La ONG Provea advirtió en un informe que el Estado venezolano no acata la mayor parte de las recomendaciones hechas por Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
Provea presentó un seguimiento a las recomendaciones realizadas Bachelet en su Informe Escrito presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el 41° periodo de sesiones en julio 2019.
"Dicho Informe marcó un hito en el análisis global de la situación de Venezuela ante la principal instancia de derechos humanos de la ONU. El informe incluyó 23 recomendaciones al Estado venezolano, 13 de ellas de cumplimiento inmediato".
Las apreciaciones de Provea son las siguientes:
- En el contexto de la emergencia humanitaria compleja hay un agravamiento de todos los Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) mencionados en las recomendaciones, deterioro ocurrido antes de la pandemia COVID-19 y agravado durante el llamado “estado de alarma”
- No hay políticas públicas coherentes con el Estado de derecho y la opacidad deliberada y generalizada de las instituciones del Estado impide el control social e institucional del gasto. De esta manera también se dificulta establecer las responsabilidades penales y administrativas por actos de corrupción.
- Las políticas públicas no se ajustan a los estándares de derechos humanos, especialmente al principio de no discriminación, y además son instrumentalizadas con fines políticos.
- La impunidad de las violaciones a los derechos humanos es casi absoluta y es agravada por la falta de independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo.
- La inexistente independencia de los poderes públicos, agrava la contraloría desde el Estado, propicia la corrupción y hace más vulnerables a las personas ante los abusos de poder, las extorsiones y las amenazas cometidas por agentes del Estado.
- Las instituciones del Estado son instrumentalizadas para perseguir a la oposición política y social y para asegurar la permanencia en el poder de las élites gobernantes por encima del bienestar de la población.
- La persecución de los defensores de derechos humanos, en su acepción amplia, y de los trabajadores de los medios de comunicación, busca acallar la contraloría social y evitar la divulgación de información diferente a la oficial.
- Continúa la consolidación de mecanismos institucionales y para-institucionales de control social, que pasan por mecanismos de identificación hasta estructuras paramilitares que actúan en colusión con cuerpos policiales, de investigación criminal y militares.
- Las víctimas de violaciones a los derechos humanos no son una prioridad para las autoridades del Estado, en especial para las instituciones encargadas de protegerlas.
- El gobierno de facto busca que la presencia de la ACNUDH en Venezuela se ajuste a la medida de sus intereses, restringiendo sus funciones e instrumentalizándola con fines propagandísticos.