La CIDH otorga medidas cautelares a Luis Robles, el joven de la pancarta en el Boulevard de San Rafael

Luis Robles, manifestándose pacíficamente en Centro Habana poco antes de ser arrestado por la policía política en diciembre del 2020.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió acoger este martes una solicitud de medidas cautelares a favor del preso político cubano Luis Robles Elizástegui.

Mediante la Resolución 41 de 2022, la entidad continental adscrita a la OEA busca la protección de Robles Elizástegui, por considerar que se encuentra privado de libertad “en una situación de gravedad y urgencia puesto que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable”.

El joven fue condenado a 5 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia luego de que el 4 de diciembre de 2020, protestara en solitario en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, con una pancarta escrita a mano que decía "Libertad no más represión” y “Free Denis”, en referencia al rapero encarcelado Denis Solís, quien ahora se encuentra en el exilio.

La organización indica que Robles “estaría en severas condiciones de detención sin recibir atención médica a la fecha”.

“Sus familiares y abogado alegaron dificultades para mantener contacto y realizar visitas, así como obtener información sobre su condición de detención y de salud” y “ha sufrido actos de agresión por agentes penitenciarios en la cárcel”, apunta la nota de prensa de la CIDH.

Robles padece de gastritis crónica, enfermedad para la que necesita medicamentos que no le han sido proporcionados en la prisión.

En su comunicado, la Comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado cubano, pese a que fueron solicitadas de conformidad con el Reglamento.

No obstante, la organización demandó del gobierno cubano que se asegure que las condiciones de detención de Robles sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia: que se le brinde la atención médica que requiere, que se permita la visita regular de familiares y abogado, que se valore la aplicación de alguna medida alternativa a la privación de libertad y que se adopten acciones frente a las amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia en contra del prisionero político.

Asimismo, la CIDH pide al Estado cubano que “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.