Investigadores de la Comisión de Derechos Humanos del organismo mundial dicen que Israel ha violado las leyes internacionales y piden su retirada de los territorios palestinos.
Una comisión investigadora del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas concluyó en un informe que con su política de asentamientos judíos en los territorios palestinos ocupados, el gobierno de Israel viola las leyes internacionales.
Luego de casi seis meses de pesquisas, un panel de tres jueces encabezados por la francesa Christine Chanet, determinó que las nuevas comunidades judías violan lo prescrito por las Convenciones de Ginebra.
Según el informe rendido por los jueces, la política de asentamientos practicada por Israel podría considerarse como crimen de guerra en virtud de un artículo de la Cuarta Convención que prohíbe a un estado trasladar su población civil a territorios ocupados.
El panel ha pedido la retirada “incondicional” de Israel de todos los asentamientos que desde 1967 ha establecido en Cisjordania y el este de Jerusalén, y que de acuerdo con la comisión suman unos 250, con una población de 520 mil personas.
De acuerdo con el juicio de la comisión, tal política seguida por Israel socava el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y echa por la borda los esfuerzos para que los palestinos puedan constituirse como Estado.
Israel se negó a cooperar con el trabajo del panel y los jueces no pudieron visitar Cisjordania para llegar a sus conclusiones, pero dicen haber entrevistado a más de 60 académicos, diplomáticos, organizaciones civiles israelíes y palestinas en Amán, la capital de la vecina Jordania.
Funcionarios en Tel Aviv desestimaron el informe y subrayaron que la única forma de solucionar el diferendo sobre los territorios ocupados es mediante negociaciones directas y sin condiciones previas entre israelíes y palestinos.
La cancillería israelí rechazó el reporte del CDH y declaró que este organismo mundial “se ha distinguido, tristemente, por su enfoque sistemáticamente unilateral y parcializado respecto a Israel (…) Este último informe es otro desafortunado recordatorio de ello”.
Luego de casi seis meses de pesquisas, un panel de tres jueces encabezados por la francesa Christine Chanet, determinó que las nuevas comunidades judías violan lo prescrito por las Convenciones de Ginebra.
Según el informe rendido por los jueces, la política de asentamientos practicada por Israel podría considerarse como crimen de guerra en virtud de un artículo de la Cuarta Convención que prohíbe a un estado trasladar su población civil a territorios ocupados.
El panel ha pedido la retirada “incondicional” de Israel de todos los asentamientos que desde 1967 ha establecido en Cisjordania y el este de Jerusalén, y que de acuerdo con la comisión suman unos 250, con una población de 520 mil personas.
De acuerdo con el juicio de la comisión, tal política seguida por Israel socava el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y echa por la borda los esfuerzos para que los palestinos puedan constituirse como Estado.
Israel se negó a cooperar con el trabajo del panel y los jueces no pudieron visitar Cisjordania para llegar a sus conclusiones, pero dicen haber entrevistado a más de 60 académicos, diplomáticos, organizaciones civiles israelíes y palestinas en Amán, la capital de la vecina Jordania.
Funcionarios en Tel Aviv desestimaron el informe y subrayaron que la única forma de solucionar el diferendo sobre los territorios ocupados es mediante negociaciones directas y sin condiciones previas entre israelíes y palestinos.
La cancillería israelí rechazó el reporte del CDH y declaró que este organismo mundial “se ha distinguido, tristemente, por su enfoque sistemáticamente unilateral y parcializado respecto a Israel (…) Este último informe es otro desafortunado recordatorio de ello”.