El juez Eloy Velasco, ya trasladó a la Fiscalía el pedido de la familia para que informe sobre la competencia del tribunal, tras lo que decidirá si la admite a trámite.
Un juez de la Audiencia Nacional española estudia ya la querella por delito de lesa humanidad contra dos oficiales cubanos por la muerte en un accidente de tráfico del disidente Oswaldo Payá, que su familia cree un suceso orquestado por el Gobierno de la isla.
La mujer y la hija de Payá presentaron el lunes en la Audiencia Nacional la querella en virtud a la doble nacionalidad del disidente, fallecido en un accidente hace un año en Cuba cuando viajaba en un coche conducido por el militante del Partido Popular español (PP) Ángel Carromero, condenado por homicidio imprudente.
Por turno de reparto, la querella ha recaído sobre el juez Eloy Velasco, que ya la ha trasladado a la Fiscalía para que informe sobre la competencia del tribunal, tras lo que decidirá si la admite a trámite.
El suceso ocurrió el 22 de julio de 2012 cerca de la ciudad de Bayamo (a unos 750 kilómetros al este de La Habana), cuando el automóvil en el que iban Payá, el disidente también fallecido Harold Cepero, Carromero y el sueco Jens Aron Moding se salió de la carretera.
La querella asegura que fue un coche oficial conducido por agentes del Gobierno de ese país el que provocó el siniestro "de forma premeditada" y por lo tanto se trató de un "atentado".
El escrito achaca al teniente coronel José Aguilas, jefe de Instrucción de Delitos de Seguridad del Estado cubano, y al coronel Llanes, encargado de los delitos de la Seguridad del Estado, al menos un delito de lesa humanidad por organizar este supuesto asesinato.
La familia de Payá asegura que las autoridades decidieron tras el siniestro "convertir el atentado en un accidente, creando un proceso judicial ad hoc en el que nada responde a la realidad", en el que Carromero fue condenado.
Los autores "directos" de estas coacciones, asegura la denuncia, fueron los dos militares querellados, quienes "de forma directa, deliberada y consciente" le comunicaron a Carromero lo que debía confesar y decir tanto en el juicio como antes del mismo, "amenazándole con el hecho de enfrentar penas mucho peores si se salía del guión".
Por estos hechos, los querellantes consideran a estos militares y a todas las personas que pudieran estar implicadas en el "atentado", responsables de un delito de lesa humanidad, que supone un "ataque generalizado o sistemático" contra un grupo de población, en este caso el Movimiento Cristiano de Liberación y sus apoyos.
La mujer y la hija de Payá presentaron el lunes en la Audiencia Nacional la querella en virtud a la doble nacionalidad del disidente, fallecido en un accidente hace un año en Cuba cuando viajaba en un coche conducido por el militante del Partido Popular español (PP) Ángel Carromero, condenado por homicidio imprudente.
Por turno de reparto, la querella ha recaído sobre el juez Eloy Velasco, que ya la ha trasladado a la Fiscalía para que informe sobre la competencia del tribunal, tras lo que decidirá si la admite a trámite.
El suceso ocurrió el 22 de julio de 2012 cerca de la ciudad de Bayamo (a unos 750 kilómetros al este de La Habana), cuando el automóvil en el que iban Payá, el disidente también fallecido Harold Cepero, Carromero y el sueco Jens Aron Moding se salió de la carretera.
La querella asegura que fue un coche oficial conducido por agentes del Gobierno de ese país el que provocó el siniestro "de forma premeditada" y por lo tanto se trató de un "atentado".
El escrito achaca al teniente coronel José Aguilas, jefe de Instrucción de Delitos de Seguridad del Estado cubano, y al coronel Llanes, encargado de los delitos de la Seguridad del Estado, al menos un delito de lesa humanidad por organizar este supuesto asesinato.
La familia de Payá asegura que las autoridades decidieron tras el siniestro "convertir el atentado en un accidente, creando un proceso judicial ad hoc en el que nada responde a la realidad", en el que Carromero fue condenado.
Los autores "directos" de estas coacciones, asegura la denuncia, fueron los dos militares querellados, quienes "de forma directa, deliberada y consciente" le comunicaron a Carromero lo que debía confesar y decir tanto en el juicio como antes del mismo, "amenazándole con el hecho de enfrentar penas mucho peores si se salía del guión".
Por estos hechos, los querellantes consideran a estos militares y a todas las personas que pudieran estar implicadas en el "atentado", responsables de un delito de lesa humanidad, que supone un "ataque generalizado o sistemático" contra un grupo de población, en este caso el Movimiento Cristiano de Liberación y sus apoyos.