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Venezuela

El saldo de los colectivos

Los paramilitares conocidos como "colectivos" son responsables de al menos tres muertes durante las protestas en Venezuela
Los paramilitares conocidos como "colectivos" son responsables de al menos tres muertes durante las protestas en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro no ha condenado públicamente la violencia ejercida por estas milicias armadas, pro-gubernamentales o para alentar a las autoridades para que los investiguen y lleven ante los tribunales de justicia.

Los humildes habitantes de la barriada de la Isabelica, al sur de la centro costera ciudad de Valencia, pagaron un precio alto durante una de las protestas realizadas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El 12 de marzo, una decena de hombres encapuchados a bordo de motocicletas dispararon contra una multitud que estaba parapetada en una barricada, quienes previamente les habían lanzado piedras, palos y otros objetos, dijeron testigos a The Associated Press.

"Dos cargaban revólver y uno cargaba un arma automática", dijo Lisandro Barazarte, fotógrafo del diario regional Notitarde de Valencia, quien captó varias imágenes de los hombres cuando disparaban, escondido detrás de un vehículo. "Habían más pero no desenfundaban (las armas). Ellos cargaban las manos metidas en las mochilas, en los bolsos... Y unos las tenían (las armas) en la cintura pero las tapaban con la franela (camiseta)".

Cuando la balacera terminó dos habitantes del barrio terminaron muertos: Jesús Enrique Acosta, estudiante de 22 años, y Guillermo Sánchez, de 42 años, mánager de un equipo infantil de béisbol. Desde entonces, la vida de los vecinos cambió: ahora viven nerviosos y atemorizados. Con sólo escuchar una motocicleta voltean asustados y se esconden dentro de sus pequeñas viviendas de ladrillo por temor a que les hagan una visita.

El presidente Nicolás Maduro no ha condenado públicamente la violencia ejercida por estas milicias armadas, pro-gubernamentales, conocidos vagamente con el nombre de "colectivos ", o para alentar a las autoridades para que los investiguen y lleven ante los tribunales de justicia.

A estos grupos también se les responsabiliza de múltiples palizas y actos de intimidación, como el padecido por un centenar de estudiantes y profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la estatal Universidad Central de Venezuela, en Caracas, quienes la tarde del 19 de marzo fueron secuestrados y atacados a golpes por casi una hora por unos 40 hombres y mujeres encapuchados, que se identificaron como defensores del gobierno.

Las denuncias por ataques y actos de intimidación de los colectivos datan de hace años pero su accionar se ha hecho más evidente desde que las protestas estudiantiles iniciaron el pasado 12 de febrero, pues han sido responsabilizados de algunos de los heridos y muertos.

El destacado líder estudiantil Daniel Tinoco murió el pasado 10 de marzo tras recibir un disparo en el pecho en la ciudad de San Cristóbal, al occidente del país, donde iniciaron los disturbios tras la indignación que provocó la presunta indiferencia policial ante el intento de violación del que fue víctima una estudiante.

Algunas de las muertes y las lesiones han ocurrido durante los forcejeos que protagonizan manifestantes y motorizados que luchan por mantener o tumbar una barricada, como sucedió al día siguiente a la muerte de Tinoco cuando dos estudiantes en la ciudad occidental de Barquisimeto resultaron heridos por encapuchados a bordo de motocicletas que entraron a la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y prendieron fuego a varios vehículos.

Imágenes y vídeos de los presuntos abusos de los colectivos, sobre todo de tiroteos a personas, han sido ampliamente difundidos en las redes sociales en un país donde, según grupos internacionales de defensa de libertad de prensa, el periodismo independiente ha sido objeto de permanente ataque por parte del gobierno. En muchas de las imágenes se ven a hombres armados que, amenazantes, remueven las barricadas instaladas por los manifestantes mientras que la policía y la Guardia Nacional aparecen como convidados de piedra.

Las acciones contra las barricadas coincidieron con una declaración de Maduro del cinco de marzo que pidió a sus seguidores actuar contra los bloqueos de vías al decir que "candelita que se prenda, candelita que se apaga". Generalmente, los manifestantes prenden fuego a las barricadas.

