Cuentapropistas excluidos de nueva Ley de Inversiones en Cuba

  • Agencias

Plaza de la Catedral, La Habana. Archivo.

La ley aprobada por el Parlamento para sacar adelante la estancada economía cubana, ha sido criticada porque no permite a los inversionistas asociarse con los negocios privados de los nacionales.
Los negocios privados cubanos fueron excluidos de la nueva Ley de Inversión Extranjera porque carecen de los capitales que requieren los grandes proyectos económicos, informó el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

"La inversión extranjera responde precisamente a la necesidad de atraer capital del exterior. Ni las empresas estatales ni los cubanos que aquí residimos contamos con los recursos suficientes para lograr el crecimiento de la economía", dijo un responsable del Ministerio a internautas que participaron en un foro en línea el martes, organizado por el portal oficialista Cubadebate.

La ley aprobada el sábado por el Parlamento, que busca atraer capitales para sacar adelante la estancada economía cubana, ha sido criticada porque no permite a los inversionistas asociarse con los negocios privados que han florecido en la isla al amparo de las reformas del general Raúl Castro, pero autoriza la inversión de cubanos que viven en el exterior y que no sean críticos del sistema.

Dos responsables del Ministerio participaron en el diálogo con internautas, pero el sitio Cubadebate no aclaró cuál respondió cada pregunta: Déborah Rivas, directora general de Inversión, y Armando Cuba, asesor jurídico.

La nueva ley, que entrará en vigor en tres meses, autoriza inversiones en 11 sectores de la economía que el gobierno comunista considera prioritarios.

La norma reconoce como potencial inversionista a una persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero -lo que abre las puertas a los cubanos emigrados-, que pueden asociarse únicamente con empresas estatales y cooperativas cubanas.

Ante una pregunta, los funcionarios aclararon que los extranjeros no podrán invertir en medios de comunicación social.

"Nuestra Constitución establece en su Artículo 53 que los medios de difusión masiva son de propiedad estatal social y en ningún caso de propiedad privada", dijo uno de los funcionarios.