El futuro de la paz social está en juego a partir del lunes.
El conflicto por la explotación minera en la región de Cajamarca, norte de Perú, que esta semana dejó cinco muertos, tiene una antigua historia de casi 500 años desde que el último emperador inca, Atahualpa, ofreció toneladas de oro a los españoles a cambio de no ser ejecutado, pero no logró salvar su vida.
El futuro de la paz social está en juego a partir del lunes cuando se concrete en Cajamarca una trascendente reunión entre el presidente de la región, que lidera las protestas contra un proyecto de la estadounidense Newmont, con una misión de la iglesia católica que busca facilitar el diálogo con el gobierno, informa AFP.
Un inicio auspicioso podría derivar en más reuniones de cara a lo que hoy parece un acuerdo imposible, debido a las posiciones irreductibles: el gobierno apoya el proyecto Conga como parte de su política de fomentar una minería responsable y cuidadosa del medio ambiente y los cajamarquinos no quieren nada con él.
El encuentro entre Gregorio Santos, presidente de la región de Cajamarca, y los dirigentes provinciales de esta región con el obispo Miguel Cabrejos y el padre Gastón Garatea será la primera señal en nueve meses de un intento por acercar posiciones entre Cajamarca y el gobierno central por el proyecto Conga.
"Ojalá se abra una nueva etapa, alguna luz puede aparecer, pero la solución al tema Conga tiene que pasar por revisar el rol de la minería en el desarrollo de Cajamarca", dijo a la AFP Marco Arana, sacerdote suspendido por el Vaticano y líder ambientalista en la lucha contra Newmont.
Arana sostiene que "para crear condiciones de paz social se deben paralizar las obras en Conga; investigar las muertes y desmilitarizar la zona; y cesar los procesos judiciales contra los líderes cajamarquinos".
El proyecto Conga, que impulsa la minera Yanacocha -que controla Newmont-, es rechazado por buena parte de la población de Cajamarca porque teme que afecte al medio ambiente de la región, incluidas las fuentes de agua.
Sin embargo, cuenta con la bendición de vastos sectores que no quieren que la región pierda esta inversión de 4.800 millones de dólares.
El controvertido proyecto aurífero prevé el secado de cuatro lagunas altoandinas y su reemplazo por reservorios de agua artificiales.
El gobierno de Ollanta Humala decretó el martes y por 30 días el estado de excepción (la militarización) en tres provincias de Cajamarca donde hubo cinco muertos y 25 heridos por la protesta antiminera.
El futuro de la paz social está en juego a partir del lunes cuando se concrete en Cajamarca una trascendente reunión entre el presidente de la región, que lidera las protestas contra un proyecto de la estadounidense Newmont, con una misión de la iglesia católica que busca facilitar el diálogo con el gobierno, informa AFP.
Un inicio auspicioso podría derivar en más reuniones de cara a lo que hoy parece un acuerdo imposible, debido a las posiciones irreductibles: el gobierno apoya el proyecto Conga como parte de su política de fomentar una minería responsable y cuidadosa del medio ambiente y los cajamarquinos no quieren nada con él.
El encuentro entre Gregorio Santos, presidente de la región de Cajamarca, y los dirigentes provinciales de esta región con el obispo Miguel Cabrejos y el padre Gastón Garatea será la primera señal en nueve meses de un intento por acercar posiciones entre Cajamarca y el gobierno central por el proyecto Conga.
"Ojalá se abra una nueva etapa, alguna luz puede aparecer, pero la solución al tema Conga tiene que pasar por revisar el rol de la minería en el desarrollo de Cajamarca", dijo a la AFP Marco Arana, sacerdote suspendido por el Vaticano y líder ambientalista en la lucha contra Newmont.
Arana sostiene que "para crear condiciones de paz social se deben paralizar las obras en Conga; investigar las muertes y desmilitarizar la zona; y cesar los procesos judiciales contra los líderes cajamarquinos".
El proyecto Conga, que impulsa la minera Yanacocha -que controla Newmont-, es rechazado por buena parte de la población de Cajamarca porque teme que afecte al medio ambiente de la región, incluidas las fuentes de agua.
Sin embargo, cuenta con la bendición de vastos sectores que no quieren que la región pierda esta inversión de 4.800 millones de dólares.
El controvertido proyecto aurífero prevé el secado de cuatro lagunas altoandinas y su reemplazo por reservorios de agua artificiales.
El gobierno de Ollanta Humala decretó el martes y por 30 días el estado de excepción (la militarización) en tres provincias de Cajamarca donde hubo cinco muertos y 25 heridos por la protesta antiminera.