Cuba
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Compañía suspende envío de mercancías en barco de Miami a Cuba
"Muy pronto tendremos otro barco, pero en estos momentos no estamos enviando mercancía" de ayuda humanitaria "por vía marítima sino aérea", señaló Leonardo Sánchez, vicepresidente de International Port Corp (IPC), con sede en Miami.
"Los dueños del barco ("Ana Cecilia") han creado un pleito basado en impagos que no es verdad. El barco estaba técnicamente incapacitado y no podíamos usarlo", dijo hoy a Efe Leonardo Sánchez Adega, vicepresidente de IPC, con sede en Miami.
Sánchez quiso aclarar que la compañía continúa con el envío de cargamentos directos a Cuba, si bien de momento por vía aérea, pero con el objetivo de comenzar en breve a utilizar los servicios de un nuevo carguero con más capacidad para el traslado de todo tipo de productos, desde comida y medicinas hasta refrigeradores y lavadoras.
"Muy pronto tendremos otro barco, pero en estos momentos no estamos enviando mercancía" de ayuda humanitaria "por vía marítima sino aérea", reiteró, al tiempo que señaló que la compañía se encuentra en expansión con envíos a Nueva York y California.
Aseguró que el volumen de envío ha crecido, principalmente en el sector de bienes duraderos, y que la frecuencia de los servicios se mantiene, con uno o dos vuelos mensuales y con un coste de 4,99 dólares la libra, dijo el portavoz de IPC.
La compañía de envíos suspendió el envío marítimo de mercancías a Cuba en diciembre pasado, después de que en julio pasado realizara el primer servicio regular entre el puerto de Miami (Florida) y La Habana con el carguero "Ana Cecilia" repleto de ayuda humanitaria, algo inédito en los últimos cincuenta años.
Fue, según los responsables de IPC, la primera ocasión en el medio siglo que lleva vigente el embargo comercial impuesto por EE.UU. a Cuba en que se fletaba un barco en este país con mercancías para la isla. Hasta ahora sólo se enviaban productos agrícolas comprados por el Gobierno cubano.
El servicio fue lanzado en julio y miles de personas enviaron productos humanitarios y otros difíciles de enviar por avión, como refrigeradores y lavadoras. La agencia AP siguió paquetes que debían haber sido embarcados en diciembre. El barco nunca zarpó y los paquetes fueron enviados por avión.
Los paquetes tomaron más de un mes en llegar a familias y el servicio marítimo fue suspendido. La International Port Corp. dice que el barco tenía problemas con un derrame.
La IPC tiene las licencias que exigen el Departamento de Comercio de EEUU y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense para realizar estos envíos.
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Piden a la Asociación Cubana de las Naciones Unidas que respalde una ley de manifestación en Cuba
El abogado Julio Ferrer Tamayo, miembro del centro de asesoramiento legal CUBALEX, requirió la semana pasada a la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) que sirva como mediadora ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para que estudie y promulgue la Ley de manifestación y reunión.
“Hice la petición a la Asociación Cubana de Naciones Unidas de que coopere con nosotros en el propósito de compulsar a la Asamblea Nacional del Poder Popular a promulgar una ley de manifestaciones y protestas pacíficas”, explicó a nuestra redacción, el jurista, residente en La Habana.
La ACNU es una organización no gubernamental, reconocida por el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia de Cuba, cuya misión, como indican en la página oficial es promover y defender "nacional e internacionalmente, en el ámbito del entorno asociativo y de las ONGs, los propósitos y principios expresados en la Carta de las Naciones Unidas, así como los principios y valores de la política exterior de la Revolución cubana".
Para el abogado Ferrer, “esa asociación viene siendo como una dependencia o representación de la ONU en Cuba, que, según su presidenta Norma Goicochea, gestiona, desde la sociedad civil, la implementación y respeto por el Estado cubano de todos los derechos humanos para los cubanos”.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos de 2022, Goicochea dijo a la prensa oficial que la Asociación y la sociedad civil siempre “acompañarán al Estado y Gobierno cubanos desde una mirada crítica sobre lo que en materia de derechos humanos aún es perfectible”.
De acuerdo a la funcionaria, “la ACNU traza estrategias y políticas con el Estado cubano para la observancia y disfrute de tales derechos por todos los cubanos, como resultado de la verdadera sociedad civil cubana”, citó el abogado independiente.
