómo funcionan las fuerzas armadas de Venezuela”, dijo el general en retiro.
Reuters no pudo contactar a Campos para que realice comentarios.
Chávez, enfermo de cáncer, murió en 2013. Maduro, su vicepresidente y reemplazo elegido como candidato a presidente por el Partido Socialista, ganó la elección para sucederlo.
El nuevo presidente continuó nombrando nuevos oficiales y designó aún más jefes militares para dirigir distintas oficinas. Para el año 2017, militares activos y retirados habían ocupado hasta casi la mitad de los 32 cargos del gabinete de Maduro, según Control Ciudadano, una organización no gubernamental venezolana que estudia las fuerzas armadas.
En 2014, justo cuando el colapso de los precios del petróleo torpedeaba la economía de Venezuela, Maduro fragmentó aún más la estructura militar.
Siguiendo el consejo de los cubanos, dicen los oficiales retirados, Maduro creó nuevos centros de comando en todo el país. Nombró oficiales superiores al frente de nuevos comandos en cada uno de los 23 estados y la capital Caracas, así como ocho comandos regionales por encima de ellos. Sus discursos públicos ahora están cada vez más salpicados de términos como ZODI y REDI, siglas para los nuevos comandos.
Cerca de los comandos, abundan las charreteras.
“Tu anteriormente veías un general, era como ver a un obispo, un arzobispo, era una figura, tú lo veías como un héroe”, recuerda Morffe, el mayor retirado. “Hace poco vi uno en un aeropuerto. Andaba super desastroso. Ni siquiera los guardias nacionales en el aeropuerto lo saludaban”.
Los oficiales supervisan ahora algunas áreas que alguna vez fueron parte de comandos más grandes, en zonas tan remotas que apenas si tienen personas. La mayor extensión de tierra del Comando Marítimo e Insular Occidental, supervisada por un vicealmirante, es un archipiélago rocoso con poca vegetación y sin residentes permanentes.
El oficial, vicealmirante Rodolfo Sánchez, no respondió a las llamadas de Reuters a su oficina.
El desequilibrio llevó a que los militares comenzaran a asumir funciones que no les correspondían, dicen los oficiales retirados.
En el comando de los Andes, que abarca a tres estados, seis generales una vez supervisaron aproximadamente a 13.000 soldados, según oficiales familiarizados con la región. Hoy en día, al menos 20 generales administran las filas que se han reducido en aquella zona a tan solo 3.000 soldados, agregaron los oficiales.
En agosto pasado, tres de los generales, incluido el comandante regional, se reunieron con funcionarios municipales en el estado Táchira, un foco de protestas contra Maduro en los últimos años. Días antes, el gobierno había dicho que los explosivos utilizados en dos drones que explotaron durante un desfile militar en Caracas habían sido contrabandeados a través de Táchira desde Colombia.
“Todos juntos vamos a resolver este problema”, dijo el mayor general Manuel Bernal a los oficiales reunidos y a un grupo de espectadores, incluido un reportero de Reuters.
Pero Bernal no estaba hablando de los drones. O de la seguridad nacional, que alguna vez fue un problema importante en esa región andina, donde la guerra de guerrillas de Colombia representó una amenaza. En cambio, los generales se habían reunido para hablar sobre el desbordamiento de basura en un vertedero cercano.
Desplegaron soldados para limpiar la basura y extinguir un incendio.
Un funcionario de comunicaciones del comando de los Andes no respondió a una solicitud de Reuters para hablar con Bernal sobre el episodio.
Los jefes militares muestran pocas señales de alejarse de tales directrices. En las semanas posteriores al fallido llamado de Guaidó al alzamiento, los oficiales superiores han reiterado su compromiso con Maduro.
“Vamos a permanecer nosotros siempre cumpliendo nuestras tareas constitucionales, cumpliendo las tareas bajo su mando”, dijo el ministro de Defensa Padrino a Maduro junto a las tropas reunidas en Caracas a principios de mayo.
“¡Leales siempre!”, gritó Padrino.
Las tropas respondieron al unísono: “¡Traidores nunca!”.
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Petro: "El Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió el martes que está dispuesto a exponer ante la ONU los incumplimientos del Estado colombiano sobre el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un mensaje en el que el mandatario se desmarca de los puntos pendientes.
El Consejo de Seguridad de la ONU revisa trimestralmente la situación del proceso de paz por medio de un informe que realiza el Secretario General de Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación que opera en Colombia desde 2016. La última revisión fue el 9 de abril y la siguiente se prevé en tres meses.
