Casi 50 estados miembros de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta en la que critican las atrocidades de China contra los uigures y piden a la jefa de derechos humanos de la ONU que publique un informe largamente esperado sobre los abusos en Xinjiang.
Paul Bekkers, representante permanente de los Países Bajos ante la oficina de la ONU en Ginebra, hizo la declaración el miércoles en nombre de 47 países y dijo que los Estados miembros seguían estando "gravemente preocupados" por la situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUA).
Bekkers citó informes creíbles y bien investigados sobre la detención de más de 1,8 millones de uigures y otras minorías turcas en la región, junto con la vigilancia generalizada, la discriminación y las severas restricciones a la cultura y la libertad de religión que estos grupos enfrentan allí, reporta Radio Asia Libre.
"También nos preocupan los informes de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la esterilización forzada, la violencia sexual y de género, el trabajo forzoso y la separación forzosa de los niños de sus padres por parte de las autoridades", dijo.
Bekkers también dijo que los Estados miembros seguían estando "gravemente preocupados" por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Hong Kong y el Tíbet.
En la declaración, las naciones instaron a China a respetar el estado de derecho, proteger los derechos humanos, brindar acceso sin restricciones a los observadores independientes a Xinjiang y respetar el principio de no devolución, que impide que las personas que tienen el derecho a ser reconocidos como refugiados de ser devueltos a la fuerza a países donde podrían ser perjudicados.
La declaración de los Estados miembros se produjo más de dos semanas después de que Michelle Bachelet, expresidenta chilena que se desempeña como alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos desde 2018, concluyó una visita de seis días a China en mayo.
En una rueda de prensa posterior a la visita, Bachelet, de 70 años, dijo que no estaba en China para una investigación oficial de la situación en Xinjiang, aunque dijo que tenía acceso "sin supervisión" a fuentes que la ONU había acordado contactar allí.
Los grupos de derechos de los uigures exigieron su renuncia después de que dijeron que repitió los puntos de conversación chinos y dijeron que no había podido evaluar la escala completa de lo que Beijing llama "centros de educación y capacitación vocacional" en Xinjiang, pero que la comunidad de derechos humanos y los académicos llaman campos de internamiento.
Bekkers dijo que Beijing debe poner fin a las detenciones arbitrarias y liberar de inmediato a los detenidos, poner fin a las restricciones de viaje y comenzar investigaciones imparciales sobre las denuncias de perfiles raciales, étnicos y etnorreligiosos, que se encontraban entre las ocho recomendaciones relacionadas con Xinjiang emitidas en agosto 2018 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Bekkers también pidió a Bachelet que divulgue más información sobre su visita a China.
"Estamos interesados en observaciones más detalladas, incluidas las restricciones que las autoridades chinas impusieron a la visita, así como a su acceso a miembros de la sociedad civil y a los lugares de su elección", dijo.
En cuanto al informe atrasado sobre abusos en Xinjiang, Bachelet informó al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2021 que su oficina estaba finalizando su evaluación de información sobre denuncias de violaciones de derechos. Tres meses después, un portavoz dijo que el informe se emitiría en cuestión de semanas, pero no se hizo público.
El Congreso Mundial Uigur elogió la declaración de los 47 y dijo que estaba complacido de ver que muchos países de América Latina y el Pacífico la firmaron, aunque el esfuerzo fue agridulce.
"Sin embargo, como la última vez, no hay una sola nación musulmana entre ellos. Es muy trágico", dijo Semet Abla, vicepresidente del Comité Ejecutivo del mencionado Congreso, informó Radio Asia Libre.