El gobernador del estado de Guerrero, donde en septiembre desaparecieron 43 estudiantes a manos de policías locales y narcotraficantes, pidió el jueves separarse de su cargo respondiendo a presiones políticas y de activistas que lo consideran incapaz de manejar la ola de violencia en la región.
Ángel Aguirre, quien capitaneaba la entidad que actualmente tiene el mayor índice de homicidios del país, dijo que pedirá al Congreso del Estado acepte su pedido de licencia, una forma de renuncia debido a que los cargos de elección popular son irrenunciables.
"Para favorecer un clima político que ponga la atención y la solución de estas prioridades, el día de hoy (...) he decidido solicitar licencia al honorable Congreso del estado", dijo Aguirre en una rueda de prensa en la capital de Guerrero.
El caso de los estudiantes, cuya desaparición fue ordenada por el alcalde de Iguala -la tercera mayor ciudad del estado- y su esposa, señalados como operadores de la organización delictiva Guerreros Unidos, dejó al desnudo las fallas en la estrategia de seguridad del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Aguirre, de 58 años, gobernaba el estado desde el 2011 por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que es oposición a nivel federal y al que se le achaca no haber tomado medidas contra el alcalde, también del PRD.
El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) así como el también opositor Partido Acción Nacional (PAN) habían pedido la renuncia de Aguirre.
Además, estudiantes, maestros y organizaciones sociales realizaron en los últimos días masivas protestas por la desaparición de los jóvenes y también solicitando la renuncia del mandatario local.
Aguirre fue gobernador interino entre 1996 y 1999, después de que su antecesor Rubén Figueroa Alcocer renunciara tras la matanza de Aguas Blancas, donde murieron 17 indígenas campesinos a manos de fuerzas de seguridad del estado.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) está buscando detener al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Angeles Pineda, a quienes un líder de Guerreros Unidos arrestado hace pocos días señaló como los que dieron la orden de desaparecer a los estudiantes.
Según las investigaciones de la PGR, los estudiantes -que asistían a una escuela de magisterio rural- habían tomado autobuses en Chilpancingo, la capital del estado, y se dirigían a Iguala.
El alcalde ordenó a la policía municipal detenerlos y entregaros a sicarios de Guerreros Unidos, temiendo que irrumpieran en un acto público que encabezaba su esposa.
El caso vino a echar tierra sobre el discurso del gobierno federal, que aseguraba que la violencia heredada de la administración de Felipe Calderón (2006-2012) estaba bajando.
Cerca de 30,000 personas han muerto durante los casi dos años de Peña Nieto, que se suman a más de 70,000 asesinados durante el periodo de Calderón, que lanzó a poco de asumir operativos con militares para intentar frenar a los cárteles del narcotráfico.
Con el tiempo y la caída de varios capos como Arturo Beltrán Leyva, estas organizaciones se fueron fraccionando y dieron paso a grupos más pequeños y más violentos que libran cruentas batallas por territorios, en especial en estados productores de droga como Guerrero.
En esta región, una de las más pobres del país, se cultiva amapola, desde que la que se elabora la heroína y la goma de opio.