El diario El País publica un artículo en el que pone de relieve la campaña de acoso que llevan a cabo gobiernos autocráticos latinoamericanos para desmantelar al organismo de la OEA.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está siendo sometida a una campaña de acoso por haber tocado intereses importantes de gobiernos con tendencias autocráticas, señala el diario español El País.
Un artículo publicado por el periódico con la firma de José Miguel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch, sostiene que “lo más valioso que hemos logrado construir colectivamente en este hemisferio para defender y expandir los derechos humanos y las libertades públicas corre serio peligro”.
Señala que gracias a la CIDH, un organismo de la OEA, ha habido importantes progresos en ámbitos tan diversos como la despenalización de calumnias e injurias y derogación del desacato, la anulación de leyes de amnistía, reformas al fuero militar, acceso a información de interés público y derogación de normas discriminatorias.
Pero se ha desatado una campaña en su contra, dice, “porque ha tocado intereses importantes de gobiernos con claras tendencias autocráticas o lo suficientemente poderosos como para creer que tienen el peso para no rendir cuentas de sus políticas o prácticas a un órgano de supervisión regional”.
El artículo lamenta que en lugar de ejercer su liderazgo para protegerla, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, se haya sumado a los esfuerzos dirigidos a debilitar la comisión.
Advierte que si la 42 Asamblea de la OEA reunida ahora en Cochabamba, Bolivia, aprueba un informe elaborado por Insulza, se le otorgarían poderes a la Asamblea General para redefinir lo que la CIDH y sus relatorías pueden o no hacer.
También precisa que Insulza se propone reformar el estatuto de la Comisión en áreas claves como la “tramitación de casos y algo que incomoda a quienes más violan los derechos humanos, como son los informes de países”.
Entre esos países estarían los miembros de la denominada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada entre otros por Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, cuyos gobiernos han sido más de una vez objeto de críticas y denuncias por parte de la CIDH.
Un artículo publicado por el periódico con la firma de José Miguel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch, sostiene que “lo más valioso que hemos logrado construir colectivamente en este hemisferio para defender y expandir los derechos humanos y las libertades públicas corre serio peligro”.
Señala que gracias a la CIDH, un organismo de la OEA, ha habido importantes progresos en ámbitos tan diversos como la despenalización de calumnias e injurias y derogación del desacato, la anulación de leyes de amnistía, reformas al fuero militar, acceso a información de interés público y derogación de normas discriminatorias.
Pero se ha desatado una campaña en su contra, dice, “porque ha tocado intereses importantes de gobiernos con claras tendencias autocráticas o lo suficientemente poderosos como para creer que tienen el peso para no rendir cuentas de sus políticas o prácticas a un órgano de supervisión regional”.
El artículo lamenta que en lugar de ejercer su liderazgo para protegerla, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, se haya sumado a los esfuerzos dirigidos a debilitar la comisión.
Advierte que si la 42 Asamblea de la OEA reunida ahora en Cochabamba, Bolivia, aprueba un informe elaborado por Insulza, se le otorgarían poderes a la Asamblea General para redefinir lo que la CIDH y sus relatorías pueden o no hacer.
También precisa que Insulza se propone reformar el estatuto de la Comisión en áreas claves como la “tramitación de casos y algo que incomoda a quienes más violan los derechos humanos, como son los informes de países”.
Entre esos países estarían los miembros de la denominada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada entre otros por Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia, cuyos gobiernos han sido más de una vez objeto de críticas y denuncias por parte de la CIDH.