En la sesión suele intervenir un delegado del gobierno colombiano para dar su balance, pero de cara a la próxima, Petro lanzó un reproche a otras ramas del poder del Estado en Colombia, sin precisar exactamente a qué entes o autoridades, acerca de puntos del acuerdo de paz que están aún pendientes.
"Esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras", señaló el mandatario, en el acto de posesión de una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.
En un mensaje posterior en X, antes Twitter, matizó parcialmente su declaración al mencionar que el "Estado incumplió", en lugar de señalar como había hecho antes la falta de voluntad para acatar lo firmado.
Según su visión, los puntos pendientes están notablemente en tres ejes: una reforma agraria para devolver terrenos a quienes les fueron arrebatados por la violencia, la transformación del territorio con inversión que compense las desigualdades y la verdad judicial que busca juzgar y sancionar los crímenes cometidos.
Aunque como presidente es también el jefe de Estado y de gobierno, de acuerdo con lo recogido en la Constitución colombiana, Petro sugirió, desmarcándose, que los incumplimientos dependerían o de la rama judicial o de procesos administrativos que no le permitirían en su administración llevar lo pactado a la realidad.
El comentario del presidente contrasta con lo defendido en revisiones previas. A lo largo de los años, el gobierno de turno en Colombia se ha enfocado sobre todo en sus aciertos al rendir informe en la ONU y no tanto sus falencias en la implementación de un acuerdo que puso fin a la confrontación de cinco décadas con la guerrilla de las FARC.
En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cumplió una visita oficial en Colombia, revisó de primera mano la ejecución y habló tanto con el gobierno como con las comunidades. En anteriores sesiones, se ha pedido mayor avance en la reforma rural.
Petro pronosticó que, además del descrédito del Estado colombiano ante el mundo por no cumplir con lo pactado, el país padecería más violencia. "Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre, violencia en otras escalas... porque el tiempo y la historia cambia, pero no estamos sembrando el camino de la paz", agregó.
Para la reforma agraria, Petro aseguró que se necesita una compra expedita de tres millones de hectáreas que no lograría ejecutar.
"No es mucho, pero aquí, por los procedimientos ordinarios, prácticamente es inalcanzable", reprochó sin aludir directamente a ninguna institución.
El segundo eje que se estaría incumpliendo sería, según Petro, el de la transformación del territorio con inversiones en las regiones históricamente excluidas en las que hay mayor desigualdad y violencia. A largo plazo, pronosticó, tampoco se lograría tal como van las cosas. "Cuando yo me pongo a ver las matrices de inversión pública calculadas a 30 años y puestas con cerrojo normativo para que ningún gobierno las cambie", indicó el mandatario.
No hizo alusión al ente o autoridad del que dependería esta estrategia, siendo el gobierno del país el que propone al Congreso cómo se distribuye el presupuesto del Estado y las áreas de inversión.
Y el tercero aspecto en deuda sería para Petro el de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado en el acuerdo de paz para juzgar y sancionar los crímenes del conflicto interno que funciona para exguerrilleros, agentes estatales, militares y civiles que se involucraron en el conflicto.
El mandatario ha defendido recurrentemente que debería haber un único tribunal para llevar procesos investigativos del complejo conflicto dado que en la actualidad existe uno para los crímenes de la extinta guerrilla y otro para los grupos paramilitares que también dejaron las armas.
"Si vamos a la práctica, la JEP no es la instancia de cierre de la verdad", señaló Petro en alusión a que no está consiguiendo su propósito. El mandatario ha esbozado en diferentes declaraciones que, eliminando esa división de justicia, ese tribunal "de cierre" podría ser la misma JEP u otro distinto.
EE.UU impone nuevas sanciones a Nicaragua
Estados Unidos anunció este miércoles una serie de medidas en contra del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que incluyen restricciones de visa a funcionarios, sanciones a empresas y alertas de políticas a aerolíneas para frenar la migración irregular.
El gobierno “continúa participando en la campaña represiva que silencia a la sociedad civil y las personas injustamente detenidas que están ejerciendo sus libertades fundamentales”, recoge el comunicado.
Las empresas sancionadas
Entre las entidadaes sancionadas está el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia (GOR), con sede en Managua (RTC), al que acusan de convertirse un actor "clave" de la represión orquestada por el mandatario Daniel Ortega.
