A esos centros penitenciarios eran enviados normalmente peticionarios o activistas religiosos sin que haya juicio previo.
La Asamblea Nacional Popular (ANP), máximo órgano legislativo de China, aprobó la abolición de los campos de reeducación, establecidos hace más de medio siglo, asegurando que "ya han cumplido su propósito". La ANP secundó esta medida, ya anunciada tras el Plenario del Partido Comunista chino (PCCh) del pasado noviembre, durante la sesión que celebra esta semana y que finalizará el próximo día 28, según informa hoy la agencia oficial Xinhua.
"Los legisladores reconocieron la importancia que los "laojiao" (campos de reeducación) han tenido en salvaguardar la seguridad pública, mantener el orden social y corregir a los delincuentes", dice la agencia.Pero acordaron que el programa sea sustituido por otras "estrategias correccionales, nuevas leyes y regulaciones", añade.
Los campos se han convertido en algo "superfluo", ya que el sistema legal se ha desarrollado y la "misión histórica de los 'liajiao' se ha completado", consideraron los legisladores. La decisión de abolir los campos de reeducación, adonde las autoridades envían normalmente a peticionarios o activistas religiosos sin que haya juicio previo, fue bien recibida en un principio por las organizaciones de derechos humanos.
No obstante, algunas organizaciones, como Amnistía Internacional, han denunciado ya que éstos vuelven a abrirse bajo otras"etiquetas".
"Los legisladores reconocieron la importancia que los "laojiao" (campos de reeducación) han tenido en salvaguardar la seguridad pública, mantener el orden social y corregir a los delincuentes", dice la agencia.Pero acordaron que el programa sea sustituido por otras "estrategias correccionales, nuevas leyes y regulaciones", añade.
Los campos se han convertido en algo "superfluo", ya que el sistema legal se ha desarrollado y la "misión histórica de los 'liajiao' se ha completado", consideraron los legisladores. La decisión de abolir los campos de reeducación, adonde las autoridades envían normalmente a peticionarios o activistas religiosos sin que haya juicio previo, fue bien recibida en un principio por las organizaciones de derechos humanos.
No obstante, algunas organizaciones, como Amnistía Internacional, han denunciado ya que éstos vuelven a abrirse bajo otras"etiquetas".