Piden entre tres y ocho años de privación de libertad a opositores de Isla de Pinos

Foto Archivo. Un tribunal en Cuba durante la pandemia.

La Fiscalía Municipal de Isla de Pinos solicitó entre 3 y 8 años de privación de libertad para cuatro manifestantes del 11 de julio, miembros del Partido Autónomo Pinero (PAP).

Ramón Salazar Infante, Martha Pérez Acosta y Francisco Alfaro Diéguez, los tres en libertad bajo fianza, están acusados de “desórdenes públicos”, delito por el que el órgano acusatorio les pide a cada uno, 3 años de privación de libertad y Juan Luis Sánchez, en prisión preventiva en el penal conocido como “El Guayabo”, está imputado de “atentado” y tiene una petición fiscal de 8 años de prisión.

La fecha del juicio no ha sido fijada.

“Nosotros somos un partido opositor, pacífico y el gobierno, junto con la Seguridad del Estado nos está imponiendo sanciones como personas que estamos violando [las leyes]. Todo lo hicimos porque pensábamos que teníamos algún respaldo de la ley, pero no ha sido así”, lamentó Pérez Acosta en conversación con Radio Televisión Martí.

“En este país estamos sometidos por la dictadura de este sistema que no nos permite manifestarnos de manera pacífica. Nuestra organización tiene todo un programa bien claro, en el cual hemos trabajado durante 16 años, incluso las autoridades pineras conocen cuáles son nuestras perspectivas hacia el futuro que es trabajar para la sociedad”, indicó la opositora.

Según las Conclusiones Provisionales del Estado, los acusados “en compañía de otros ciudadanos se organizaron en la casa de Ramón para salir gritando palabras y frases que convocaban a la alteración del orden”.

Susana Sánchez, hermana Juan Luis Sánchez declaró, recientemente que “él iba caminando para un lugar que se llama Sierra Caballo, que queda cerca de donde estaban iniciándose las protestas en Nueva Gerona”, cuando vio que más de cinco agentes policiales estaban golpeando a un joven; “él intervino para evitar que le siguieran dando golpes”.

“Pero vino por detrás, un policía le pegó y él (su hermano) respondió con un golpe en defensa propia”.

El documento oficial, firmado por la Fiscal Oravia Torres Cabrera, asegura que Sánchez González trató de evitar que los oficiales de la policía detuvieran a uno de los manifestantes, “se interpuso” ante el oficial y, “sin mediar palabra, le propinó un golpe por el mentón que le causó un hematoma, lesión que no requirió tratamiento médico”.

Alrededor de 11 activistas del Partido Autónomo Pinero resultaron detenidos ese día y liberados en las semanas siguientes con multas o bajo fianza.