¿Logrará el general Andollo pasar su experimento de separación de poderes en Cuba?

De izq, a der. Leonardo Andollo, Leopoldo Cintra Frías, Miguel Díaz-Canel y Bruno Rodríguez.

La Asamblea Nacional Poder Popular de Cuba, una parodia de Parlamento, ha sido convocada por el consejo de Estado de Cuba para una sesión extraordinaria.

En el orden del día hay 4 puntos. Se aprobarán sin discusión las comisiones permanentes, los grupos parlamentarios de amistad y se dará el dictamen sobre el experimento de Artemisa y Mayabeque, la prueba de separación de cargos y poderes, que de ser efectiva, sería llevada luego a todo el país. ​

Desde que ambas provincias fueron creadas en el 2011 se decidió separar la dirección de los Consejos de Administración de las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular y esa iniciativa fue aprobada por la Asamblea Nacional en agosto de ese mismo año.

La constitución cubana, en el artículo 117 precisa que “los Presidentes de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular son a la vez presidentes de los respectivos Órganos de Administración”.

El experimento, según la prensa oficial cubana, una vez finalizado, tendría que rendir cuenta a la Asamblea Nacional para diciembre del 2016. Se debió entonces decidir “sobre la procedencia de los cambios” y “en consecuencia decidir sobre la pertinencia de reforma constitucional, para su legalización en el resto del territorio nacional”.

El “diputado” Leonardo Andollo fue el encargado de presentar los resultados ante la Asamblea Nacional. Entonces se decidió extender la prueba por dos años más.

El general de división Leonardo Andollo, ex segundo jefe del Estado Mayor del MINFAR, es el segundo jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo del perfeccionamiento del modelo económico y social de la sociedad cubana.

Para este sábado se espera la creación de una comisión para Reforma Constitucional con diputados seleccionados, donde se aclara por la prensa oficial que no buscan “cambios en el sistema político”.

Cambios en la “Constitución Socialista”

La Constitución de Cuba se adopta en 1976, tras haberla elaborado la llamada Comisión de Estudios Jurídicos del Comité Central del PCC, dirigida por el ex líder de los comunistas Blas Roca y se redactó por una comisión mixta del PCC y el gobierno. Se reconoció entonces que se inspiraron en la Constitución de la URSS de 1936, redactada bajo la dictadura de Iosef Stalin. Se proclamó el marxismo-leninismo como doctrina oficial y la “concepción científica materialista del universo” y el papel del partido comunista como “vanguardia organizada marxista-leninista”. Al tiempo que se guiaban por "el internacionalismo proletario, la amistad fraternal y la cooperación con la Unión Soviética y los países socialistas”.

Hasta el presente se han hechos dos modificaciones, en 1992 y el 2002, todas de carácter político. En la primera, tras la desaparición del campo socialista y la URSS se elimina toda referencia a los “países socialistas” y la URSS y se toma el ideario martiano como paradigma ideológico; también se determinó que el Estado dejaba de ser ateo para definirse como laico.

En el 2002, ante la iniciativa de Oswaldo Payá y el Proyecto Varela, Fidel Castro decidió incluir en la Constitución el carácter irrevocable del “socialismo” en la isla.

La reforma actual fue anunciada por el mismo Raúl Castro hace ya más de dos años, en abril del 2016 durante el discurso inaugural del VII congreso del Partido Comunista de Cuba.

Dijo entonces que “considerando las importantes transformaciones asociadas a la actualización del modelo económico y social y su conceptualización, en la Constitución hay que reflejar todo eso que vamos haciendo, discutir con la población y votarlo en referéndum”.

Advirtió el general que “en el alcance de estos cambios constitucionales propondremos ratificar el carácter irrevocable del sistema político y social refrendado en la actual Constitución que incluye el papel dirigente del Partido Comunista de Cuba en nuestra sociedad”.

El tema de la limitación de los periodos en un cargo y la edad máxima para ocuparlos ya se ha planteado en los discursos de Raúl Castro en los congresos del PCC, pero no ha sido introducido en la constitución socialista.

Todavía mandan los dirigentes políticos que tienen más de 80 y algunos hasta 90 años: José Ramón Fernandez, diputado y presidente del Comité Olímpico Cubano tiene 94 años; Guillermo García Frías, miembro del Consejo de Estado y Presidente de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y Fauna tiene 90 años y José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del PCC tiene 87 años.

La prensa extranjera acreditada en Cuba comenta la posibilidad de plasmar mayores reconocimientos a la comunidad LGTB, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, una iniciativa que ha promovido la hija de Raúl Castro, Mariela Castro Espín, diputada y presidenta del Centro Nacional de Educación Sexual.

Curioso que antes de presentar a su nuevo gobierno, el ahora presidente de los Consejos de Estado y Ministros, siga labores con los nombrados por Raúl Castro y se dedique a “reformar” la constitución.