La RTC es una subdivisión del (GOR) que capacita oficiales del régimen de Ortega, responsables de la detención y encarcelamiento de personas por expresar su disidencia o ejercer pacíficamente sus derechos humanos y libertades fundamentales.
También fueron sancionadas dos compañías auríferas afiliadas al gobierno: Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA) y Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima (Capital Mining).
"La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está apuntando a la represión del régimen Ortega-Murillo contra el pueblo nicaragüense y su capacidad para manipular el sector del oro y beneficiarse de operaciones corruptas", dijeron.
"El oro es el principal producto de exportación de Nicaragua, y esta acción tiene como objetivo degradar la capacidad del régimen para manipular el sector y beneficiarse de las operaciones corruptas de sambas", indicaron.
Restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno
Estados Unidos impuso restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno de Nicaragua por sus violaciones a los derechos humanos y sancionó a un centro de entrenamiento ruso en ese país, por ser "un actor clave en la represión" orquestada por el mandatario Daniel Ortega.
Un comunicado del Departamento de Estados indica que las personas apoyan "al régimen Ortega-Murillo en sus ataques a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la represión de las organizaciones de la sociedad civil y su aprovechamiento de los migrantes vulnerables".
Entre ellos hay policías y personal paramilitar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios de educación superior pública, así como a actores no gubernamentales seleccionados para sus funciones.
A finales 2021, la administración de Joe Biden restringió la entrada a Estados Unidos de "personas responsables de amenazar la democracia en Nicaragua". Desde entonces, más de 1.400 funcionarios de ese país han sido sancionados.
Alerta a las aerolíneas
El Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron una alerta de política a la industria de la aviación en la que hacen referencia a los contrabandistas que facilitan la migración irregular hacia Estados Unidos.
Se trata de una notificación en la que ofrecen a las aerolíneas los pasos clave que deben tomar para evitar la complicidad en la explotación de los migrantes. La misma no hace referencia a acciones específicas para las que no colaboren.
Ortega y su vicepresidenta, Rosario Murillo, "continúan deteniendo injustamente a quienes abogan por una sociedad civil libre, la libertad religiosa y la libertad de expresión, y enriquecen su régimen mediante la explotación de migrantes vulnerables", agrega el texto.
La relación entre Estados Unidos y Nicaragua se ha tensado especialmente desde las elecciones nicaragüenses de 2021, marcada por una oleada de detenciones contra opositores, activistas y miembros de la sociedad civil.
Batallón Simón Bolívar: unidad latinoamericana contra la invasión rusa (VIDEO)
En medio de una destrucción masiva y continuos bombardeos, Ucrania atraviesa el tercer año de la invasión rusa, un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos entre militares de ambos bandos y civiles. En esta confrontación bélica, destaca el batallón Simón Bolívar, integrado por varios centenares de combatientes iberoamericanos voluntarios que luchan junto a las fuerzas ucranianas.
El comandante Chaparro
José David Chaparro, de 55 años y originario de San Cristóbal, capital del estado Táchira en Venezuela, es el comandante de este batallón, que surgió posterior a una unidad de hispanoamericanos que servía en las tropas de la llamada Defensa Territorial Ucraniana.
“Después del primer año de guerra, coincidimos en algunos puntos con el gobierno ucraniano sobre las realidades en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, con respecto a la terrible presencia militar rusa en el país sudamericano, y el apoyo que le da al régimen de Maduro. Nos dieron los permisos para cambiar el nombre del batallón a Simón Bolívar”, dijo el comandante Chaparro desde un lugar en Ucrania a Martí Noticias.
Chicos y chicas de diferentes países latinoamericanos, incluyendo exmilitares del gobierno totalitario de Venezuela, han sido acogidos en este batallón, manifestando su deseo de integrar un cuerpo con principios libertarios, morales y justificar la lucha en Ucrania.
“Estamos lejos de nuestros países, pero tenemos un punto de coincidencia ético y principios bolivarianos entre los latinoamericanos que estamos aquí, y eso nos ha servido de escudo contra este tremendo escenario que se vive aquí cada día”, comentó Chaparro.
Más de 300 iberoamericanos luchan contra el invasor
En Ucrania, además de la Legión de Defensa Territorial Internacional, el primer grupo armado de extranjeros que surgió a petición del gobierno de Ucrania, combaten junto a las fuerzas nacionales un batallón de voluntarios de Bielorrusia y una Legión de Georgia. A ellos se suman el Cuerpo de Voluntarios Rusos, el Batallón Siberiano y la Legión Libertad de Rusia, todos integrados por rusos opositores a Vladímir Putin.