Poco después de esta declaración, el mandatario negó haber llamado a acciones violentas y señaló a la oposición de promover la violencia en el país y de ser responsable de las muertes ocurridas durante las protestas.

Un testigo del ataque en el barrio La Isabelica, cuya identidad mantenemos en reserva por temor a represalias, dijo que la muerte de Sánchez, el mánager del equipo de béisbol, ocurrió cuando salió a la calle a buscar una brocha para pintar y resultó herido en medio de la balacera disparada contra una barricada vecina.

Sánchez, dice el testigo, se escondió en una calle pero poco después fue localizado por los motorizados que se lo llevaron a rastras, herido, mientras lo golpeaban.

"Lo iban a quemar (asesinar) ahí abajo de la matita. La gente (los motorizados) decía:..... quémalo, quémalo para que no nos reconozca", dijo el testigo que presenció la escena escondido en su vivienda. "La policía nunca llegó. No había Guardia (Nacional), no había policía. Esto era el (viejo) oeste".

Sánchez recibió el impacto de bala en su abdomen y murió poco después en un centro de salud de Valencia, según su padre.

El estudiante Acosta también murió tras recibir un balazo en la cabeza cuando se encontraba con un amigo dentro de una vivienda, dijo otro testigo que se abstuvo de dar su nombre por temor a ser atacado por grupos armados.

"Sabían disparar muy bien", dijo el fotógrafo Barazarte al describir cómo los encapuchados apoyaban sus armas sobre las palmas de sus manos mientras disparaban contra los manifestantes.

El gerente para las Américas de la organización Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, dijo que este tipo de violencia es común en el país. "Éste es sólo un ejemplo de una práctica que hemos visto que ocurre en varios estados, de fuerzas de seguridad que no sólo toleran a estos grupos de civiles armados que atacan a manifestantes pacíficos, sino que colaboran con éstas bandas cuando les propinan palizas, los detienen arbitrariamente y cometen otros abusos", dijo.

Estos colectivos no nacieron de la noche a la mañana. Durante los 14 años del gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013), estas milicias crecieron enormemente y tuvieron como epicentro la barriada popular del 23 de Enero, al occidente de Caracas.

La mayoría se formó luego del fallido golpe de estado en contra de Chávez en 2002 y su misión ha sido la de ser "guardianes de la revolución". Colectivos como los Tupamaros, que surgieron entre las décadas de los 70 y 80, luego se constituyeron como partido político y hoy tienen 10.000 miembros a nivel nacional.

Alejandro Velasco, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York, dijo que cuando Chávez volvió al gobierno tras el golpe, algunos colectivos vieron la oportunidad de legitimarse pues se imaginan a sí mismos como "los más revolucionarios de la revolución".

Dice que entre sus miembros hay quienes a menudo trabajan en la seguridad de ministerios o de políticos.

Estas milicias, además, montan puestos de vigilancia en las vías para decidir quién ingresa a los barrios que controlan, resuelven disputas familiares y de vecinos, prestan seguridad a pequeños comerciantes y organizan campamentos de verano para jóvenes.

Hoy, tienen presencia en al menos 110 parroquias de las 1.136 que hay en el país, dijo el abogado criminalista Fermín Mármol García. Basado en un estudio hecho por del bloque opositor, Mármol García dice que los integrantes de los colectivos "fueron en algún momento policías municipales, policías estadales... (y que) pudieron en algún momento prestar servicio militar obligatorio".

"Definitivamente los colectivos armados y violentos se comportan en funciones parapoliciales y paramilitares", agregó.

"Hasta ahora no han podido presentar pruebas porque no las tienen", dijo Jose Pinto, secretario general de Los Tupamaros, al rechazar los señalamientos que se han hecho contra miembros de esa organización izquierdista y pro oficialista, acusada de participar en las acciones de los grupos de motorizados armados. "Nuestra única arma es la conciencia".

