Cuba se sumó a un pacto internacional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para combatir la pesca ilegal y no declarada.
"El depósito de este instrumento de adhesión por Cuba es una muestra más del apoyo que Cuba ofrece a todo el trabajo que desarrolla la FAO. Particularmente Cuba desea mostrar y ratificar su apego a las medidas que apoyan la biodiversidad y la pesca sostenible", dijo Alba Soto Pimentel, embajadora de Cuba ante la FAO.
La embajadora presentó el viernes ante el director general del organismo, José Graziano da Silva, el instrumento de adhesión.
El acuerdo entrará en vigor cuando 25 países o bloques económicos regionales depositen su instrumento de adhesión. Con Cuba, ya son 24 los que se han sumado y sólo faltaría uno.
La pesca ilegal, que incluye la actividad sin autorización, la captura de especies protegidas o la violación de los límites de las cuotas, representa hasta unos 26 millones de toneladas al año, o más del 15% de la producción total de la industria pesquera en todo el mundo.
Se estima que la pesca ilegal tiene un coste de entre $10.000 y $23.000 millones para la industria de los alimentos del mar e impacta de manera negativa en las comunidades pobres de pescadores.
Estas prácticas suponen una amenaza para la biodiversidad y la seguridad alimentaria en muchos países.
El pacto de la FAO se suma a una serie de medidas para la prohibición de pescar en las costas cubanas que se encargan de hacer cumplir las Tropas Guardafronteras.
Desde los años 90 el Consejo de Estado emitió un decreto-ley prohibiendo la pesca en embarcaciones rústicas, que contempla el decomiso de las balsas, la incautación de avíos y herramientas y la imposición de multas.
Las tropas guardafronteras multan a los pescadores que no tienen licencias de pesca, confiscan sus avíos, chinchorros, nasas, patas de rana, snorkels, caretas y escopetas de pesca; también las capturas y las balsas (popularmente llamadas "corchos") y otros "medios navales rústicos sin motor".