En esta foto de archivo, guardafronteras cubanos abordan una embarcación rústica en la Habana en un intento de frenar una salida ilegal.
Roger Pupo ha intentado 13 veces salir de Cuba de manera ilegal y junto a otros cinco se lanzó a la mar el pasado 7 de diciembre. Ese mismo día en la tarde, un frente frío los obligó a regresar a la costa cubana.
Su grupo fue interceptado por guardacostas cubanos y trasladado a una estación de policías donde les hicieron un interrogatorio, explicó a martinoticias.com Roger Pupo.
Tal y como establecen los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba a raíz del maleconazo en 1994, se estableció que Cuba no encausaría jurídicamente a los que intentaran dejar el país de manera ilegal.
Sin embargo, el gobierno, a través de la Capitanía del Puerto, los sanciona administrativamente cuando los detecta en la costa o en el mar, por infringir las normas sobre la tenencia y operación de embarcaciones en el territorio nacional, publica Laritza Diversent abogada independiente en su blog Jurisconsulto de Cuba.
El balsero explicó que después de seis horas de un interrogatorio los dejaron ir.
Dos meses y medio después, el Teniente Coronel Jorge Luis Aluija Urgell, acusó a los seis balseros de cometer “una infracción muy grave”.
La abogada Diversent explica que su violación consiste en que “construyeron una embarcación rústica en la cual más tarde navegaron sin la autorización de la Capitanía de Puerto”.
Como sanción cada uno fue multado, la más alta penalidad fue la de Roger: 4 mil pesos cubanos (200 CUC).
“Bastante alta si tenemos en cuenta que el salario básico de los cubanos es de 249 pesos. Evidentemente es otra forma de castigar”, comentó Diversent y aclara que el hecho de emitir la multa constituye una violación de la ley “porque pasó a ser una multa fuera de término”.
La abogada independiente acompañó al grupo de balseros a hacer una reclamación a la Capitanía del Puerto, donde las autoridades la denegaron pues alegan que la ley exige que primero se pague la multa y luego se haga la reclamación por el decreto 194.
“Esto trae como consecuencia la vulnerabilidad para las personas que son multadas por este precepto”, dijo Diversent.
El día 13 de este mes se duplicó la multa, en el caso de Pupo ya son 8 mil pesos.
Por su parte, Yandi Vidal Cruz Alfonso, de 22 años; Renny Leyva Risco, de 26; Alexander Lara Céspedes, de 36; Ricardo Mera Brides, de 36 y Julio Cesar Rifa Rivero, de 33 años, fueron multados con 3 mil pesos moneda nacional que ahora son seis mil.
Roger dice que según le explicaron someramente, el paso siguiente a la duplicación de la multa es el decomiso o la encarcelación, pero hasta el momento no le han informado sobre ninguna acción definitiva.
En Cuba está vigente un sistema para reprimir con multas y otras medidas como el decomiso, violaciones de las disposiciones administrativas que no constituyeran delito, llamadas infracciones o contravenciones personales. Hasta la fecha, el gobierno ha puesto en vigor más de 90 disposiciones legales en materia contravencional.
De acuerdo con la abogada, existen 14 infracciones sobre tenencia y operación de embarcaciones, calificadas de leves, graves y muy graves, sancionables con multas que van desde 500 pesos hasta 10 mil pesos, incluyendo el decomiso.
La reincidencia en infracciones graves o la combinación de violaciones leves y graves, se sanciona con multas de 3 mil a 10 mil pesos.
Según cuenta la abogada, el Capitán de Puerto en su resolución indicó al grupo que tenían derecho a recurrir su decisión. Los jóvenes buscaron asistencia legal en la sede de la Asociación Jurídica Cubana, dirigida por el Licenciado Wilfredo Vallín, donde redactaron el escrito de reclamación.
“La resolución 16/12 de la Capitanía del Puerto de La Habana se notificó extemporáneamente”, consignaron en su alegato. “Se convierte en un acto jurídico ineficaz por no cumplir las formalidades establecidas, en este caso su término para su aplicación”, argumentaron.
Sin embargo la capitanía del puerto les denegó la interposición del recurso.
El grupo hizo un último intento al solicitar los servicios de un abogado que los representara en una demanda legal contra la Capitanía de Puerto, teniendo en cuenta que la Ley de Procedimiento Civil vigente regula un procedimiento para reclamar en la vía judicial las decisiones administrativas de los órganos estatales que vulneren derechos legalmente establecidos.
“Nosotros quisimos demandar a Capitanía del Puerto por procedimientos administrativos. Buscamos a 16 abogados en 4 bufetes y todos se negaron porque en este país usted sabe como es la represión. Aquí es imposible demandar al Ministerio del Interior y Capitán del Puerto de La Habana pertenece al MININT,” aseguró en entrevistado.