Líderes opositores se han venido quejando de los colectivos por años y el propio Maduro, en agosto de 2013, visitó la barriada del 23 de Enero y encabezó un acto donde fueron inutilizadas 100 armas de fuego que voluntariamente entregaron 90 colectivos, según reportó el diario estatal Correo del Orinoco.

En febrero, una semana después de que iniciaran las protestas, Maduro habló en defensa de los motorizados durante un acto público y dijo que no aceptaba "la campaña de demonización de los colectivos venezolanos", insistiendo en que ellos se "han organizado para proteger a su comunidad".

Pero eso no fue lo que sucedió en el ataque que padecieron unos 40 estudiantes de la Universidad Central. Fueron arrinconados y llevados por motorizados encapuchados a un sótano de la Facultad de Arquitectura, donde les robaron sus pertenencias y los hicieron desnudarse, incluyendo a las mujeres. Los golpearon con palos, tubos y otros objetos contundentes, los hicieron caminar en medio de una hilera de personas, algunos de ellos con uniformes de bomberos, mientras no cesaban de patearlos hasta sacarlos de la instalación que quedó inundada de gases lacrimógenos que lanzaron los atacantes.

"Me pusieron la pistola en la cara y me dicen que me van a matar, que me mueva", dijo Jhonny Medrano, estudiante del tercer trimestre de arquitectura de 21 años cuando fue llevado al sótano. "Nosotros somos los que defendemos el gobierno, nosotros somos Chávez, nosotros somos Maduro".

"Esto no puede seguir pasando, esto no puede seguir pasando", repite de manera incesante Hernán Zamora, profesor de diseño arquitectónico de 49 años, mientras llora desconsolado al recordar los momentos de terror que vivió esta tarde. "Esto no puede seguir pasando".

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Presentan informe ante la Corte Penal Internacional sobre la participación de Cuba en crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Vista del exterior de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda. (AP/Peter Dejong, Archivo)
Vista del exterior de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda. (AP/Peter Dejong, Archivo)

La abogada venezolana Tamara Suju entregó esta semana a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre la intervención del régimen cubano en la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en su país.

“Hemos cumplido con el mandato de las víctimas que quieren que se haga justicia en sus casos”, dijo la también activista por los derechos humanos y aclaró que el informe contiene una petición para se incluya al estado cubano en investigación que la Fiscalia realiza por el caso Venezuela I.

Suju compartió un video en vivo desde La Haya, sede del organismo, en el que habla de importancia de “recuperar a Venezuela”.

“Los cubanos no solamente han formado y han sido parte de la planificación, sino que han inducido dichos crímenes con su participación directa o indirecta. Nosotros necesitamos recuperar a Venezuela, necesitamos recuperar nuestra soberanía y de todos aquellos agentes y organizaciones paramilitares que están invadiendo nuestro territorio... Necesitamos recuperar además de nuestra democracia, a nuestras instituciones y nuestra dignidad”.

En el video aprovechó además para enviarle un "mensaje de esperanza" a los cubanos. "Hoy podría abrirse una ventana para un pueblo que ha sido oprimido terriblemente desde hace muchos años, para esos presos políticos, para esos perseguidos, que no han tenido forma de acudir a la justicia internacional. Aquí podría abrirse una puerta hoy para buscar la justicia contra dichos crímenes".

Venezuela es el primer país de América Latina que enfrenta una investigación formal en la CPI, luego de que el fiscal británico Karim Khan anunciara la apertura del caso conocido como "Venezuela I", por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.

En septiembre de 2022, la Misión Independiente de Verificación de los Hechos presentó ante Naciones Unidas un informe en el que detallan cómo el régimen de Maduro tuvo asesoría de La Habana para la ejecución de dichos crímenes.

Según el documento, exfuncionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) aseguran que "agentes del Estado cubano han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM", organización que, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), ha estado involucrada en la represión.

El año pasado, el gobierno de Maduro apeló un fallo a favor de reanudar la investigación, bajo el argumento de que debía respetarse el principio de "complementariedad", pero los jueces aprobaron que la Fiscalía de la CPI reanude las indagaciones.

