Un informe publicado el martes por la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF por sus siglas en inglés) volvió a ubicar a Cuba en el Nivel 2 por cometer violaciones a la libertad religiosa y sugirió a Washington medidas para respaldar la lucha por las libertades religiosas en isla.
Lee también EEUU coloca a Cuba entre naciones donde se cometen "violaciones graves a la libertad religiosa"El Informe Anual 2019 de USCIRF recomendó a EEUU imponer sanciones específicas contra las autoridades responsable de graves abusos de la libertad religiosa en Cuba, incluyendo la imposición de una prohibición de visa u otras sanciones contra Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado.
Lee también Piden cancelar visa a Caridad Diego por supervisar represión a líderes religiosos en CubaAdemás, sugieren que los programas de Estados Unidos que apoyan
el periodismo independiente en Cuba respalden a los periodistas que sufren mayor acoso como resultado de informar sobre la libertad religiosa.
Por último, recomiendan priorizar el procesamiento de visas a líderes religiosos en La Habana para facilitar que viajen a Estados Unidos sin necesidad de ir antes a un tercer país.
El reporte critica los intentos del gobierno cubano de aplastar la libertad religiosa, especialmente durante el cambio hacia la nueva Constitución cubana en 2019.
Today, USCIRF released a new report on the key religious freedom violations that occurred in #Cuba during 2019. Read more: https://t.co/Kvmo8H5llp
— USCIRF (@USCIRF) March 10, 2020
El informe de la Comisión relacionó la escalada de represión religiosa con la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente.
"Junto con la Constitución, el gobierno utiliza un sistema restrictivo de leyes y políticas, vigilancia y acoso para controlar a los grupos religiosos y suprimir la libertad de religión o creencias", dijo la Comisión.
Lee también Libertad religiosa, otro derecho irrespetado en CubaCriticó al gobierno por exigir a grupos que se registren en la Oficina de Asuntos Religiosos, que "posee un poder amplio, en gran medida sin control".
Los que no se registran son castigados con multa o prisión, mientras que los grupos registrados deben obtener permiso para cualquier actividad fuera de un típico servicio de adoración, dejando mucho a la voluntad del régimen, dice el informe.
El reporte de USCIRF destaca varios casos:
- A lo largo de 2019, el Pastor Alain Toledano constantemente ha sido convocado a la estación de policía, acusado del delito de "desobediencia", y
amenazado con detención, aplicarle órdenes de arresto previas y la confiscación de bienes donde su iglesia ahora se reúne después de que su edificio fuera demolido en 2016. El acoso ha sido relacionado con su actividades religiosas, incluyendo la organización de eventos sobre la mujer, la juventud y la sociedad.
- El pastor Ramón Rigal y su esposa Adya Expósito Leyva, sentenciados a dos años y medio de prisión por educar a sus hijos en el hogar, respetando sus creencias religiosas y por temor al adoctrinamiento del socialismo en las escuelas cubanas.
Lee también Piden revisar causa de pastores cubanos en prisión por educar a hijos en casa- El matrimonio Tejada Beltrán y Lescaille Prebal, miembros de la comunidad sefardí Bnei Anusim, cuyos hijos sufrieron acoso y agresiones físicas en la escuela que condujo a la prohibición de la kipá.
Lee también Padres judíos en Cuba retiran la kipá a sus hijos ante amenazas de cárcel- El periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, condenado por
cargos de resistencia y desobediencia y sentenciado a un año en un campo de trabajo en agosto 2019 por cubrir el proceso judicial contra el matrimonio Rigal.
- El periodista Ricardo Fernández Izaguirre, quien fue arrestado por documentar los abusos de la libertad religiosa contra las Damas de Blanco y encarcelado por nueve días, acusado de una estadía ilegal en La Habana.
Lee también Liberan a periodista pero lo acusan de "usurpación de funciones legales"- El 28 de julio Dagoberto Valdés Hernández estuvo entre los activistas de la sociedad civil, laicos y periodistas a quienes se les impidió asistir al funeral del cardenal Jaime Ortega. Algunos fueron amenazados con arrestos.
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