“Tal petición tiene el propósito de compulsar a esa asociación a accionar desde todos los escenarios para que se promulgue dicha ley”, puntualizó.
Martí Noticias preguntó a la señora Goicochea en un email, su opinión acerca de la inquietud de la sociedad civil cubana que ha pedido, en al menos tres ocasiones, a la Asamblea Nacional el estudio y promulgación de una Ley de manifestación y reunión, sin obtener que su reclamo sea considerado. Hasta el momento la institución oficialista no ha respondido.
El 21 de septiembre, Ferrer demandó a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo Popular para forzar la aprobación de la ley complementaria al derecho de reunión y manifestación pacífica.
Dos días después de la presentación del reclamo, fue detenido por varias horas en una estación policial.
En el interrogatorio, dos agentes de la Seguridad del Estado aceptaron que "la demanda es válida y está amparada en la ley”, pero en Cuba las autoridades violan la ley y será así mientras exista la Revolución".
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) pidió en diciembre de 2022 al parlamento cubano que “incluya, discuta y apruebe la Ley sobre los derechos de Manifestación y Reunión” en la primera sesión legislativa de 2023.
Diez meses más tarde, la Asamblea Nacional no ha tramitado esa ley y ni siquiera la incluyó en su cronograma legislativo para el quinquenio 2023-2027.
La Constitución de 2019 establece en su artículo 56 los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos.
Cuba no espera nada de EEUU para impulsar las mipymes, dice Fernández de Cossío, y habla de "malentendido"
El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, no cree que el régimen necesite una relación bancaria bilateral con Estados Unidos para que el sector privado en la isla prospere. En entrevista con la emisora de Florida WLRN, el funcionario aclaró que “hay un malentendido” en la forma en la que se está abordando este tema.
“Cuba no está esperando que Estados Unidos actúe en medida alguna. El crecimiento del sector privado en Cuba es una decisión nacional de Cuba. Lo tomamos por nuestra cuenta, independientemente de lo que haga Estados Unidos”, aseguró.
El viceministro fue tajante al definir cómo concibe el régimen la existencia del sector privado.
“Lo que hemos aprobado es la mediana y pequeña empresa. En nuestro panorama económico no estamos concediendo, al menos por el momento, que haya grandes monopolios ni grandes concentraciones de propiedad, riqueza y capital. Lo que queremos es una expansión. Tantos como sea posible y en igualdad de condiciones para todos”, aclaró.
Fernández de Cossío tampoco estuvo de acuerdo en cómo fueron interpretadas las palabras del gobernante Miguel Díaz-Canel durante su reunión con empresarios afines al régimen en su más reciente visita a Nueva York, donde dijo que "los cubanoamericanos podrían ser bienvenidos en el futuro para poseer negocios en Cuba".
“Yo estuve en esa reunión y el presidente nunca dijo eso. Quien informó eso no estuvo presente o no recordó bien lo sucedido en ese lugar”, aclaró. Según el alto diplomático, cuando Díaz-Canel dijo que eran “bienvenidos”, se refería a “una política que él personalmente ha defendido, que invita a los cubanos que viven en el exterior a invertir”. No obstante, acotó, “abrir negocios reales en Cuba es para personas que residen en Cuba. Los cubanos que viven en el exterior pueden participar como un canadiense, como un español. Pero si quieres constituir una empresa tienes que ser residente”.
Durante el diálogo, el viceministro de Exteriores dejó claro que al régimen de La Habana no le interesa una apertura política. “Si a la liberalización se le llama hacer que el dinero participe en la política y que los partidos sirvan como máquinas para que los políticos puedan ser movidos y luego las corporaciones y los ricos tengan la capacidad de financiar y comprar favores políticos, eso es algo que no estamos concediendo en Cuba”.
Unos 70 empresarios privados, dueños de Mipymes, visitaron Miami la semana pasada para recibir asesoramiento y consejos de sus homólogos cubanoamericanos y para conocer las leyes que rigen las operaciones comerciales entre las empresas de ambos países.
De Cossío también respondió preguntas acerca de la agresión con cócteles molotov contra la Embajada de Cuba en Washington y aseguró que es algo que le compete a las autoridades norteamericanas investigar. “No sabemos en este momento hasta dónde ha llegado esa investigación ni quién está detrás de ella. Lo que sí sabemos es que hay personas en Estados Unidos que tienen un historial de practicar u organizar acciones terroristas contra Cuba. Pero nos correspondería a nosotros apresurarnos y empezar a hacer acusaciones”.
