"Se trata del primer juicio que investigará globalmente el Plan Cóndor y entiendo que es el primero en su tipo en América latina"
El juicio que investigará los crímenes cometidos en los años 70 y 80 en el marco del denominado Plan Cóndor, de coordinación represiva de los regímenes militares del Cono Sur, comenzará el martes en Buenos Aires, con el exdictador argentino Jorge Videla como principal imputado.
"Se trata del primer juicio que investigará globalmente el Plan Cóndor y entiendo que es el primero en su tipo en América latina", dijo a la AFP Carolina Varsky, una de las abogadas de la querella que representa a víctimas argentinas y uruguayas.
Se conoce como Plan Cóndor a la coordinación de acciones represivas de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que estuvo en marcha entre mediados de los '70 y de los '80.
Varsky precisó que en la causa están mencionadas un centenar de víctimas de nacionalidad uruguaya, chilena, paraguaya y argentina.
Videla (1976-81), de 87 años, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados (ya tiene dos condenas a prisión perpetua) junto a otros 25 imputados, entre ellos el exdictador argentino Reynaldo Bignone y su compatriota el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez (siete perpetuas), ambos de 85 años.
La causa llega a juicio oral luego de 14 años durante los cuales la justicia había pedido las extradiciones de los fallecidos exdictadores Alfredo Stroessner de Paraguay y Augusto Pinochet de Chile.
El único extranjero que enfrentará a los tres magistrados del Tribunal Oral será Manuel Cordero, un excoronel y agente de inteligencia del Ejército uruguayo, según la abogada.
Cordero se encuentra detenido en Buenos Aires y está imputado en 11 casos, entre ellos la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
"Lo que ahora debemos probar es la existencia de una asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para perseguir y eliminar opositores en cualquiera de esos países, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos", dijo Varsky.
"Para la prueba --continuó-- contamos con los testimonios de sobrevivientes y mucha documentación, entre ella papeles desclasificados de Estados Unidos que comprometen a Washington", explicó.
A raíz de estos documentos, el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral había enviado en agosto pasado un exhorto al departamento de Justicia de Estados Unidos para interrogar a Henry Kissinger, exsecretario de Estado entre 1973 y 1977, pero no obtuvo respuesta.
La abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también destacó el aporte que significó para la causa los llamados "Archivos del terror", que fueron encontrados por el abogado paraguayo Martín Almada en una estación de policía de Asunción.
Según Almada, un militante por los derechos humanos, el Plan Cóndor fue presentado por primera vez a finales de 1975 por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos), que prestó su colaboración para llevarlo adelante.
Pese a los 14 años que lleva el juicio y las cuatro décadas de algunos de los crímenes de lesa humanidad que se investigan, los familiares de las víctimas "están ansiosos y esperan conseguir justicia", afirmó la letrada.
El acuerdo represivo permitía a integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de los regímenes de facto contar con información sobre el movimiento de los opositores e ingresar a cualquiera de los países para detenerlos clandestinamente con apoyo local, según Varsky.
"Se trata del primer juicio que investigará globalmente el Plan Cóndor y entiendo que es el primero en su tipo en América latina", dijo a la AFP Carolina Varsky, una de las abogadas de la querella que representa a víctimas argentinas y uruguayas.
Se conoce como Plan Cóndor a la coordinación de acciones represivas de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que estuvo en marcha entre mediados de los '70 y de los '80.
Varsky precisó que en la causa están mencionadas un centenar de víctimas de nacionalidad uruguaya, chilena, paraguaya y argentina.
Videla (1976-81), de 87 años, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados (ya tiene dos condenas a prisión perpetua) junto a otros 25 imputados, entre ellos el exdictador argentino Reynaldo Bignone y su compatriota el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez (siete perpetuas), ambos de 85 años.
La causa llega a juicio oral luego de 14 años durante los cuales la justicia había pedido las extradiciones de los fallecidos exdictadores Alfredo Stroessner de Paraguay y Augusto Pinochet de Chile.
El único extranjero que enfrentará a los tres magistrados del Tribunal Oral será Manuel Cordero, un excoronel y agente de inteligencia del Ejército uruguayo, según la abogada.
Cordero se encuentra detenido en Buenos Aires y está imputado en 11 casos, entre ellos la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
"Lo que ahora debemos probar es la existencia de una asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para perseguir y eliminar opositores en cualquiera de esos países, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos", dijo Varsky.
"Para la prueba --continuó-- contamos con los testimonios de sobrevivientes y mucha documentación, entre ella papeles desclasificados de Estados Unidos que comprometen a Washington", explicó.
A raíz de estos documentos, el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral había enviado en agosto pasado un exhorto al departamento de Justicia de Estados Unidos para interrogar a Henry Kissinger, exsecretario de Estado entre 1973 y 1977, pero no obtuvo respuesta.
La abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también destacó el aporte que significó para la causa los llamados "Archivos del terror", que fueron encontrados por el abogado paraguayo Martín Almada en una estación de policía de Asunción.
Según Almada, un militante por los derechos humanos, el Plan Cóndor fue presentado por primera vez a finales de 1975 por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos), que prestó su colaboración para llevarlo adelante.
Pese a los 14 años que lleva el juicio y las cuatro décadas de algunos de los crímenes de lesa humanidad que se investigan, los familiares de las víctimas "están ansiosos y esperan conseguir justicia", afirmó la letrada.
El acuerdo represivo permitía a integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad de los regímenes de facto contar con información sobre el movimiento de los opositores e ingresar a cualquiera de los países para detenerlos clandestinamente con apoyo local, según Varsky.