El Gobierno de Estados Unidos presentó el martes una iniciativa para frenar el flujo de niños inmigrantes procedentes de Centroamérica que cruzan la frontera y pidió al Congreso 3.700 millones de dólares en fondos de emergencia para tomar medidas que aceleren las audiencias de deportación de menores.
Se trata de la respuesta más sustancial hasta el momento del presidente Barack Obama, quien enfrenta problemas para controlarla crisis humanitaria a lo largo de la frontera entre Texas y México y recibe las críticas del Partido Republicano, que demanda una respuesta más severa.
Uno de esos críticos, el gobernador de Texas, Rick Perry, tenía previsto reunirse con Obama el miércoles en Dallas durante una mesa redonda programada por el presidente sobre la crisis, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
El domingo, Perry acusó al Gobierno de tardar demasiado en reaccionar ante el asunto y pidió el despliegue de tropas de la Guardia Nacional a la frontera.
Más de 52.000 menores de estos tres países han sido detenidos desde octubre mientras intentaban cruzar ilegalmente la frontera, el doble de la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior.
El dinero solicitado por la Casa Blanca, bajo el concepto de gastos de emergencia, se destinaría tanto a pagar asistencia a los niños como a acelerar el regreso a sus países de origen.
El pedido de financiación pondrá a prueba la capacidad de Obama de negociar de manera efectiva con los legisladores republicanos, quienes han bloqueado gran parte de su agenda de cara a una elección en noviembre en la que esperan retomar el control del Senado estadounidense.