Cuando le preguntaron sobre los cientos de presos políticos que cumplen sanciones en las cárceles de la isla por su participación en las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021, el funcionario admitió las encarcelaciones, pero intentó restarles importancia al comparar la represión al estallido social en Cuba con los hechos ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos.
“Miles de personas participaron en la manifestación en Cuba hace más de dos años. Miles de personas... y unos pocos cientos fueron procesadas… Por los hechos del 6 de enero de 2021, en Estados Unidos han sido encarceladas personas que ni siquiera estaban presentes en el lugar, solo porque fueron acusadas de incitar a la gente a ir al Capitolio”, dijo.
Según el más reciente informe de la organización Prisioners Defenders, hasta el 31 de agosto pasado se contabilizaban en Cuba “1.045 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica”.
Sobre el éxodo masivo de cubanos, que ha alcanzado cifras récords en los últimos años, el viceministro cree que ha ocurrido debido a “una combinación de factores”. En ese sentido mencionó “los efectos del COVID”, el embargo de Estados Unidos a Cuba y los problemas económicos del país. “Hemos tenido mala gestión, ineficiencias en lo que hacemos, que reconocemos que tenemos que mejorar”.
Sobre la política de Joe Biden hacia La Habana, afirmó que el presidente estadounidense ha mantenido las sanciones “más agresivas”, aunque mencionó el trabajo conjunto “en áreas como la migración, cierto nivel de cooperación en la aplicación de la ley, incluido el terrorismo, y en ciencias ambientales, artes, cultura, educación, que son importantes, pero no son lo que se puede decir la esencia de la relación bilateral".
En cuanto al escándalo por el reclutamiento de cubanos por el ejército ruso para luchar en la guerra contra Ucrania, el viceministro de Exteriores aseguró que la red de tráfico de personas “fue detectada” inicialmente por ellos. “Perseguimos al traficante y también perseguimos a la persona que voluntariamente intenta involucrarse en un conflicto militar en otro país. Antes de que lo hiciéramos público, hablamos con el Gobierno de Rusia, con el que tenemos una buena relación. Hablamos con el Gobierno de Ucrania, con el de Estados Unidos, con la Unión Europea y con varios otros gobiernos”, aseguró.
Piden 15 años de prisión al joven que escribió carteles contra Díaz-Canel
La Fiscalía Provincial de La Habana solicitó 15 años de privación de libertad para Jorge Luis Boada Valdés, quien lleva encarcelado un año y siete meses por haber escrito en lugares públicos del reparto Lawton, en el municipio Diez de Octubre, la frase contra el gobernante Miguel Díaz-Canel que se convirtió en consigna de las manifestaciones populares.
“Me trajeron la petición. Me piden 15 años, pero todavía no han puesto la fecha del juicio. Me hace falta que me hagan el juicio porque llevo más de un año preso y nada. Estoy parado en el tiempo”, dijo el preso político en una llamada desde la prisión Valle Grande, grabada por el activista Pedro Quiala.
El joven, de 29 años, está acusado de los delitos “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la Seguridad del Estado”.
En tres ocasiones y en sitios diferentes, plasmó la frase "Díaz-Canel Sin***": en el parque ubicado en la calle 21 esquina Concepción de Lawton, en una base de taxis y en la estación de ómnibus de ese barrio habanero.
Fue arrestado el 26 de febrero de 2022, después de subir a Facebook las fotos de los carteles que había escrito. En los primeros meses de su detención, Boada Valdés estuvo en el cuartel general de la Seguridad del Estado, conocido como de Villa Marista, donde escribió de nuevo frases antigubernamentales.
“Yo siempre estuve solo y caí en esto. Puse carteles en la calle y después en Villa Marista”, aseguró Boada.
Durante el pasado mayo, estuvo en una celda de aislamiento luego de que se manifestara en la prisión vistiendo un pullover blanco al que le había escrito las frases “Patria y Vida” y” Libertad”.
Su padre, Jorge Luis Boada, considera que, con la prisión de su hijo, el régimen quiere hacer una advertencia a la población, obstinada por los cortes eléctricos, la escasez de alimentos y la falta de libertades.
En ese sentido, Díaz-Canel ha afirmado que los manifestantes “por convicción o no, están respondiendo a lo que quiere la contrarrevolución”, y “a lo que quieren los que nos tienen bloqueados, que esos son los que primero han causado toda esta situación”, en referencia a las sanciones de Estados Unidos.
