El tema dio inicio a la segunda jornada del 149º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
La Comisión de Derechos Humanos de la OEA, CIDH, escuchó hoy denuncias sobre el efecto "intimidatorio" que tiene en la sociedad brasileña el hecho de que el desacato y la difamación conlleven penas de cárcel, además de sobre la desprotección de indígenas y defensores de derechos humanos en el país, exacerbada por la tensión territorial.
Esos temas, divididos en dos audiencias, dieron inicio a la segunda jornada del 149º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
Paula Martins, presidenta de la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, aseguró que "el uso del derecho penal debe ser evitado" para regular el desacato, la injuria, la calumnia o la difamación, porque "tiene un enorme efecto inhibidor de la libertad de expresión" y favorece la autocensura.
"Estos tipos penales están para defender la privacidad y reputación de las personas, pero en la práctica son utilizados en Brasil como verdaderos instrumentos políticos de inhibición e intimidación", afirmó Martins.
"Esto va en contra de los patrones sugeridos por los organismos internacionales de derechos humanos, que han recomendado que (ese tipo de delitos) se limiten al ámbito civil" y viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, argumentó.
El periodista Christian Gomes señaló en la audiencia que ha sido condenado a 7 meses y 16 días de cárcel por publicar en su blog "un texto de ficción donde un coronel acostumbrado a políticas antiguas se ve muy sorprendido ante la democracia", y por el que "una persona se sintió difamada".
Camila Márquez, abogada de Artículo 19, criticó que el código penal del país "prevé la exención de culpabilidad sólo en la crítica literaria o científica, deja un vacío en la crítica periodística".
El desequilibrio afecta también a personas en situación de discriminación social, que se sienten "inhibidas a la hora de quejarse por sus derechos" en cualquier interacción con la policía por el riesgo a que se interprete como desacato, lo que expone a una pena de tres meses a dos años de prisión, según los activistas.
A esas denuncias respondió, en nombre del Gobierno brasileño, el representante interino de Brasil ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Breno de Souza Dias da Costa.
"No se puede afirmar que los parámetros interamericanos para la libertad de expresión exigen la completa despenalización de los delitos como la honra", apuntó.
Recordó que actualmente se tramita ante el Senado brasileño un nuevo proyecto de ley por el que "el desacato desaparecerá del código penal", si bien permanecerán los delitos contra la honra y se aumentarán las penas cuando la supuesta calumnia se produzca en relación a funcionarios públicos.
El comisionado Felipe González advirtió que la protección de la honra de los funcionarios públicos "es otra forma de referirse al desacato conforme lo entiende el sistema interamericano de derechos humanos", y por tanto debería limitarse al ámbito civil.
En otra audiencia, activistas y campesinos indígenas argumentaron que el Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos creado en 2004 no funciona en la práctica debido a su falta de vigencia a nivel nacional, además de por la represión policial a la ocupación de tierras por parte de indígenas como los "quilombolas".
Esos temas, divididos en dos audiencias, dieron inicio a la segunda jornada del 149º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
Paula Martins, presidenta de la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, aseguró que "el uso del derecho penal debe ser evitado" para regular el desacato, la injuria, la calumnia o la difamación, porque "tiene un enorme efecto inhibidor de la libertad de expresión" y favorece la autocensura.
"Estos tipos penales están para defender la privacidad y reputación de las personas, pero en la práctica son utilizados en Brasil como verdaderos instrumentos políticos de inhibición e intimidación", afirmó Martins.
"Esto va en contra de los patrones sugeridos por los organismos internacionales de derechos humanos, que han recomendado que (ese tipo de delitos) se limiten al ámbito civil" y viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, argumentó.
El periodista Christian Gomes señaló en la audiencia que ha sido condenado a 7 meses y 16 días de cárcel por publicar en su blog "un texto de ficción donde un coronel acostumbrado a políticas antiguas se ve muy sorprendido ante la democracia", y por el que "una persona se sintió difamada".
Camila Márquez, abogada de Artículo 19, criticó que el código penal del país "prevé la exención de culpabilidad sólo en la crítica literaria o científica, deja un vacío en la crítica periodística".
El desequilibrio afecta también a personas en situación de discriminación social, que se sienten "inhibidas a la hora de quejarse por sus derechos" en cualquier interacción con la policía por el riesgo a que se interprete como desacato, lo que expone a una pena de tres meses a dos años de prisión, según los activistas.
A esas denuncias respondió, en nombre del Gobierno brasileño, el representante interino de Brasil ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Breno de Souza Dias da Costa.
"No se puede afirmar que los parámetros interamericanos para la libertad de expresión exigen la completa despenalización de los delitos como la honra", apuntó.
Recordó que actualmente se tramita ante el Senado brasileño un nuevo proyecto de ley por el que "el desacato desaparecerá del código penal", si bien permanecerán los delitos contra la honra y se aumentarán las penas cuando la supuesta calumnia se produzca en relación a funcionarios públicos.
El comisionado Felipe González advirtió que la protección de la honra de los funcionarios públicos "es otra forma de referirse al desacato conforme lo entiende el sistema interamericano de derechos humanos", y por tanto debería limitarse al ámbito civil.
En otra audiencia, activistas y campesinos indígenas argumentaron que el Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos creado en 2004 no funciona en la práctica debido a su falta de vigencia a nivel nacional, además de por la represión policial a la ocupación de tierras por parte de indígenas como los "quilombolas".