El Departamento de Estado y el Relator de la ONU para la libertad de expresión expresaron preocupación por la ley ecuatoriana.
Estados Unidos volvió a expresar su inquietud sobre el contenido de la Ley de Comunicación, aprobada en días pasados en Ecuador. El pasado martes Jen Psaki, portavoz del Departamento de Estado norteamericano aseguró que su país “está preocupado por la aprobación de una Ley de Comunicación que podría restringir la libertad de prensa y limitar la habilidad de los medios independientes de ejercer sus funciones”.
En el mismo sentido, el embajador de EE.UU. en Ecuador, Adam Namm, pronunció el miércoles una conferencia en la FLACSO de Quito, donde se refirió al cuerpo legal de la norma aprobada. El mes pasado, el embajador Namm había sido llamado “metidito” por Rafael Correa por dejar consignado -en un mural- un pensamiento de Jefferson sobre la libertad de expresión.
A estas críticas se suma la preocupación del Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, a la forma en la que fue aprobada la Ley de Comunicación. El Relator cuestionó que la Ley no hubiera recogido las observaciones que la ONU y otros organismos internacionales habían formulado. También mostró su alerta por el hecho de que no hubiera sido socializada en otros sectores del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador minimizó las críticas y rechazó las “infundadas preocupaciones” del Departamento de Estado de EE.UU., al considerar que no se “ajustan a la realidad” del país.
El gobierno de Correa invitó al de EE.UU. a que “estudie” el texto completo de la Ley antes de pronunciarse.
No obstante, Correa ha sido más prudente que en otras ocasiones. La razón: las críticas esta vez vienen de la ONU, un organismo al cual Correa le pidió que investigara los hechos del 30 de septiembre del 2010. Y no sería coherente de su parte arremeter contra el organismo al que él mismo le confió dicha investigación.
En el mismo sentido, el embajador de EE.UU. en Ecuador, Adam Namm, pronunció el miércoles una conferencia en la FLACSO de Quito, donde se refirió al cuerpo legal de la norma aprobada. El mes pasado, el embajador Namm había sido llamado “metidito” por Rafael Correa por dejar consignado -en un mural- un pensamiento de Jefferson sobre la libertad de expresión.
A estas críticas se suma la preocupación del Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, a la forma en la que fue aprobada la Ley de Comunicación. El Relator cuestionó que la Ley no hubiera recogido las observaciones que la ONU y otros organismos internacionales habían formulado. También mostró su alerta por el hecho de que no hubiera sido socializada en otros sectores del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador minimizó las críticas y rechazó las “infundadas preocupaciones” del Departamento de Estado de EE.UU., al considerar que no se “ajustan a la realidad” del país.
El gobierno de Correa invitó al de EE.UU. a que “estudie” el texto completo de la Ley antes de pronunciarse.
No obstante, Correa ha sido más prudente que en otras ocasiones. La razón: las críticas esta vez vienen de la ONU, un organismo al cual Correa le pidió que investigara los hechos del 30 de septiembre del 2010. Y no sería coherente de su parte arremeter contra el organismo al que él mismo le confió dicha investigación.