Juicio a presa política busca "darle un escarmiento al pueblo", denuncia su hermana
El primer día de juicio contra la presa política Daily Batista Pérez y otros nueve acusados, que inició este lunes en el Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas, en Mayabeque, fue una muestra de irregularidades por parte de los testigos de la fiscalía.
Así lo denunció este martes a Martí Noticias, Saily Nuñez Pérez, hermana de la imputada, y quien estuvo presente en la vista, a la que solo permitieron la asistencia de dos familiares.
"Vi esto como un 11 de julio 2.0, yo le llamo así. Total indignación, las mentiras a flor de piel, policías que no saben ni tan siquiera responder a preguntas tan sencillas como qué es una densidad poblacional y cosas como esas. Es absurdo", se cuestionó la activista y esposa del también preso político Maykel Puig Bergolla.
Núñez Pérez agregó que los policías llevaban escrito con tinta en las manos el nombre de los imputados, y no sabían explicar por qué procedieron al arresto de los mismos.
Este juicio, dijo, se trató de "darle un escarmiento al pueblo, seguir apresando a personas inocentes y seguir queriendo tapar el sol con un dedo".
Este martes, en una segunda vista, la fiscalía y la defensa deben presentar las conclusiones del caso. "Me imagino que hoy no den la sentencia", aventuró la hermana de la acusada.
Daily Batista Pérez, de 19 años de edad, enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad por los delitos de desorden público, atentado y daños, por participar en las manifestaciones ciudadanas del 10 de octubre de 2022, que tuvieron lugar en Güines, Mayabeque, tras extensos apagones.
"Ojalá y salga lo mejor posible porque esto es un abuso más, y un ensañamiento hacia nosotros", concluyó Núñez Pérez.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
Autoridades de Mar Verde niegan por séptima vez visita familiar a José Daniel Ferrer
La doctora Nelva Ismaray Ortega volvió a solicitar este lunes a las autoridades cubanas que acrediten que su esposo José Daniel Ferrer está vivo, o si su vida corre peligro en la prisión de máxima severidad Mar Verde, ubicada en la provincia de Santiago de Cuba.
Esta es la quinta vez que Ortega pide fe de vida del preso político sin obtener respuesta de las autoridades competentes, que no solo no han respondido su demanda, sino que le han negado, sistemáticamente, los encuentros familiares y conyugales reglamentarios, así como las llamadas telefónicas.
Los mandos del penal, en contubernio con la Seguridad del Estado, prohibieron, el 29 de septiembre, el contacto con su familia, denunció Ortega en un audio enviado a Martí Noticias.
“Violan sus derechos constantemente, comenzando por el de privarle de su libertad, teniéndolo en una celda de castigo bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, aislado de la comunidad penal y, nuevamente, de su familia”.
Ferrer García rechaza usar el uniforme de los reos comunes, razón por la que los jefes del establecimiento penitenciario lo mantienen en una celda de confinamiento.
“Como las veces anteriores, ante la visita reglamentaria, me trasladé temprano el pasado viernes para la prisión con el propósito de verle, pero por séptima vez nos negaron ese derecho”, lamentó la mujer que tiene que desplazarse a casi veinte kilómetros de la ciudad, en una provincia donde el transporte público escasea.
“Después del 4 de julio no ha existido contacto directo con él, ya sea físico ni telefónico, por lo que el próximo miércoles de no darse al menos una llamada telefónica, se cumplirán tres meses de desaparición forzada de mi esposo y el día 9 de octubre, de ser negada la visita familiar, se cumplirán 7 meses consecutivos violando este derecho reglamentario”, recalcó Ortega.
“Exigimos fe de vida, es nuestro derecho a poder verle y escucharle. No queremos notas ni fotos ni videos, exigimos muestras reales de vida para saber si ha empeorado o no su estado de salud, para saber si ha sido golpeado, si han aumentado las torturas hacia su persona, si está en huelga de hambre o no”, reclamó la médico y activista.
“Mi esposo lo ha dejado claro y lo ha demostrado, prefiere morir en prisión antes de aceptar salir del país”, reiteró.
Durante una visita familiar en junio, Ferrer relató a su esposa que un agente de la policía política le señaló que las vicisitudes que está pasando son evitables, si acepta salir del país.
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