“En el caso del batallón Simón Bolívar, lo conforman combatientes de Venezuela, España, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y unos pocos de Perú. En total, pasamos los 300 combatientes”, informó el comandante, agregando que los equipos, armamento y todo el material bélico provienen del gobierno de Ucrania.
Cada combatiente debe cumplir ciertos requisitos para ingresar al batallón, como cualquier unidad de combate del ejército de Ucrania.
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“Tiene que llenar una planilla con sus datos generales, su grado en caso de haber prestado servicio militar en algún país, su experiencia, con el fin de identificar plenamente a la persona y realizar una verificación a nivel nacional e internacional para evitar que, entre gente no deseada, no solo al batallón, sino al país en general”, dijo el líder militar.
Una vez superado el filtro, el voluntario debe viajar a Ucrania y firmar un contrato por un año de servicio renovable y con salario.
“El soldado devenga un salario de 1,300 a 1,500 euros, además de beneficios médicos, y cuando va a cumplir misiones en las líneas del frente, el sueldo se duplica, es decir, es entre 2,000 y 3,000 euros aproximadamente”, indicó Chaparro, y aclaró que, en su caso, en dos años que lleva en Ucrania, aún no ha cobrado su primer sueldo.
“Tengo contrato, prerrogativas médicas, pero nunca he cobrado un solo salario. Soy un voluntario al cien por ciento”.
Comandante hoy, asesor chavista ayer
Como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, Chaparro integró el equipo que organizó la primera visita del mandatario a Rusia en 2001.
Posteriormente, por sus conocimientos del idioma y de la política de la ex Unión Soviética, fue enviado a la embajada de Venezuela en Moscú como diplomático.
“Debo aclarar que en esa época todavía no se había perfilado tanto el gobierno de Chávez como ente dictatorial, estaba enmascarado. Entonces, para nosotros fue una oportunidad de trabajo. No se veía siquiera la punta del iceberg”, dijo en abierta alusión a la misma esencia del sistema de gobierno que impera en su país natal.
Fue justo en 2002 cuando ocurrió el intento de cambio de gobierno en Venezuela, que Chaparro se percató del intento chavista por perpetuarse en el poder.
“Incluso, en nuestra embajada en Moscú, las directrices que nos daban ya no eran las que nosotros, como diplomáticos y demócratas, defendemos. Entonces decidí cerrar ese capítulo, me salí de mis funciones y me retiré a mi vida privada”, comentó.
El mercenarismo
Ucrania y Rusia han intercambiado acusaciones de que cada lado utiliza mercenarios en el conflicto. Según datos del Ministerio ruso de Defensa, desde el 24 de febrero de 2022, llegaron a Ucrania procedentes de diversos países 13,387 combatientes. Por su lado, los servicios ucranianos de inteligencia han denunciado que Rusia recluta no solo a mercenarios extranjeros, sino también a personas en regiones pobres de Rusia.
“Muchos de ellos han sido capturados y es un hecho que forman parte no solo del llamado grupo Wagner, sino de otros grupos de mercenarios de diferentes países, principalmente asiáticos, que se han prestado a venir aquí a combatir contra Ucrania”, manifestó con apatía.
Preguntado si tiene evidencias sobre el terreno de la participación de mercenarios cubanos dentro de las tropas invasoras, el comandante dijo no tener información al respecto.
La guerra de mil caras
En su opinión, la guerra tiene mil caras, por lo que Chaparro no se aventura a pronosticar cuándo acabará la contienda. Según su argumento, son muchos los actores y factores a tomar en cuenta. Asegura que la moral de los soldados está en alto, pero admite que una guerra tiene mil caras y que, personalmente, ha sufrido algunos golpes.
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"Hay aspectos económicos, políticos, militares. Por ejemplo, las próximas elecciones en Estados Unidos podrían definir de alguna manera lo que sucederá en los próximos acontecimientos, dijo el jefe militar que confiesa que la guerra en Ucrania le ha permitido comprender el dolor humano.
"Solo aquellos que están aquí y ven el sufrimiento, las desgracias que dejan huellas prácticamente imborrables, comprenden el significado de la vida, la guerra y la tragedia. Esto no es deseable para ningún país. ¡Libertad y democracia!", concluyó.
