Sumario
- Mientras el régimen insiste en que los presos políticos son culpables de actos vandálicos, la Seguridad del Estado reconoce que tienen un trato diferenciado "por política".
En franca contradicción con las declaraciones del gobernante Miguel Díaz- Canel, la Seguridad del Estado admite que en Cuba hay presos políticos y que esos condenados tienen restringidos sus derechos.
Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los manifestantes sancionados por participar en las protestas de 2023 en Caimanera, lo corroboró hace unos días cuando la visitaron en su vivienda los oficiales "que la atienden". "Les pregunté por qué si mi hijo, teniendo todo tipo de condiciones cumplidas en estos tres años, no tiene derecho a salir por `condicional”.
“Me dijeron que porque ellos son políticos y yo respondí, pero por qué si en Cuba no hay presos políticos y a ellos los sancionaron, supuestamente, por un desorden público", cuestionó la mujer a lo que el oficial le contestó: "‘pero es la política, no tienen derecho a salir’”.
Uno de sus hijos, Felipe Octavio Correa Martínez, ya cumplió su condena de dos años de privación de libertad impuesta tras las protestas, pero Luis Miguel Alarcón Martínez, su otro hijo, continúa en la cárcel. Fue sentenciado a siete años.
El mandatario cubano ha negado rotundamente la existencia de presos políticos en Cuba, calificando tales denuncias como "mentiras" y "calumnias" fabricadas para desprestigiar a la revolución. Afirma que los detenidos están presos por actos vandálicos y crímenes, no por sus ideas políticas.
La madre también preguntó a los agentes policiales acerca de la falta de alimentos en los centros penales: “me respondieron que es la situación que hay en todo el país”.
El régimen de Cuba concede indultos y beneficios penitenciarios de manera periódica, pero la inclusión de presos políticos en estas medidas es selectiva, limitada y a menudo responde a presiones internacionales o acuerdos diplomáticos.
Organizaciones no gubernamentales y opositores denuncian que estos indultos a menudo excluyen a personas encarceladas por "delitos contra la autoridad", una categoría frecuentemente utilizada para manifestantes y disidentes políticos.
Por las protestas en Caimanera, el Tribunal Provincial de Guantánamo sentenció además a Daniel Álvarez González a ocho años de privación de libertad; Freddy Sarquis González, a siete años; y a Rodolfo Álvarez González, a cuatro años.
Los manifestantes fueron juzgados por delitos de atentado, instigación a delinquir y desórdenes públicos por los hechos ocurridos el 6 de mayo de 2023 cuando cientos de caimanerenses gritaron "libertad" y "Patria y Vida" y exigieron mejores condiciones de vida en las calles de la localidad.