Tamara Suju es la directora ejecutiva de CASLA, organización pro derechos humanos y vigilantes del estado de la democracia en Latinoamérica que ha logrado identificar a torturadores y personas dentro de los aparatos de seguridad e inteligencia responsables de las torturas a presos políticos en Venezuela.

Régimen de Maduro arresta a otros dos miembros del equipo de María Corina y dice que va a por más detenidos

María Corina Machado se presenta en la sede de su partido tras las detenciones de otros miembros de su equipo el 20 de marzo de 2024. "Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia", denunció.
María Corina Machado se presenta en la sede de su partido tras las detenciones de otros miembros de su equipo el 20 de marzo de 2024. "Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia", denunció.

A cuatro meses de celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el próximo 28 de julio, otros dos miembros del equipo de campaña de María Corina Machado fueron arrestados este miércoles en Caracas por las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

Con las detenciones en plena calle de Henry Alviares y Dignora Hernández, suman ocho los colaboradores de la principal opositora del chavismo y pudieran ser más, según amenazan los funcionarios del régimen.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que estas dos personas habían sido detenidas: “Ahora no vengan a decir que ambos eran pacifistas que estaban con una flor en la plaza Bolívar marchando. Todo lo contrario (...) ¿Va a salir ahora la oficina del Alto Comisionado de la ONU o las ONG estas financiadas por la USAID con millones de dólares a decir que estas personas detenidas con una orden de aprehensión van a decir que son desapariciones forzadas?”.

Desde el pasado 23 de enero se encuentran detenidos los coordinadores regionales Luis Camacaro (Yaracuy), Juan Freites (La Guaira) y Guillermo López (Trujillo). El 8 de marzo, en tanto, fue arrestado Emill Brandt Ulloa, coordinador en Barinas, y esta misma semana Joe Villamizar, coordinador del municipio Girardot del estado Aragua.

Saab dijo que ya habían emitido las órdenes de aprehensión contra Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, y Magalli Meda, también miembros del equipo electoral de Vente Venezuela.

"Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia. Venezolanos, les pido fortaleza y coraje en estos momentos difíciles. Hoy, más que nunca, necesitamos estar unidos y firmes para seguir avanzando hacia nuestros objetivos", pidió la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela.

Por otra parte, políticos y analistas advirtieron que Maduro además está bloqueando la posible postulación de candidatos que pudieran sustituir a Machado.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmó que César Pérez Vivas, ex gobernador de Táchira, y Juan Pablo Guanipa, diputado electo en 2015, tienen una prohibición para ejercer cargos o función pública.

Guanipa dijo a la Voz de América que las inhabilitaciones son el arma de la cobardía y el abuso de un régimen dictatorial.

Según el politólogo John Magdaleno, hay al menos dos mil políticos inhabilitados para funciones públicas en Venezuela, y seguramente habrá nuevas inhabilitaciones exprés.

Maduro se anunció días atrás como candidato oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela. De triunfar en los comicios de julio, garantiza su tercer mandato consecutivo.

Elecciones presidenciales de Venezuela serán el 28 de julio, día del cumpleaños de Hugo Chávez

Un elector ejerce su derecho al voto en Caracas, Venezuela, durante una simulación de los comicios presidenciales. ( Federico Parra/AFP/ Archivo)
Un elector ejerce su derecho al voto en Caracas, Venezuela, durante una simulación de los comicios presidenciales. ( Federico Parra/AFP/ Archivo)

La fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela será el próximo 28 de julio, informó este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Está previsto que el actual mandatario, Nicolás Maduro, aspire a la reelección en unos comicios sin adversarios fuertes, mientras la candidata favorita de la oposición, María Corina Machado, permanece inhabilitada por decisión de su gobierno.

Elvis Amoroso, presidente del CNE, dijo que la fecha de los comicios, que coincide con el cumpleaños del fallecido expresidente Hugo Chávez, fue aprobada de forma unánime por el Consejo.

