El Parlamento iraní crea comisión para examinar acuerdo nuclear

  • Agencias

Parlamento iraní. Foto de archivo.

El gobierno y el equipo de negociadores iraníes se oponen, por su parte, a una votación en el Parlamento porque consideran que transformaría unos compromisos voluntarios de Irán en una obligación legal.

El Parlamento iraní creó este miércoles una comisión especial para examinar el acuerdo que cerró con las grandes potencias sobre su programa nuclear, informaron los medios locales.

Esa comisión de 15 miembros, 13 conservadores y dos reformistas, refleja el reparto de fuerzas en el Parlamento.

Se encargará de estudiar el acuerdo firmado el pasado 14 de julio entre Irán y las potencias del grupo 5+1 (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Alemania).

El documento tiene como objetivo garantizar el carácter civil del programa nuclear iraní, a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales impuestas a su economía desde 2006.

En Irán se está debatiendo la necesidad de que el Parlamento tenga que aprobar o no el acuerdo.

Una mayoría de los diputados -201 de 290- han pedido que el texto se someta a su votación y a la del Consejo de los Guardianes de la Constitución, para que tenga "una base legal".

Los conservadores del Parlamento no deberían en principio oponerse a un acuerdo aprobado por el guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El gobierno y el equipo de negociadores iraníes se oponen, por su parte, a una votación en el Parlamento porque consideran que transformaría unos compromisos voluntarios de Irán en una obligación legal.

Jamenei opinó el lunes que el futuro del acuerdo sobre el programa nuclear no está "claro", ya que su aprobación sigue siendo incierta en Irán y en Estados Unidos.

El guía supremo volvió a acusar a Estados Unidos de intentar "infiltrarse" en Irán a través del acuerdo nuclear.

En Washington se espera que el Congreso, dominado por los opositores republicanos al presidente Barack Obama, vote en contra del acuerdo en septiembre.

Obama tendría entonces que oponer su veto a la decisión del Congreso y se celebraría una segunda votación en la que los opositores necesitarían una mayoría de dos tercios -poco probable- para rechazar el acuerdo.