Evidencia abrumadora muestra que la ejecución masiva de miles de presos políticos por parte de las autoridades iraníes en 1988 equivale a crímenes de lesa humanidad, señaló Human Rights Watch en un extenso documento de preguntas y respuestas publicado este jueves.
En 1988, las autoridades iraníes, siguiendo las órdenes del entonces líder supremo, el ayatolá Ruhollah Khomeini, ejecutaron sumaria y extrajudicialmente a miles de presos políticos en todo el país.
Se desconoce el número de ejecuciones, pero según estimaciones de exfuncionarios iraníes y listas recopiladas por grupos de derechos humanos y de oposición, las autoridades iraníes ejecutaron entre 2.800 y 5.000 presos en al menos 32 ciudades.
Las pruebas vinculan a varios altos funcionarios pasados y actuales con las ejecuciones, incluido el presidente Ebrahim Raeesi.
"Durante décadas, las familias de las víctimas de la ejecución masiva de 1988 han buscado incansablemente la verdad y la justicia para sus seres queridos sin éxito", dijo Tara Sepehri Far, investigadora sénior sobre Irán de Human Rights Watch. "Ahora que un juicio en Suecia ha vuelto a poner de relieve uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna de Irán, es fundamental que los fiscales de otros países busquen justicia por estos crímenes atroces".
No ha habido rendición de cuentas por estos crímenes en Irán, por lo que los tribunales extranjeros deberían procesar adecuadamente a los funcionarios iraníes implicados en los asesinatos, indicó HRW.
En agosto de 2021, un tribunal sueco inició el juicio de un ciudadano iraní acusado de participar en las ejecuciones masivas en la prisión de Rajai Shahr en Karaj. El juicio, en el que se espera un veredicto en julio de 2022, es un avance importante para las víctimas a las que durante mucho tiempo se les negó el reconocimiento y la justicia.
El documento de preguntas y respuestas examina la amplia evidencia reunida por los sobrevivientes y los grupos de derechos durante varias décadas, incluso sobre los altos funcionarios implicados en la supervisión de estos crímenes, y las vías judiciales que los funcionarios pueden tomar bajo los marcos legales aplicables, incluidos los derechos de jurisdicción universales.
El gobierno iraní nunca ha reconocido las ejecuciones en masa, ni ha proporcionado ninguna información sobre el número de prisioneros asesinados. En cambio, las autoridades han buscado silenciar a quienes buscan verdad y justicia por estos presuntos delitos.
En 2016, Ahmed Montazeri, hijo del ayatolá Hussein Ali Montazeri, el líder supremo adjunto en el momento de las ejecuciones, publicó una cinta de audio de altos funcionarios discutiendo la coordinación de las ejecuciones masivas. Tras la publicación del archivo de audio, el Tribunal Especial del Clero condenó a Montazeri por varios cargos que incluyen "difundir propaganda contra el sistema" y "revelar planes, secretos o decisiones sobre las políticas internas o externas del estado de una manera equivalente a espionaje".
En noviembre de 2016, fue condenado a 21 años de prisión, que luego fue suspendida.
Las pruebas disponibles muestran que, entre julio y septiembre de 1988, las autoridades iraníes ejecutaron a miles de presos en violación de su derecho fundamental a un proceso judicial justo. Según el derecho internacional, las ejecuciones extrajudiciales y otros abusos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil son crímenes de lesa humanidad. "Generalizado" se refiere a la escala de los actos o al número de víctimas. "Sistemático" indica un patrón o plan metódico. Las ejecuciones masivas en Irán fueron generalizadas y sistemáticas.
El derecho internacional consuetudinario permite que las autoridades judiciales utilicen la jurisdicción universal para delitos particularmente atroces como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, sin importar dónde se cometieron los crímenes y sin importar la nacionalidad de los sospechosos o sus víctimas. La responsabilidad por delitos graves según el derecho internacional no se limita a quienes llevan a cabo los actos, sino también a quienes ordenan, asisten o son cómplices en los delitos, informó HRW.