Santos, quien aseguró que Petro tuvo todas las garantías para su defensa, nombró como alcalde encargado de la capital colombiana al actual ministro de Trabajo, Rafael Pardo.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destituyó al alcalde de Bogotá, después de rechazar una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mantener en el segundo cargo político más importante del país al líder de izquierda.
El mandatario de centro derecha comunicó la decisión que tiene implicaciones políticas a dos meses de los comicios en los que buscará su reelección, y que podría tener repercusiones en la negociación de paz que mantiene en Cuba con la guerrilla delas FARC para poner fin a un conflicto interno de 50 años.
"El Gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares", dijo Santos en una declaración desde la sede de la presidencia.
"He recibido comunicación oficial del señor procurador general en la que me solicita decretar la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes", agregó.
Santos, quien aseguró que Petro tuvo todas las garantías para su defensa, nombró como alcalde encargado de la capital colombiana al actual ministro de Trabajo, Rafael Pardo, y dijo que su decisión busca acabar con el estado de incertidumbre en la ciudad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, concedió el martes medidas cautelares a favor de Petro, horas después de que un tribunal colombiano ratificó un fallo que obligaba al funcionario a salir del cargo.
El organismo argumentó que la inhabilidad para ejercer cargos de elección popular sólo puede surgir por una condena de un juez penal y que la Procuraduría, que determinó originalmente la destitución, es una autoridad administrativa.
La decisión final estaba en manos de Santos, quien podía acoger la solicitud de la CIDH, lo que implicaba suspender la destitución del alcalde, o ignorarla y ejecutar el fallo del procurador ratificado por el Consejo de Estado, como lo hizo.
El panorama para el mandatario colombiano no era fácil debido a que cualquier decisión que adoptara tiene repercusiones políticas y electorales en un país históricamente polarizado entre izquierda y derecha, de acuerdo con analistas. Las votaciones presidenciales serán el 25 de mayo.
La decisión de Santos provocó voces a favor y en contra en los sectores políticos y jurídicos del país sudamericano de 47millones de habitantes.
Al interior del Estado colombiano existían opiniones divididas. Mientras que el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo que se trataba simplemente de una recomendación, el fiscal general, Eduardo Montealegre, opinó que la decisión de la CIDH era de obligatorio cumplimiento.
En el pasado, países como Brasil desacataron medidas del organismo.
De acuerdo con juristas, si Colombia hubiera aceptado el fallo del organismo internacional, cientos de ex alcaldes y ex gobernadores destituidos por la Procuraduría General –un organismo encargado de vigilar y sancionar administrativamente a funcionarios públicos- podrían solicitar ser restituidos en sus cargos y demandar al Estado.
Horas antes del pronunciamiento de la CIDH, el Consejo de Estado ratificó el fallo que destituyó e inhabilitó a Petro por 15 años para ejercer cargos públicos, al negar varios recursos jurídicos que buscaban anular una sanción disciplinaria.
El procurador general, Alejandro Ordoñez, destituyó en diciembre a Petro por irregularidades en el manejo de la recolección de basuras, un fallo que bloquea sus aspiraciones para ser presidente de Colombia.
Los seguidores de Petro, de 53 años y quien era alcalde de Bogotá desde el 2012, el segundo cargo político más importante de Colombia después de la presidencia, interpusieron cientos de recursos jurídicos para impedir el fallo de Ordoñez.
El mandatario de centro derecha comunicó la decisión que tiene implicaciones políticas a dos meses de los comicios en los que buscará su reelección, y que podría tener repercusiones en la negociación de paz que mantiene en Cuba con la guerrilla delas FARC para poner fin a un conflicto interno de 50 años.
"El Gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares", dijo Santos en una declaración desde la sede de la presidencia.
"He recibido comunicación oficial del señor procurador general en la que me solicita decretar la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes", agregó.
Santos, quien aseguró que Petro tuvo todas las garantías para su defensa, nombró como alcalde encargado de la capital colombiana al actual ministro de Trabajo, Rafael Pardo, y dijo que su decisión busca acabar con el estado de incertidumbre en la ciudad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, concedió el martes medidas cautelares a favor de Petro, horas después de que un tribunal colombiano ratificó un fallo que obligaba al funcionario a salir del cargo.
El organismo argumentó que la inhabilidad para ejercer cargos de elección popular sólo puede surgir por una condena de un juez penal y que la Procuraduría, que determinó originalmente la destitución, es una autoridad administrativa.
De inmediato no se produjo una reacción del destituido alcalde
La decisión final estaba en manos de Santos, quien podía acoger la solicitud de la CIDH, lo que implicaba suspender la destitución del alcalde, o ignorarla y ejecutar el fallo del procurador ratificado por el Consejo de Estado, como lo hizo.
El panorama para el mandatario colombiano no era fácil debido a que cualquier decisión que adoptara tiene repercusiones políticas y electorales en un país históricamente polarizado entre izquierda y derecha, de acuerdo con analistas. Las votaciones presidenciales serán el 25 de mayo.
La decisión de Santos provocó voces a favor y en contra en los sectores políticos y jurídicos del país sudamericano de 47millones de habitantes.
Opiniones divididas
Al interior del Estado colombiano existían opiniones divididas. Mientras que el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, dijo que se trataba simplemente de una recomendación, el fiscal general, Eduardo Montealegre, opinó que la decisión de la CIDH era de obligatorio cumplimiento.
En el pasado, países como Brasil desacataron medidas del organismo.
De acuerdo con juristas, si Colombia hubiera aceptado el fallo del organismo internacional, cientos de ex alcaldes y ex gobernadores destituidos por la Procuraduría General –un organismo encargado de vigilar y sancionar administrativamente a funcionarios públicos- podrían solicitar ser restituidos en sus cargos y demandar al Estado.
Horas antes del pronunciamiento de la CIDH, el Consejo de Estado ratificó el fallo que destituyó e inhabilitó a Petro por 15 años para ejercer cargos públicos, al negar varios recursos jurídicos que buscaban anular una sanción disciplinaria.
El procurador general, Alejandro Ordoñez, destituyó en diciembre a Petro por irregularidades en el manejo de la recolección de basuras, un fallo que bloquea sus aspiraciones para ser presidente de Colombia.
Los seguidores de Petro, de 53 años y quien era alcalde de Bogotá desde el 2012, el segundo cargo político más importante de Colombia después de la presidencia, interpusieron cientos de recursos jurídicos para impedir el fallo de Ordoñez.