UE suaviza sanciones a dirigentes en Venezuela para promover elecciones democráticas
La Unión Europea acordó este lunes retirar temporalmente las sanciones a algunos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro como parte de los esfuerzos para promover elecciones presidenciales "inclusivas y competitivas" en Venezuela, informó la agencia Europa Press.
El portavoz del Servicio Exterior del bloque, Peter Stano, dijo a Europa Press que los 27 estados de la UE han decidido aliviar de forma temporal las restricciones de viaje al presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, y a tres exmiembros de esa institución.
Stano afirmó que la Unión Europea también decidió prorrogar el resto de las sanciones que impuso al gobierno de Maduro, pero por un período más corto que lo habitual.
El nuevo plazo es hasta el 10 de enero de 2025, coincidiendo con la fecha marcada para la toma de posesión del presidente venezolano que sea electo el próximo 28 de julio.
Ambas medidas van en línea con apoyar la vía electoral para poner fin a la crisis en Venezuela, dijo Stano a Europa Press.
Propuesta de Mulino de cerrar el Darién "no es viable" y generaría "graves" efectos: analistas y autoridades (VIDEO)
Expertos coinciden en que cerrar un paso fronterizo como el Darién generaría más caminos ilegales, el incremento de la violación de derechos humanos contra los migrantes y hasta tensiones entre los países, y coinciden en que son decisiones que deben tomarse de manera conjunta.
BOGOTÁ —Cerrar la frontera del Tapón del Darién, como lo ofreció en la campaña el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, es una propuesta aún no detallada y “poco viable” pero que, de darse, podría generar crisis y efectos negativos, sobre todo en aspectos humanitarios y de seguridad para los migrantes, según analistas y autoridades consultadas por la Voz de América.
"Vamos a cerrar el Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos", dijo Mulino, a mediados de abril, a periodistas durante un recorrido electoral por Las Mañanitas, un suburbio de clase trabajadora de la capital panameña.
"La frontera de Estados Unidos en vez de Texas se corrió a Panamá. Entonces tenemos que hacer un trabajo trilateral [entre Estados Unidos, Colombia y Panamá] y tienen que entender que Panamá no es un país de tránsito de inmigrantes", afirmó el presidente electo, quien fue ministro de Seguridad del exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014), a quien sustituyó como candidato en las recientes elecciones, al estar inhabilitado por una condena de más de 10 años por el delito de blanqueo de capitales.
Irene Cabrera, codirectora del Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia indicó a la VOA que la frontera “es imposible” de cerrar porque siempre va a haber diferentes mecanismos que hará que las personas “de una u otra manera encuentren cómo atravesar una frontera internacional”.
Opinión que comparte Diego Chaves-González, gerente sénior para América Latina y el Caribe del Migration Policy Institute (MPI), al señalar que un cierre de la frontera es “muy poco viable” porque “por cada punto que se cierra puede que aparezcan tres nuevos más silenciosos, no tan voluminosos”.
“Frenar la migración de esta manera es algo que en la experiencia que tiene América Latina, experiencia reciente con las pandemias, con los primeros flujos de migración que hubo en el continente, sabemos de las capacidades que tienen las aperturas, muchas veces oficiales, que ayudan a posibilitar y a facilitar la migración”, agregó en entrevista con la VOA.
¿Cuál sería la medida?
En principio, el abogado y analista político panameño Rodrigo Noriega explicó a la VOA que el presidente electo es experto en temas de seguridad fronteriza y su planteamiento es “abierto”. Es decir, “no necesariamente se necesita hacer un cierre físico, usted puede hacer un cierre policial… o el uso de barreras naturales… o de mecanismos electrónicos de monitoreo… Hay un portafolio de medidas disponibles”.
Y, en ese sentido, cree que Mulino está hablando de un Panamá “frustrado” por los señalamientos que recibe sobre el maltrato a los migrantes o, incluso, para fomentar una postura de negociación con otros países que permita tomar “medidas responsables para provocar un flujo migratorio más sostenible”.
Según Fernando García, director de Migración Colombia, el presidente electo de Panamá se refería a posibilidades tecnológicas para tener un mayor control de la frontera, pues hablar de un cierre “no es posible físicamente, monetariamente, ni económicamente ni militarmente” y podría traer otros efectos que “son mucho más graves”.
La VOA también intentó obtener comentarios de la autoridad migratoria de Panamá, pero respondió que no se referirán al tema.