La semana pasada, la Asamblea Nacional de Venezuela, en control del oficialismo, entregó al CNE un documento que detallaba las condiciones de las elecciones presidenciales, pero este no fue suscrito por la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora.

Machado, la principal candidata de esa coalición pero inhabilitada desde junio de 2023 por el gobierno de Maduro para ejercer cargos públicos durante 15 años, recibió el apoyo de Estados Unidos tras ganar en octubre de 2023 las primarias de la oposición con más del 90% de los votos.

Un reporte de Associated Press señala que, consultado por el anuncio del CNE, el equipo de prensa de Machado descartó que vaya a dar declaraciones.

Según la Contraloría, la candidata opositora participó en una trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando encabezaba la Asamblea Nacional. No se presentaron pruebas en su contra.

A finales de enero de este año, la inhabilitación de Machado fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. La candidata se niega a aceptar la resolución.


Según el cronograma aprobado por el CNE, las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y 25 de marzo, y la campaña irá desde el 4 al 25 de julio, mientras que los votantes deberán registrarse entre el 18 de marzo y el 16 de abril.

La elección del 28 de julio para la realización de los comicios, subraya el reporte de AP, permite al gobierno de Maduro cumplir con una parte del acuerdo de Barbados, suscrito con la oposición y el gobierno de Estados Unidos en octubre pasado, que exigía que las elecciones presidenciales tuvieran lugar en el segundo semestre de 2024.

Otros puntos del acuerdo incluyen la elaboración de un plan que propicie las condiciones políticas para la realización de elecciones libres y democráticas, pero con inhabilitación de Machado y otros candidatos de la oposición, entre otras irregularidades, las voces críticas señalan que el gobierno de Nicolás Maduro no ha ofrecido aún esas garantías.

A finales de enero, el gobierno estadounidense anunció que revisaría el acuerdo y retomó algunas de las sanciones económicas impuestas a la administración de Maduro.

Periodistas alertan sobre plan del chavismo de instaurar un "Estado Mayor de la Comunicación"

Nicolás Maduro en un acto político en Caracas el 29 de febrero de 2024. Periodistas venezolanos han denunciado que su gobierno busca el control absoluto de los medios de prensa.
Nicolás Maduro en un acto político en Caracas el 29 de febrero de 2024. Periodistas venezolanos han denunciado que su gobierno busca el control absoluto de los medios de prensa.

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela alertó sobre el peligro de que el régimen chavista instaure el denominado "Estado Mayor de la Comunicación", que conduciría al dominio absoluto de los medios de prensa en ese país, durante un contexto electoral.

La entidad que acoge a casi 27 mil periodistas rechazó el plan anunciado por el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Fredyy Ñáñez de crear esta estructura militar para conseguir "la integración, tanto de los comunicadores sociales, populares, claps (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), medios alternativos y comunitarios con el Ministerio de Comunicación e Información a fin de facilitar los enlaces interinstitucionales".

De acuerdo a este funcionario, es necesaria la modernización de las leyes para conseguir una «transformación y recuperación de la identidad nacional".

El Colegio Nacional de Periodistas destacó que este plan se da cuando Venezuela se encamina a celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.

"El ecosistema de medios del país se encuentra reducido al mínimo, con el cierre sistemático de cientos de estaciones de radio y de programas de opinión, la desaparición práctica de la prensa escrita a partir de maniobras de asignación de papel periódico y de otros insumos, de persecución y criminalización de reporteros y comentaristas que investigan sobre irregularidades gubernamentales, del bloqueo constante a páginas de Internet cuando se muestran críticas a la actuación del régimen, de la censura como norma, de la opacidad de las instituciones nacionales a la hora de ofrecer los datos de su gestión pública y de la aprobación de una ley que regula de manera ilegítima las organizaciones no gubernamentales donde la sociedad civil hace vida, entre otras tantas maneras de control total sobre el hecho comunicacional y periodístico", denunció el colegio.

La declaración del gremio de periodistas consideró que esta nueva maniobra consolida "la hegemonía comunicacional estatal" que ha sumido "en el silencio periodístico a una buena parte del país".

