La vocera de los venezolanos en Chile, María Laura Liscano, denunció la noche del lunes un supuesto plan de espionaje desde la embajada de Cuba, "el cual operaría en nuestro país mediante redes de inteligencia lideradas por el G2", informa hoy la página digital El Mercurio de Chile.
Después de la publicación de un reportaje exhibido por el canal Mega de Miami, en el cual aparece una persona que estaría vinculada a esta red de espionaje, Liscano expresó que "esta denuncia de espionaje es coordinada desde la Embajada de Cuba, dirigida hacia ciertos sectores que se oponen a Maduro en Chile. No es la primera vez que ocurre. El 2010, el líder de la residencia cubana en Chile, denunció una práctica similar en contra de la comunidad cubana".
Liscano agregó que "el modus operandi de estas redes de espionaje funcionan a modo de infiltraciones de personas en diferentes comunidades extranjeras, para luego generar informes y perfiles de personas que son contrarias a los regímenes de Castro y Maduro".
"A veces funcionan con presiones, con amenazas hacia sus familias. Los obligan a participar bajo este mecanismo de intimidación", dijo. Según la vocera, el objetivo principal de estas actividades es mantener vigilados, acosados y desarticulados a los opositores, así como promover la división en las diferentes comunidades de venezolanos y cubanos.
Al ser consultada sobre si existe algún tipo de financiamiento hacia estas redes de espionaje, Liscano respondió afirmativamente y denunció que "sin duda el financista número uno de Cuba es Venezuela". "Además, expresó que los artículos 12 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, son claros en torno a la garantía de privacidad y la libertad de expresión, sin limitación de fronteras".
Para Liscano, el espionaje es algo que vulnera la vida y el entorno privado que tienen las personas, por lo que dentro del Derecho Internacional "hay quienes consideran que el espionaje no es ilícito. Cada país puede regular y tomar las medidas que considere pertinente", sentenció.
"En el caso de un funcionario diplomático que ejerce esta práctica (el espionaje), se puede aplicar la Convención de Viena para Relaciones Diplomáticas, declarándolo como persona non grata y proceder con su posterior expulsión", explicó.
El Gobierno de Chile, dijo, debe garantizar a los venezolanos que residen en Chile que no van a ser víctimas de acoso y persecución, "ya que nuestras actividades de repudio al gobierno de Nicolás Maduro, se realizan de manera abierta y pública y en la más absoluta calma".
"Lo que hoy denunciamos no es más que la muestra de cómo los tentáculos de la dictadura buscan alcanzar a aquellas personas que somos contrarias", agregó la analista política.
"Ya hemos participado en varias actividades y no hemos tenido ningún problema por desórdenes. Los venezolanos en este país somos personas de paz y sólo buscamos la democracia en Venezuela, en un contexto en el cual por más de 15 años se están violando los Derechos Humanos", concluyó