“Graves” implicaciones
Represamientos, abusos de todo tipo, incremento de la violación de derechos, fortalecimiento de las bandas criminales y crisis en las poblaciones de acogida son algunas de las consecuencias que podría traer un cierre unilateral de la frontera, en este caso, de la selva del Tapón del Darién, dicen los expertos.
Para la académica, un cierre fortalece el crimen organizado y las organizaciones criminales en un punto fronterizo, con acciones como el tráfico de migrantes y el aumento de los cobros a quienes deseen ingresar por vías no autorizadas.
En cuanto a los migrantes, pueden recurrir “a vías más peligrosas” y el Darién “ya es una zona de por sí inhóspita, difícil geográficamente y el hecho de que ahora sea prohibido cruzar o que se llegue a generar un proceso de vigilancia o de militarización de la frontera para impedirlo, pues pone en riesgo a las personas”.
Si este cierre no es planificado, dijo el abogado Rodrigo Noriega, los migrantes pueden decidir “ir por el por el Pacífico, por zonas que trabajan con nuevos traficantes o con otro tipo de situaciones, o que decidan irse de su países, por ejemplo, como pasó con los cubanos, incluso en el tren de aterrizaje de los aviones”.
Según un informe de la OIM publicado en marzo, más de un tercio de los migrantes fallecidos -cuyo país de origen pudo identificarse- provienen de países en conflicto o con grandes poblaciones de refugiados, poniendo de relieve los peligros enfrentados por quienes intentan escapar de las zonas de conflictos sin contar con vías seguras.
Otro elemento, agregó Irene Cabrera, es el riesgo de quedar en manos de organizaciones criminales que pueden generar diferentes tipos de afectaciones a los migrantes, como la violencia sexual.
Por otro lado, pueden incrementar los represamientos en Colombia, por ejemplo “donde ya es un problema serio”, incrementar la violencia en esas poblaciones, donde los migrantes permanecen antes de cruzar la selva, y la presión institucional que responda a las necesidad de las personas que desean salir del país.
Incluso, autoridades locales de la zona fronteriza de Colombia con Panamá expresaron su preocupación por la idea que ha esbozado el presidente electo de ese país.
Problemas que, según el abogado Noriega, puede repercutir en otros países como Ecuador, Venezuela y Brasil porque “los migrantes van a seguir moviéndose” y es que, como dice el abogado, “este flujo no para sino hay una transformación profunda de las poblaciones internacionales”.
Un fenómeno continuo
“La corriente de migrantes que cada día viene siendo mayor, se viene duplicando año tras año”, indicó el director de Migración Colombia, y con un cierre, “se triplicaría o se partiría en miles de pedazos de grupos intentando pasar la selva y traería efectos negativos para la conservación” de la misma, dijo García.
Según cifras del MPI, en 2021 migraron 125.000 personas. Un año después, 250.000 personas pasaron por el Darién, en 2023 la cifra llegó a 500.000, y en lo que va de este año, se ha duplicado casi que mes a mes con respecto al mismo mes el año anterior. Por eso, enfatizó Chaves, “es un momento más de buscar soluciones colectivas que de buscar soluciones individuales”.
En este sentido, dijo García a la VOA, Colombia está “preocupada” por las declaraciones de Mulino. “Nosotros hemos concebido, como otros países en el continente, que el problema de la migración es un problema continental e incluso hoy en día extracontinental” y, por lo tanto, “requiere de soluciones que tengan la participación de los estados que participan del fenómeno migratorio.
Y, en ese sentido, se debe es mantener un paso seguro para los migrantes y, para ello, están abiertos al diálogo con el nuevo gobierno y con entidades multilaterales.
Según el abogado Noriega, si Panamá decide cerrar su frontera, debe haber un periodo de consultas con los países implicados para que también busquen medidas para enfrentar la situación o con experiencias similares para que “aporten recursos y asesoría”. Pero lo ideal son las decisiones multilaterales que favorezcan el “tratamiento humanitario para los migrantes”.
Para Chaves-González, la respuesta debería ser “mucho más articulada, que pensar en las políticas de securitización de las fronteras” o se podrían generar tensiones entre los países.
“Lo importante es tratar de no buscar que la migración sea cada vez más clandestina, sino buscar procesos de trabajo con los gobiernos, con la comunidad internacional más activamente para poder buscar una solución mucho más efectiva y que garantice los derechos humanos de las personas”, sentenció el vocero del MPI.
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