El comunicado criticó la instauración de un organismo de inspiración militar "aplicado al pensamiento y la cultura, a la libre circulación de las ideas y a derechos fundamentales del hombre como lo son el de la libre expresión, el acceso a la información, a la creación artística, a la libertad de cátedra y de asociación".

Venezuela acusa a Rocío San Miguel de ser espía

Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una conferencia de prensa el 19 de febrero de 2024 en Caracas, para dar a conocer acusación contra la activista Rocío San Miguel. (AP/Ariana Cubillos).
Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una conferencia de prensa el 19 de febrero de 2024 en Caracas, para dar a conocer acusación contra la activista Rocío San Miguel. (AP/Ariana Cubillos).

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este lunes a la activista de derechos humanos y abogada especialista en asuntos militares Rocío San Miguel de ser “espía” y de compartir información de seguridad nacional con un embajador extranjero.

Saab aseguró en una conferencia de prensa en Caracas que San Miguel tenía en su poder 18 mapas cartográficos donde se detallaban varias instalaciones militares y sus respectivas zonas de seguridad. El funcionario dijo que esa información habría sido obtenida con colaboración militar y resaltó que la demarcación de ese tipo de zonas son consideradas datos de inteligencia reservados al Estado.

El fiscal dijo que el número telefónico de San Miguel estaba en la lista de contactos de militares que lideraban la llamada Operación Brazalete Blanco, que, según las autoridades venezolanas, pretendía atentar contra el presidente Nicolás Maduro y generar caos en el país, y dijo que San Miguel fungía como espía "a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional".

San Miguel fue detenida la semana pasada e imputada por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.

Saab dijo que poseer mapas y las gacetas oficiales donde se crearon las zonas de seguridad es una cuestión pública, aunque dijo considerar que su acumulación sistemática es parte de “un trabajo de inteligencia sostenido”.

Saab también cuestionó que la prensa se refiera a San Miguel como una activista de derechos humanos. “La actividad de Rocío San Miguel era ajena a los derechos humanos. Su ONG es una fachada para hablar en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado”, añadió.

Saab dijo que San Miguel tenía perfiles, listas y comunicaciones sobre el Alto Mando militar, y la acusó de ser “una agente” a la que le habría hecho varios pagos en dólares una trasnacional petrolera, uno de ellos por presuntamente hacer un análisis de entorno de una instalación militar en Venezuela.

Según Saab, San Miguel “le entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento del sistema de defensa antiaéreo”, y dijo que la activista tuvo reuniones con diplomáticos de al menos cuatro países, aunque no mencionó cuáles.

También aseguró que su despacho pudo constar reuniones de San Miguel en Europa y Estados Unidos con funcionarios militares para presuntamente transmitir información, y acusó a San Miguel de preparar un protocolo para “esconder” sus equipos electrónicos si era detenida.

San Miguel es presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, especializada en leyes y compras militares.

Gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, entre ellos la oficina del Alto Comisionario para los derechos humanos de las Naciones Unidas, expresaron su preocupación por la detención de San Miguel y exigieron su liberación inmediata.

El exfiscal Zair Mundaray ironizó en redes sociales que los mapas “ahora son objetos de ilícita tenencia” y que “se crea el delito de porte ilícito de mapas”, a raíz de las acusaciones.

Su hija pudo verla, se dice inocente

Este lunes, nueve días luego de su detención, San Miguel pudo ser visitada por su hija Miranda en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en El Helicoide, en Caracas, informó el abogado Joel García.

“A pesar de la injusta privación de su libertad, [San Miguel] se encuentra fortalecida y muy confiada de su inocencia. [Dice] que no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan”, indicó el jurista en la red social X.

El abogado Juan Carlos González precisó que San Miguel pudo compartir con su hija “por cerca de tres horas”.

“Reitera su inocencia, fuerte en sus convicciones, y reclama que no se le ha permitido designar abogados de su confianza”, escribió en sus redes sociales.

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